domingo, 17 de septiembre de 2017

El gobierno de PPK: el choque contra las realidades - La Razón

El gobierno PPK: el choque contra las realidades
Sergio Tapia

            Gobernar es ciencia y experiencia, arte y prudencia. Qué gran desengaño estamos padeciendo los peruanos, con la serie de gobiernos que venimos sufriendo, el de “Ollanta-Nadine”, y ahora el de “PPK-caviares”.

            La dimensión económica de la dupla de economistas “PPK-Zavala”, es la estafa infructífera más dolorosa para el pueblo peruano. Estamos padeciendo una profunda crisis económica causada por el desgobierno izquierdista-humalista, que impidió la inversión minera y espantó el crecimiento industrial. Produce pena observar tantos jefes de familia desempleados, y la pérdida del poder adquisitivo de una pujante clase media en los conos de Lima y en las provincias. El centenario ideal por la extensión de la clase media peruana, se ha truncado por las miserias de la gobernanza de las izquierdas.

            Frente a esta realidad económica, el gobierno de PPK no ha hecho absolutamente nada. Su inicial ministro de economía tuvo que irse. Y, con incapacidad para el reemplazo, el propio Presidente del Consejo de Ministros ha asumido el ministerio de economía. Incrementando la exteriorización de su incapacidad en la conducción de la política económica que hace agua por muchos orificios.

            La realidad política: conducción del Estado, servicios al ciudadano, defensa nacional y conservación del orden público, paz y seguridad, promoción de la unidad nacional, aplicación del principio de subsidiariedad para la promoción de los gobiernos regionales y municipales, regulaciones preventivas contra la subversión terrorista, etc. Es una visión de la que carece totalmente este gobierno tan mediocre y estéril en resultados.

            La realidad social, que pasa por la solución de la humanización de las prestaciones de salud que corresponden al Estado, la fiscalización oportuna y eficaz de los servicios de salud privados, la solución del sistema de la seguridad social tan arcaico como infructífero. Además, la elevación de la calidad educativa estatal, así como el respeto a la conciencia moral y el derecho inalienable de los padres de familia por velar y supervisar la educación de sus hijos en los colegios –estatales y privados–.

            En este aspecto de la realidad, en lo social, el gobierno de PPK es un fracaso por estar influenciado ideológicamente: por las izquierdas estatistas, por las izquierdas contra la vida y pro aborto, por las izquierdas pro gays disolventes de las instituciones pilares de la Sociedad Política: el matrimonio y la familia.

            El gobierno de PPK no es el fracaso de la derecha, es el resultado de la gobernanza caviar. Su opción no estará en un reemplazo a buscar por el espectro de las izquierdas.

Es hora de refundar la República, renovar las instituciones, relanzar la esperanza nacional por un destino patrio con justicia para todos, con paz y prosperidad compartida.

Mientras tanto, que PPK y Zavala no cometan tan gruesos errores, y convoquen asesores competentes para que les lean correctamente la Constitución. Y, que el Congreso concluya pronto con censurar a la fracasada ministra de educación, y la denuncia por infracción a los artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución, porque hasta perdió un juicio promovido por una Asociación, por no respetar los derechos constitucionales de los padres de familia. No hay que olvidar que el fin supremo del Estado es la persona humana. Y, esta Ministra ha incurrido en graves atentados contra la persona de los estudiantes y contra la persona de los padres de familia, con su trasnochada “ideología de género”.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 15 de setiembre de 2017, p. 6


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Entre la parodia y la infamia: El Caso El Frontón - La Razón

Entre la parodia y la infamia: El Caso El Frontón
Sergio Tapia

            Mientras leas estas líneas, habrá 34 marinos de guerra del Perú que estarán sufriendo la parodia y la infamia de tener que soportar, contra todo pronóstico, un proceso judicial, que guarda las mismas proporciones que hace unos años padecieron los Comandos del Ejército y la Marina que rescataron rehenes de la residencia del embajador del Japón. Que tanta indignación suscitó en la ciudadanía.

En el caso El Frontón, la indignación es de mayor intensidad: Se trata de un caso judicial prescrito desde todo punto de vista; los hechos han sucedido hace 31 años y más de dos meses (el 19 de junio de 1986), fue una operación militar por insuficiencia de la capacidad policial de ese entonces (la Guardia Republicana), hubo toma de rehenes y con un asesinado por los terroristas, se trató de un motín armado por internos por terrorismo que en su mayoría eran militantes del Partido Comunista del Perú (alias “Sendero Luminoso”).

Es inimaginable el esfuerzo, la inversión de horas-hombre y de dinero, que el comunismo internacional ha invertido en lograr que este juicio se mantenga, a pesar de los diversos archivamientos que ha tenido. Pero, siempre hay un ONG, o un “amigo caviar” que ayuda a mantener el proceso en vigencia. Hasta con infracciones a la Constitución, como es el caso de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, ya denunciados.

Sin ninguna prueba, y además reconociendo en documentos que no las hay, quien representa al Ministerio Público en este caso, mantiene su acusación, para llevar a juicio a 34 marinos de guerra, quienes son inocentes de lo que se les acusa.

La carencia de pruebas es compensada por una campaña de prensa, millonaria y sostenida, que repite cual slogan marquetero, que en El Frontón hubo una “masacre”.

