sábado, 25 de febrero de 2012

Carta de rectificación (?) de Diego García-Sayán

Como si fuera una respuesta a mi artículo "La Corte IDH y su presidente", publicado el jueves 23; el aludido juez "furtivo" remitió una carta al señor Uri ben Schmuel, director del Diario La Razón, que fue publicada el viernes 24, y se puede leer por medio del siguiente link: http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica08&td=24&tm=02&ta=2012

Mi artículo era ya una respuesta a las  declaraciones del "furtivo" juez. Él injuriaba tirando al voleo una deshonesta calificación (todos los que han ejercido la defensa del Estado ante la Corte IDH, son responsables de que el Estado pierda los casos). El ocultamiento de lo que verdaderamente es la justicia en esa Corte IDH, me motivó a escribir ese artículo. Y, el "furtivo" juez se afectó e intenta rectificarme.

Pero, más allá de su "sin razón", y de las reiterativas expresiones con las que él cree agraviarme, asumo con hidalguía colgar su carta en mi blog, para que todos lean cómo escribe este juez "furtivo". Por mi parte yo, como no soy totalitario, no oculto nada de nadie: Ni de quienes me apoyan, ni de este solitario y "furtivo" juez que me responde.
Lima, 25 de febrero de 2012
Sergio Tapia

jueves, 23 de febrero de 2012

La Corte IDH y su presidente

La Corte IDH y su presidente

SERGIO TAPIA TAPIA

Director Jurídico de UnoAmérica







            Ha llamado la atención las declaraciones del abogado Diego García Sayán, sobre las causas por las que se pierden los procesos que el Perú ventila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nada de extraño tendría que, por el mérito de su profesión, un abogado opine sobre tal tema. Lo que precisamente llama la atención es que sea García Sayán quien lo diga, por ser él quien preside tal Corte ante la que el Perú pierde los juicios. Y, sin duda, porque sobre García Sayán pesan serias responsabilidades por la suerte que han corrido tales juicios contra el Estado y contra la Nación peruana.

            El mensaje de García Sayán es que, la causa por la que el Perú pierde los procesos ante la Corte Interamericana, se debe a la mala defensa que tiene. Pero, él sabe que no es verdad lo que afirma. Lo que también lo sabemos, quienes estamos enterados de lo que sucede en el ámbito de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos.

            El abogado Diego García Sayán carece de autoridad para hacer tal crítica, por cuatro razones:

Primera, porque es un juez “furtivo”, basta leer las sentencias emitidas desde que él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca participa en los juicios contra el Perú, siempre se excusa, sin razones valederas. Opta por esconderse, antes de asumir su rol de juez, en las numerosas causas que contra el Perú pasan sobre su escritorio.

Segunda, porque en algunos de los procesos sometidos a la decisión de la Corte Interamericana, han participado contra los intereses del Estado, los funcionarios de mayor confianza de la ONG de la que García Sayán es conspicuo fundador-conductor: la Comisión Andina de Juristas,

Tercera, porque siendo Ministro de Justicia durante la interina administración paniagua, suscribió un compromiso en nombre del estado peruano (sin previa aprobación parlamentaria) reconociendo responsabilidad estatal y nacional, precisamente en los casos que la Comisión Interamericana no había podido discutir ante la Corte Interamericana.

Cuarta, porque García Sayán fue Ministro de Relaciones Exteriores de Toledo, y avaló el nombramiento de los agentes que se nombraron para defender al Perú, pero que en su lugar se allanaron reconociendo responsabilidades internacionales que han significado miles de dólares para los fondos públicos, y las más de las veces en causas muy discutibles.

No ha demorado en salir a rectificarlo el Presidente de la Corte  Suprema, César San Martín. Quien ha cuestionado las bases estructurales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la idoneidad ideológica del personal que lo integra.

Pero, aún no está dicho todo acerca de la red caviar de poderes internacionales. Falta, también, determinar la dimensión del saqueo del tesoro  estatal y el daño inferido a la dignidad nacional, por la connivencia en los enjuiciamientos ante ese tribunal ideologizado.



            Diario “La Razón”, Lima, jueves 23 febrero 2012
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LROpinion02&td=23&tm=02&ta=2012

Entrevista al Dr. Sergio Tapia Tapia, analista de conflictos sociales por causas ideológicas

Entrevista al Dr. Sergio Tapia Tapia, analista de conflictos sociales por causas ideológicas



¿Por qué se producen tensiones internas en el gobierno de Ollanta Humala?

