jueves, 24 de enero de 2019

Iglesia y Estado: ¿Aproximación de agendas?


Iglesia y Estado: ¿Aproximación de agendas?
SERGIO TAPIA T.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó a los Obispos de la Iglesia Católica del Perú, reunidos en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana. Fue un encuentro de gobernantes, cada quien en sus respectivas órbitas y competencias.
El Perú es una República unitaria, sólo tiene un estado nacional, y el presidente del Perú -quien personifica a la Nación (es un símbolo, al que se le rinde honores al son de la Marcha de Banderas)-, no es figura protocolar sino que ejerce la jefatura del gobierno. Es un presidente, no es un monarca. No le es lícito ni invadir, ni usurpar funciones ni facultades ajenas a las 24 atribuciones que el artículo 118° de la Constitución le acuerda.
Los obispos gobiernan una porción de la Iglesia, ordinariamente ejercen autoridad en competencias territoriales, salvo algunos pocos casos cuyas competencias son de orden individual, como el Obispado Castrense que se ejerce sobre los miembros de la gran Familia Militar y Policial. Los obispos legitiman su gobierno cuando están en comunión con el Papa, cuya autoridad se configura como la de una monarquía, por concentrar en sí las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales de la Sociedad Eclesial.
Ambas potestades, la temporal que ejerce Vizcarra y la espiritual que ejerce cada uno de los obispos del Perú, confluyen sobre los mismos sujetos: los peruanos-católicos o los católicos-peruanos. Dejamos en un paréntesis a los extranjeros, residentes o no, por simplificación del argumento.
La misión de la Iglesia es la salvación eterna; que se obtiene en esta vida, aquí en la tierra. Por lo que Pío XII, pontífice de feliz memoria, afirmaba que la salvación de las almas dependía de las condiciones sociales, políticas y económicas. Por eso la Iglesia tiene un cuerpo doctrinal de muy buena elaborada moral social y política, así como de ética económica, que se denominada Doctrina Social de la Iglesia. La agenda socio-político-económica de la Iglesia descansa en las sólidas bases antropológicas de ese cuerpo doctrinal, que defiende la vida humana desde la concepción y la respeta hasta la muerte natural, que rechaza la suplantación ideológica del género y afirma la naturaleza sexuada del ser humano.
En lo que va del gobierno, la agenda pepeka tiene algunas constantes que separan y distancian al gobierno de la Iglesia. Como lo hace la ideología de género, que se pretende imponer sin pausa ni respeto desde los ministerios sociales. Hay una innegable fricción gubernamental con el mayoritario sector creyente católico peruano, desde el inicio de la gestión de año y ocho meses del presidente Kuczynski, e incrementada durante los 10 meses de gestión del presidente Vizcarra. Un gobierno que ya pasó la mitad de su período de duración.
La actitud de los obispos católicos, recibiendo al Presidente de la República en el seno de la asamblea ordinaria anual de la conferencia episcopal peruana, no es sinónimo de pactos, ni de alianzas, ni declinación de principios, ni disimulos. La nota de prensa evacuada por la oficina del presidente, dice que Vizcarra “invocó a los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana, a trabajar junto al Gobierno, en el firme propósito de construir una agenda en común que mejore la calidad de vida de todos los peruanos“.
Si fuese ésta una aspiración presidencial, posible y sincera, exige del presidente Vizcarra cesar con la persistencia de imponer la ideología de género en la educación y la cultura. Asimismo, deberá rechazar por totalitaria e inconstitucional la arbitraria sentencia del Tribunal Constitucional, suscrita por el “pseudo-doctor” Espinosa-Saldaña y publicada hace poco más de un mes, en el caso Darlyn Roxana Jurado Garay, que extra-petita destila un trasnochado ateísmo militante y una laicidad a todas luces inconstitucional.
Es hora que desde las salas triunviras del TC y desde los despachos individualistas de fiscales y jueces, se termine de una vez con el “lawfare” (la guerra jurídica) de naturaleza gramsciana, y eso haría bien en liderarlo el presidente Vizcarra.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 18 de enero de 2019, p. 6

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De la Kulturkampf a la Lawfare


De la Kulturkampf a la Lawfare
SERGIO TAPIA T.