Pues, no es verdad. La masacre fue lo que evito la Marina de Guerra. La masacre la iban a perpetrar unos 150 terroristas, armados y camuflados, dentro de un pabellón modificado estructuralmente, que pasó de ser de una cárcel a un bastión terrorista: con depósitos de dinamita, reservas de agua, botiquines de combate, sala para intervenciones quirúrgicas, subterráneos, así como una diversidad de armas de fuego, ballestas infectadas, bombas molotov con gasolina, etc. Todo esto está minuciosamente documentado en una publicación de la misma organización terrorista, al año de los acontecimientos, de junio de 1987, titulada “El Día de la Heroicidad”.

Por supuesto que un juicio de esta naturaleza es repudiable. Y, no falta en él, la sombra de la desgreñada Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ha manchado honras y reputaciones de tantos peruanos que se opusieron al terrorismo demencial de los años 80s y 90s, miembros o no de las FFAA y policiales.

Confiamos que la verdad sea entronizada en este proceso, y que los jueces emitan sentencia justa y arreglada al Derecho. Basta ya de seguir ensuciando la administración de la justicia en el Perú, sometiéndola a los intereses y fines de la subversión marxista.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 8 de setiembre de 2017, p. 6


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Así empezó la Segunda Guerra Mundial - La Razón

Así empezó la Segunda Guerra Mundial
SERGIO TAPIA T.

            El 1° de setiembre de 1939, un día como hoy, hace 78 años, las tropas de Alemania bajo el régimen de gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (el Nazismo), invadió el espacio territorial del Estado soberano de Polonia. Al mismo tiempo, el territorio polaco fue invadido por el Ejército de la Unión Soviética (el régimen comunista instalado desde 1917, que ya contaba con 22 años de sangrienta dictadura).
Ambos invasores eran primos hermanos ideológicos: los dos eran proyectos políticos socialistas. El nazismo fue la propuesta socialista nacionalista, y el comunismo la propuesta socialista internacionalista.
Desde sus orígenes ambos andaban enfrentados, lo que es muy común entre socialistas. Pero, compartían una misma base común de principios, los tres fundamentos que identifica Carlos Sacheri, en el “Orden Natural”: una concepción pesimista de la libertad humana, una concepción materialista del fin de la sociedad humana y una concepción estatista de la economía.
En adición, cada una de las dos ideologías sumaba principios singulares. El nazismo, la preponderancia de la raza aria, el desprecio por las razas consideradas inferiores, la discriminación de los seres humanos según algunas de sus condiciones socio-culturales: contra los gitanos, contra la Iglesia Católica, etc. Y, su cosmovisión anticristiana.
El comunismo, por su parte, adicionaba el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, construyendo una concepción de específica raigambre anticristiana. Con su teoría de las alienaciones el comunismo discrimina con maldad al ser humano. Con su concepción del trabajo humano, unido pensamiento historicista, niego la esencia y la dignidad humana.
En defensa de la pobre e indefensa Polonia, invadida por dos crueles ideologías, surge Francia como Inglaterra. Aunque, confusamente sólo declaran la guerra a Alemania, y hacen alianza con la Unión Soviética (también invasora de Polonia). Y la confusión seguirá así, hasta el final de la guerra, pues, la católica Polonia fue entregada bajo el yugo comunista, en el reparto mundial del nuevo orden internacional, nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.
            Sólo hubo juzgamiento por crímenes de guerra a los vencidos, Japón y Alemania, y a los colaboradores del nazi-fascismo de otras naciones. Los mismos hechos, en tanto cometidos por combatientes de Inglaterra, la Unión Soviética y EEUU, fueron cubiertos por el manto de la impunidad: los campos de exterminio, las violaciones masivas, la discriminación por razón de las ideas, los bombardeos de ciudades civiles, la matanza de rendidos, etc.
            La división mundial entre dos bloques ideológicos, el liberalismo capitalista y el capitalismo estatista, encarnados por los Estados triunfantes de la guerra, no fue de coexistencia pacífica. La guerra moderna, subversiva, guerrillera, terrorista, de baja intensidad y cuantos nombres más se ha dado a la guerra limitada, sustituyó el conflicto clásico entre Estados.
            En 1989 se derrumbó el sistema político-económico comunista, aparece el capitalismo salvaje, y surgen los caviares en alianza con la izquierda liberal y amoral. Creando nuevos frentes y renovadas luchas contra el orden natural y la dignidad de la persona humana: el gramcismo por los comunistas reciclados, con la ideología de género, el desarrollo sustentable como nuevo paradigma ético internacionalista, la cultura de la muerte (aborto, eutanasia, procreación artificial) y el poder globalista. Todo un nuevo orden mundial digitado desde los centros del poder internacionalista.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 1 de setiembre de 2017, p. 6

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CVR: 14 aniversario de ideología autoritaria inconstitucional

CVR: 14 aniversario de ideología autoritaria inconstitucional
Sergio Tapia

La difusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cumplirá 14 años de publicado. Ocurrió el 28 de agosto de 2003.