No hay que alarmarse de las tensiones que se producen en la actividad política, porque ésta exige conocimiento adecuado y competencia eficaz para gobernar bien, y suma prudencia al adoptar decisiones por los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Además, estatura moral por parte de cada uno de los actores políticos. Las tensiones, precisamente, se producen cuando hay carencia de algunos de estos elementos, lo que degrada el arte de la política. La historia universal es rica en glorias y en miserias.

Lo que viene sucediendo en los breves meses del gobierno de Ollanta, es una precipitación de oleadas de crisis. De crisis de hombres. Lo que está en crisis es la calidad humana de las nuevas camadas de actores que han arribado a las tres funciones del Estado. Hay una profunda crisis moral, hay incapacidad de saber en qué y cómo actuar, hay desconocimiento e incompetencia. Pero, no sólo en el Ejecutivo, ni sólo en el Parlamento. Los síntomas de esta profunda crisis afectan muchísimo más en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en el cual ya viene descansando mucho de los que es administración de justicia, por los nuevos códigos procesales.

¿Esta situación se debe a una etapa inicial de afianzamiento de un nuevo partido en el gobierno?

No. Se debe a un déficit de liderazgo presidencial por parte de Ollanta Humala, y a proyectos político-ideológicos en confrontación al interior del mismo partido y en la estructura del poder.

Se pueden distinguir tres niveles de erosión, que si no son atendidos en forma eficaz y con emergencia, se transformarán en un peligro para la continuidad del gobierno, para la estabilidad del Estado y para la supervivencia de la República.

El primero es la acción demoledora de la unidad estatal, que garantiza la unidad nacional, la que está siendo desgarrada desde los poderes regionales que están en manos de comunistas y socialistas. La segunda, es la lucha de clases que desintegra la vida en sociedad e impide el desarrollo económico, se perpetra a través de formas violentas que ya están paralizando proyectos y emprendimientos. La tercera, es el divorcio entre la actual inauténtica representación parlamentaria de la Nación, que ilegitima el mandato de los congresistas.

¿Entonces, la crisis que Ud. diagnóstica es muy grave?

Sí, por eso se explica que transcurran 32 años de guerrillas y terrorismo sin solución de continuidad. No hay Estado en toda la extensión del territorio, ni personal competente y moralmente calificado para ejercer los diversos niveles de autoridad política y administrativa.

Tan grave es que la inoperancia del Estado se endosa a las empresas mineras, por ejemplo, las que cumplen con pagar impuestos que el Estado debería redistribuir sabiamente mediante el gasto presupuestado con criterios justos. Sin embargo, tras la ineficiencia del Estado, demagógicamente la clase política se lava las manos y “le echa la pelota a la empresa privada”, la que resulta siendo responsable de la falta de agua potable que no es de su competencia ó la culpable de no haber desarrollo en las provincias donde operan sus instalaciones. Al final, la empresa debe sustituir al Estado en todos los servicios: educación, salud, el bien común del medio ambiente y la seguridad. Esto es, debe pagar doble, los impuestos al Estado glotón e incapaz por los políticos incompetentes que sufrimos, y además el presupuesto de la llamada responsabilidad social empresarial. Esto no es un trato justo para la célula fundamental de la economía, que es la empresa

¿Cree Ud. que el gobierno de Humala puede superar tan grave crisis?

Es un dilema, por la correlación de fuerzas políticas en pugna. Los comunistas tienen poder en las regiones y cuotas de poder en el Legislativo y el Ejecutivo, y gozan de influencia determinante en el Poder Judicial y fiscalías. A tres meses de iniciado el gobierno de Ollanta, el sector comunista aliado a Ollanta se precipitó motivado por su ánimo revolucionario. En tanto que los nacionalistas han perdido la paciencia, luego de seis meses de gobierno, como se ejemplifica en los estadillos emocionales de la vicepresidenta Marisol Espinoza contra el presidente del Consejo de Ministros, y el “Estado dentro del Estado” que el temperamental Abugattas está construyendo desde su presidencia del Congreso.

Los comunistas se han separado de la conducción presidencial de Ollanta, pero debido a la aparición de deslealtades en los socialistas nacionalistas humalistas, quizá ya se venga configurando un divorcio. Ollanta lo percibió oportunamente, y optó por fortalecer el ejecutivo con Oscar Valdés, degradando a Salomón Lerner por carecer de dones para gobernante.

Ollanta se fortalecerá si consolida equipos para buen gobierno desde el Ejecutivo, la usina de nuevos cuadros no contaminados ideológicamente puede encontrarla en jóvenes profesionales y en los institutos armados donde él debe su origen y los conoce.

Y, tendrá que ensayar las vías constitucionales predeterminadas, para renovar a este Congreso que es una suma de ineptitudes y decrepitudes, sin fundamento en una real y legítima representatividad de la Nación Peruana.



