DD
HH y prevaricación
SERGIO TAPIA T.
De la lectura de las sentencias que emite la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), solo surge defraudación
inconsolable, porque se desnaturaliza la prometedora intención de preservar los
derechos humanos, verdaderamente inherentes a la persona, y no los que 7 jueces
inventan desde su miopía ideológica y ceguera prudencial.
Los Estados a través de sus cancillerías elaboraron tratados
internacionales para preservar en América el respeto de la dignidad humana. Y,
se crearon organismos para supervisar su observancia por parte de los Estados: la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los Estados Unidos y la Corte IDH en Costa
Rica.
Pero,
los hombres hacen las instituciones. Éstas no existen independientemente de las
personas que las integran. Las organizaciones son de la talla moral y la catadura
ideológica de quienes las componen.
En
los últimos 35 años de funcionamiento de la CIDH, y la misma cantidad de años
desde que existe la Corte IDH: Los resultados son desconsoladores.
Ambos
organismos permanecen infiltrados por las izquierdas marxistas
latinoamericanas. En tal límite que impiden una verdadera renovación de sus cuadros,
obstruyen el replanteo doctrinal y evaden el control de daños de tanta politización
partidista. La saturación ideológica revolucionaria les rebalsa. El sistema de
DDHH americano es una porción del poder al servicio de la subversión marxista, que
agravia nuestros pueblos.
La
CIDH y la Corte IDH, en consuno, han inventado derechos a favor de las olas
revolucionarias violentas latinoamericanas. Pero, recientemente, comisionados y
jueces están prevaricando, recomendando y sentenciando contra la letra expresa
de los tratados.
En
una sentencia contra Costa Rica, la Corte IDH sostiene que el embrión humano no
es persona y no tiene derecho a la vida. Exactamente lo contrario al artículo 4
del principal tratado sobre DDHH, que consagra la defensa de la vida desde la
concepción. Y, la CIDH recomendó a Paraguay practicar el aborto a una
preadolescente.
Mientras
que las autoridades estatales deberían tomar nota de este descalabro y ponerle
remedio. A nosotros nos corresponde exigir legitimidad en las decisiones a la
Corte IDH y la CIDH. Mediante la resistencia contra la injusta actuación de esos
funcionarios internacionalistas.
Publicado
en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de setiembre de 2015, pág. 6
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