En la amplitud de contextos en los que se dan las relaciones humanas, existen algunas que motivan a determinados individuos a satisfacer apetencias de poder, debido a desórdenes morales y por causa de las distorsiones ideológicas. Son las conductas que destruyen el orden social, el respeto de la persona, así como la concordia y la paz.
Tras la Revolución Ideológica Liberal, llamada Francesa, se instaura el Gobierno del Terror, con la persecución de las creencias religiosas para la imposición de un remedo de religión indeterminada, antidivina, no trascedente y manipulada por los que controlaban el Estado. La pretensión era controlar la conciencia individual. Se intentó establecer una era post cristiana. Fue un régimen perverso, de expresiones terribles, duró poco más de un año, pero causó daño no sólo en la nación francesa, debido a la expansión del influjo revolucionario, daño muy profundo y tremendamente duradero.
En un subsiguiente siglo, y en otra geografía, los políticos alemanes construyeron el Segundo Reich conducidos por Bismarck, quien impuso la persecución a las ideas religiosas de un sector numeroso del pueblo alemán. La “Kulturkampf”, la guerra cultural, fue anticatólica, anti-polaca y anti-imperio austrohúngaro, y concluye en pro de la social-democracia. Su espectro se proyectará en la construcción del Tercer Reich de Adolfo Hitler, de similares características, además de las propias de la ideología socialista del Nazismo alemán, que curiosamente dialectizó con la social-democracia constructora de la República de Weimar. La palabra “Kulturkamf” es un germanismo adoptado en el análisis de los procesos políticos culturales.
Entrado el siglo XX, surgen las versiones operativas para la toma del poder del comunismo marxista: el marxismo-leninismo, el marxismo-trotskista, el marxismo-maoísta. Se trata de la conquista del Estado mediante todas las formas de lucha, esta será la única norma moral admitida. El todo vale contra el enemigo de clase o contra el opositor doctrinal, se impondrá mediante las guerras civiles, guerras internacionales, revoluciones y luchas violentas; suscitando enfrentamiento con obreros, con estudiantes o con pobladores de zonas económicas deprimidas. No ha habido siglo más empapado de sangre, que el siglo XX revolucionado por el comunismo intrínsecamente malvado, aderezado con el cinismo de otra ideología que no se queda atrás en inhumanidad, como lo es el Liberalismo.
A finales del siglo XX se ponen de moda las directivas revolucionarias de Antonio Gramsci, un marxista leninista italiano de los años 20s. Que aporta modificaciones estratégicas a la revolución comunista, que son redescubiertas cuando todos los regímenes comunistas se desploman fracasados en el decenio de los noventa. El gramscismo es la guerra cultural como sustitución de la vías violentas que gustaban practicar todos los comunistas.
La guerra jurídica, para cuya sinonimia se recurre al anglicismo “lawfare” que es una contracción gramatical de las palabras "law” (ley) y "warfare” (guerra). No tiene en consideración la guerra clásica, entre ejércitos nacionales y de acuerdo a las reglas internacionales sobre conflictos regulares. No. Más bien se relaciona al concepto de guerra marxista, irregular, con elementos de ilegalidad y anti-humanidad, al igual que el terrorismo.
La "guerra jurídica" es la que aplican los denominados ONGs, que son clubes del pensamiento ideológico marxista que utilizan, para la tarea política, con el mayor cinismo e inmoralidad, la manipulación de las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y todas las formalidades de la administración de la justicia, para producir sentencias canallescas, violatorias de todo derecho humano y tergiversadoras de las más elementales reglas del Derecho y la Justicia. Aplicadas con eficaces sicosociales y desde el empoderamiento que les otorga algunos pliegues del Estado contaminados ideológicamente, y sobre todo un sector de los medios de comunicación, los que sorprendentemente suelen alistarse al servicio del poder de turno.
¿Qué podemos hacer frente a esta ola secular de revoluciones que se incrementan en vigor y daño al paso del tiempo? Lo primero es conocer que este estado revolucionario existe. Porque, la primera de las soluciones, es comprender el mal, así como quien es el enemigo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de enero de 2019, p. 6

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¡Cuidado con ejercer el poder!


