domingo, 2 de diciembre de 2018

Ley de género, ley infame


Ley de género, ley infame
SERGIO TAPIA T.

            Se escuchaba hace dos días al presidente chileno, Sebastián Piñeira, dando torpes explicaciones sobre los alcances de la ley que estaba promulgando: la ley de identidad de género.
Para Santo Tomás de Aquino, la ley es una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad.
La ley de género promulgada en Chile desgarra todos los elementos que componen el concepto de la ley. Empezando por negar la condición guardián al cuidado de su comunidad, al presidente que la ha promulgado.
            Las instituciones jurídicas tienen tres elementos: la realidad, la interpretación de la realidad y la norma. De los tres, propiamente uno es de naturaleza jurídica. Pero, los tres intervienen en la elaboración de una ley.
La palabra “género” se introduce en una primera fase, como sinónimo de mujer. En una segunda fase, la palabra género pasa subrepticiamente a significar los 112 géneros y las 70 orientaciones sexuales que los lobbies gays solicitan sean reconocidos. Por lo tanto, la intención de los promotores del uso de la palabra género, no es significar a la mujer, sino significar cualquier cosa menos a la mujer. La palabra género en realidad oculta a la mujer, no la visibiliza. Y, tampoco género dignifica a la mujer, porque la hace perder su identidad individual, confundiéndola indecorosamente.
La ley de género promulgada en Chile, define género en su primer artículo: "consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de éstos". Es una ley que permite alterar la realidad biológica, constatable y verificable. La ley permite sustituir el dato objetivo por una impresión subjetiva y transitoria. Ya no podrá identificarse a la personas en Chile como varón como dama. No, esta categoría ha sido eliminada. La ley eliminó a uno de sus elementos, a la realidad. Aunque es una eliminación aparente, pues, el cuerpo y los huesos, a través de los cromosomas XY y XX, siempre identificará a unos y otros como lo que son: mujeres y varones. Es el sello indeleble de lo biológico.
La nueva ley de género en Chile, dice: "Toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género, en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo". Para agregar, luego: "se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma". Pura subjetividad torpe, por exceso de relativismo ignominioso. La ley queda tan distante de la comprensión acertada de la realidad.
No es una ley aislada e inofensiva, la ley de género en Chile es un factor de desestabilización y de contradicción en el sistema jurídico del país. En el 2017 el Congreso de Chile difundió una Guía de Educación Cívica, que reconoce a los niños el derecho a su identidad y su familia, y por lo tanto tener un nombre, saber quiénes son sus padres, que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos, y a crecer sanos física, mental y espiritualmente. Todos esos derechos han sido abolidos por la ley de género, pues ya no tendrán estabilidad para el nombre que los identifique, no sabrán quienes son sus padres (si a ellos se les facilita cambiar de identidad de género) y porque el Estado se entromete en el ejercicio de la patria potestad al autorizar indiscriminadamente en todas las edades el cambio de género.
Por todo esto y por mucho más, es una ley infame, que nos advierte a la Nación Peruana estar vigilantes para evitar el contagio y la epidemia revolucionaria, por su maldad y por su vileza.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, sábado 1 de diciembre de 2018, p. 8
Blog (colección artículos publicados en La Razón): http://sergiotapiatapia.blogspot.com/

¿Por qué CMHNTM?


¿Por qué CMHNTM?
SERGIO TAPIA T.

            CON MIS HIJOS NO TE METAS (CMHNTM) es una expresión cuya riqueza de significados debemos discernir. Es la denominación de una movilización que aglutina ciudadanos dispuestos a imponer límites éticos al poder político.
            CMHNTM es un movimiento que encausa miles de personas que no admiten la enseñanza moralmente putrefacta de la niñez y la juventud, que rechaza el agravio a las buenas costumbres y modales decorosos en lugares públicos (parques, calles, centros comerciales, salas de cine, restaurantes y quioscos), que proscribe la interferencia que sufren en el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos ante el intento de secuestrarlos mediante la ideología de género, que trastoca la naturaleza de la sexualidad del ser humano.
            La primera acción convocada por CMHNTM fue el 29 de noviembre de 2016. Pero, el movimiento reconoce y se nutre de todos los aportes doctrinales y activistas en defensa de la vida y la familia, anteriores a esa fecha, que son de bien común y merecen ser compartidos. También reconoce los precedentes de las grandes movilizaciones en Colombia en agosto del 2016 y en México en setiembre de 2016, reclamando contra la imposición de textos escolares contaminados con la ideología del enfoque de género.
            En doctrina moral social se legitima la desobediencia a la autoridad ilegítima, y la objeción de conciencia para incumplir leyes inmorales. Hay otros grados de resistencia contra la usurpación y la ilegitimidad, como la renuencia a cumplir las leyes y órdenes de la autoridad usurpadora, y la resistencia activa que promueve la derogación de las disposiciones ilegítimas. CMHNT asume todas estas formas de resistencia legítimas para ponerlas al servicio de la dignidad de la vida humana, la defensa de la familia y el respeto al ejercicio del derecho de los padres de familia sobre la educación moral de sus hijos.
            El Estado no tiene rol de papá ni de mamá, como si lo quiso tener en los estados totalitarios, emergidos de las nefastas ideologías del liberalismo y de los socialismos desquiciados (nazismo y comunismo). El rol del Estado en la educación se rige por los artículos 13° al 17° de la Constitución: La libertad de enseñanza debe ser reconocida y garantizada por el gobernante de turno; la educación de los hijos es deber sólo de los padres de familia (sin ningún rol excluyente ni impositivo de la burocracia); los padres tienen el derecho de escoger los centros de educación, por lo tanto el Estado no puede imponer pensamiento único en todos los centros educativos del país; los padres tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos y el Estado no debe interferir; la formación ética es obligatoria en todo el proceso educativo; la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de conciencia; la enseñanza en los colegios se subordina a esos principios constitucionales; hay sujeción a los fines de cada institución educativa; los medios de comunicación deben de colaborar en la formación moral. Al Estado le corresponde coordinar la política educativa, con los padres de familia. El Estado sólo formula lineamientos generales de los planes de estudio, no le corresponde introducir la ideología del enfoque de género.
            Desde el 2016, el movimiento CMHNTM ha marcado hitos de participación ciudadana responsable en los asuntos graves del país. La semana pasada, el 15 de noviembre, movilizó un incontable número de personas que desbordaron la Plaza San Martín y las calles aledañas (Lima) y marcharon en muchas de las ciudades de provincias. ¿Qué piden? Con Mis Hijos No Te Metas … y Con Mis Nietos Tampoco.
            En esta lucha social por la reivindicación del más elemental derecho de la familia, que es el ejercicio de la patria potestad en la educación de los hijos: Nos hemos prohibido rendirnos, porque en esta confrontación cívica con los poderes, perseveraremos proclamando: ¡CMHNTM!

