¿Esos militares, son nuestros enemigos?
Director Jurídico de UnoAmérica
Alejandro Toledo descalificó el nuevo gabinete ministerial del presidente Ollanta, sólo porque lo preside un comandante del Ejército, retirado desde 1991.
Toledo tiene aversión contra los militares, y los discrimina. Toledo no encuentra mejor expresión para censurar políticamente a Ollanta, que acusarlo de “militarizar” el consejo de ministros.
Pero, la incongruencia y la contradicción de Toledo, son patentes. Toledo seleccionó en el Callao como su principal candidato al Congreso a un general; Toledo apoyó la candidatura del comandante Ollanta para su elección presidencial; Toledo propuso y obtuvo en el primer gabinete ministerial de Ollanta, para ministro de defensa, a un militar de sus filas partidarias: ¿Quién militariza más, ó militariza menos?
Por este acto de discriminación (debido a la sola condición de ser militar), Toledo deberá rendir cuentas.
Pero, constatamos que hay aversión contra los militares en algunos sectores políticos, en la línea institucional de la Defensoría del Pueblo, así como en ciertos fiscales y jueces penales.
Después de la derrota militar del marxismo guerrillero y terrorista, el presidente Fujimori aplicó diversas medidas para resanar las inevitables heridas que se producen en las guerras entre nacionales. Amnistió a militares opuestos políticamente a su gobierno y a todos los militares que habían combatido al terrorismo durante los gobiernos de Belaunde, de Alan García y del suyo propio. Hizo revisar condenas que pudieron haber sido exageradas o injustas, mediante un mecanismo dependiente de la Defensoría del Pueblo (la Comisión Lansiers). A todos los altos dirigentes del comunismo terrorista, que fueron apresados, se les respetó la vida y fueron juzgados. Descoyuntó la organización terrorista, suscribiendo un acuerdo de paz con su máximo líder.
Los gobiernos de Paniagua (2000-2001) y de Toledo (2001-2006), transformaron la derrota militar del comunismo terrorista en su victoria político-judicial. Paralelamente, inauguraron una maniobra comunicacional para desatar odio contra los militares, para aplicarles persecución judicial y para desmemoriar al país sobre los verdaderos sucesos del terrorismo comunista.
El “Derecho Penal del Enemigo” (DPE) ha sido el instrumento aplicado inmisericordemente contra los militares, por considerarlos “enemigos del país”.
El DPE es una manera de aplicar el derecho penal, pero restringiendo las garantías y derechos que a todos los demás sí se les reconoce, incluso a los comunistas terroristas.
El DPE se aplica antes, durante y después del juicio. Por lo tanto, hay cárcel sin sentencia, no hay prescripción, los procesos son larguísimos, no hay racionalidad en la evaluación de las pruebas, las condenas son extensamente desproporcionadas, no hay amnistías ni indultos, ni conmutaciones de penas.
El DPE es ilegítimo, inconstitucional, antidemocrático e inhumano. Pero, está avalado por los organismos internacionales creados para proteger los derechos humanos, que por estar copados por los caviares, han traicionado el fin para el cual existen.
El actual debate sobre indultar o no, a Alberto Fujimori, proviene de ese Derecho Penal del Enemigo.
Diario “La Razón” (Lima), jueves 15 de diciembre de 2011; pág. 13
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