¡Cuidado con ejercer el poder!
SERGIO TAPIA T.

            Todo lo que denigre la dignidad de la persona humana constituye un ilegítimo ejercicio del poder. Asimismo, todo lo que atente contra el bien común, que es el fin de la convivencia social entre las personas, siendo elementos esenciales de ese bien común la paz y la seguridad para el ejercicio pacífico de sus derechos por parte de los ciudadanos.
Modernamente es, a través de la constitución escrita, que las naciones han recurrido a establecer los límites del ejercicio del poder de los políticos. Así, nuestra Constitución en el artículo 46° dispone que nadie debe obediencia a un gobierno usurpados, ni a los que asumen funciones en violación a la Constitución y las leyes.
Aunque no hayamos tenido elecciones, en el 2018, nos hallamos con una nueva persona investida del mandato de Presidente de la República, desde el mes de marzo de 2018, el Ing. Martín Vizcarra, con experiencia política en gobierno regional del sur.
El programa político-cultural del Presidente Vizcarra sigue los lineamientos centrales del Plan de Gobierno de los “pepekas”, y parecería ser la prioridad de mayor envergadura, pues, la ideología de género ha ocupado mucha atención por parte de su equipo ministerial.
No se sabe aún su línea ideológica en lo económico, aquí anda un poco en piloto automático, y quizá un tanto a la deriva. No se observan acciones de promoción económica. Los ministros cercanos a las materias financieras y económico-productivas no se dejan oir.
En lo personal, el Presidente Vizcarra ha emprendido un celoso activismo contra las autoridades de organismos constitucionalmente autónomos.
Produjo la renuncia masiva de los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargados de designar jueces y fiscales, de ratificarlos y de sancionarlos. Además, provocó la renuncia de sus miembros alternos o suplentes, con lo cual nos hemos quedado con un Estado que no puede nombrar ni vacar fiscales ni jueces. Cuyas consecuencias se harán sentir pronto.
Ha emprendido, ahora, la denominada “reorganización” del Ministerio Público (MP). Según el proyecto de ley que el Presidente ha presentado al Congreso, hay una variante en el método aplicado al CNM, pues, en el caso del MP cesan todos los Fiscales Supremos titulares y asumirían sus cargos los Fiscales Supremos adjuntos.
La medida propuesta para aprobación del Congreso, es en realidad una extralimitación de las facultades presidenciales, pues, la Constitución no le confiere reorganizar entidades estatales más allá que las que conduce en el Poder Ejecutivo.
Horas oscuras invaden nuestro escenario político, pues, estos desajustes en el Estado, motivamos por odios, rencores, intereses y motivos ideológicos, Traen consigo empoderamientos de personas y grupos, que traerán negativas consecuencias a la paz social, y dañarán al bien común nacional. Lamentablemente.
Y, ni se diga sobre las libertades ciudadanas que se ponen en riesgo y en peligro, como la libertad de informar y de recibir información cierta y veraz (ojo, no sólo libertad empresarial periodística para algunos). Y, la libertad de conciencia moral religiosa, que también se arriesga xon las políticas impuestas por los ministerios sociales.
El 2019 no se presenta al inicio como un año de buen augurio, que prometa paz social y desarrollo en la tranquilidad. Se asoman en el horizonte las sombras de luchas y conmociones dialécticas, se dibuja un año impertinentemente previo al bicentenario republicano.
Es en realidad lo que sigue al 2018, que fue un año perdido, no capitalizado, sin más frutos que una tremenda crisis política que desnudó las más íntimas fibras éticas de muchas personas públicas, de las que se pensaba tenían otra muy diferente estructura personal virtuosa.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 4 de enero de 2019, p. 6

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La Política, redimirla para que sea redentora


La Política, redimirla para que sea redentora
SERGIO TAPIA T.