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 23 de noviembre de 2018, p. 6
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El idioma y la ideología de género


El idioma y la ideología de género
SERGIO TAPIA T.

            Abordemos el aspecto lingüístico de la palabra género, de lo que se ha prestado poca atención, así podremos discernir correctamente lo que es el enfoque de la ideología de género.
La Real Academia Española (RAE) se ha ocupado cuatro (4) veces a lo largo de diez (10) años sobre la palabra género. La RAE es el órgano rector del uso del idioma castellano. En el Perú el castellano es nuestro idioma oficial, según el artículo 48 de la Constitución.
La RAE se ha pronunciado en el 2004, 2005, 2012 y 2014 sobre la palabra género, prohibiendo que se aplique precisamente como el Gobierno del Perú la usa: sinónimo de mujer y sustituto de la palabra sexo.
La RAE en sendos Informes del 2004 y 2012, se pronunció con ocasión de decisiones adoptadas por las autoridades del gobierno de España. Por lo tanto, estamos en un contexto similar, ahora, en el Perú.
En el 2004, cuando se presentaba un proyecto de ley sobre “violencia de género”, la RAE censuró el anglicismo “género”. En el 2012, frente a la publicación de nueve guías de uso del lenguaje, aprobadas por gobiernos locales, con intención de visibilizar a la mujer disponiendo regular cambios en el idioma castellano mediante normas legales, la RAE afirmó que usar la palabra “género” como sinónimo de “mujer”, significa ocultar a la mujer en vez de visibilizarla, y desaconsejó el uso de la palabra “género”.
La RAE ha sido reiterativa para que las palabras “mujer”, “doméstico” y “familia” se usen, y no sean sustituidos por la palabra “género”, que viene del idioma inglés. En castellano, género, se aplica a las cosas y las palabras; porque los seres vivos tienen sexo y no género.
Que los gobiernos persistan en legislar el uso sobre el idioma, obligando a usar la palabra género; es cometer un grave atentado contra el uso del idioma. Y, la RAE advierte que si el idioma no se emplea de acuerdo a las reglas lingüísticas y gramaticales, se volverá imposible poder hablar.
Que quede claro. Los seres humanos tienen sexo, igualmente los mamíferos y otros seres vivos. Sexo sólo son dos: varón o macho, y mujer o hembra. No es correcto que al ser humano y a los demás seres sexuados, se les imponga desacertadamente la palabra género.
Las palabras y las cosas, no tienen sexo, y se les distingue por el “género”: el balcón y la escalera. La primera es masculino y la otra es femenino, pero no tienen sexo, no son varón ni mujer.
Esta distinción, tan elemental, de la RAE, que quede clara para los gobernantes, quienes están obligados a cumplir la Constitución que les ordena que el castellano es el idioma oficial del Perú.
Señores del Gobierno: Cuando nos hablen usen bien el castellano, cuando gobiernen háganlo en castellano, cuando dicten normas escriban en castellano, cuando aprueben los lineamientos de los planes de educación formúlenlo en castellano.
Y… Con Mis Hijos No Te Metas, porque la patria potestad no la ejerce el Estado sino los padres, quienes tienen el deber y el derecho de cómo se debe educar a sus hijos, como lo garantiza el artículo 13 de la Constitución.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 16 de noviembre, pág. 6

