miércoles, 16 de agosto de 2017

Educación y subversión - La Razón

Educación y subversión
Sergio Tapia

            En los años del socialismo velasquista, que vivió el Perú en los setenta, surgió en rápido desarrollo un gremio de profesores de la educación estatal, llamado el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), cuyo estatuto es confesamente marxista-leninista.

Con ayuda desde el Estado, de esos años setenta, por los cuadros burocráticos socialistas que venimos soportando no sólo en el Ministerio de Educación, el SUTEP se consolidó y logró poner en jaque al Estado. Un juego dialéctico que gusta a los comunistas, y lo hacen en el Perú, desde hace mucho.

La línea partidaria que logró hacerse del botín que representaba el SUTEP, fue el Partido Comunista del Perú. No los comunistas pro-soviéticos, sino los amantes del modelo revolucionario maoísta (vía violenta con guerrilla y terrorismo, administrados como instrumentos ordinarios para la toma del poder). Entre las disputas por el liderazgo estos comunistas pekineses, formaron una diversidad de partidos, todos con la misma denominación (“Partido Comunista del Perú”). Para distinguirlos, se adoptó utilizar como apelativo el título del órgano de difusión de cada grupo partidario. Así, surgieron las denominaciones Bandera Roja, Puka Llacta”, Trinchera Roja, etc.

Los que se apoderaron del control sindical magisterial peruano, fueron los de “Patria Roja”, del cual se escinde (siempre por controversias de liderazgo), un grupo de mayor actividad delincuencial por prácticas terroristas: El Partido Comunista del Perú, bajo la jefatura del profesor universitario Abimael Guzmán; este grupo fue apodado “Sendero Luminoso”, para distinguirlo de tantos grupos de igual denominación (“Partido Comunista del Perú”). Pero, el SUTEP siguió bajo el control de “Patria Roja”.

Luego de la derrota militar del terrorismo comunista, “Sendero Luminoso” se recicla bajo la denominación de MOVADEF, apelando a los derechos humanos de los criminales terroristas, pero negando los derechos fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas. Para esta maniobra política, que han sabido capitalizar y enriquecerse del empoderamiento cultural y social, han contado con los ingenuos que nunca faltan, y con los comunistas de las otras líneas de liderazgos, así como de las nuevas organizaciones desarrolladas denominadas “ONGs”

Transcurridos casi 40 años, hay una eficaz penetración de la línea apodada “Sendero Luminoso”, hoy autodenominados “MOVADEF”, en el sindicato de profesores escolares. Lo ha reconocido en la semana, el Ministro del Interior, quien en los años setenta andaba en esa polarización ideológica de las izquierdas. Por lo que sobre el tema del empoderamiento marxista en los gremios, el ministro Basombrío habla con versación y autoridad.

Ha trascurrido un año de gobierno de PPK, mostrando un gran empuje para instalar la subversión moral en la educación peruana, estatal y privada, mediante la ideología de género. Y, se encuentra en las primeras horas de exhibición del “arreglo” o negociación, con las fraccionadas dirigencias del gremio de maestros estatales, que empodera las cúpulas comunistas en las estructuras sociales de nuestro país.

No nos consuela en nada que los niños y adolescentes, de las familias pobres y de escasos recursos, condicionados a matricular a sus hijos en colegios del Estado, se encuentren en una suerte de tenaza: entre la subversión moral de la ideología de género, y la ideologización del marxismo extremista y violento.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de agosto de 2017, p. 6


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domingo, 6 de agosto de 2017

El Frontón: La Guerra Jurídica - La Razón 4 agosto 2017

El Frontón: La Guerra Jurídica
Sergio Tapia

            Von Clausewitz, teórico militar prusiano del siglo XIX sostuvo: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Porque, en política determinar la voluntad humana tiene su causa en la convicción personal y en el arte de convencer a otros. En contraste, la guerra es la imposición de la voluntad del vencedor sobre el vencido.

La guerra no sólo es dispararse mutuamente; ha adquirido diversidad de dimensiones, una de ellas es la “guerra jurídica”, que se perpetra empleando el “poder” de los jueces, re-sentenciando con penas altísimas a quienes se les señale como enemigos de los empoderados. La guerra jurídica es el desconocimiento de los derechos fundamentales, su instrumento es el “Derecho Penal del Enemigo”, la aplicación inmisericorde de castigos, no de penas resocializadoras.

En el Perú, todos los generales que han ejercido mando en Zonas Declaradas en Emergencia, a causa de la delincuencia terrorista que se inició en los ochenta; han sido atropellados judicialmente. Algunos generales fallecieron con procesos en trámite –como Clemente Noel -. Otros generales y sus subordinados sufren las mazmorras ignominiosas, son verdaderos presos políticos, condenados por “historias”, no por sólidas acusaciones debidamente probadas. Algunos otros generales, como Adrián Huamán, enfrentan aún absurdas y prolongadas investigaciones en nombre de “los derechos humanos” tergiversados.

Si la guerra es continuación de la política, el terrorismo es la conquista salvaje e inmisericorde de todo un pueblo, para tomar el poder.

El legítimo accionar militar contra el terrorismo, fue trastocado en su significado, mediante campañas difamatorias que fueron asumidas por fiscales para formular denuncias, que judicialmente dieron inicio a procesos, los que cruelmente afectan la vida personal y familiar de los militares sobrevivientes de los enfrentamientos con la delincuencia terrorista.