La CVR es un esperpento del “paniaguato caviar” (el gobierno de transición del congresista Valentín Paniagua, quien en los años sesenta surgió como demo-cristiano, y concluyó su carrera política aliado de los marxistas gramscianos, para ejercer la presidencia interina durante 8 meses, tras la caída de Fujimori, en noviembre del 2000). La CVR obtuvo apoyo para continuar por el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006); ese gobierno que endosó la dirección de la economía nacional a los liberales (y al “aceite” de la corrupción Odebrecht, que fomentó el Foro de Sao Paulo, la unidad latinoamericana del marxismo), y siguió confiando la conducción política del Estado a los mismos marxistas gramscianos.

Salomón Lerner Febres, presidió la CVR sin dejar su condición de Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP. Lerner declaró como testigo -el día martes- en un importante proceso judicial muy politizado (el caso Rodrigo Franco), y manifestó con soberbia vergonzosa que, la selección de él como la de los demás integrantes, fue por “su inteligencia” y en su caso particular por su concepción ética. Dijo, también, que la CVR señaló culpables en las FFAA para castigarlos, no por pruebas sino por su concepción ética que porta como profesor universitario. Aunque eludió precisar los elementos doctrinales de “su ética” marxista, antimilitarista, utilitarista, pacifista, pro lucha armada leninista-maoísta.

El miércoles en el acto académico de incorporación de un nuevo Miembro de Número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, fue analizado el capítulo del Informe Final de la CVR sobre las FFAA en la lucha contra el terrorismo. Advirtiéndose una incomprensión por equivocación injustificable en la que incurrió la CVR, al descalificar la estrategia militar contra el terrorismo. Y, se rememoró aquellos años cruentos para la familia naval, por enfrentamientos en la zona de emergencia de Huanta (Ayacucho) y por los asesinatos en las puertas de sus domicilios de almirantes, oficiales y personal subalterno.

Durante esta semana está en debate el problema de la información distorsionada que se difunde en el Lugar de la Memoria (LUM), que es el instrumento de continuidad de la CVR. Ayer jueves, en la página editorial del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), presidido y dirigido por Salomón Lerner, otro medio de continuidad institucionalizada de la CVR, se afirma sin vergüenza: “la memoria es, evidentemente, un espacio de subjetividad.” (http://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/la-polemica-lum-la-verdad-eje-la-memoria/).

Por todo esto yo califico el Informe Final de la CVR, y sus tentáculos continuistas (LUM e IDEHPUCP), como la distorsión grotesca de la realidad histórica de los 80s y parte de los 90s, los 15 años de agresión salvaje de las bandas criminales del Partido Comunista del Perú (apodado “Sendero Luminoso”) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a quienes Lerner calificó en tu testimonial como “inocentes señalados como terroristas”.

El Informe Final de la CVR, altamente ideologizado y parcializado, genera gasto público para las “reparaciones” que promueven los ONGs encaramados en la apariencia de los DDHH. Por lo que corresponde al Congreso fiscalizar la verdadera índole jurídica de la CVR y su ilegalidad consecuente.

El Poder Judicial y el Ministerio Público están afectados profundamente por el cabildeo de la CVR. El Informe Final se ha entronizado como cabeza de proceso en los juicios anti-militares en la Sala Penal Nacional. Lo que es una gravísima inconstitucionalidad, porque “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida al procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.” (art. 139-3 de la Constitución): ¡Que el Congreso los investigue!

Las organizaciones terroristas de ayer (el PCdelP-“SL” y el MRTA), se transformaron en organismos de agitación sindicalista y también, como afirma Oscar Herrera “el control se ejerce mediante las amenazas académicas, por parte de terroristas que cambiaron las banderas rojas por cátedras universitarias y confortables oficinas.” (La Abeja: http://www.laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/invitados-varios-autores/1511-las-universidades-y-la-nueva-dictadura-del-pensamiento.html).

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 25 de agosto de 2017, p. 6


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¿Gobernar para qué? - La Razón

¿Gobernar para qué?
Sergio Tapia

            La comidilla de cuanta reunión hay, por diversos motivos (sociales, empresariales, profesionales y políticos, por supuesto) en el país, es lo infructífero que resultó PPK como presidente y lo malo de su gobierno.

La incapacidad de no poder reaccionar y de no saber aplicar los correctivos que hasta el sentido común recomiendan, produce malestar generalizado en la Nación. A la mayoría le molesta tener que ocuparse de la política, y si lo hace es con desdén al político, a la administración pública y a todo lo que proviene del Estado.

No es conducta virtuosa, debemos enmendar. Porque no somos archipiélago de individualidades. Somos lo que en sí mismos tenemos: personas con una dimensión social. Y, la sociedad de seres humanos, es eminentemente política, necesitamos quien conduzca, y requerimos ordenarnos en la convivencia de unos con otros.

            El Estado existe para servir a la persona humana, a todos y a cada uno de nosotros: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo (…) del Estado”, lo dice la Constitución, en su artículo 1°. Por lo tanto, ¿gobernar para qué? no es materia de planes rebuscados, sino de actos con sentido común, enriquecidos por la oportuna decisión y la acertada asesoría que es necesaria para saber complementarse y enriquecerse.