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Crisis moral nacional


Crisis Moral Nacional
SERGIO TAPIA T.
            A muy poco de cumplir los 200 años de transcurridos los sucesos de nuestra independencia y formación republicana, atravesamos una muy seria crisis de orden moral.
            En diversas etapas históricas, la Nación ha sufrido crisis políticas, económicas, sociales y culturales. Pero, hoy la crisis –al ser de índole moral– se manifiesta mediante la putrefacción de la economía, la política y la cultura. Los principios morales están en extinción por falta de cultivo en las actuales generaciones de peruanos, y no soportan el edificio de nuestra Sociedad Nacional, que se viene desplomando. Lo que produce insensibilidad frente a los crímenes contra la vida, los que van en aumento en todas sus modalidades: manipulación de embriones, abortos, infanticidios, parricidios y homicidios por doquier.
            Sin tan poco vale una vida humana en nuestra sociedad, los demás derechos tampoco se respetan: la honra, la dignidad, la propiedad privada, el decoro en la función, cumplir a satisfacción el juramento o promesa de ejercer cargo o función pública con solvencia y honradez, etc.
            El bien moral es obligatorio, porque es un bien necesario, tanto para la existencia personal como para la convivencia interpersonal. El bien es el fin de la acción humana, y no hay otro bien que obligue sino el bien moral.
            Entre los bienes necesarios, descuella la familia. Un bien que tanto la sociedad nacional como el estado, le deben protección (Constitución, art. 4°).
            Hoy, la lucha fundamental entre el bien moral y la maldad, se libra en la familia. Hay fuerzas malsanas que la tratan de liquidar. Por lo que S.S. San Juan Pablo II, de tan grata recordación, afirmaba que destruir a la familia es provocar “una herida profunda en la sociedad y daños irreparables”.
            El mal moral que sufrimos es efecto de las ideologías, en maridaje con el extravío al que se ve sometido el buen pensamiento de los peruanos, tan adulterado por el relativismo, el hedonismo, el laicismo y el ateísmo militante.
            En el plano político y legislativo, es necesario velar por los buenos proyectos de ley, no puede ser que con ocasión de la detención de una pareja de chilenos que recurrieron a alquiler un vientre para obtener hijos mellizos mediante fecundación artificial, que en el Perú está legalmente prohibido. Sin embargo, constituyó una ocasión para presentar proyectos de ley por tres bancadas de congresistas presurosos a modificar las leyes que prohíben la eufemísticamente denominada “maternidad subrogada”. Frente a las leyes que son injustas hay que aprender a desarrollar la resistencia pasiva y activa. Hay que intervenir políticamente cada vez que se pueda. Es necesario estar alertas para reclamar y presionar al gobierno, teniendo presente que gobernar no es otra cosas que “gobernar para las familias”.
            Además, hay mucha tarea pendiente en el orden de la educación, de los hijos y de los padres de familia. Todas las familias necesitan ayuda: económica o afectiva, psicológica o espiritual; no hay que abandonarlas. Y, no perder de vista el horizonte cultural: estudiando, pensando, escribiendo y publicando.
            Con un programa de acción, asumido por personas de convicción, el Perú podrá remontar su profunda crisis moral, y quizá podríamos estar celebrando el bicentenario con un serio plan de transformación del estado.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 9 de noviembre de 2018, p. 7
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La anomia nacional


La anomia nacional
SERGIO TAPIA T.

            Hay crisis individuales y hay crisis sociales. Son de distinta naturaleza.
            Entre las crisis de índole individual, por cierto, una de las más severas es carecer de identidad. Es no saber quién es uno. Es desconocer de donde viene, y no saber a dónde va. Es perder la propia caracterización que lo diferencia de los demás. Es carecer de conciencia de ser uno mismo y diferente a otros. Es sencillamente una grave dolencia ignorar quien es uno.
            Como conjunto de personas, la sociedad puede padecer de anomia, también. Y, es lo que me mueve a pensar con miras a concluir nuestro segundo siglo republicano, dentro de apenas dos años y medio.
            Me apena que haya poco para festejar y mucho que lamentar, en vísperas de cumplirse nuestro bicentenario de la independencia republicana. Pues, el sistema político, denominado la República, anda más que fallido, íntegramente frustrado.
            Somos subsidiarios de varias realidades, diferentes: la Patria, la Nación, el sistema político, la Sociedad Peruana, etc. Lo que anda mal es nuestro sistema político. Claro, que aunque no es la Patria, la afecta. De la misma manera, que, aunque no sea la Nación, la contamina. Y, aunque sea diferente a la Sociedad Peruana, la debilita.
            El sistema político es una composición de varias realidades diversas y confluyentes: Sujetos responsables, modelo de participación, institucionalidad del Estado, organicidad de la sociedad, compromiso de promover el bien común, ordenamiento y jerarquización de valores, etc.
            Siempre una celebración sirve para limpiar y ordenar la casa, preparándola para la fiesta. El problema es que, además que nuestra casa republicana se encuentra en un grave estado de desorden; los sucesos ordinarios socio-políticos, no conducen al entusiasmo de festejar algo, sino de lamentar mucho, muchísimo.
            La Historia, que es maestra porque enseña, nos muestra que las sociedades pasan por etapas de suma decadencia, como también por épocas gloriosas. Hay etapas de progreso, y fases de nefasta depresión social.
            En vísperas de nuestro bicentenario republicano, no vivimos lo mejor de nuestra Historia Nacional. Pues, hay un extendido sentimiento que algo nos defrauda en el Perú de hoy. Que si bien no renegamos de lo peruano que somos, sin embargo muy arraigados de qué somos, no lo estamos, en general. Nuestra identidad nacional peruana, sufre de conciencia lúcida, que nos hace incomprensible el sacrificio de nuestros prohombres.
¿Por qué el heroísmo del anciano Bolognesi? ¿Por qué el sacrificio del padre de familia numerosa del adulto ejemplar Miguel Grau? ¿Por qué la donación de su vida del adulto joven Alfonso Ugarte? ¿Por qué tantos nombres desconocidos que identifican plazas, avenidas y calles en nuestras ciudades?
Ignorancia que muestra un grave grado de “anomia nacional”: No sabemos por qué somos como somos, y no de otra manera. Al no ser conscientes de nuestra singularidad, en el concurso con otras naciones, careceremos de condiciones para realizar un destino común que una nuestras individualidades.
            Las sociedades mutan. Hace dos siglos estuvimos maduros para la independencia y asumimos la forma republicana de gobierno, para regir nuestros destinos.
            Hoy, la promesa bicentenaria republicana parece haberse agotado. Pero, nuestra Nación ha de seguir existiendo, y la Sociedad Peruana no se extingue. El bien común aún nos convoca. Y, la Historia como la Patria, reclama que nos espabilemos para levantar al Perú, y conducirnos a mejores condiciones de vida social y de organización política.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 02 de noviembre de 2018, p. 6
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El Estado transtornado desquicia la sociedad


El Estado trastornado desquicia la sociedad
SERGIO TAPIA T.