Verdaderamente veía que este año 2018 acabaría con decepción en lo político. Aunque sin perder las esperanzas de un amanecer más digno y promisorio para nuestro Pueblo.
¿Por qué, entonces, tanta tensión y lucha política? El fujimorismo arrasó electoralmente y obtuvo el 56% del control de los escaños parlamentarios. Reducido ahora al 47% como consecuencia de la indisciplina, inmadurez y escandalosa ruptura de los hijos del fundador del movimiento fujimorista.
Es más, hubo un gran interés ideológico liberal sobre el Perú, desde el reinicio de la democracia en los 80s, tras la experiencia estatista del socialismo velasquista
Vizcarra cuenta con poco menos de medio año en el poder, es el accesitario del titular Kuczynski, quien deshonrosamente fue vacado por el Congreso, a quien personalmente Vizcarra le debe la presidencia y el poder que ostenta. Pero, poder que ejerce con cuadros de gobernantes provenientes de las izquierdas marxistas.
La política es una tarea muy delicada en la sociedad. Es tema de las Sagradas Escrituras, de la moral y de las ciencias. Es objeto de novelistas insignes, es preocupación de académicos y es el quehacer de ciudadanos que aspiran a aportar cambios sustanciales para mejorar la vida social.
A la Política (con mayúscula) es necesario promoverla, hacerla rectamente comprensible, infundirle valor e insuflarla de virtudes, siendo la virtud que las corone la de la Prudencia.
Pero, la política no está inmune de incurrir en perversiones, falsificaciones y crasos errores. Y, aquí, la buena intención no basta, pues, resiente al bien común de la Sociedad toda.
Es necesario distinguir la “democracia” que es la participación de la ciudadanía en el grado de las decisiones; de la “república” que es la institucionalidad del Estado al servicio del bien común social.
Nuestro sistema político es la democracia republicana. En otros países, históricamente, ha existido la monarquía electiva, en Europa existe la monarquía republicana. Variadas configuraciones y fusiones se han ensayado con ambos elementos, la democracia y la república. Hasta se ha hecho uso de la denominación democracia de partido único, como desvergonzadamente lo practicó el comunismo del siglo XX.
La república es lo institucional, la distribución de poderes, la compensación de cargas y atribuciones, el justo medio de las pesas y contrapesas de las facultades políticas. Para obtener el equilibrio virtuoso.
Para hacer cambios políticos en serio, es necesario diagnosticar si el problema está en la dimensión democrática, esto es en el hombre. O, si el problema está en la dimensión republicana, o sea en el diseño de las instituciones.
Mediante el referendo de hace un par de semanas, el Presidente Vizcarra ha apostado al cambio republicano, para una renovación de la Política. A mí me parece un error de diagnóstico; porque el problema está en el “hombre viejo” que no renueva el rol ciudadano. Hay que renovar la persona, pues, ella es portador de valores; y que hoy muchos lamentablemente no los portan.
Por eso la Política debe ser redimida y debe ser redentora. Porque, tiene que estar inspirada en valores, y servir no sólo con honestidad sino con arrojo y valentía, a los valores.
El año 2018 concluye con esperanza, pues, se anuncia la conformación de una nueva bancada parlamentaria, que daría inicio a una nueva forma de hacer política, porque asumirá la defensa de todos los peruanos desde su concepción hasta su muerte natural (ni abortos, ni eutanasia), la defensa de la familia y la consiguiente promoción del matrimonio, la custodia del derecho de los padres de familia por la educación transversal con moral y religión para sus hijos.
Adelante congresista Julio Rosas, adelante congresista Pedro Olaechea, adelante congresista Jorge Castro Bravo, adelante tantos otros congresistas que el Perú y los peruanos los esperan con viva esperanza.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de diciembre de 2018, p. 6

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¿La reforma o la deforma de la Justicia?