El ejercicio de las funciones públicas, reclama eficacia en la acción. Gobernar exige previsión; su defecto es la improvisación. En el servicio del Estado a la persona humana, su fin supremo, por mandato constitucional, ha de ser sensiblemente cuidadoso de la educación de la niñez y la adolescencia. Las deficiencias del Estado se maximizan cuando grupos ideologizados por el comunismo, deprecian al profesorado escolar estatal, considerándolo una forma de empoderamiento social, un botín para los grupos ideologizados. Los que como rara vez ha ocurrido, causarán la pérdida del año escolar. Los demás: impávidos. Comenzando por la propia Ministra de Educación, que no hace ni deshace, en la materia. Aunque en la imposición impopular de la ideología de género, sí hizo, lamentablemente bastante daño, al deshacer los contenidos éticos de la educación para párvulos.

Hay otras obligaciones del Estado, al servicio de su fin supremo que es la persona humana. Los servicios de salud, su calidad, gratuidad y extensión popular eficaz. La vivienda con gran alcance poblacional, para proteger la familia (art. 4 de la Constitución). La promoción del empleo, para preservar esa institución fundamental de la sociedad que es la familia (art. 4 de la Constitución). Y, la calidad de los servicios de policía y seguridad ciudadana, de persecución del delito, con jueces y fiscales preparados y honestos, etc., etc., etc.

No es un sueño: Es la realidad que queremos vivir en sociedad. En las condiciones que imaginaron nuestros fundadores de la República: “Firme y Feliz por la Unión”.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 18 de agosto de 2017, p. 6



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miércoles, 16 de agosto de 2017

Educación y subversión - La Razón

Educación y subversión
Sergio Tapia

            En los años del socialismo velasquista, que vivió el Perú en los setenta, surgió en rápido desarrollo un gremio de profesores de la educación estatal, llamado el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), cuyo estatuto es confesamente marxista-leninista.

Con ayuda desde el Estado, de esos años setenta, por los cuadros burocráticos socialistas que venimos soportando no sólo en el Ministerio de Educación, el SUTEP se consolidó y logró poner en jaque al Estado. Un juego dialéctico que gusta a los comunistas, y lo hacen en el Perú, desde hace mucho.

La línea partidaria que logró hacerse del botín que representaba el SUTEP, fue el Partido Comunista del Perú. No los comunistas pro-soviéticos, sino los amantes del modelo revolucionario maoísta (vía violenta con guerrilla y terrorismo, administrados como instrumentos ordinarios para la toma del poder). Entre las disputas por el liderazgo estos comunistas pekineses, formaron una diversidad de partidos, todos con la misma denominación (“Partido Comunista del Perú”). Para distinguirlos, se adoptó utilizar como apelativo el título del órgano de difusión de cada grupo partidario. Así, surgieron las denominaciones Bandera Roja, Puka Llacta”, Trinchera Roja, etc.

Los que se apoderaron del control sindical magisterial peruano, fueron los de “Patria Roja”, del cual se escinde (siempre por controversias de liderazgo), un grupo de mayor actividad delincuencial por prácticas terroristas: El Partido Comunista del Perú, bajo la jefatura del profesor universitario Abimael Guzmán; este grupo fue apodado “Sendero Luminoso”, para distinguirlo de tantos grupos de igual denominación (“Partido Comunista del Perú”). Pero, el SUTEP siguió bajo el control de “Patria Roja”.

Luego de la derrota militar del terrorismo comunista, “Sendero Luminoso” se recicla bajo la denominación de MOVADEF, apelando a los derechos humanos de los criminales terroristas, pero negando los derechos fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas. Para esta maniobra política, que han sabido capitalizar y enriquecerse del empoderamiento cultural y social, han contado con los ingenuos que nunca faltan, y con los comunistas de las otras líneas de liderazgos, así como de las nuevas organizaciones desarrolladas denominadas “ONGs”

Transcurridos casi 40 años, hay una eficaz penetración de la línea apodada “Sendero Luminoso”, hoy autodenominados “MOVADEF”, en el sindicato de profesores escolares. Lo ha reconocido en la semana, el Ministro del Interior, quien en los años setenta andaba en esa polarización ideológica de las izquierdas. Por lo que sobre el tema del empoderamiento marxista en los gremios, el ministro Basombrío habla con versación y autoridad.

Ha trascurrido un año de gobierno de PPK, mostrando un gran empuje para instalar la subversión moral en la educación peruana, estatal y privada, mediante la ideología de género. Y, se encuentra en las primeras horas de exhibición del “arreglo” o negociación, con las fraccionadas dirigencias del gremio de maestros estatales, que empodera las cúpulas comunistas en las estructuras sociales de nuestro país.

No nos consuela en nada que los niños y adolescentes, de las familias pobres y de escasos recursos, condicionados a matricular a sus hijos en colegios del Estado, se encuentren en una suerte de tenaza: entre la subversión moral de la ideología de género, y la ideologización del marxismo extremista y violento.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de agosto de 2017, p. 6


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domingo, 6 de agosto de 2017

El Frontón: La Guerra Jurídica - La Razón 4 agosto 2017

El Frontón: La Guerra Jurídica
Sergio Tapia

            Von Clausewitz, teórico militar prusiano del siglo XIX sostuvo: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Porque, en política determinar la voluntad humana tiene su causa en la convicción personal y en el arte de convencer a otros. En contraste, la guerra es la imposición de la voluntad del vencedor sobre el vencido.