            No hemos perdido la capacidad de asombro frente a lo que presenciamos cotidianamente: La negación del Estado desde sus propias autoridades.
Sufrimos una crisis muy seria. La crisis de calidad de los seres humanos. Pero, abrigamos la fundada esperanza de una recuperación cercana, porque no estimo que sean demasiado los afectados, aunque sí son sobreexpuestos en demasía por los medios de comunicación, que parece se regocijan al destacarlos.
Quienes ejercen autoridad desde el Estado, y no expresan valores, es porque sencillamente no los tienen, porque no los cultivan. Ya que todo ser humano es capaz de asumir y encarnar valores.
Las tinieblas que soportamos en nuestros días, son porque solo se proyectan contravalores que erosionan la vida social y la actividad política, así como la función pública.
            Hace un par de días mantuve una aleccionadora conversación con el joven Christian Rosas –una promesa a corto plazo para la vida cívica y política del Perú–. Seguí atento su curiosidad para darse respuesta al por qué las encuestas reflejan tan altos índices de desaprobación al Congreso, elegido hace dos años y con abundante mayoría a favor del partido Fuerza Popular, conducido por la segunda generación fujimorista.
            Los 130 congresistas proclamados miembros del Parlamento, representan el 19.81% del total de la población electoral que los eligió al 2016. Pero, este cálculo porcentual podría ser engañoso, al no tomar en cuenta los “otros votos” recibidos por otros candidatos que no alcanzaron a ser proclamados, y sobre todo por los votos al partido sin ejercicio del voto preferencial.
            En nuestro país el voto es obligatorio, y su incumplimiento acarrea la suspensión de algunos derechos y facultades ciudadanas. Además, para rehabilitarse se debe pagar multa en beneficio de las arcas fiscales. Un electorado obligado favorece la manipulación de las encuestadoras de opinión. ¿Si tantos opinan hoy contra el Congreso, será porque no se sienten representados políticamente por los congresistas que lo integran?
            Hay paradojas en la política-partidaria. Luego de haber sido elegido el actual gobierno, con la figura representativa de su originario candidato presidencial, Kuczynski, se produce su declaración de vacancia por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Y, le sucede en el cargo presidencia el vicepresidente Martín Vizcarra, desde marzo. El actual presidente de la república goza de elevado porcentaje de aprobación, según las encuestadoras, pero no por obra pública que se aplauda, sino por su sistemática crítica y demoledora censura a los otros organismos del Estado (el Congreso, el defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, algunos aspectos del Poder Judicial y a la persona del Fiscal de la Nación).
            Gallup, la casa matriz de las encuestadoras, afirma que las gentes suelen repetir en las encuestas de opinión, las campañas de prensa de las dos últimas semanas.
            Es probable que más adelante el Perú adopte el voto voluntario, y como ocurre en los países que ya lo practican, se reduciría la participación del electorado. Circunstancia en la que las encuestadoras no podrían ufanarse de ser tan contundentemente apodícticas, dejarían de servir a las campañas de prensa ideo-políticas. Pues, la “muestra” de encuestados tendrían que ser certificadamente responsables de haber votado voluntariamente. Pues, mal puede criticarse un resultado electoral, por quien no participó en suscitarlo.
            Reynaldo Aragón, un periodista de buena prensa, felizmente que los hay y no son pocos, difundió en la semana una verdad de Perogrullo que lamentablemente no se practica por quienes deben: El periodista no es juez, porque su misión es informar hechos verdaderos, ciertos, reconfirmados. Las sentencias corresponden ser emitidas por los jueces, y serán sólo válidas las pronunciadas de conformidad con lo justo y por magistrados con rectitud. Por nadie más. Es desintegrador que cualquier autoridad política, o que los medios de prensa, o que las encuestadoras, o que el creciente y masivo uso de las redes sociales, invadan el campo de la justicia, para lapidar y linchar con motivación de intereses y veleidades.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 19 de octubre de 2018, p. 6
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Transformación del Estado


Transformación del Estado
SERGIO TAPIA T.

            Las dos últimas transformaciones del Estado han ocurrido con los gobiernos de Velasco Alvarado (iniciado hace 50 años) y con Alberto Fujimori (iniciado hace 28 años).
            Velasco Alvarado aplicó los tres principios fundamentales de todo socialismo. El primer principio socialista lo condujo a sospechar de todo ciudadano como delincuente potencial, y penalizó nimiedades, hasta la posesión de moneda extranjera, porque así corresponde a la visión pesimista del socialismo. El segundo principio de los socialismos es reducir a satisfacciones económicas las necesidades humanas, por lo tanto la educación que se implantó y que lamentablemente perdura hasta nuestros días, es de una pérdida de valores morales impresionante y una sobre exageración por ambicionar solo bienes materiales, lo que ha traído consigo el latrocinio generalizado tanto en la vida privada y en la actividad pública y en la política, esto responde al concepto socialista materialista de la vida humana y del fin de la sociedad y el estado. Finalmente, el tercer principio socialista, es el estatismo asfixiante.
            La Constitución de 1979 restauró la democracia política electoral pero conservó intacto el socialismo inspirador de las reformas estatales y económicas. Sumándose dos factores adicionales, la economía narcotizada porque el Perú está ubicado entre los tres primeros países del mundo productores de hojas de coca, de clorhidrato de cocaína y de pasta básica de cocaína; y el segundo, la lucha armada por el Partido Comunista del Perú (mal llamado “Sendero Luminoso”), y que aún perdura mediante la persecución judicial inmisericorde a los militares que lucharon entre 1980 y 1995.
La factura por todos esos desajustes político-económicos no se dejó esperar. Los dos siguientes gobiernos elegidos, en 1980 de Fernando Belaunde y en 1985 de Alan García, no atinaron a gobernar en tan profunda crisis. En el decenio de los ochenta la calidad de vida peruana bajó a niveles de compasión, y dio inicio a la diáspora de las clases pobres al exterior.
La segunda transformación del Estado se produjo a partir de 1990, por Alberto Fujimori. Su plan de gobierno permaneció ignoto. Hizo un golpe de estado a los 8 meses y medio de iniciada su administración. Carecía de partido pero supo crear cuadros y ponerse objetivos. Venció a los comunistas en lo que los fortalecía: el sindicalismo revolucionario (falsificación del sindicalismo laboral) y el terrorismo. Saneó la economía. Redujo el Estado y desestatizó la economía. Resintió demasiado a todos los demás partidos políticos. Su primer período fue productivo y provechoso para el país, se reveló Fujimori como un presidente para gobernar en crisis. Su segundo período (1995-2000), fue tiempo perdido; sin crisis que enfrentar se reveló como mediocre gobernante en la normalidad. La reelección para un tercer período, fue un error, su tercer gobierno por 5 años sólo duró 3 meses.
En nuestros días, se asoma la posible tercera transformación del Estado, en medio siglo. El presidente Vizcarra impulsa cambios, pero de manera dialéctica, enfrentándose a otros poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos. Vizcarra viene caminando al borde de la línea constitucional. Hay una silente oposición social -no político partidaria-, conformada por la gran mayoría ciudadana de católicos y evangélicos, que permanecen desconfiados por la hipoteca del presidente Vizcarra a los intereses de los cabildeos anti-vida, pro-homosexuales y de la ideología de género. Excrecencias todas ellas de la ideología marxista, del relativismo moral y de la visión destructiva de la dignidad de la persona humana.
Los ciudadanos con buena intención, no descartan los cambios y tienen voluntad de transformar el Estado y la sociedad. Pues, el modelo adoptado para la representación política no funciona. Porque hay una profunda crisis de calidad humana en la población.
La República, fundada hace 197 años, reclama ser restaurada mediante un orden nuevo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de octubre de 2018, p. 6
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Así como nosotros perdonamos