¿La reforma o la deforma de la Justicia?
SERGIO TAPIA T.
Hace una semana el Perú, mediante referendo, ha realizado tres cambios constitucionales, uno de ellos directamente relacionado al cómo de la designación de magistrados (jueces y fiscales).
El Poder Judicial es el único de los poderes del estado que no es elegido por voto directo del pueblo. La selección y designación de jueces sigue siendo un arduo tema. En los EEUU sus jueces supremos son designados por el presidente, y no se cuestiona la independencia republicana de los poderes del estado.
En el Perú, esto fue de preocupación desde el inicio republicano. El Reglamento Provisional de Huara de 1820, promulgado por el General José de San Martín, expresaba: “me abstendré de mezclarme jamás en el solemne en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo; y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas cuando el que hace la ley o la ejecuta, es también el que la aplica”.
            Y, es curioso que durante la dictadura del general Velasco, se planteó la intención de crear un Consejo para seleccionar y designar jueces.
La democracia es la ciudadanía, es la condición humana, el valor de lo humano es la cualidad que porta el ser y la profesión de su cultura. Así, el ciudadano inspirará y sostendrá el modelo político. Y, cuando el factor humano no es virtuoso, no habrá democracia real; habrá es una democracia falsa, o una farsa de democracia.
Son las personas las que hacen las instituciones. La vulgaridad ciudadana distorsiona las instituciones. Y, la ideologización ciudadana subvierte al Estado y a la Sociedad.
El día 18 de diciembre, el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley N° 3745, para dar organicidad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el nuevo organismo republicano que seleccionará a los jueces y fiscales, fruto del referendo para la reforma constitucional.
El Proyecto ni siquiera está escrito en buen castellano, en temas importantes, como los Principios que regularán al sustituto del liquidado Consejo Nacional de la Magistratura. El cuarto Principio se denomina “Igualdad y paridad”: ¡que son sinónimos! Es como haber dicho “igualdad e igualdad” o “paridad y paridad”. El uso y abuso del neo-lenguaje “inclusivo”, ha des-castellanizado a los funcionarios, en violación al artículo 48° de la Constitución.
Hay un problema en el modo de haber pensado la composición de la JNJ. En el artículo 6° del Proyecto, se establece que de los siete miembros, al menos deben ser tres mujeres y tres varones. Pero, luego, hay un enredo al establecer el orden de las suplencias y su concordancia con el orden de méritos, que es muy posible que esa paridad de tres/tres no se satisfaga, con lo que no habría la posibilidad de instalar el JNJ. De igual manera, el Proyecto agrava la contradicción al tratar a los suplementes en el artículo 10°.
El artículo 12° sobre impedimentos está pésimamente redactado. Bloquea a quien evidentemente no puede ser un miembro del JNJ, como el Presidente de la República. Pero, no es prolijo en prohibir que el miembro del JNE se anime a ser candidato presidencial, mientras ejerce su facultad de nombrar y sancionar jueces.
Otro problema es el empoderamiento de una pequeña minoría para ejercer las atribuciones de un Pleno. El artículo 32 otorga validez al quorum de cuatro, y el art. 33 concede poder decisorio finalmente a tres. Debería exigirse un quorum de seis sobre siete, y una mayoría de cinco sobre esos seis. ¿Si no, para que están a tiempo completo y dedicación exclusiva?
Otro tema, que ya cae en el ridículo es exigir el mínimo de edad, de 46 años cumplidos, y además que haya ejercicio la abogacía o haber sido docente durante 25 años. Significaría que no habrá posibilidad real de postular a los 46 años, porque debería haberse graduado de abogado a los 19 años y haber sido profesor universitario desde los 19 años: Un imposible. Hay otros ridículos más, con el juego de las edades, al exigir la máxima de 74 años, se tendría que haber sido graduado de abogado a los 25 años y ser docente desde los 25 años. Con estos requisitos, no sé si encontrarán siete abogados que los satisfagan en el Perú actual. Lo que pone al JNJ en la posibilidad de una frustración mayúscula: No poder instalarse.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 21 de diciembre de 2018, p. 6

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Nuevo pacto para las migraciones


