miércoles, 25 de diciembre de 2013

¡La Comisión "Vitocho"!


¡La Comisión “Vitocho”!

SERGIO TAPIA T.



 

Provoca risa leer, en diversos medios de prensa, el mote seleccionado para la comisión que investigaría a Oscar López Meneses: “la comisión Vitocho”.

Tal sobrenombre lo da quien preside la comisión: el congresista Víctor Andrés García Belaunde, conocido como “Vitocho” (aunque circula en redes que sus antiguos compañeros escolares lo conocían como “Vito”; y se ignora cuándo y por qué le añadieron el “ocho”).

“Vitocho” milita en un sexagenario partido político, fundado por su tío Fernando Belaunde, quien dos veces fue presidente de la república, y del cual Vitocho” recibió el favor del empleo público nepótico, al ser nombrado titular de dos de las diversas secretarías que suelen abundar en los Palacios donde residen y laboran los presidentes.

¿Qué es la Comisión “Vitocho”? Vale hacer tres reflexiones.

La primera sobre la naturaleza de la investigación parlamentaria. La segunda si la calidad de su presidente y miembros es acorde con el propósito de una comisión investigadora. La tercera si sería útil al país.

Nuestra Constitución dispone en el artículo 97: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público (…). Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales“. ¿Qué significado tiene que el Congreso emprenda una investigación a través de una comisión? Su significación es intensamente política, constituye el ejercicio del poder de control, una de las tres funciones congresales; las otras dos son aprobar leyes y designar altos funcionarios del Estado.

Nuestro Congreso ha devenido en franco deterioro, porque ha sido presa de la partidocracia (que es la negación de la democracia), y porque se ha corrompido. En el pensamiento Aristotélico-Tomista, la Política es la más alta aspiración del ser humano, pero cuando lo mejor se corrompe surge lo peor. Nuestro Parlamento Nacional es de lo peor. Así lo describe su reciente expresidente, Abugattas: “Lo peor de la especie humana está en el Congreso”.

El congresista “Vitocho” sostuvo a través de El Comercio (domingo 15 de diciembre, pág. A6), que los resultados de su presidencia de comisión serán para “devolver el prestigio a la clase política”.

Luego, descendió a explicar el origen del gobierno socialista del general Velasco (1968-1975), señalando que su causa fue un problema de contrabando en el Ejército, pero calló la profunda significación político-ideológica que perpetró la izquierda, en esos años, capitalizando las conexiones que lograron urdir con esas generaciones de nuestras FFAA. Y, se ocupó en desdibujar al general y presidente Odría (1948-1956). Se pintó como un anti-militarista, en una época que el militarismo en el Perú no existe, y tildó a nuestras FFAA como un poder, cuando es de Perogrullo que no son la expresión de ningún poder de naturaleza alguna, ni política y casi ni militar estrictamente, por la política de desarme que hemos sufrido históricamente.

Desacreditar militares, antes que la comisión inicie sus funciones, hace prevenir por donde apuntará el Informe Final de la comisión “Vitocho”.

            No hay nada que augure progresar en el conocimiento de “la verdad”, a partir de la labor de una comisión partidocrática, presidida por un prejuicioso congresista que afirma “todo es sospechoso” (contrariando el texto constitucional que consagra la presunción de la inocencia como derecho fundamental: artículo 2, Numeral 24, Literal e).

            Para la salud de nuestra República, espero que las intenciones declaradas por quien preside la Comisión “Vitocho”, no termine siendo una “comisión Pinocho”.

 

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 20 de diciembre de 2013, pág. 6

¿"Huelga" de jueces?


¿“Huelga” de jueces?

SERGIO TAPIA T.



 

Desde hace más de un mes los ciudadanos, y sus abogados, sufrimos un sistemático desplante por parte de “nuestros jueces”. Estos vienen realizando reclamos salariales, con medidas que agravian y afectan derechos esenciales del usuario de los servicios de justicia de la República. Lo que es muy grave, porque significa la deserción del Estado en una de sus funciones fundamentales: administrar justicia.