Así como nosotros perdonamos
SERGIO TAPIA T.

            ¿El Estado peruano puede o no perdonar a Alberto Fujimori?
            Respondo a esta cuestión desde cuatro perspectivas: moral, jurídica, política e ideológico-partidista. Porque hay episodios que son moralmente legítimos pero no jurídicamente justos, y siendo a veces legítimos y justos no son políticamente recomendables. Así como hay situaciones en las que, por la saturación ideológica que emboba a las gentes o por pasión partidista echa por la borda la moralidad, la legalidad y la prudencia política.
El sustento de toda regla moral es hacer el bien y evitar el mal. Por lo que es lícito reducir los años de cárcel impuestos en las condenas, a quien es culpable de haber obrado un mal, aún si la pena impuesta fue proporcional al mal infringido. Tales condenas pueden ser legítimamente disminuidas, suspendidas, eximidas o revocadas, si hay motivo justificado. La piedad, la misericordia y el perdón, sea del ofendido o de la autoridad, legitiman la reducción de las condenas. Consecuentemente, es moralmente legítimo el indulto, porque es el perdón o misericordia en manos del Presidente de la República. Es una gracia, una concesión; por lo tanto es meta-jurídica, va más allá de lo justo y del derecho.
Jurídicamente el pensamiento filosófico acerca de la justicia, la racionalidad del derecho natural, la legislación y las sentencias que aprueban las autoridades humanas; se ocupan extensamente de desarrollar las instituciones jurídicas de la gracia, la piedad y la misericordia que la autoridad puede ejercer. La amnistía, el indulto, la exención, la gracia, etc. son las denominaciones que han existido en todo tiempo y culturas. Evidentemente, a diferencia de la moral que escudriña en la conciencia de la persona sus verdaderas intenciones, y juzga los actos humanos si son buenos o malos. Lo jurídico tiene limitaciones y menores alcances que la moral; lo jurídico estudia el proceso de adopción de decisiones de la persona responsable de lo que hace, y juzga sus actos externos así como sus consecuencias, con la finalidad de preservar o restituir la justicia en las relaciones sociales que la hayan dañado o haya estado ausente. Se da, a veces, la disparidad de que un acto sea moralmente ilegítimo pero que esté legalizado, como las aberraciones del aborto, el llamado matrimonio gay, la fecundación artificial, así como denegar el perdón y la piedad al condenado afligido por la injusticia de la ley.
La Política es un arte, porque son conocimientos con destreza, es tener cualidades destinadas a la acción eminentemente práctica. La virtud de la política es la Prudencia, que otorga buen juicio para ponderar decisiones y sensatez para saber conducir la sociedad y las personas. La moral y lo jurídicamente justo sostienen al político para que adopte decisiones prudenciales, que hagan el bien y eviten el mal. En política son frecuentes los dilemas, de difícil resolución, cuando la moral y lo justo aconsejan una difícil opción, con el riesgo de que la autoridad pueda mermar su popularidad, pero para que la Justicia brille (Aristóteles decía que la justicia es como la estrella de la mañana).
La ideología es una grave miopía que deforma la visión de la realidad. Cuando contamina la política y la economía, el resultado es espantosamente inhumano. Botón de muestra son las experiencias del socialismo marxista a lo largo del siglo XX, y que se prolonga con el socialismo del siglo XXI en la famélica Venezuela y en el despotismo boliviano.
La ideología siempre será inmoral e injusta, y es subversión política. Porque es capaz de dispensar el perdón a quienes no se lo merecen (los criminales terroristas) y demonizar a su enemigo ideológico para negarle toda gracia y piedad. Porque, la ideología es y suscita odio.
            Desde la perspectiva ética no hay razón para negar el perdón a Alberto Fujimori. En lo jurídico, el problema es su contaminación confusionista de los derechos humanos ideologizados. Además, el marxismo gramsciano ha infiltrado el sistema judicial peruano, y le resta a nuestros jueces ejercer la sindéresis o capacidad para juzgar rectamente y con acierto. Estas son las causas de lo maltrecho que está nuestro Poder Judicial: deshonestamente lento, vilmente ignorante e injustificadamente corrompido.
Finalmente, la bajeza moral corrompe la actividad política, tornándola incapaz de servir al bien, a la verdad y a la justicia.
            En este contexto podemos explicarnos por qué se anuló ayer el indulto a Fujimori.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, sábado 6 de octubre de 2018, p. 11
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Lo que faltaba: Persecución religiosa en el Perú