Diario “La Razón”, Lima, sábado 18 de febrero de 2012, págs. 10 y 11

jueves, 16 de febrero de 2012

Sendero no sólo es Artemio

Sendero no sólo es Artemio

SERGIO TAPIA TAPIA

Director Jurídico de UnoAmérica





            Ha caído el líder guerrillero/terrorista “Artemio”, histórico militante del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, responsable de la matanza indiscriminada de peruanos desde mayo de 1980.

Se han elevado voces de júbilo y expresiones de alegría, porque vale celebrar la captura de tan irredento marxista e impenitente violador de derechos humanos.

Pero, con la detención de “Artemio” no ha cesado ni el peligro del senderismo alzado en armas hace 32 años, ni la constante amenaza de las organizaciones comunistas que con profesionalismo perpetran la violencia social y el sabotaje económico, desde la fundación del primero de sus partidos en el Perú, en 1928.

La guerrilla y el terrorismo son la cuarta parte de la jornada de los comunistas. Es ésta la dimensión de la que “Artemio” es símbolo, aunque hay muchos más que continúan en campaña. Pero el quehacer comunista es también subversión ideológica, guerra política y trastrocamiento socio-económico.

La acción revolucionaria marxista es demoledora, empleando una diversidad de organizaciones: partidos, frentes de defensa, ONG, etc. Que pueden actuar como bandas aisladas ó integrándose. Como lo sucedido para proseguir el sabotaje del proyecto minero Conga, con ocasión de la reciente clausura de la Marcha del Agua, en Lima. Se ha formado un frente amplio de partidos y ONG comunistas, que reúne desde al mismísimo Sendero Luminoso, y en el otro extremo a los congresistas gubernamentales, pro-comunistas, que discrepan de la orientación presidencial de Ollanta Humala.

El comunismo es un método revolucionario para conquistar el poder, originado en las prédicas de Marx, Lenin y Mao. De Marx les viene el ánimo por la violencia social y económica, la lucha de clases; es lo que hacen los comunistas en nuestras provincias, para impedir proyectos de desarrollo y emprendimientos mineros. De Lenin heredan la tendencia a empuñar las armas, para tomar el poder mediante la guerra civil, y de Mao aprenden las tácticas guerrilleras y las malvadas técnicas terroristas, para someter de modo brutal y salvaje a la población civil, como desde hace tres decenios lo hace Sendero Luminoso.

Los líderes comunistas parecen discrepar entre sí, y los partidos y ONG marxistas parecen competir entre sí. Sin embargo, detrás de ellos está la misma bandera roja de tanta sangre inocente derramada, y la misma doctrina marxista-leninista-maoísta que produce en serie delincuentes por motivación ideológica.

            Cayó Artemio. Pero, la lucha continúa para que el senderismo marxista no exhiba cuadros juveniles en predios universitarios, como lo hizo en la vivienda y en el comedor sanmarquinos. Para que tampoco reproduzca otros MOVADEF, acreditando miles de firmas de ciudadanos adherentes.

            Cayó Artemio, pero falta vencer a todos los cuadros de la revolución marxista. Mediante el combate ideológico, impidiendo la subversión social y económica, respondiendo a su guerra política.

Salvarnos del comunismo no se agota enfrentando militarmente a la guerrilla, ni sólo consiste en operaciones policiales antiterroristas.



Diario “La Razón, Lima, jueves 16 de febrero de 2012, pág. 6

Una comisión de la verdad sobre la minería

Una comisión de la verdad sobre la minería

SERGIO TAPIA TAPIA

Director Jurídico de UnoAmérica





La Marcha del Agua ha servido de ocasión para anunciar la creación de una comisión de la verdad sobre la minería. Bajo el modelo inspirador de la mal llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), instrumento ideológico que ocultó la verdad sobre los motivos y crímenes del Partido Comunista del Perú, al que suele ocultársele con el sobrenombre de “Sendero Luminoso”.

La CVR es un modelo de consumación de inequidades, por fomentar la liberación de terroristas vencidos y encarcelar a los militares vencedores. La CVR es modelo de traición al propio nombre, porque ni sostuvo la verdad ni reconcilió a nadie.

Bajo esta guía de inspiración el ex-sacerdote Arana propone la comisión de la verdad sobre la minería. Lo que desde hace años se intenta, como en setiembre de 2007 lo propuso la congresista Huancahuari.

Nadie podría negarse a conocer la verdad. Otra cosa es que le vendan gato por liebre. Porque el acto de crear una comisión, empieza sin duda por la correcta selección de sus autores, y la fuente de autoridad de quien la que crea. De ambos requisitos carece el intento de la comisión de la verdad contra la minería.