Los jueces han seleccionado a los ciudadanos, y sus abogados, como el blanco-objetivo de su protesta. Pero, ni los ciudadanos ni sus abogados, somos responsables de tomar las decisiones para mejorar sus sueldos. Es más, a través de los procesos judiciales contribuimos onerosamente a sufragar el presupuesto del Poder Judicial.

¿Por qué “nuestros” jueces no emprenden acciones contra los verdaderos responsables de la postergación de sus derechos remunerativos? ¿Por qué no acribillan al MEF con múltiples sentencias en procesos de cumplimiento y de amparo? ¿Por qué no emprenden algo de lo que saben hacer, contra la impostura de la clase política parlamentaria?

No. Parece que al juez peruano le es más fácil ejercer, despóticamente con prepotencia y sin tino, la porción de autoridad que tiene contra el ciudadano; agraviándolo triplemente: en su libertad, en su honor y en su economía, como procesado o como litigante. ¿Por qué citar al encausado si no se cumplirá con la diligencia, por qué notificar al litigante si no se cumplirá con la audiencia? Hoy por hoy, el Poder Judicial es una acumulación de desplantes.

“Nuestros jueces de la República”, no prestan “sus servicios” porque están insatisfechos de su nivel remunerativo. Aunque, el índice de desaprobación del Poder Judicial es constantemente alto, mayor del 70% a nivel nacional, y en determinados distritos judiciales excede el 80% de desaprobación, como en Arequipa.

Sin embargo, yo en lo personal, no guardo ninguna posición contraria al derecho a la justa remuneración para los jueces. Empero, todo derecho tiene como reverso un respectivo deber. Y, a todas luces, no puedo soslayar que los jueces andan muy equivocados en adoptar medidas contrarias a su ser y su quehacer: Administrar justicia, pronta y oportuna.

Con el eufemismo de “tener que participar en sala plena”, el Poder Judicial está camuflando innoblemente una conducta huelguística, que es inmoral e ilegal. Es el colmo de ser juez, exigir a otros el cumplimiento de la ley, y exceptuarse a sí mismo de observar la ley por convenir a sus intereses.

Los jueces no pueden hacer huelga, es inconstitucional. Así lo prescribe el artículo 153 “Los jueces (…) están prohibidos (…) de declararse en huelga”. Prohibición que la Constitución reitera, genéricamente, en el artículo 42 “Se reconocen los derechos de (…) huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión (…)”. Y, ¿quien ejerce más poder de decisión que un juez? Es el funcionario del Estado que puede dejarte sin patrimonio y sin libertad. Su decisión la adopta ante sí, por sí,  y…. ante “su conciencia”.

Es curioso el silencio del Presidente de la Corte Suprema, y la tolerancia del Pleno de la Corte Suprema, frente a esta inconducta de los jueces.

            Hay responsabilidad grave que recae en el Presidente de la Corte Superior de Lima, por el uso y abuso de convocar a sus subordinados a aparentes “sesiones de Sala Plena” con las que eufemísticamente se encubre una actitud y conducta huelguística. También tienen directa responsabilidad en el incumplimiento de las diligencias judiciales, todos los los presidentes de salas, según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

            Curiosamente, las aducidas “Salas Plenas” para justificar eufemísticamente la huelga judicial, carecen de atribución y no tienen función alguna, cercana o similar, a las reclamaciones salariales de los jueces, el artículo 94 de esa Ley Orgánica asigna otras funciones: Elevar propuestas de ley a la Corte Suprema, designar al Vocal de Control de la Magistratura, dar cuentas de las deficiencias del Consejo Ejecutivo de su Distrito Judicial, nombrar al Síndico Departamental de Quiebras, constituir la última instancia de las medidas disciplinarias a los empleados del Poder Judicial, y en extensión hasta le podría corresponder “vigilar la pronta administración de justicia” lo que suena a ironía, pues, en nombre de las “Salas Plenas” se hace deserción de ese deber.

            Si los jueces asumieran desde sus burocráticos despachos, una actitud de respeto por los litigantes y procesados, y de mayor respeto a los abogados, deberían protestar por sus reclamos laborales trabajando medio turno más, deberían trabajar desde muy temprano y hasta por las noches, deberían expedir sentencias prontamente, deberían garantizar a los ciudadanos la protección de la ley. Sólo así la justicia de sus reclamos salariales podrían tener la comprensión, el respeto y el aplaus del pueblo.