Lo que faltaba: Persecución religiosa en el Perú
SERGIO TAPIA T.
            El Estado peruano, durante dos siglos, en su numerosa producción de documentos constitucionales, nunca ha dejado de invocar a Dios, antes de distribuir los poderes del Estado y de reconocer los derechos naturales de los peruanos.
El Estado peruano no es laico. En nuestra sociedad, el régimen de las relaciones Estado-Iglesia es de coexistencia armoniosa. Respetándose mutuamente las propias e innegables competencias de ambos. Con las variantes de la impronta que cada religión genera. La religión católica es el Estado Vaticano, con personería jurídica de derecho público, que le hace capaz de celebrar tratados internacionales bilaterales con el Estado peruano. La religión judía no es proselitista, anida y se conserva en la tradición de los hogares de la pequeña colonia judía existente en nuestra Patria. Los credos cristianos son organizaciones cuyos fieles suelen adoptar formas del asociacionismo, regulado por el Código Civil.
Sin embargo, cada vez con más acentuación, el partido electo en el 2016 para gobernarnos, “Peruanos por el Kambio” (PPK), viene produciendo iniciativas que vulneran los más elementales derechos de orden natural jurídicamente reconocidos por ser innegables.
            Nos parece insólito que, el grupo parlamentario del pequeño partido que nos gobierna, haya decidido aprobar el Proyecto de Ley N° 3449, que atropella derechos fundamentales de los peruanos, porque prohíbe el ejercicio de la libertad religiosa, y recorta las libertades políticas.
El proyecto oficialista es invasivo en competencias en las que el Estado no tiene autoridad alguna, como lo son la conciencia religiosa de los peruanos, y la libertad de los peruanos de promover su participación política.
Los autores de ese proyecto de ley, son 8 congresistas gubernamentales: Guía, Lombardi, Donayre (Patricia; no el general), Flores, Oliva, Sánchez Alva, Sheput (dice, él, que fue monaguillo) y Violeta (que es varón y vocero de turno del partido).
Esos autores dicen que tienen el “derecho” de adoptar esta iniciativa de formación de la ley. Pero, se olvidan de las primeras letras del artículo 93° de la Constitución: “Los congresistas representan a la Nación”. Y, la nación peruana, censo tras censo, se declara religiosamente creyente en mayoría aplastante.
Esos 8 congresistas deberían retirar el proyecto para manifestar su desagravio a la Nación, y a modo de compensar la ignorancia manifestada en la materia.
Pero, si permanecen como autores de tal proyecto, no podremos ocultar nuestra congoja por lo pésimamente representados que estamos en este Congreso, por esos 8.
El proyecto pretende establecer tres principios que toda religión debe tener, para que sea legalmente aceptada en el Perú: “valores democráticos”, “cultura democrática” y “prácticas democráticas”. ¡Qué mamarracho impresentable!
Eso es adulterar la Historia de las religiones en la tierra: ¿Cuál es la religión que practica “la democracia” con Dios? ¿Deberemos rehacer los 10 Mandamientos y convocar a Dios para que vote al lado nuestro? ¿Y, cómo realizamos la asamblea democrática religiosa, porque si bien Dios es eterno, los seres humanos se renuevan totalmente a lo sumo en 100 años: Cómo resuelven nuestros 8 legisladores la antinomia, la aporía, este nunca solucionable problema de convocatoria democrática?
El proyecto está mal, porque no cumple con legislar según la naturaleza de la realidad, como se prescribe en el artículo 103° de la Constitución. Es un proyecto malo, porque no respeta la naturaleza de las creencias religiosas.
El proyecto recorta derechos fundamentales, al prohibir bajo la frase “prácticas de proselitismo político” la inspiración religiosa de la ética política, ya sea la moral judía, católica, cristiana (luterana, anglicana, evangélica, etc.), mahometana, etc. Impide toda la moral social, política y económica
A los católicos nos deja sin Doctrina Social de la Iglesia: ¡Con qué derecho, señores congresistas! (felizmente son sólo 8, de los 130 congresistas).
El proyecto confiere al Ministro de Justicia atribuciones para que, por vía reglamentaria, norme cómo se establecerán las religiones en el Perú y cómo serán autorizadas por el Estado.
¡Qué tal poder conferido a un funcionario público! Y a quién le dan tanto poder? Pues, a ese Ministro que mediante el Decreto Legislativo 1408 del 12 de setiembre, indujo a error al presidente Vizcarra, quien legislando por delegación del Congreso; estableció que “la familia es democrática”.
Pues, ahora, ese mismo Ministro de Justicia (que ni me acuerdo como se llama), el proyecto lo empodera para que se despache a sus anchas ganas y corto entendimiento, para que establezca como será una “religión democrática”.
La desgracia se incrementa cuando carecemos de enemigos con cultura. Porque los perseguidores de la religión, de acá, no tienen nivel. Son pura huachafería.
Como nota final, el proyecto tan torpemente malhadado, exige tramitarse bajo el procedimiento de una reforma constitucional. No es una ley ordinaria, porque no se subordina ni a los tratados de derechos humanos, ni al texto constitucional.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de setiembre de 2018, p. 9
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Nudo político no resuelto


Nudo político no resuelto
SERGIO TAPIA T.