Se suma a esta Guerra Jurídica la mayoría del Tribunal Constitucional, cuatro de sus siete miembros. Quienes insólitamente gastan el dinero público para financiar comunicados con ataques políticos arteros contra el Congreso, para evitar la investigación sobre las gravísimas infracciones a la Constitución incurridas: Haber cambiado una sentencia que hacía 4 años gozaba de la calidad de cosa juzgada, reabrir un proceso de habeas corpus ya fenecido. Para estas arbitrariedades, el Congreso no los designó miembros del Tribunal Constitucional, es el Congreso quien debe investigarlos

Los cuatro del TC sostienen que por existir un Recurso de Reconsideración pendiente de resolver ante ellos mismos, el Congreso no los puede investigar. Este argumento es un agravio a la inteligencia. Ellos son quienes deben resolver ese recurso, dentro de las 48 horas de su presentación, que fue el 21 de abril. Este reconocimiento de retardo injustificado en cumplir con sus responsabilidades en el TC, que lo reconocen a las 12 semanas de tenerlo pendiente sin resolver, más que un impedimento para ser investigados, es una conducta y una actitud que agrava su condición de denunciados.

Es insensata la pretensión de los 4 denunciados del TC, de intentar subordinar la investigación, legítimamente solicitada al Congreso, hasta que ellos cumplan con resolver un recurso pendiente hace 3 meses, cuando debieron resolverlo en 48 horas. Lo que piden es un absurdo, porque de concedérseles lo que piden, ellos nunca resolverán el recurso y así el Congreso nunca podrá investigarlos: ¡Qué ridículo argumento!

El artículo 89 del Reglamento del Congreso, no exige agotamiento de recursos previos; basta que la denuncia constitucional exponga hechos que constituyan infracción a la Constitución. En este Caso El Frontón, los hechos están acreditados en las dos resoluciones que se publicaron en el mes de marzo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 4 de agosto de 2017, p. 6


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Gobernar es servir - La Razón 28 julio 2017

Gobernar es servir
Sergio Tapia

            En toda realidad compleja es necesario que uno de sus elementos cohesione a los demás, es un principio filosófico desarrollado por Aristóteles, y como principio metafísico que es, se aplica a toda realidad: física, química, botánica, zoológica, antropológica, social, cultural, etc. En cuanto a la realidad política, que es radical y exclusivamente humana, ese elemento cohesionador es la autoridad, es decir, aquellas personas que perteneciendo a la comunidad política, como los demás miembros, asumen una función de conducción y decisión.

En el ejercicio de la autoridad, las personas investidas de poder político, se legitiman o ilegitiman. En la vieja monarquía electiva peninsular ibérica, antes de la unificación monárquica del siglo XV, solían proclamar los nobles electores en la coronación de reyes electos: Nosotros que cada uno somos igual que tú, y que juntos somos más que tú, te hacemos rey; si lo haces bien lo eres, y si no lo haces bien, no lo eres.

Hoy, los ciudadanos mediante el voto universal, libre e igualitario, ejercemos elección directa para constituir el poder ejecutivo (una fórmula de tres personas, para que nos gobiernen por cinco años) y para igual número de años el poder legislativo de 130 congresistas. Por cuatro años elegimos las fórmulas en los gobiernos locales (región, municipalidad provincial y municipalidad distrital). Hay otra elección, no universal e indirecta, mediante la representatividad de los colegios profesionales, para designar los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes a su vez nombran y destituyen jueces y fiscales.

Los ministros, cuyo rol es tan destacado e importante, son nombrados de común acuerdo por el presidente de la república y el presidente del consejo de ministros.

La comunidad política del Perú es más antigua que la fundación de nuestra República, y ha tenido configuraciones diversas. En la etapa histórica pre-hispánico-cristiana, una de las expresiones de unidad en comunidad política eficaz fue el imperio cuzqueño de los Incas. Luego, la configuración hispánico-cristiana de nuestra nacionalidad, se expresó con el Virreinato del Perú (edificado sobre la Gobernación de Nueva Castilla). Y, próximo a cumplir 200 años, la actual República del Perú, nuestra comunidad política.

En contraste al mapa europeo, nosotros hemos gozado de mayor estabilidad, en cuanto a fronteras territoriales y sistemas políticos, y paz. Pero, en lo que se refiere a calidad gubernativa, nuestro resultado es azarosamente lamentable.

Los signos político-morales del tiempo que nos corresponde testimoniar, a corto y mediano plazo, es decir, la duración prevista para el gobierno de PPK, ni son aciagos, ni gozan de buen auspicio.

La dirigencia política padece de corrupción, en grado de lepra. Éticamente mortal, y contagiosa en las generaciones del recambio. Casi a “todos” los altera, los trastoca ética y socialmente. Y los transforma en cínicos.

            A los peruanos de hoy se nos emplaza con un gran reto, para una empresa trascendente: Hacer que sea verdad que seamos firmemente felices en la unión (lema de nuestros albores republicanos).

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de julio de 2017, p. 6


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Alerta en nuestra selva amazónica - La Razón 21 julio

Alertas en nuestra selva amazónica
Sergio Tapia

            Se ha difundido mediante una revista, gratuita, anexa a uno de los diarios de circulación nacional, la existencia y operatividad de una “vigilancia indígena en el Perú” en zonas amazónicas.

            Vigilar es observar, personas o cosas. Vigilancia es un servicio ordenado y dispuesto para vigilar. Estamos, por su denominación, ante una organización de personas provistas con medios, para levantar información, procesarla y aplicarla para determinados fines. Eso es hacer inteligencia.