Nuevo pacto para las migraciones
SERGIO TAPIA T.
            La ONU desde 1951 albergó al Comité de Migraciones Europeas, cuyo lema motivador fue por “los países que necesitan personas y por las personas que necesitan países”. En Europa pueblos enteros sufrían la diáspora por segregación y persecución debido al rediseño del mapa europeo, según las conveniencias y los apetitos de los vencedores de la Guerra Mundial, así como por el salvaje emprendimiento conquistador del comunismo personificado en la URSS. Posteriormente, el Comité se transformó en 1989 en la Organización Internacional de Migraciones, con cierta estructura independizada del organigrama organizacional de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU).
Pero la de los años 50s a 70s, era otra ONU, portaba la expresión de la voluntad geopolítica y universalista de los vencedores, los EEUU y la URSS. En tanto que hoy en día, la ONU es una burocracia internacional que empodera caviares (marxistas gramcianos) y es diligentemente servida por determinados equipos diplomáticos de algunas cancillerías; todos embriagados por el afán del gobierno mundialista. Por eso la ONU suscita desconfianza, porque promociona una degenerada visión de los derechos humanos. Como insólitamente lo acaba de decidir el Comité de DDHH de la ONU, que declara que tanto el aborto como la eutanasia son derechos humanos. No, pues, el derecho es a la vida y a la salud, no al asesinato ni al suicidio con cómplices.
            Nuestra Nación, ha vivido la necesidad migratoria en tres ciclos continuados. El primer ciclo, en los años setenta, a causa del velasquismo dictatorial expropiador y estatista, que generó una migración empresarial y profesional, socialmente bien colocada. El siguiente ciclo fue en los ochenta, cuando pagábamos con inflación galopante y depresión productiva el costo de las experimentaciones socialistas de la dictadura velasquista. Y, éramos objeto del despiadado terrorismo por el Partido Comunista del Perú (mal llamado “Sendero Luminoso”) y por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA). La migración fue de clases sociales trabajadoras carentes de patrimonio. El tercer ciclo, durante el decenio de los noventa, prosiguió.
Somos una Nación que sabe lo que es migrar. Y, también, sabemos ser generosos recibiendo migrantes que hemos sabido asimilar a nuestra sociedad y cultura como a las colonias china, japonesa e italiana. Y, hoy, al éxodo venezolano.
Se ha suscrito por el Gobierno, el día 11 de diciembre, el “Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, que ha generado mucha desconfianza por percibirse que afecta la soberanía estatal, la seguridad de las sociedad y es permisivo con el autoritarismo violentista de las religiones no cristianas.
En el artículo 7° del Pacto se dice que es “un marco de cooperación no vinculante jurídicamente”, lo que es algo más que extraño pues un tratado genera obligaciones y es vinculante para el Estado que lo ratifique.
También señala que se respetará la soberanía de los Estados, pero a la vez impone restricciones y obligaciones con respecto a las relaciones del Estado con los inmigrantes.
En el artículo 15 establece principios rectores transversales e interdependientes, entre otros señalo los siguientes: la soberanía nacional para determinar la propia política migratoria, es correcto; el Estado de derecho y garantías procesales compatibles con el derecho internacional, aquí hay una sutil intromisión y una negación a la soberanía político-jurídica del Estado; el derecho internacional de los derechos humanos, con sus principios de no discriminación ni intolerancia a favor de los migrantes independientes de su calificación migratoria, esto es un torpedo político-ideológico peligrosísimo; y la infaltable en la ONU, Perspectiva de género, como derecho humano, porque el Pacto promueve la igualdad entre géneros y su empoderamiento, esto es sencillamente inaceptable, por la ambigüedad terminológica y el contenido ideológico de la palabra “género”, que empaña la trasparencia y recta intención del Pacto.
            El tema de los DDHH constituye un paquete de negocios de las ONGs ideologizadas, que mantienen copado con sus cuadros los organismos internacionales, con un inmenso empoderamiento ideológico y aprovechamiento económico, esquilmando el patrimonio de los Estados no alineados al socialismo.
            Es un tratado internacional, y si bien el Ejecutivo lo ha firmado hace unos días, corresponde al Congreso aprobarlo o no. Esperamos la acuciosa lectura de nuestros congresistas y su decisión valiente, a pesar de la crisis de estabilidad que padecen en estos días.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de diciembre de 2018, p. 6

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Referéndum: No, No, No y No ¿Por qué?


Referéndum: No, No, No y No ¿Por qué?
SERGIO TAPIA T.