            Proseguir, equivocadamente con lo que han dado inicio, no sólo es impopular, es injusto, es inmoral, es ilegal. Y, malogra la percepción de justicia que podrían tener sus reclamaciones.

            En cuanto al Gobierno Central, una vez más demuestra incapacidad para dar solución a los problemas, y los agrava por tu torpeza. Para él, dos reflexiones.

Una primera reflexión sobre el Poder Ejecutivo: ¡Qué mal está el gobierno de Ollanta Humala! ¡Qué ineficiente es! Y, qué poco previsor. ¡Qué mal realiza su misión! No es buen componedor de los desajustes estatales ni sociales. La presidencia de Humala es el rotundo fracaso de la izquierda caviar en funciones gubernamentales.

La otra reflexión es por el Poder Legislativo, que está totalmente sometido a los dictados del humalismo sin ser la mayoría, gracias a la deserción de su rol opositor de la mayaría de los partidos parlamentaristas. Hay un uso y abuso de leyes reformistas denominadas de “fortalecimiento estatal”, que están muy desacreditadas desde que se retornó a la estatización “velasquista”, como en los puertos. Hoy en día, ronda por los pasillos legislativos el proyecto de ley N° 3030-2013, para “el fortalecimiento del Poder Judicial”, frase cínica que esconde la agraviante intención de derogar las aspiraciones de una justicia remunerativa en favor de los jueces.

¡Jueces a trabajar! Ministros de Humala renuncien, permitan la renovación gubernamental, caviares reconoced su fracaso.

 

 

Publicado por el diario “La Razón”, Lima, viernes 13 de diciembre de 2013, págs. 10 y 11: http://larazon.pe/28491-jueces-a-trabajar.html

 

Comentado en el Editorial del director de La Razón, Sr. Plinio Esquinarila, el mismo día, pág. 2: http://larazon.pe/28474-jueces-y-homologaciones-perversas.html

A 25 años del atentado contra Vega Llona


A 25 años del atentado contra Vega Llona

Por Sergio Tapia T.

 

            El 6 de diciembre de 1988 fue asesinado, por el Partido Comunista del Perú, el Capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona, cuando cumplía las funciones de agregado naval en la embajada del Perú ante Bolivia. La motivación del crimen fue de doble propósito: acto de venganza y seguir causando terror.

            ¿Qué hizo Juan Carlos para que le pegaran un tiro en la cabeza, y por la espalda, en una esquina del centro de la ciudad de La Paz? ¿Quién se vengaba, y de qué se vengaba?

            El comandante Vega Llona, en 1986 ejercía la Jefatura del Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú, y el 19 de junio había compartido el ejercicio del mando para debelar el motín de los presos por terrorismo en la isla-penal El Frontón, episodio del que salió victorioso. Pero fue identificado por la organización terrorista a la que pertenecían los aproximadamente 152 internos (era una cárcel en la que los guardias no podían contar el número de presos), de los que 34 sobreviven y circulan gozando de libertad por la condescendencia de los gobiernos de Paniagua y Toledo, salvo uno que aún podría continuar purgando condena merecida si es que la actual administración no lo ha “liberado”.

            El Partido Comunista “sentenció” a muerte al prestigioso oficial de la Marina, para escarmiento y venganza. Porque todos los amotinados, los vencidos y los que se rindieron, fueron declarados “héroes” por el partido (“El Día de la Heroicidad” se titulaba el folleto subversivo conmemorativo).

            El crimen terrorista es una acción delictiva multipropósito y compleja. Causa víctimas mediante la perpetración de un delito común: Vega Llona fue asesinado. Pero, también es un delito intermedio para producir otras desventuras: Causa temor en la población, que inerte observa cómo se desangra la Nación a través del asesinato cuasi impune de cualquiera de sus hijos. La producción del miedo a escalas socialmente impactantes, es el modo de conquista brutal y salvaje del marxismo-leninismo-maoísmo. Que trata de imponerse políticamente sobre una comunidad nacional aturdida, medrosa, desorientada y presa de un contagiante síndrome de inseguridad.