El objetivo de esta “vigilancia indígena” es hacer prevalecer sus derechos en territorios y recursos naturales. Lo primero es una cuestión de quien tiene el derecho de dominio o la concesión; lo segundo es –constitucionalmente– propiedad del Estado.

Hacer dialéctica contra las decisiones del Estado en materia de hidrocarburos, significa confrontar las actividades empresariales en gas y petróleo. Sus consecuencias, la parálisis económico-productiva. Un objetivo que obsesiona a los marxistas.

Quien lidera la propuesta es AIDESEP. Organización de triste y luctuosa memoria, fue una de las promotoras de la masacre del “Baguazo” del 5 de junio de 2009: Asesinato y desaparición de 23 policías, muerte de 10 civiles y 200 heridos entre agentes del orden y activistas. Ese fue el colofón de 55 días de bloqueo de la carretera Marginal de la Selva, que afectaba los suministros vitales para 4 regiones: Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.

La masacre tuvo por excusa la aprobación de decretos legislativos para el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con los EEUU, suscrito por el gobierno de Toledo. El entonces congresista por la alianza electoral del PPC, Guido Lombardi, en su Informe de Comisión Investigadora, responsabilizó políticamente a Mercedes Araoz, la Ministra de Comercio Exterior, en ese entonces vinculada al gobierno Aprista. Lombardi exigía acusarla constitucionalmente, es decir, destituirla, inhabilitarla y denunciarla por delitos. Si la propuesta hubiera prosperado, Mercedes Araoz no sería hoy ni vicepresidenta ni congresista.

La atmósfera de la política cuando es desprovista de convicciones doctrinales duraderas, y las organizaciones políticas se tornan en partidos tan solo electoralistas, produce mutaciones imprevisibles. Así, el temible acusador suavizó sus catilinarias contra la acusada, y hoy ambos comparten escaños en el Congreso, por el mismo partido, el de PPK que nos gobierna hace un año.

            Con AIDESEP, también Mercedes Araoz ha firmado la pipa de la paz. Los recibió la semana pasada, ofreciéndoles en nombre del “Poder Ejecutivo” la solución de cuatro asuntos que los intereses de la ONG demanda: Perdonar el pago de multas impuestas de más de 30 millones de soles; administrar inmuebles estatales destinados al alojamiento transitorio de indígenas y para residencia estudiantil de jóvenes becados (interesante forma de hacer proselitismo con el apoyo estatal); creación de una marca comercial indígena cuya patente no se aclaró de quien sería, e involucrar a AIDESEP en la Administración Pública para la fijación de cuotas del gasto e inversiones a favor del indígena (?).

            AIDESEP se muestra como organización vocera de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se constituye como intérprete y mediador de la “cosmovisión y/o estilo de vida” de los nativos, e imparte la “formación con enfoque de género” en las organizaciones de vigilancia de Cusco, Junín, Loreto y Ucayali.

            En pocas palabras, hay una bomba de tiempo sembrada en las estructuras familiares y educacionales influenciadas por esta “vigilancia” con enfoque de ideología de género, expresión del marxismo cultural, a través de ONGs harto conocidas por su quehacer violentista y sus signos ideológicos.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 21 de julio de 2017, p. 6


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lunes, 17 de julio de 2017

El comunicado no es del Tribunal Constitucional - artículo La Razón

El comunicado no es del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia

            El miércoles de esta semana El Comercio, Perú21, La República y Diario Uno, publicaron por contrato y pago del espacio, un texto firmado por 4 miembros del Tribunal Constitucional (TC), los que individual y personalísimamente son objeto de un procedimiento de acusación constitucional ante el Congreso de la República.

Ese trámite recién se está iniciando, y ni siquiera está en la etapa de notificación de la denuncia para conocimiento de los denunciados. Más adelante, ellos podrán ejercer su derecho de defensa, e irrestricta. Así como los denunciantes, tendrán el espacio procesal para probar sus pretensiones.

Pero, en la actual estación procesal, tan prematuramente de inicio, los 4 miembros del TC optan por lanzar “su comunicado”. Y, dirigido al Congreso como se expresa en el numeral 4: “que la Comisión Permanente no debe repetir el error al cual se ha inducido a la Subcomisión, pues se estaría violando el debido proceso”.

Los 4 magistrados del TC, conminan al Congreso de la República, a ejercer funciones tal como le sea conveniente a los intereses de los 4 magistrados: ¿Qué raro? Y, son jueces

Los 4 magistrados actúan en interés de su propia causa, porque la denuncia no es “contra” el Tribunal Constitucional, sino contra los señores Miranda, Ramos y Espinoza-Saldaña, y la señora Ledesma. Individualmente considerados, no como representantes de los intereses institucionales del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, ellos 4, utilizan en “su comunicado” el Escudo Nacional que es el sello del Estado, el nombre de un órgano constitucional autónomo que es el “Tribunal Constitucional”, y en un acto de control debería verificarse si se pagaron los avisos con fondos públicos asignados al presupuesto del Tribunal Constitucional. Es prudente discernir en estas nuevas responsabilidades incurridas.

Las denuncias constitucionales se admiten, por el Congreso de la República, si se refieren “a hechos que constituyan infracción a la Constitución y/o delitos de función”.