La guerra no sólo es dispararse mutuamente; ha adquirido diversidad de dimensiones, una de ellas es la “guerra jurídica”, que se perpetra empleando el “poder” de los jueces, re-sentenciando con penas altísimas a quienes se les señale como enemigos de los empoderados. La guerra jurídica es el desconocimiento de los derechos fundamentales, su instrumento es el “Derecho Penal del Enemigo”, la aplicación inmisericorde de castigos, no de penas resocializadoras.

En el Perú, todos los generales que han ejercido mando en Zonas Declaradas en Emergencia, a causa de la delincuencia terrorista que se inició en los ochenta; han sido atropellados judicialmente. Algunos generales fallecieron con procesos en trámite –como Clemente Noel -. Otros generales y sus subordinados sufren las mazmorras ignominiosas, son verdaderos presos políticos, condenados por “historias”, no por sólidas acusaciones debidamente probadas. Algunos otros generales, como Adrián Huamán, enfrentan aún absurdas y prolongadas investigaciones en nombre de “los derechos humanos” tergiversados.

Si la guerra es continuación de la política, el terrorismo es la conquista salvaje e inmisericorde de todo un pueblo, para tomar el poder.

El legítimo accionar militar contra el terrorismo, fue trastocado en su significado, mediante campañas difamatorias que fueron asumidas por fiscales para formular denuncias, que judicialmente dieron inicio a procesos, los que cruelmente afectan la vida personal y familiar de los militares sobrevivientes de los enfrentamientos con la delincuencia terrorista.

Se suma a esta Guerra Jurídica la mayoría del Tribunal Constitucional, cuatro de sus siete miembros. Quienes insólitamente gastan el dinero público para financiar comunicados con ataques políticos arteros contra el Congreso, para evitar la investigación sobre las gravísimas infracciones a la Constitución incurridas: Haber cambiado una sentencia que hacía 4 años gozaba de la calidad de cosa juzgada, reabrir un proceso de habeas corpus ya fenecido. Para estas arbitrariedades, el Congreso no los designó miembros del Tribunal Constitucional, es el Congreso quien debe investigarlos

Los cuatro del TC sostienen que por existir un Recurso de Reconsideración pendiente de resolver ante ellos mismos, el Congreso no los puede investigar. Este argumento es un agravio a la inteligencia. Ellos son quienes deben resolver ese recurso, dentro de las 48 horas de su presentación, que fue el 21 de abril. Este reconocimiento de retardo injustificado en cumplir con sus responsabilidades en el TC, que lo reconocen a las 12 semanas de tenerlo pendiente sin resolver, más que un impedimento para ser investigados, es una conducta y una actitud que agrava su condición de denunciados.

Es insensata la pretensión de los 4 denunciados del TC, de intentar subordinar la investigación, legítimamente solicitada al Congreso, hasta que ellos cumplan con resolver un recurso pendiente hace 3 meses, cuando debieron resolverlo en 48 horas. Lo que piden es un absurdo, porque de concedérseles lo que piden, ellos nunca resolverán el recurso y así el Congreso nunca podrá investigarlos: ¡Qué ridículo argumento!

El artículo 89 del Reglamento del Congreso, no exige agotamiento de recursos previos; basta que la denuncia constitucional exponga hechos que constituyan infracción a la Constitución. En este Caso El Frontón, los hechos están acreditados en las dos resoluciones que se publicaron en el mes de marzo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 4 de agosto de 2017, p. 6


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Gobernar es servir - La Razón 28 julio 2017

Gobernar es servir
Sergio Tapia

            En toda realidad compleja es necesario que uno de sus elementos cohesione a los demás, es un principio filosófico desarrollado por Aristóteles, y como principio metafísico que es, se aplica a toda realidad: física, química, botánica, zoológica, antropológica, social, cultural, etc. En cuanto a la realidad política, que es radical y exclusivamente humana, ese elemento cohesionador es la autoridad, es decir, aquellas personas que perteneciendo a la comunidad política, como los demás miembros, asumen una función de conducción y decisión.

En el ejercicio de la autoridad, las personas investidas de poder político, se legitiman o ilegitiman. En la vieja monarquía electiva peninsular ibérica, antes de la unificación monárquica del siglo XV, solían proclamar los nobles electores en la coronación de reyes electos: Nosotros que cada uno somos igual que tú, y que juntos somos más que tú, te hacemos rey; si lo haces bien lo eres, y si no lo haces bien, no lo eres.

Hoy, los ciudadanos mediante el voto universal, libre e igualitario, ejercemos elección directa para constituir el poder ejecutivo (una fórmula de tres personas, para que nos gobiernen por cinco años) y para igual número de años el poder legislativo de 130 congresistas. Por cuatro años elegimos las fórmulas en los gobiernos locales (región, municipalidad provincial y municipalidad distrital). Hay otra elección, no universal e indirecta, mediante la representatividad de los colegios profesionales, para designar los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes a su vez nombran y destituyen jueces y fiscales.

Los ministros, cuyo rol es tan destacado e importante, son nombrados de común acuerdo por el presidente de la república y el presidente del consejo de ministros.