            Pero, el terror como instrumento de dominación política, no es patrimonio exclusivo del comunismo, porque el primer régimen liberal en la Francia dieciochesca se impuso con el terror aplicado desde los gobernantes revolucionarios, como queda el tristemente célebre ejemplo histórico de Robespierre. Aunque por la perversión ética del comunismo, sus partidarios han obtenido una refinación diabólica en el uso del terror. Hasta límites sádicos, a los que el paroxismo revolucionario ordinariamente conduce.

            En los últimos 20 años se ha producido, en escala global, una “blitzkrieg” cultural por los comunistas, en la que sobresale los frutos obtenidos en la dimensión jurídica, que hasta ahora no se ha podido revertir.

            Hoy vivimos en una tormentosa etapa revolucionaria inédita, con implicaciones jurídico-judiciales, en la que los delincuentes de ayer son receptores de elogios, premios y disculpas, y los virtuosos de antes son objeto de inimaginables persecuciones penales, cínicamente crueles.

            Juan Carlos Vega Llona, el jefe del operativo del rescate de rehenes en El Frontón, fue asesinado hace 25 años. Sus subordinados que le sobreviven padecen hoy la más grave de las injusticias, porque el Poder Judicial de esa misma República que como militares defendieron arriesgando sus vidas, actualmente ejerce sobre ellos la persecución que suscita los intereses ideológicos de la Revolución cultural y gramsciana.

            Los marinos que murieron en combate o posteriormente fueron asesinados por la espalda, como Vega Llona, así como los que sufren persecución penal injusta, merecen ser reivindicados en su honor y por su rol de defensores de nuestro sistema político y religioso-cultural.

Reivindicar a nuestros militares que aún luchan contra la subversión marxista, es de ineludible deber por quienes tengan conciencia de lo que nos está pasando, en medio de la embriaguez subversiva que produce persecución y muerte.

            A Juan Carlos Vega Llona, a quien acompañé como abogado por el caso El Frontón, hasta su vil asesinato: ¡Presente!

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, lunes 9 de setiembre de 2013, pág. 5

iNJERENCIA POLÍTICA EN LA jUSTICIA cONSTITUCIONAL


Injerencia política en la Justicia Constitucional

SERGIO TAPIA T.



 

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declarando que los combates contra los delincuentes terroristas presos en la isla-penal El Frontón, en junio de 1986, no son delitos de lesa humanidad, fue publicada el 3 de setiembre.

El TC aportó necesarias aclaraciones a esta categoría jurídica: la lesa humanidad. Lo que ha desencadenado las iras de las izquierdas, lo que en sí no es el problema.

El problema reside en que, al cabo de dos semanas de publicada la sentencia del TC, los izquierdistas infiltrados e influyentes en el gobierno, han logrado manipular al Poder Ejecutivo para enfrentar al TC. Así como para confrontar al Poder Ejecutivo contra sí mismo.

Hay que recordar que fue el Poder Ejecutivo el que adoptó las decisiones para rescatar a los rehenes en manos de los presos por terrorismo en El Frontón, y fue el Poder Ejecutivo fue el que realizó las operaciones (la Marina de Guerra del Perú).

Las izquierdas han instrumentalizado a un funcionario del Ministerio de Justicia, que ejerce dos cargos: Procurador Constitucional y Procurador Supranacional. Con el afán de retomar la injusta persecución penal contra los marinos sobrevivientes de los combates en El Frontón.

Salta a la vista que ese funcionario del Poder Ejecutivo, seleccionado para servir a los intereses de las ONGs, es muy atento para mirar la aparente paja en el ojo de los magistrados del TC, y no repara en la tamaña viga que tiene en el suyo.

Las izquierdas han hecho que el doble procurador “recursee” ante el TC, solicitando insólitas peticiones, para nulificar la sentencia que les incomoda.

Lo que ha hecho este funcionario es un estropicio en nombre del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Es el abogado Luis Alberto Huerta Guerrero, nombrado para el ejercicio de dos cargos públicos, pero que no tiene entre sus funciones hacer lo que ha hecho, ni pedir lo que ha pedido ante el TC, con relación al Habeas Corpus del personal naval.