La denuncia interpuesta el 25 de abril, es porque los 4 miembros del TC habrían incurrido en infracción y en delitos, mediante una resolución que se publicó el 3 de marzo de 2017. La misma presunta infracción y presuntos delitos, se reiteraron por los mismos 4 magistrados, en la resolución publicada el 30 de marzo de 2017, que declaró improcedente la nulidad deducida contra esa resolución del 3 de marzo.

A ellos no se les denuncia por recursos de reposición pendientes, que nada tienen que ver con las responsabilidades por infracción a la Constitución y delitos, que habrían perpetrado mediante las resoluciones que se publicaron el 3 y el 30 de marzo.

Es un anti-testimonio para la ciudadanía, el espíritu cívico y la estabilidad del estado de derecho, que esos 4 magistrados que aún integran el Tribunal Constitucional, promocionen Comunicados inescrupulosos con la verdad, con la finalidad de trastornar la auténtica división de poderes que la República exige.

Los hombres hacen las instituciones. La carencia de idoneidad en el ejercicio de la función pública, es causa de gravísimas consecuencias, por el uso indebido del poder que otorga el ejercicio ilegítimo de la autoridad.

Se impone, por impostergable y urgente, la necesidad de transformar al Estado. Siendo la vía idónea, la elevación de la calidad humana integral, de quienes son convocados para el ejercicio de la función pública.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de julio de 2017, pág. 6


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domingo, 9 de julio de 2017

La ilegitimación del Tribunal Constitucional - artículo "La Razón"

La ilegitimación del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia

            Estamos presenciando una gran operación, globalizada, de tergiversación y desnaturalización de instituciones. Que paraliza al Estado en sus fines primordiales, y a los organismos públicos internacionales (ONU, OEA, etc.) restándoles razón de su existencia.

El caso patente es el que en estos días configura el Tribunal Constitucional (TC), creado mediante la Constitución de 1979 y vuelto a regular por la Constitución de 1993, que modificó su denominación a la que actualmente tiene. Al TC lo conforman 7 miembros, y adopta decisiones por mayoría simple, 4 sobre 3. Es de una sola instancia, por lo tanto sus sentencias y resoluciones no son apelables ni revisables, ni por ellos mismos ni por ninguna otra autoridad a nivel nacional. Quien quede disconforme con la decisión, única e irrevisable que adopte el TC, sólo le queda recurrir a organismos internacionales para reclamar el derecho fundamental del cual se sienta lesionado.

Las obras humanas, portan errores y deben ser corregibles. Es el caso de las sentencias; pero, su corrección es en lo accidental y accesorio, no en lo sustancial ni esencial: si condenan no pueden corregirse para absolver. Los que enmiendan y subsanan, tienen que ser los mismos magistrados que redactaron la sentencia o resolución, para no incurrir en recreación cuando de lo que se trata es de corrección.

2013, en ese año el TC que estaba conformado por 6 magistrados, de los cuales sólo 1 permanece hasta hoy. Quienes emitieron la sentencia que concluyó el Habeas Corpus interpuesto por miembros de Infantería de Marina, que declaró no ser de lesa humanidad los hechos ocurridos en 1986 en la Isla-Penal El Frontón. Y, prohibió abrir nuevos procesos judiciales. Por lo tanto, es cierto que el TC cerró el caso El Frontón.

En cuanto al proceso penal que ya estaba abierto, dispuso que termine en un plazo razonable. Razonable es que el proceso no dure más del plazo dispuesto para que prescriba. El Código establece que el máximo plazo de prescripción es de 20 años de ocurrido el hecho. En El Frontón, los hechos cumplieron 31 años, el mes de junio pasado.

2014, ingresan 6 nuevos magistrados al TC, que reflejan las mayorías, efímeras pero dominantes en esas circunstancias. El Congreso dominado por las izquierdas humalistas, seleccionó y hoy tenemos un TC, en el que 4 de sus miembros están subordinados al vaivén ideológico izquierdista, y 3 no son ideologizados de las izquierdas (Blume, Sardón y Urviola). Este último con mandato vencido y próximo a ser sustituido.

2017, los 4 magistrados ideologizados que controlan la adopción de decisiones del TC, incurren en tres infracciones a la Constitución que han jurado defender, cumplir y hacer cumplir a todos los demás: reabren un caso cerrado, modifican su sentencia quitándole la frase en el caso El Frontón sobre los hechos que “no son lesa humanidad”, es decir, actuaron como instancia revisora alterando la cosa juzgada.

La magistrada Ledesma justificó esta semana su conducta antijurídica e inconstitucional, diciendo que el Procurador del Ministerio de Justicia les pidió la subsanación de errores. ¡Mentira! La demanda fue interpuesta contra el Procurador del Poder Judicial, los demás procuradores del Estado, que son cientos de abogados, no tienen derechos procesales en este proceso.

Este argumento es, además, delictivo; pues, el Código que rige los actos del TC, prescribe sólo 2 días para corregir sentencias y resoluciones. Y, este TC ha corregido luego de 4 años.

Me avergüenza que padezcamos instituciones estatales erosionadas debido a la índole de persona que las conforman. Esta postración debe alentarnos en promover la re-fundación republicana.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 7 de julio de 2017, pág. 6


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Juzgar jueces, encarcelar policías - artículo "La Razón"

Juzgar jueces, encarcelar policías
Sergio Tapia

            La semana se inició con la decisión en el Congreso, por amplia mayoría, de admitir la Denuncia Constitucional, que yo he formulado contra cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), en mi calidad de abogado del Personal Naval injustamente perseguido por su victoria contra el Partido Comunista del Perú (equivocadamente llamado “Sendero Luminoso”), en la debelación del motín armado del 18-19 de junio de 1986, por presos. Persecución que se explica por la anidación de la corrupción caviar (comunistas y socialistas reciclados, que juegan a la democracia), en determinadas estructuras del Estado.