            El miércoles 19, casi dos tercios del Congreso otorgaron la cuestión confianza al Presidente del Consejo de Ministros (PCM), quien permanecerá con todo su gabinete ministerial.
El resultado ha sido fruto de la lucha política visiblemente encabezada por el presidente Martín Vizcarra contra el fujimorismo parlamentario. El presidente, esta vez, ganó.
El fujimorismo no es la derecha (desde su inicio gozó de la simpatía de las izquierdas), ni es conservador; tampoco es reaccionario (es decir, reformador, en el sentido establecido por José de la Riva Agüero).
La postura político-ideológica del fujimorismo puede discernirse por sus emprendimientos gubernamentales: Derrotó el poder sindical y el accionar terrorista sostenido por las variadas conformaciones partidarias de los comunistas peruanos; aplicó políticas públicas aconsejadas por el liberalismo renovado de entonces, que requería para su aplicación concentración de poder y autoritarismo; desestatizó la sociedad y la economía peruana.
El fujimorismo es un liberalismo anticomunista. Lo que explica el acercamiento de algunas personalidades de la derecha capitalina, del conservadurismo provinciano, así como de alguno que otro reaccionario. También explica el acercamiento por simpatía de algunos sectores empresariales y cuadros profesionales, desprovistos de pensamiento político por su pragmatismo. Sin embargo, otros optaron por permanecer alejados del fujimorismo, porque no se sintieron convocados por diversas causas: por la militancia partidaria opositora, por el rechazo al autoritarismo fujimorista, y por los escándalos de corrupción habidos durante el decenio gubernamental fujimorista.
Contra la opción del fujimorismo, en el 2011 y el 2016, el electorado peruano fue proclive a experimentar gobiernos de las más extremadas formulaciones ideológicas, desde el abismo extremista irresponsable de las izquierdas encarnadas en Ollanta Humala, hasta la humorada, la falta de seriedad y el cretinismo de Kuczinsky.
El presidente Vizcarra en sus primeros meses de gobierno, no quiso dar tregua al parlamento fujimorista. Planteó una cuestión de confianza, deficientemente solicitada porque el Presidente no es el sujeto legitimado para pedirla, los arts. 132 y 133 de la Constitución sólo facultan al PCM con su gabinete, y a cada ministro individualmente. Además, el presidente convocó a legislatura extraordinaria, pero estando el Congreso reunido en legislatura ordinaria, lo que contraviene el art. 131 de la Constitución. Tal acumulación de infracciones constitucionales podrían producir la vacancia presidencial, pero a Martín Vizcarra no le ha generado ilegitimidad, sino consenso popular favorable, aunque su naturaleza sea efímera, le ha brindado seguridad que ha sabido capitalizar.
De otro lado, las decisiones adoptadas por el gobierno atropellan el orden natural y cristiano, la moralidad y las buenas costumbres, y hasta derechos constitucionales innegables, como el respeto a: la patria potestad y los derechos de los padres de familia, la libertad de enseñanza, los fines de las instituciones educativas que los padres tienen derecho a escoger para sus hijos, la identidad del estudiante y al buen trato psicológico.
La naturaleza invasiva de la ideología de género, que tanto embriaga a muchos cuadros del gobierno, les ha conducido a la innecesaria derogación de la ley del año 2005 sobre políticas públicas para el desarrollo de valores al interior de las familias, que el gobierno consumó el 12 de setiembre, y de la que en algo ha tratado de controlar daños, con las correcciones del día 16. Pero, es evidente que incurrió en exceso e ilegalidad, en el uso de la facultad de la legislación delegada, que le fue confiada hasta el 17 de setiembre.
En esta oportunidad el Ejecutivo midió fuerzas, y ganó la partida. Ha sido un rédito para el conglomerado de las izquierdas –las caviares y las leninistas–, que persisten con terca voluntad en disolver el Congreso, por el solo hecho de su composición mayoritariamente fujimorista.
Pero, la confrontación político-partidaria e ideológica continuará. Una lástima que el Presidente Vizcarra sea objeto de una reducción a medio instrumental, para los afanes caviares. Como lamentablemente también lo fue Kuczinsky.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 21 de setiembre de 2018, p. 6
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La CIDH, el aquelarre caviar - artículo La Razón


La CIDH, el aquelarre caviar
SERGIO TAPIA T.
            Los organismos internacionales de derechos humanos se han transformado en cubil de rojos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sigla es “CIDH”, es presidida por un ministro de Justicia del gobierno corrupto de Humala, tiene su sede en Washington (EEUU). No confundirla con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sigla es “Corte IDH”, y su sede en San José (Costa Rica), que la preside un mexicano.
La CIDH fue fundada por la Asamblea General de la OEA del año 1959, con dependencia al Consejo Permanente de la OEA, que fue encargado de otorgarle sus atribuciones. Con el primer Estatuto de 1960, la CIDH tuvo por finalidad producir informes sobre la situación de los derechos humanos en los países del continente americano. Con el segundo Estatuto de 1965, la CIDH asume la atribución de proponer recomendaciones a los gobiernos de las Américas, con base a comunicaciones que reciba o informaciones que obtuviese de oficio. Y, con el tratado Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la CIDH asumió nuevas potestades mezcla de centro de conciliación pre-judicial con algo de ministerio público en lo penal. La CIDH demoró más de cinco años en asumir y ejercer estas funciones, dejando a la primera Corte IDH sin trabajo por falta de demandas. Porque, la CIDH es paso previo y obligado antes de demandar a los Estados ante la Corte IDH.
La CIDH considera acumulativas todas esas funciones otorgadas en 1960, 1965 y 1969. Porque, para países como Cuba sólo hace informes, debido a que desde 1962 es estado expulsado de la OEA. Para los EEUU sólo hace recomendaciones, porque no ratificó la Convención de 1969. Lo mismo para Trinidad y Tobago, y para Venezuela, por haber denunciado la Convención de 1969, con el efecto de retirarse de todo el sistema interamericano de derechos humanos.
            El “aquelarre” es reunión de brujas y brujos. Pero, creer en las brujas o brujos, “es ser crédulo y de pocos alcances” como dice el diccionario. Pues, cuando se reúne la CIDH, es un aquelarre muy significativo. Porque no es para velar por los auténticos derechos humanos, sino para urdir política menuda de intereses ideológicos, que sólo beneficia a los partidos y las ONGs en tanto sean inspiradas en las ideologías socialistas y comunistas, de diferentes modelos y grados, especialmente el marxismo gramsciano y el marxismo de género.
            La CIDH realizará el lunes 1 de octubre un aquelarre de caviares en la Universidad de Colorado, para la que la ONG IDL ha solicitado tratar sobre “La crisis de la corrupción judicial en el Perú y su impacto sobre los derechos humanos y la libertad de expresión”.
            Mentirosamente se ha difundido aquí, que la CIDH verá el “caso Chávarry”. Falso, no hay “caso Chávarry” ante la CIDH. Tampoco Chávarry es parte de “la crisis de la corrupción judicial”; él es fiscal y pertenece al Ministerio Público que es constitucionalmente diferente y autónomo del Poder Judicial.
            Entonces, ¿para qué convocan al aquelarre en los EEUU? Para una catarsis de caviares. Necesitan purificar pasiones y emociones, contemplándose mutuamente en torno a la tragedia que perciben a través de su reduccionista y miope visión ideológica, con la que nos degradan, al Perú y a las demás naciones americanas.
            Ese aquelarre para la catarsis caviar, nos es oneroso a los ciudadanos contribuyentes, porque con nuestros impuestos pagamos las cuentas de la OEA, y pagaremos el viajecito de los funcionarios pro-caviares del Ministerio de Justicia y de los demás funcionarios ineficaces que los acompañarán. También, pagamos las cuentas de los caviares, a través de las jugosas indemnizaciones, dispuestas por las sentencias prejuiciosas y prevaricadoras de la Corte IDH.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de setiembre del 2018, p. 7