Como Procurador Constitucional puede y debe intervenir en procesos de inconstitucionalidad en defensa de las normas que expida el Poder Ejecutivo (decretos de urgencia, decretos legislativos y aprobación de tratados), puede y debe defender al Poder Ejecutivo en procesos de acción popular contra reglamentos y en procesos competenciales entre organismos públicos.

Como Procurador Supranacional debe ejercer la representación y defensa del Estado ante organismos internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Pero, el doble procurador nada tiene que hacer con el proceso de Habeas Corpus presentado por los marinos que sobrevivieron los combates en El Frontón. No está en sus funciones.

En lugar de defender al Poder Ejecutivo, lo ataca con acciones jurídicas y políticas, procesales y mediáticas, escoltado por quienes encarnan la enemistad permanente y sistemática contra el Estado: las ONGs autocalificadas de “derechos humanos”: ¡Qué contradicción¡

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, martes 24 de setiembre del 2013, pág. 6

El Frontón: ¿Crimen de Lesa Humanidad?


El Frontón: ¿Crimen de Lesa Humanidad?


     En el Perú, con frecuencia utilizamos la palabra "ileso" con corrección lingüística, para expresar que algo o alguien no están dañados. Pero, no usamos "leso" o "lesa", expresiones de significado contrario. Así, la palabra "lesa" ha quedado reservada al uso jurídico, y alejada del hablar común.
     A mediados de la semana la frase "lesa humanidad" (daño a la humanidad) ha llenado cierto porcentaje de espacios noticieros y de opinión, para referir a la sentencia del Tribunal Constitucional que aplica medidas de control a los fiscales y jueces que investigan y procesan (desde el año 2000) a los marinos que lucharon en "El Frontón" contra peligrosos terroristas armados.
     Desde hace 13 años, con mucha audacia y poca prudencia, fiscales y jueces seleccionados y aleccionados por ONGs "multipropósito (que dominan sectores claves de la administración de justicia en el Perú), abren investigaciones y procesos contra los marinos sobrevivientes del combate del 18 y 19 de junio, del que resultaron varios marinos muertos y muchos de ellos heridos. Pero, debelaron el motín de esos presos de alta peligrosidad, recluidos en la isla desde 1983 por el gobierno de Belaunde, por ser insegura cualquier otra cárcel peruana. En 1986, esos terroristas presos habían logrado que durante los tres años transcurridos ninguna autoridad policial ni del INPE pudiesen controlarlos. Oficialmente no se sabía ni quienes ni cuantos había, así lo testimonió el Padre Lansiers, capellán de las cárceles.
     Prolongar investigaciones y procesos "sine die" (sin plazo, sin fecha e indefinidamente), constituye una grave violación a los derechos fundamentales de toda persona en el Perú, es contrario a nuestra Constitución y a nuestros códigos penales y procesales ¿Entonces a nuestros marinos que combatieron el terrorismo, hace 27 años, no puede reconocérseles los mismos derechos que las ONGs promueven con interés y pasión a favor de los delincuentes terroristas?
     Extinguir la acción penal es parte de nuestra tradición jurídica. Pero, en los últimos años, por influencia de tratados internacionales, a algunos pocos crímenes no les alcanza la prescripción (la conclusión).
     Pero, ninguna de las dos modalidades de imprescriptibilidad es aplicable a los hechos de El Frontón: (1) Ni para calificarlo "crimen de lesa humanidad" porque no se verifica ninguno de sus supuestos; (2) Ni porque la Corte Interamericana haya calificado de "grave violación de derechos humanos" los hechos de El Frontón, en las sentencias emitidas en las dos demandas que contra el Estado ha examinado.
     Está descartado que los ONGs comunistas, expectantes de sentencias vengativas contra sus enemistades ideológicas (como son las Fuerzas Armadas), y por su apetito a las jugosas indemnizaciones, han quedado con los "crespos hechos". Y, llorarán su abstinencia dolorosa a través de los medios de prensa a los que tienen llegada. Pero, la sentencia del Tribunal Constitucional está muy bien dictada. Sobre el tema volveremos, porque los ONGs seguirán "piteando" por mucho rato.
 
Publicado en el diario "La Razón", Lima, viernes 6 de setiembre de 2013, pág. 8