            La decisión adoptada en sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es de capital trascendencia para la vida republicana, pues, permite limpiar el aparato del Estado de personas inidóneas que ejercen mucho poder, sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como en este caso, lo son los magistrados del TC.

Además, despierta esperanzas fundadas sobre la renovación y revitalización de nuestra República, tan venida a menos por la inmoralidad, la incompetencia, la impreparación y la decrepitud de la ideologización (cual sea ésta: político-económica como la del socialismo comunista; económica con poderes de facto como la del capitalismo salvaje, o la perversa ideología de género que destruye la base de la Sociedad que es la familia fundada en el matrimonio, entre varón y mujer).

No todas las denuncias constitucionales son admitidas, casi la mayoría se califican improcedentes y tienen como destino el archivo. Porque, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la admisión de una Denuncia Constitucional, implica la verificación de que “los hechos o conductas que se denuncian (…) se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución”. Por lo tanto, no es una postulación de algo nebuloso con cargo a probanza; aunque evidentemente prosiga un procedimiento que garantiza el descargo y la defensa de los acusados. Pero, el procedimiento se da por iniciado, cuando hay certeza inicial de la existencia de un quebrantamiento constitucional.

Todos los ciudadanos debemos observancia a la Constitución, pero de manera especial los funcionarios del Estado, porque la Constitución establece los límites del poder que ellos ejercen, y el equilibrio con los derechos del ciudadano.

Pro, este caso El Frontón, resulta que los funcionarios que tienen que garantizar la vigencia de la Constitución para el resto del país y para todo el Estado, han sido quienes han transgredido groseramente tres principios constitucionales: modificar la cosa juzgada, someter a procedimiento distinto del que está establecido por ley, y revivir procesos fenecidos reabriéndolos.

Estos cuatro magistrados del TC por favorecer intereses ideológicos, cuando menos; reabrieron un caso de Habeas Corpus cerrado desde el año 2013; modificaron la sentencia que se había emitido por un anterior Tribunal Constitucional, es decir, sustituyeron a los jueces naturales de esa causa; y aplicaron el procedimiento de corrección de errores que se permite dentro de los 2 días siguientes de emitida la sentencia, haciéndolo 4 años después.

Estos 4 del TC que fueron elegidos por el Congreso anterior, son como los 24 policías de las direcciones de criminalística y de inteligencia, descubiertos como colaboradores de una banda de delincuentes.

Limpiar de elementos indecentes y delictuosos al estado, es la primera etapa de una necesaria transformación social, política y sobre todo moral que el Perú y los peruanos reclaman.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 30 de junio de 2017, pág. 6


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Declaración Parlamentaria Americana - artículo "La Razón"

Declaración Parlamentaria Americana
Sergio Tapia

            Muchas son las insatisfacciones que ha dejado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde hace 25 años controlado por socialistas de pensamiento único y totalitario, reciclados del comunismo y los consabidos caviares, es decir, aquellos que abrazando el modelo económico demo-liberal, persisten en el marxismo cultural bajo el estilo de Gramsci.

Desde esta columna, hemos denunciado diversas maniobras del socialismo, encaramado bajo los derechos humanos, persiguiendo militares porque derrotaron a las guerrillas o al terrorismo en sus respectivos países; destruyendo aberrantemente el matrimonio y la familia; contrariando la biología que es estudiosa de la vida, proponiendo la ideología de la muerte abortista del ser humano en sus primeras etapas de embrionaria y fetal.

            Para tales efectos, los socialistas que manipulan los derechos humanos, han cambiado la letra y el sentido de los pactos internacionales, a través de sus informes, resoluciones y sentencias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José (Costa Rica), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington (EEUU), en manos muy ajenas que deshonran los derechos humanos auténticos, han pretendido erigirse en poderes supranacionales, por encima de los Poderes Estatales de los Estados Americanos.

Ha sido reconfortante y esperanzador que casi 700 parlamentarios venidos en representación de sus partidos, movimientos y estructuras políticas de sus Naciones, se reunieran en México, y suscribieran la Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos Relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa.

Este es un hito histórico, pues, el poder supranacional de las izquierdas encaramadas bajo la etiqueta de los derechos humanos, empezarán a declinar, y prontamente desaparecer. Para que los organismos internacionales encuentren su destino y finalidad, en manos probas, como en un principio estuvieron, en sus etapas fundacionales.

La semana empezó con ese Congreso Hemisférico de Parlamentarios, en el cual estuvimos muy bien representados por el congresista de Ucayali, el Vicealmirante AP Carlos Tubino.

Pero, la semana culminó con la Asamblea General de la OEA, que terminó doblándole el presupuesto a la Corte IDH y a la CIDH, para que sigan haciendo de las suyas, los infiltrados encaramados bajo el digno nombre de los derechos humanos.