La comunidad política del Perú es más antigua que la fundación de nuestra República, y ha tenido configuraciones diversas. En la etapa histórica pre-hispánico-cristiana, una de las expresiones de unidad en comunidad política eficaz fue el imperio cuzqueño de los Incas. Luego, la configuración hispánico-cristiana de nuestra nacionalidad, se expresó con el Virreinato del Perú (edificado sobre la Gobernación de Nueva Castilla). Y, próximo a cumplir 200 años, la actual República del Perú, nuestra comunidad política.

En contraste al mapa europeo, nosotros hemos gozado de mayor estabilidad, en cuanto a fronteras territoriales y sistemas políticos, y paz. Pero, en lo que se refiere a calidad gubernativa, nuestro resultado es azarosamente lamentable.

Los signos político-morales del tiempo que nos corresponde testimoniar, a corto y mediano plazo, es decir, la duración prevista para el gobierno de PPK, ni son aciagos, ni gozan de buen auspicio.

La dirigencia política padece de corrupción, en grado de lepra. Éticamente mortal, y contagiosa en las generaciones del recambio. Casi a “todos” los altera, los trastoca ética y socialmente. Y los transforma en cínicos.

            A los peruanos de hoy se nos emplaza con un gran reto, para una empresa trascendente: Hacer que sea verdad que seamos firmemente felices en la unión (lema de nuestros albores republicanos).

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de julio de 2017, p. 6


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Alerta en nuestra selva amazónica - La Razón 21 julio

Alertas en nuestra selva amazónica
Sergio Tapia

            Se ha difundido mediante una revista, gratuita, anexa a uno de los diarios de circulación nacional, la existencia y operatividad de una “vigilancia indígena en el Perú” en zonas amazónicas.

            Vigilar es observar, personas o cosas. Vigilancia es un servicio ordenado y dispuesto para vigilar. Estamos, por su denominación, ante una organización de personas provistas con medios, para levantar información, procesarla y aplicarla para determinados fines. Eso es hacer inteligencia.

El objetivo de esta “vigilancia indígena” es hacer prevalecer sus derechos en territorios y recursos naturales. Lo primero es una cuestión de quien tiene el derecho de dominio o la concesión; lo segundo es –constitucionalmente– propiedad del Estado.

Hacer dialéctica contra las decisiones del Estado en materia de hidrocarburos, significa confrontar las actividades empresariales en gas y petróleo. Sus consecuencias, la parálisis económico-productiva. Un objetivo que obsesiona a los marxistas.

Quien lidera la propuesta es AIDESEP. Organización de triste y luctuosa memoria, fue una de las promotoras de la masacre del “Baguazo” del 5 de junio de 2009: Asesinato y desaparición de 23 policías, muerte de 10 civiles y 200 heridos entre agentes del orden y activistas. Ese fue el colofón de 55 días de bloqueo de la carretera Marginal de la Selva, que afectaba los suministros vitales para 4 regiones: Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.

La masacre tuvo por excusa la aprobación de decretos legislativos para el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con los EEUU, suscrito por el gobierno de Toledo. El entonces congresista por la alianza electoral del PPC, Guido Lombardi, en su Informe de Comisión Investigadora, responsabilizó políticamente a Mercedes Araoz, la Ministra de Comercio Exterior, en ese entonces vinculada al gobierno Aprista. Lombardi exigía acusarla constitucionalmente, es decir, destituirla, inhabilitarla y denunciarla por delitos. Si la propuesta hubiera prosperado, Mercedes Araoz no sería hoy ni vicepresidenta ni congresista.

La atmósfera de la política cuando es desprovista de convicciones doctrinales duraderas, y las organizaciones políticas se tornan en partidos tan solo electoralistas, produce mutaciones imprevisibles. Así, el temible acusador suavizó sus catilinarias contra la acusada, y hoy ambos comparten escaños en el Congreso, por el mismo partido, el de PPK que nos gobierna hace un año.

            Con AIDESEP, también Mercedes Araoz ha firmado la pipa de la paz. Los recibió la semana pasada, ofreciéndoles en nombre del “Poder Ejecutivo” la solución de cuatro asuntos que los intereses de la ONG demanda: Perdonar el pago de multas impuestas de más de 30 millones de soles; administrar inmuebles estatales destinados al alojamiento transitorio de indígenas y para residencia estudiantil de jóvenes becados (interesante forma de hacer proselitismo con el apoyo estatal); creación de una marca comercial indígena cuya patente no se aclaró de quien sería, e involucrar a AIDESEP en la Administración Pública para la fijación de cuotas del gasto e inversiones a favor del indígena (?).

            AIDESEP se muestra como organización vocera de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se constituye como intérprete y mediador de la “cosmovisión y/o estilo de vida” de los nativos, e imparte la “formación con enfoque de género” en las organizaciones de vigilancia de Cusco, Junín, Loreto y Ucayali.

            En pocas palabras, hay una bomba de tiempo sembrada en las estructuras familiares y educacionales influenciadas por esta “vigilancia” con enfoque de ideología de género, expresión del marxismo cultural, a través de ONGs harto conocidas por su quehacer violentista y sus signos ideológicos.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 21 de julio de 2017, p. 6


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lunes, 17 de julio de 2017

El comunicado no es del Tribunal Constitucional - artículo La Razón

El comunicado no es del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia

            El miércoles de esta semana El Comercio, Perú21, La República y Diario Uno, publicaron por contrato y pago del espacio, un texto firmado por 4 miembros del Tribunal Constitucional (TC), los que individual y personalísimamente son objeto de un procedimiento de acusación constitucional ante el Congreso de la República.

