Imposición de la justicia de género
SERGIO TAPIA T.
Decíamos que la lengua
castellana, regulada en su morfología y sintaxis por la Real Academia Española
y las Asociaciones de Academias de decenas de países iberoamericanos, ha sido
reemplazada por un habla originada en la más sórdida profundidad de los
complejos ideológicos.
He constatado
documentación de ministerios como el de Justicia y Derechos Humanos, y se
escuchan anuncios desde el Poder Judicial, del intento de practicar una
profunda transformación lingüística, por considerarse que tal como hablamos,
expresamos discriminación por razón del sexo, en desmedro de la visibilización
de la mujer, y en abono a la sobre exposición universal masculina.
El problema que está
ocurriendo en el Estado es que al dejar de expresarse en castellano, contrarían
e incurren en infracción al artículo 48 de la Constitución, que regula el
idioma oficial del Perú, estableciendo que es el castellano.
Pues, el uso y la
regulación de dicho idioma castellano, reposa en las decisiones de la Real
Academia de la Lengua y en la Asociación de Academias correspondientes de cada
país iberoamericano.
Y, curiosamente, todas ellas,
sobre el tema de la discriminación sexual en el idioma por el empleo universal
del masculino para involucrar los dos sexos -femenino y masculino-, tienen
conclusiones totalmente diferentes y contrarias a quienes sostienen las
posiciones ideológicas de “género”.
Para los lingüistas hay
un acuerdo general respecto a que no es discriminador contra la mujer que en el
castellano, así como en otras lenguas, se opte por el uso marcado del
masculino, para designar los dos sexos.
En el libro de José
Martínez “El lenguaje de género y el género lingüístico”, se califica de
“déspotas éticos”, a quienes sin autoridad alguna en materia lingüística,
califican de discriminador el uso genérico del masculino para abarcar al sexo
femenino.
Es de lástima que en el
conjunto de nuestros jueces que pertenecen al sistema Republicano democrático,
algunos de ellos se hayan embriagado con la ideología del “género”, y han
derivado en déspotas éticos. Y, que si continúan en esa dirección, incurrirán
en infracciones contra el referido artículo 48 de la Constitución sobre el
castellano como idioma oficial del Perú.
Las altas autoridades del
Poder Judicial, y los Ministros de Estado en los sectores de su competencia,
deberían revisar con qué idioma se escriben las sentencias y resoluciones, y
los documentos del Poder Ejecutivo,
Y, de insistir en sus
afanes la malhadada Comisión de Justicia de Género, instalada erróneamente en
la Corte Suprema; habrá de requerir a las más altas autoridades del Poder
Judicial, que inviten a los jueces comprometidos en ello, a cesar en afanes ideologizados
y dediquen su tiempo a la función jurisdiccional que les corresponde, cuya
productividad es descuidada a causa de impropios menesteres.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 4 de mayo de 2018, p. 6
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