La acción parlamentaria es muy necesaria, pero debe ir acompañada por una rectificación de la política internacional, concertada por todas las cancillerías de las Américas, para cerrar pronto el infame capítulo de la incursión socialista en los derechos humanos americanos.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 23 de junio de 2017, pág. 6


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viernes, 16 de junio de 2017

Ideología de género: el fórceps del absolutismo estatista

Ideología de género: el fórceps del absolutismo estatista
Sergio Tapia

            La ideología de género, que unilateralmente y con soberbia quiere ser impuesta por el gobierno de PPK, desde su inicio, tras diez meses de insistencia ha sido frenada por la inmensa movilización de la ciudadanía de auténtica representatividad natural: los padres de familia. Organizados en un sinnúmero de asociaciones, frentes, redes y, los genéricamente llamados, “colectivos” (agrupaciones, reuniones, grupos).

            Persisten aún con insensatez, los ideologizados por el género, y que hoy dirigen los destinos del Estado. Pretenden someter a la Sociedad Nacional, imponiendo su visión negadora del estatuto antropológico y de la verdad sobre la persona humana, cuyas innatas características cromosómicas la hacen sólo varón y sólo mujer.

            La necia insistencia del gobierno de PPK se expresa en confrontar: (a) A la Sociedad misma, por los dos ministros que han transitado –con un record de mínima permanencia pacífica en el Ministerio de Educación–, por la pretensión de alterar la educación sexual de los niños, sin consentimiento de los padres de familia; y, (b) A los demás poderes del Estado, por parte del gabinete ministerial, con la insistencia de introducir temáticas de género en la legislación delegada promulgando decretos legislativos en abierta hostilidad a las facultades delimitadas por el Congreso. Habiéndose producido un nudo gordiano jurídico: Desde inicios del año un vigente Decreto Legislativo 1323 que recorta libertades fundamentales y mandará a la cárcel a ciudadanos por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad del pensamiento, de la expresión, de la ideas y de religión; un acto legal pero aún ineficaz del Congreso para derogar tan nocivo Decreto Legislativo, y en agenda en dos comisiones del Congreso el reforzamiento legislativo del contenido de la “ley mordaza”. Panorama de veras desolador para las libertades en el Perú.

            Hay una demanda judicial contra la resolución del Ministerio de Educación, por aprobar ilegítimamente el trastrocamiento del Currículum Nacional de Educación Básica. La Ministra de Educación presionó públicamente a los jueces, con vistas a ablandar su ánimo, e imprudente e inoportunamente afirmó que declarar fundada la demanda significaría al Estado un gasto inútil de 131 millones de soles en impresión de materiales educativos y 18 millones de soles en imprimir el Currículum Nacional de Educación Básica. La danza de 46 millones de dólares gastados en 4 meses, hubiera tenido mejor provecho en mejorar las edificaciones escolares, la remuneración del magisterio o su mayor calificación profesional. Pero, la Ministra Martens tendrá que reponer al Estado el dinero malgastado por error y por horror ideológicos.

Esta guerra ideológica al interior del Estado y la inútil confrontación de las autoridades con el grueso de la ciudadanía, compromete la concordia nacional, pone en riesgo la procuración del bien común nacional. Y, es suicida debilitar la autoridad del Estado, cuando hay lectura de circunstancias que advierten una recuperada amenaza de relanzamiento cierto de agrupaciones subversivas y terroristas.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 16 de junio de 2017, pág. 6


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Tomás Melendo: Educar peor... EDUCAR NO ES ROL AUTÓNOMO DEL ESTADO

Tomás Melendo: Educar peor…
Educar no es rol autónomo del Estado
Sergio Tapia

            Educar, viene del latín: “e-dúcere”, conducir desde afuera. En otras palabras no es dar un pescado, es enseñar a pescar. Porque con la educación la persona obtiene conocimientos para permanecer en la verdad y evitar el error, lo que siempre genera consecuencias malignas. Con la educación, la persona puede ejercer plenamente su libertad, será señor de sí mismo, será dueño pleno de sus propios actos eligiendo entre el bien o lo mejor, y permaneciendo en el rechazo del mal y de lo peor.

            Nuestra Constitución Política es interesante cuando trata los temas de salud y educación. En el artículo 9° inequívocamente dispone que “el Estado determina la política nacional de salud”. Determinar es decidir, establecer, fijar. Y, en materia de la salud de los seres humanos, el Estado se reserva la facultad de orientar, conducir y establecer las políticas públicas sanitarias.

            Diferente trato se le da a la educación, en los artículos 13° al 16° del texto constitucional. El deber de educar reposa en los padres de familia, así como el derecho de “escoger” el centro educativo que desean para sus hijos. Escoger es elegir, y elegir es optar por un modelo educativo y dejar otra propuesta educacional. Por lo tanto, el artículo 13° de la Constitución rechaza el monopolio de la enseñanza por el Estado, en materia de moral sexual para niños y adolescentes, qué es lo que intenta este gobierno, independiente de quien sea la persona que ejerce como Ministro de Educación, o el defenestrado de ayer o la actual que ya se ha ilegitimado en el ejercicio del cargo.

            En estos días gozamos en Lima de la visita de un destacado autor en temas de promoción de la educación como tarea insustituible de los padres de familia, el catedrático español Tomás Melendo. Autor de centenares de libros y artículos académicos, conferencista internacional, profesor universitario distinguido.
            Tomás Melendo convoca al público limeño, hoy, en el auditorio INICTEL (Av. San Luis N° 1771, San Borja; queda entre las avenidas Javier Prado y Canadá), para tocar el cautivante tema “Todo educamos mal… pero unos peor que otros”. Y, quien no debe decidir cómo ni en qué educar es el Estado, que cambia de manos partidarias y hasta ideológicas, cada ciclo electoral, si no es con cada cambio de Ministro.