Ese trámite recién se está iniciando, y ni siquiera está en la etapa de notificación de la denuncia para conocimiento de los denunciados. Más adelante, ellos podrán ejercer su derecho de defensa, e irrestricta. Así como los denunciantes, tendrán el espacio procesal para probar sus pretensiones.

Pero, en la actual estación procesal, tan prematuramente de inicio, los 4 miembros del TC optan por lanzar “su comunicado”. Y, dirigido al Congreso como se expresa en el numeral 4: “que la Comisión Permanente no debe repetir el error al cual se ha inducido a la Subcomisión, pues se estaría violando el debido proceso”.

Los 4 magistrados del TC, conminan al Congreso de la República, a ejercer funciones tal como le sea conveniente a los intereses de los 4 magistrados: ¿Qué raro? Y, son jueces

Los 4 magistrados actúan en interés de su propia causa, porque la denuncia no es “contra” el Tribunal Constitucional, sino contra los señores Miranda, Ramos y Espinoza-Saldaña, y la señora Ledesma. Individualmente considerados, no como representantes de los intereses institucionales del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, ellos 4, utilizan en “su comunicado” el Escudo Nacional que es el sello del Estado, el nombre de un órgano constitucional autónomo que es el “Tribunal Constitucional”, y en un acto de control debería verificarse si se pagaron los avisos con fondos públicos asignados al presupuesto del Tribunal Constitucional. Es prudente discernir en estas nuevas responsabilidades incurridas.

Las denuncias constitucionales se admiten, por el Congreso de la República, si se refieren “a hechos que constituyan infracción a la Constitución y/o delitos de función”.

La denuncia interpuesta el 25 de abril, es porque los 4 miembros del TC habrían incurrido en infracción y en delitos, mediante una resolución que se publicó el 3 de marzo de 2017. La misma presunta infracción y presuntos delitos, se reiteraron por los mismos 4 magistrados, en la resolución publicada el 30 de marzo de 2017, que declaró improcedente la nulidad deducida contra esa resolución del 3 de marzo.

A ellos no se les denuncia por recursos de reposición pendientes, que nada tienen que ver con las responsabilidades por infracción a la Constitución y delitos, que habrían perpetrado mediante las resoluciones que se publicaron el 3 y el 30 de marzo.

Es un anti-testimonio para la ciudadanía, el espíritu cívico y la estabilidad del estado de derecho, que esos 4 magistrados que aún integran el Tribunal Constitucional, promocionen Comunicados inescrupulosos con la verdad, con la finalidad de trastornar la auténtica división de poderes que la República exige.

Los hombres hacen las instituciones. La carencia de idoneidad en el ejercicio de la función pública, es causa de gravísimas consecuencias, por el uso indebido del poder que otorga el ejercicio ilegítimo de la autoridad.

Se impone, por impostergable y urgente, la necesidad de transformar al Estado. Siendo la vía idónea, la elevación de la calidad humana integral, de quienes son convocados para el ejercicio de la función pública.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de julio de 2017, pág. 6


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domingo, 9 de julio de 2017

La ilegitimación del Tribunal Constitucional - artículo "La Razón"

La ilegitimación del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia

            Estamos presenciando una gran operación, globalizada, de tergiversación y desnaturalización de instituciones. Que paraliza al Estado en sus fines primordiales, y a los organismos públicos internacionales (ONU, OEA, etc.) restándoles razón de su existencia.

El caso patente es el que en estos días configura el Tribunal Constitucional (TC), creado mediante la Constitución de 1979 y vuelto a regular por la Constitución de 1993, que modificó su denominación a la que actualmente tiene. Al TC lo conforman 7 miembros, y adopta decisiones por mayoría simple, 4 sobre 3. Es de una sola instancia, por lo tanto sus sentencias y resoluciones no son apelables ni revisables, ni por ellos mismos ni por ninguna otra autoridad a nivel nacional. Quien quede disconforme con la decisión, única e irrevisable que adopte el TC, sólo le queda recurrir a organismos internacionales para reclamar el derecho fundamental del cual se sienta lesionado.

Las obras humanas, portan errores y deben ser corregibles. Es el caso de las sentencias; pero, su corrección es en lo accidental y accesorio, no en lo sustancial ni esencial: si condenan no pueden corregirse para absolver. Los que enmiendan y subsanan, tienen que ser los mismos magistrados que redactaron la sentencia o resolución, para no incurrir en recreación cuando de lo que se trata es de corrección.

2013, en ese año el TC que estaba conformado por 6 magistrados, de los cuales sólo 1 permanece hasta hoy. Quienes emitieron la sentencia que concluyó el Habeas Corpus interpuesto por miembros de Infantería de Marina, que declaró no ser de lesa humanidad los hechos ocurridos en 1986 en la Isla-Penal El Frontón. Y, prohibió abrir nuevos procesos judiciales. Por lo tanto, es cierto que el TC cerró el caso El Frontón.

