LA RAZÓN DEL DÍA
Otra vez la persecución a militares
Director Jurídico de UnoAmérica
E-mail: tapiatapiasergio@gmail.com
La noticia causó peculiar alboroto, por coincidir con la estadía del Ministro de Justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
Los datos son insuficientes aún, para dar una opinión integral sobre este problema de indudable interés nacional, causado por un centro de decisiones en el exterior. Porque, los Informes de la CIDH en los que se pronuncia sobre presuntas violaciones de derechos humanos, son de carácter reservado, y con expresa prohibición al Estado de difundir su contenido (artículo 44.2 del Reglamento de la CIDH).
Sin embargo, de las declaraciones del Ministro de Justicia, desde Washington, se sabe que la CIDH emitió un Informe sobre el caso “Chavín de Huántar”, que fue recibido durante el gobierno de Alan García; que en este gobierno de Ollanta Humala se ha solicitado a la CIDH dos prórrogas para poder estudiar la problemática que se plantea.
Los Informes de la CIDH contienen la visión de los dos grupos de sus integrantes: los 7 comisionados y una veintena de asesores burocráticos; de distintas nacionalidades pero con un común denominador: su público compromiso ideológico socialista, y haber militado en ONGs que se han caracterizado por ser profundamente anti-militares. Por lo tanto, en los últimos tres decenios la opinión de la CIDH, en materia de lucha contra el terrorismo comunista, ha tenido la lamentable tendencia de aplicar el llamado “derecho penal del enemigo” político. Censurando a las fuerzas armadas de los países hispano-luso-americanos, con todo el poder internacional posible, para destruirlas. Estos recursos están vedados por la ética de la función pública, nacional e internacional, y están censurados por el derecho penal universalmente. Sin embargo, todo depende de quién lo hace, y contra quién se hace. Así de sencillo.
Qué tan grave puede ser lo que les espera a los militares de la operación de rescate de rehenes “más exitosa” del mundo. Pues, que las recomendaciones de la CIDH los relacionen con la violación de los derechos humanos de los terroristas. Pero, esto no es todo lo que puede pasar.
Además, la CIDH puede entablar una demanda contra el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de San José de Costa Rica (Corte IDH). Y, así las “recomendaciones” puedan ser transformadas en “obligaciones imperativas” para el Estado.
Finalmente, hay que reparar en que todo el equipo que el actual gobierno ha designado para atender las “recomendaciones” de la CIDH y defender los intereses nacionales ante la Corte IDH, provienen de las canteras de quienes en los últimos 25 años ó lucran ó se regocijan ideológicamente denunciando al Estado peruano, por las operaciones antisubversivas de nuestras fuerzas armadas. Lo que pone en duda la imparcialidad que tendrán en este embrollo, sobre todo cuando los interesados, o sea los mismos comandos militares y sus abogados, no participan ni en las sesiones ante la CIDH, ni en las audiencias ante la Corte IDH.
Publicado: Diario “La Razón”, Lima – Perú; jueves 27 de octubre de 2011; pág. 13
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