Escribir con verdad depende de quién redacte el relato. La verdad no es opinión irresponsable. No es aseveración subjetiva y sin cerciorar. No es un parecer incierto. Sostener algo, con verdad, es un asunto muy serio, en todos los campos del conocimiento:

Por eso desengaña leer el Informe de la CVR, por la abundancia de palabras inútiles que pervierten el exacto conocimiento y comprensión de la guerra revolucionaria que agredió a la sociedad peruana.

Puede suceder que un gobierno, como el de Toledo, cree una comisión con la gente que le plazca, para que emita un dictamen o informe. El problema surge cuando los  jueces y fiscales son sumisos a acatar un producto del Poder Ejecutivo, con una actitud que contradice los recelos con los que frecuentemente se quejan en aras de su autonomía. Han transformado el Informe de la CVR en prueba plena para efectos penales, con violación a la división de poderes que reclama la democracia republicana. El problema está en los fiscales y jueces que creen -por ignorancia o por connivencia-, que en el Informe de la CVR “está la verdad”.

La CVR se reduce a dictamen ineficaz e informe deficiente. Resultado de un trabajo intelectual refractario a la verdad. Si este modelo inspira la creación de la comisión de la verdad sobre la minería, se motiva en el buen negocio que significa disfrazarse con el ropaje de una sentencia judicial. Las sentencias penales son imperativas, sirven para recortar libertades y cobrar indemnizaciones. Indudablemente, esta iniciativa estimula apetitos de toda índole contra la minería peruana.

Diario “La Razón”, Lima, jueves 9 febrero 2012, pág. 6

lunes, 6 de febrero de 2012

Derechos humanos: ¿De quién? ¿Contra quién?

Derechos humanos: ¿De quién? ¿Contra quién?

SERGIO TAPIA TAPIA

Director Jurídico de UnoAmérica





Llama la atención el nombre: “derechos humanos”. Es una repetición innecesaria, porque en lo temporal sólo los seres humanos tienen derechos, ya sea sobre otras personas ó sobre las cosas. La denominación clásica fue derechos fundamentales. Pero, las corrientes ideológicas contemporáneas los re-bautizaron: derechos individuales, derechos del hombre y, hasta eufemísticamente, derechos de la humanidad.

La segunda cuestión es su origen: ¿De dónde surgen? ¿Quién los ha creado, inventado, descubierto, develado?

La pluralidad de enfoques y respuestas se reducen a dos posiciones antagónicas. Una, es la del discernimiento racional sobre la naturaleza y la realidad de la persona humana. La otra, es la del empoderamiento abusivo de la autoridad, que producirá la creación arbitraria de esos derechos humanos; ya sea por la redacción de un tratado internacional, porque la aprobación de una ley ó por la firma de una sentencia.

El problema de la legitimidad de esos derechos humanos consiste en la respuesta clave a las siguientes cuestiones: ¿Son derechos que surgen de la naturaleza, la razón los discierne y los reconoce mediante la ley? Ó, son una creación arbitraria, de quienes ejercen autoridad, iluminados por la ideología con que han sido adoctrinados.

Lamentablemente se ha venido incubando una visión deformadora de esos derechos humanos, que es terrorífica porque carece de límites éticos, porque niega la naturaleza de la persona humana y se aplica con discriminación.

Esto viene sucediendo por los organismos internaciones controlados por las ONG, que monopolizan esos derechos humanos para el abuso, y que tan neciamente lo replican en el país los magistrados judiciales y fiscales, por ignorancia supina ó por connivencia ideológica.

Es absurdo que el Estado peruano, desde hace 20 años, venga siendo objeto de demandas de la Comisión Interamericana y de sentencias de la Corte de San José, imponiendo a la Nación gestos de reparación por daños morales a favor de los terroristas, más el pago de millonarias indemnizaciones en beneficio de quienes nos enlutaron desangrándonos inmisericordemente.

Se llega al absurdo, cuando los derechos no tienen por fundamento los deberes, que los terroristas luego de incumplir el respeto a la vida del prójimo y de negarse a vivir en paz con los demás; encuentren en esos derechos humanos un generoso dispensador, para que sus pérfidas acciones merezcan recuerdo respetuoso en Museos de la Memoria.

No es legítimo que las sentencias de la Corte Interamericana impongan obligaciones que no están contenidas en los tratados de derechos humanos. Pero, lo escandaloso es que a los militares y civiles que combatieron la subversión comunista, se les niegue la amnistía y el indulto; no se les aplique la prescripción de la acción penal, ni la redención de las penas por el trabajo o el estudio. Y que, paralelamente, eso mismo les sea concedido a los terroristas, con el argumento de ser derechos de todo ser humano.

Diario “La Razón”, Lima, jueves 2 de febrero de 2012, pág. 6