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Tarea aún pendiente: protección de la familia - artículo La Razón


Tarea aún pendiente: protección de la Familia

            La familia, al igual que el matrimonio, están considerados constitucionalmente como realidades naturales y fundamentales de la Sociedad (Constitución: art. 4°). Jurídicamente no se crean como un ente cultural, sino se confirman como realidad prexistente al Estado. Por lo que, tan innegable es, que tanto el Estado como la sociedad toda, asumen deberes: Frente a la familia, para protegerla, frente al matrimonio para promoverlo.

            La tarea estatal para proteger la familia es diversa, y debe aspirar a la eficacia. La familia no puede ser estatizada, pues es una realidad que trasciende la política. La familia es el fundamento de la sociedad, y el Estado es la autoridad de la sociedad. La naturaleza de la familia, que está más allá de la política, no queda a la reinvención del gobierno de turno, ni a merced de los ventarrones ideológicos.

Desde el Congreso se protege la familia mediante leyes sabias y prudentes, y mediante investigaciones para conocer y resolver los problemas que las familias afrontan. Desde el Poder Ejecutivo la protección de la familia se expresa reglamentando las leyes para orientar la acción del Estado, formulando planes de acción y actuando con políticas públicas eficaces. Desde el Poder Judicial, la protección de la familia se expresa en la celeridad de los procedimientos, y sobre todo exigiendo competencia profesional y moral a los jueces y fiscales, para que sus sentencias y dictámenes sean pronunciados en aras de lo justo y la equidad. Finalmente, además debe adoptarse con prudencia la incorporación -al sistema jurídico peruano- de los tratados internacionales, cuyas materias versen sobre asuntos de familia; porque hay tráfico ideológico que suele transbordarse mediante esos instrumentos internacionales.

            La idiosincrasia peruana cultiva fuertemente los lazos familiares. La familia es el lugar donde se invierten grandes sacrificios en bien de otros, por motivo de la solidaridad surgida por los lazos afectivos, que incluso se extienden más allá de las generaciones paterno-filiales, porque incluyen personas cuyo grado de parentesco es inexistente (la tía de cariño, la mamá de crianza, etc.).

Nuestra organización estatal se ha ido alejando de la realidad familiar, por la inoperatividad burocrática y por la concepción individualista adoptada, que concibe la persona como una abstracción de las realidades sociales en las que está incluida. Esto se verifica con la lectura comparativa de la Ley 28542 del año 2005 y el Decreto Legislativo 1098 del 2012. En 7 años, mediando un gobierno intermedio, se degradó el tratamiento de la familia en la estructura del sistema político-administrativo del Estado.
Con la Ley 28542 se dispuso que las políticas sociales tuvieran en cuenta el entorno familiar del ciudadano beneficiado; que la consejería familiar fuera impartida por los gobiernos regionales y municipales mediante convenios con entidades privadas competentes; que las Escuelas de Padres fueran promovidas pública y privadamente; que se alentara la promoción de valores y principios familiares a través de los textos educativos y los medios de comunicación; que la promoción de planes, programas, proyectos y servicios sirvieran para el fortalecimiento de la familia; que las uniones de hecho se formalizaran celebrando matrimonio; que sean capacitados en fortalecimiento familiar los jueces, médicos, policías y maestros; que fueran promovidos los centros de cuidados infantiles en los centros laborales públicos y privados; que se dicten normas tributarias, laborales y otras para apoyo y promoción de la familia; que se observen las 8 horas de trabajo para que los padres dediquen tiempo en cantidad y calidad entre ellos y con sus hijos; etc.
Poco, muy poco de esta Ley se ha hecho realidad en sus 13 años de vigencia. Es más, al regularse el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2012, la realidad de la familia se ha degradado en ser una más de la decena de direcciones generales que alberga ese Ministerio, comparte la misma jerarquía que la asesoría jurídica y la administración contable. La familia debería contar con un Viceministerio, y más temprano que tarde con un Ministerio propio, que promoviendo la participación política de los representantes del asociacionismo familiar, desburocraticen la hasta hoy torpe, ciega, infértil e ineficaz, y hasta corrupta acción estatal desplegada para atender tan importante realidad, como lo es la familia en el Perú.
Afirmar constitucionalmente que la familia es el fundamento de la sociedad, no es para menos. Algo debería anunciarse este domingo 9 de setiembre, porque el Perú celebra el Día de la Familia.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, 7 de setiembre de 2018, p. 7

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