            Lo que se cultiva (la cultura), en la persona humana desde niño y adolescente, es lo que fructificará a lo largo de su vida joven y adulta. No podemos bajar la guardia a los ventarrones ideológicos que afectan la gran tarea educativa que a los padres de familia les corresponde asumir y emprender, insustituiblemente. Y de los cuales, los maestros, son auxiliares de apoyo.

            Señor Ministra de Educación: ¡No a la ideología de género!

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 9 de junio de 2017, pág. 6



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sábado, 3 de junio de 2017

¿Tenemos Estado laico? - artículo

¿Tenemos Estado laico?
Sergio Tapia

            Con ocasión de los debates producidos por los enfoques ideológicos que auspician la antropología de género, se viene insinuando que el estado peruano sería laico, lo cual es un error supino.

            Desde el Preámbulo de nuestra actual Constitución de 1993 (así también similarmente la de 1979, para quienes no gustan de la sombra del fujimorismo ni en la Carta Fundamental), se “invoca a Dios Todopoderoso”, lo hace el autor del documento, el Congreso Constituyente.

La libertad religiosa es uno de los primeros derechos fundamentales. Se prescribe en el tercer numeral del artículo 2 de la Constitución. Libertad que implica poder ejercerla en su doble vertiente, en forma individual o asociada. Y, consecuentemente se prohíbe la persecución por razón de las creencias. Además, se reconoce la libertad del ejercicio público de todas las confesiones; con las únicas limitaciones de no ofender la moral, ni la de alterar el orden público. Por lo tanto, cuando congresistas pro-gays y ONGs de género, esgrimen hacia el contrincante el argumento de no poder pronunciarse conforme a los dictados de conciencia de la religión que profesan, lo que están haciendo tales congresistas y esos ONGs, es incurrir en una aberrante discriminación por motivo de religión, que está absolutamente prohibida por el numeral 2 del artículo 2° de nuestra Constitución. Así es que, congresistas y ONGs discriminadores a cambiar de argumentos.

El artículo 50 de la Constitución define el régimen de las relaciones entre Estado e Iglesia Católica: que es de independencia y autonomía. Esto es, la separación armoniosa entre Religión y Estado. Porque, hay poderosas razones que no se han dado en otras naciones, pero sí en el Perú, como lo expresa el texto constitucional: “El Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”. Esto no nos hace un Estado laicista, pero tampoco confesional. El Perú ha optado por tener un estado que responde a su sociología histórica, a su nación constitutiva en lo trascedente. Es imposible de negarlo, guste o no guste a los que digan lo contrario a la letra de nuestra Constitución.

Hay diversidad de situaciones y regímenes estatales con respecto a las creencias religiosas: estados teocráticos, estados confesionales, estados laicos y/o laicistas, estados persecutores de la religión. Ninguna de estas opciones es la de nuestro Estado peruano, quien ha asumido un papel de colaborador de la Iglesia Católica, en “un régimen de independencia y autonomía”. No es extraño, entonces, que nuestro Himno Nacional (que es uno de los símbolos de la Patria), cante al “Dios de Jacob”, y que nuestras tropas saluden con la Marcha de Banderas la consagración eucarística y que los 28 de Julio se inicien los festejos patrios con “Te Deum” y Santa Misa.

Para el resto de las religiones, el Estado peruano las “respeta”, así como también “puede” (ya no es una prestación obligatoriamente constitucional) “establecer formas de colaboración con ellas”.

En más de 200 años hemos andado constitucionalmente un fructífero recorrido de entendimiento religioso, durante el Virreynato la primera Constitución, de Cádiz, de 1812, en su artículo 12 reconoció para la Nación sólo la religión católica. En la Independencia José de San Martín expidió el estatuto Provisional, en Lima, del 8 de octubre de 1821, estableciendo en su artículo primero que “la religión Católica, apostólica, Romana, es la religión del Estado”. Las Bases de la Constitución Política de la República Peruana del 16 de diciembre de 1822, en su artículo 5° proclamó la exclusión del ejercicio de cualquier otra religión que no fuese la católica. Cláusula constitucional que se repite en la de 1823 (artículos 8 y 9), la de Bolívar de 1826 (art. 6), la de 1828 (art. 3), la de 1834 (art. 2), la de la Confederación Perú-Boliviana de 1837 (art. 5), la Constitución de Huancayo de 1839 (art. 3), la de 1856 (art. 4), la de 1860 (art. 4) que es la de más larga data y conecta el siglo XIX con el siglo XX, con la breve interrupción de la Constitución de 1867 (art. 3). Y las del siglo XX, que empieza con la de 1920 (art. 5).

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 3 de junio de 2017, p. 6


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Los cuatro del TC y El Frontón - artículo

Los cuatro del TC y El Frontón
Sergio Tapia

            Hace un mes anunciamos a la comunidad jurídica del país y a los ciudadanos que reclaman justicia de los órganos del Estado peruano, desde el local del Poder Legislativo, que un grupo de ciudadanos habían presentado una Denuncia Constitucional contra cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), por incumplimiento de la Constitución y haber incurrido en delito de Prevaricato, al haber reabierto un caso cerrado hacía cuatro años atrás, del cual ellos no habían sido los sentenciadores sino los miembros de la anterior composición del TC. La denuncia aguarda la decisión de la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales para ser admitida, pero ha dado oportunidad a que se emitan opiniones.