En cuanto al proceso penal que ya estaba abierto, dispuso que termine en un plazo razonable. Razonable es que el proceso no dure más del plazo dispuesto para que prescriba. El Código establece que el máximo plazo de prescripción es de 20 años de ocurrido el hecho. En El Frontón, los hechos cumplieron 31 años, el mes de junio pasado.

2014, ingresan 6 nuevos magistrados al TC, que reflejan las mayorías, efímeras pero dominantes en esas circunstancias. El Congreso dominado por las izquierdas humalistas, seleccionó y hoy tenemos un TC, en el que 4 de sus miembros están subordinados al vaivén ideológico izquierdista, y 3 no son ideologizados de las izquierdas (Blume, Sardón y Urviola). Este último con mandato vencido y próximo a ser sustituido.

2017, los 4 magistrados ideologizados que controlan la adopción de decisiones del TC, incurren en tres infracciones a la Constitución que han jurado defender, cumplir y hacer cumplir a todos los demás: reabren un caso cerrado, modifican su sentencia quitándole la frase en el caso El Frontón sobre los hechos que “no son lesa humanidad”, es decir, actuaron como instancia revisora alterando la cosa juzgada.

La magistrada Ledesma justificó esta semana su conducta antijurídica e inconstitucional, diciendo que el Procurador del Ministerio de Justicia les pidió la subsanación de errores. ¡Mentira! La demanda fue interpuesta contra el Procurador del Poder Judicial, los demás procuradores del Estado, que son cientos de abogados, no tienen derechos procesales en este proceso.

Este argumento es, además, delictivo; pues, el Código que rige los actos del TC, prescribe sólo 2 días para corregir sentencias y resoluciones. Y, este TC ha corregido luego de 4 años.

Me avergüenza que padezcamos instituciones estatales erosionadas debido a la índole de persona que las conforman. Esta postración debe alentarnos en promover la re-fundación republicana.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 7 de julio de 2017, pág. 6


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Juzgar jueces, encarcelar policías - artículo "La Razón"

Juzgar jueces, encarcelar policías
Sergio Tapia

            La semana se inició con la decisión en el Congreso, por amplia mayoría, de admitir la Denuncia Constitucional, que yo he formulado contra cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), en mi calidad de abogado del Personal Naval injustamente perseguido por su victoria contra el Partido Comunista del Perú (equivocadamente llamado “Sendero Luminoso”), en la debelación del motín armado del 18-19 de junio de 1986, por presos. Persecución que se explica por la anidación de la corrupción caviar (comunistas y socialistas reciclados, que juegan a la democracia), en determinadas estructuras del Estado.

            La decisión adoptada en sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es de capital trascendencia para la vida republicana, pues, permite limpiar el aparato del Estado de personas inidóneas que ejercen mucho poder, sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como en este caso, lo son los magistrados del TC.

Además, despierta esperanzas fundadas sobre la renovación y revitalización de nuestra República, tan venida a menos por la inmoralidad, la incompetencia, la impreparación y la decrepitud de la ideologización (cual sea ésta: político-económica como la del socialismo comunista; económica con poderes de facto como la del capitalismo salvaje, o la perversa ideología de género que destruye la base de la Sociedad que es la familia fundada en el matrimonio, entre varón y mujer).

No todas las denuncias constitucionales son admitidas, casi la mayoría se califican improcedentes y tienen como destino el archivo. Porque, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la admisión de una Denuncia Constitucional, implica la verificación de que “los hechos o conductas que se denuncian (…) se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución”. Por lo tanto, no es una postulación de algo nebuloso con cargo a probanza; aunque evidentemente prosiga un procedimiento que garantiza el descargo y la defensa de los acusados. Pero, el procedimiento se da por iniciado, cuando hay certeza inicial de la existencia de un quebrantamiento constitucional.

Todos los ciudadanos debemos observancia a la Constitución, pero de manera especial los funcionarios del Estado, porque la Constitución establece los límites del poder que ellos ejercen, y el equilibrio con los derechos del ciudadano.

Pro, este caso El Frontón, resulta que los funcionarios que tienen que garantizar la vigencia de la Constitución para el resto del país y para todo el Estado, han sido quienes han transgredido groseramente tres principios constitucionales: modificar la cosa juzgada, someter a procedimiento distinto del que está establecido por ley, y revivir procesos fenecidos reabriéndolos.

Estos cuatro magistrados del TC por favorecer intereses ideológicos, cuando menos; reabrieron un caso de Habeas Corpus cerrado desde el año 2013; modificaron la sentencia que se había emitido por un anterior Tribunal Constitucional, es decir, sustituyeron a los jueces naturales de esa causa; y aplicaron el procedimiento de corrección de errores que se permite dentro de los 2 días siguientes de emitida la sentencia, haciéndolo 4 años después.

Estos 4 del TC que fueron elegidos por el Congreso anterior, son como los 24 policías de las direcciones de criminalística y de inteligencia, descubiertos como colaboradores de una banda de delincuentes.

Limpiar de elementos indecentes y delictuosos al estado, es la primera etapa de una necesaria transformación social, política y sobre todo moral que el Perú y los peruanos reclaman.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 30 de junio de 2017, pág. 6


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