Ninguna de las cuatro iniciativas de modificación constitucional tendrá efectos positivos en la economía popular, ninguna reactivará la producción nacional, ninguna morigerará la alta tasa de corrupción estatal. Mucho menos descenderán los índices de criminalidad y de inseguridad en las calles. Sin embargo, ante el silencio político de una oposición cada vez más inerte y sin respuesta temprana y ni oportuna, el referendo se impuso.
Las cuatro reformas han sido seleccionadas, definidas e impulsadas por el Poder Ejecutivo. En el tema de la financiación de los partidos, el Congreso hizo correcciones indispensables, como la errónea pretensión de legalizar la presunción de la culpabilidad; cuando lo consagrado es el principio de presunción de la inocencia.
Pero, para el Ejecutivo, el referéndum desde inicios del mes de octubre, lo percibe ya como su triunfo particular contra los partidos conformantes del Congreso, a los que nada tiene que agradecer, por considerarlo como botín de una victoria, política. Los cortesanos del Ejecutivo se embriagaron rápido con el triunfo, y desdeñaron la reforma de la bicameralidad del Congreso. Sin percatarse que al basurearla, desarrollando la intensa campaña de predeterminación y condicionamiento del voto ciudadano, para que se pronuncien por el NO a la bicameralidad del Parlamento. Lo que obtendrían es neutralizar el referendo, o dejar estéril y sin sentido la tercera pregunta referida a la no reelección de parlamentarios.
En el supuesto de que triunfe el Si a la tercera pregunta, quedará aprobada la reforma constitucional con un nuevo artículo que literalmente dice: "Artículo 90-A.- Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo".
            Sin embargo, de tener éxito el No que el Gobierno impulsa para la cuarta pregunta sobre la bicamarelidad del Congreso, éste ya no cambiará de nombre, ya no será el Parlamento Nacional; y sus miembros ya no serán los “parlamentarios” sino que seguirán siendo los “congresistas”. Por lo tanto, el referéndum no servirá para nada, pues no habrá prohibición para reelegir a los congresistas, pues lo que estará prohibido será reelegir “parlamentarios” que no existirán realmente.
            La estrategia gubernamental del Si para la tercera pregunta y el No para la cuarta; neutraliza al referendo en sus resultados.
            De otro lado, la propuesta del Ejecutivo en la primera pregunta, es antidemocrática comparada al modo actual como se eligen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Por todos los vocales supremos (con la reforma constitucional se reducirá sólo a lo que decida individualmente el presidente de la Suprema), por todos los Fiscales Supremos (con la reforma sólo se reducirá a lo individualmente decida el Fiscal de la Nación), todos los rectores de las universidades estatales y las privadas (con la reforma se reducirán sólo a las universidades con más de 50 años, y ¿por qué no a las que han obtenido su “licenciamiento” por la SUNEDU ¿por qué la antigüedad califica a las universidades para el ejercicio de esta atribución?). Y, así, lo antidemocrático del sistema propuesto para modificar la Constitución es más nítido, porque hasta ahora todos los abogados del país eligen a un miembro del CNM, y todos colegios de las otras profesiones eligen a otro de los miembros; pero, con la reforma, sólo lo harán individualmente el Defensor del Pueblo, el Presidente del TC y el Contralor: ¿Por qué se reduce la participación democrática? Esta pregunta recibirá un contundente NO.
            Finalmente, la segunda pregunta, sobre financiamiento estatal a los partidos, es un gasto no requerido. No habrá más moralidad política partidaria si la plata viene del Estado. Con la reforma se pierde la gratuidad para el acceso a los medios de comunicación del Estado, y el Estado se compromete a pagar al sector privado los espacios de publicidad partidarios. No es una acertada política pública presupuestaria, ni es conveniente para un país con tantas prioridades sociales, y con tan exiguos recursos fiscales. La segunda pregunta, merece un rotundo NO, y con mayúsculas.
            Por esto, y por mucho más, las 4 preguntas del referéndum se merecen 4 NO, este 9 de diciembre.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 7 de diciembre de 2018, p. 6

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