Algunos, que no serían “caviares” reconocidos, han relacionado la denuncia constitucional presentada por los marinos injustamente procesados por hechos ocurridos hace 31 años (el 19 de junio de 1986), hechos que han sido sometidos a intensa tergiversación ideológica por el sistema de agitación y propaganda izquierdista que impunemente zarandea a los peruanos; la han relacionado decía, con el recientemente interpuesto habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori, en el que se pide la nulidad del extremo de la sentencia penal por secuestro agravado que lo condenó a 25 años de pena privativa de la libertad, entre otros delitos que incluye también.

Este es un argumento falaz, de la más digna y repugnante escuela antiética. Porque esconde una gran monstruosidad jurídica, que paradójicamente hiere fatalmente lo más sensible de la administración de justicia en el Perú: No importa que los magistrados del órgano encargado de velar por la constitucionalidad en el Perú, sean jurídicamente promiscuos, en tanto ellos garanticen para la venganza insaciable de las izquierdas, decisiones aún injustas contra Fujimori.

El precio es muy alto para la República: Que no prospere la denuncia constitucional contra la indignidad de la magistratura; que prosiga impunemente re-sentenciando casos cerrados y todas las otras anomalías que los otros tres magistrados del TC denuncian sistemáticamente en sus votos singulares en diversas sentencias que desde hace tres años se vienen emitiendo en dicho órgano del Estado, a causa de una dictadura antijurídica de “4 contra 3”.

Si justicia queremos en el Perú, empecemos por sustituir la del tejido de magistrados y jueces que la corrompen mal usando el poder estatal para satisfacer intereses ideológicos o apetitos de avaricia material.

Apostemos por la limpieza moral del TC, y de todos los organismos estatales que administran justicia en el Perú: poder judicial, ministerio público, jurado nacional de elecciones, consejo nacional de la magistratura, etc.

Publicado en el diario La Razón, Lima, viernes 26 de mayo de 2017, p. 6


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viernes, 19 de mayo de 2017

El desquicio de los Derechos Humanos - La Razón

El desquicio de los Derechos Humanos
Sergio Tapia

            La Corte IDH es el órgano interamericano encargado de aplicar los tratados de derechos humanos a los Estados. No es una Corte Penal Internacional que condene personas, como sí lo es la creada por el Tratado de Roma; ni las que se suscitaron tras las guerras en Alemania y Japón, en Ruanda y la ex-Yugoeslavia.

El quehacer legítimo de la Corte IDH es velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados, obligaciones adquiridas en el ejercicio pleno de su soberanía. Sin embargo, hay tres censuras que formulamos contra las personas que conducen esa Corte IDH, en los últimos decenios.

Primero, los jueces motivados por los desvaríos ideológicos que los dominan, orientan las sentencias dictadas en nombre de los derechos humanos, a favor de los activistas revolucionarios, subversivos y terroristas. Y, censura la acción militar contrasubversiva legítimamente dispuesta por las autoridades del Estado. Ello explica por qué se transformaron en casos por violaciones a los derechos humanos, las acciones antiterroristas peruanas como las de Cayara, El Frontón y Chavín de Huantar.

Segundo, la Corte IDH tiene la facultad de interpretar el tratado, pero una cosa es interpretar y, otra muy distinta es ampliar o reducir obligaciones, o tergiversar los conceptos que portan los tratados de DDHH. Esta actitud lamentablemente es moneda corriente entre los magistrados de la Corte IDH. Quienes suelen aplicar a los Estados, obligaciones inexistentes en los tratados que estos han suscrito. En esta extravagancia incurrieron los jueces de la Corte IDH para legalizar prácticas abortivas, como un derecho humano. Pero, contra la letra expresa del tratado. Afirmando con audacia, tales jueces, que concepción es igual que anidación.

Tercero, quien comparece en los estrados de la Corte IDH son los Estados. Sin embargo, los jueces que transitan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptan sentencias que afecta el derecho de defensa de las personas. Como en el caso El Frontón, en el que ninguno de los más de 30 marinos actualmente enjuiciados “por mandato de la Corte Interamericana” fue citado para ser preguntado por el motín armado de 1986, en esa cárcel peruana. ¿Cuáles son los derechos humanos de los marinos? No fueron ni siquiera oídos por la Corte IDH antes de ordenar su enjuiciamiento penal.

Peor, aún, indebidamente y con total falta de prudencia, la Corte IDH ha celebrado el pasado miércoles 17 de mayo, un día que no es oficial en ningún calendario del mundo, aunque sí lo es por los activistas homosexuales y demás desvaríos de género. La falta de tino precipitó al actual presidente de la Corte IDH, el abogado brasileño Roberto Caldas, a pronunciar un discurso sectario y descabellado, antes de dar inicio a una sesión de la Corte IDH destinada a resolver una opinión consultiva sobre los presuntos derechos de las comunidades gay como tales. Es como si un juez de La Haya desvaríe cantando el himno nacional de un Estado, al dar inicio a una audiencia litigando contra otro Estado.

La ilegitimidad de la Corte IDH afecta diversos órdenes, el jurídico y el ético. Por lo que exige a las cancillerías de las Américas revisar el procedimiento, mafiosamente viciado, como se procede a la selección y elección de los jueces de la Corte IDH. Si deseamos contar con una verdadera Corte que vele por los auténticos derechos humanos en las Américas, esta agenda reformadora es prioritaria.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 19 de mayo de 2017, p. 6
http://larazon.pe/opinion/generales/el-desquicio-de-los-derechos-humanos-6398

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