miércoles, 25 de diciembre de 2013

¡La Comisión "Vitocho"!


¡La Comisión “Vitocho”!

SERGIO TAPIA T.



 

Provoca risa leer, en diversos medios de prensa, el mote seleccionado para la comisión que investigaría a Oscar López Meneses: “la comisión Vitocho”.

Tal sobrenombre lo da quien preside la comisión: el congresista Víctor Andrés García Belaunde, conocido como “Vitocho” (aunque circula en redes que sus antiguos compañeros escolares lo conocían como “Vito”; y se ignora cuándo y por qué le añadieron el “ocho”).

“Vitocho” milita en un sexagenario partido político, fundado por su tío Fernando Belaunde, quien dos veces fue presidente de la república, y del cual Vitocho” recibió el favor del empleo público nepótico, al ser nombrado titular de dos de las diversas secretarías que suelen abundar en los Palacios donde residen y laboran los presidentes.

¿Qué es la Comisión “Vitocho”? Vale hacer tres reflexiones.

La primera sobre la naturaleza de la investigación parlamentaria. La segunda si la calidad de su presidente y miembros es acorde con el propósito de una comisión investigadora. La tercera si sería útil al país.

Nuestra Constitución dispone en el artículo 97: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público (…). Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales“. ¿Qué significado tiene que el Congreso emprenda una investigación a través de una comisión? Su significación es intensamente política, constituye el ejercicio del poder de control, una de las tres funciones congresales; las otras dos son aprobar leyes y designar altos funcionarios del Estado.

Nuestro Congreso ha devenido en franco deterioro, porque ha sido presa de la partidocracia (que es la negación de la democracia), y porque se ha corrompido. En el pensamiento Aristotélico-Tomista, la Política es la más alta aspiración del ser humano, pero cuando lo mejor se corrompe surge lo peor. Nuestro Parlamento Nacional es de lo peor. Así lo describe su reciente expresidente, Abugattas: “Lo peor de la especie humana está en el Congreso”.

El congresista “Vitocho” sostuvo a través de El Comercio (domingo 15 de diciembre, pág. A6), que los resultados de su presidencia de comisión serán para “devolver el prestigio a la clase política”.

Luego, descendió a explicar el origen del gobierno socialista del general Velasco (1968-1975), señalando que su causa fue un problema de contrabando en el Ejército, pero calló la profunda significación político-ideológica que perpetró la izquierda, en esos años, capitalizando las conexiones que lograron urdir con esas generaciones de nuestras FFAA. Y, se ocupó en desdibujar al general y presidente Odría (1948-1956). Se pintó como un anti-militarista, en una época que el militarismo en el Perú no existe, y tildó a nuestras FFAA como un poder, cuando es de Perogrullo que no son la expresión de ningún poder de naturaleza alguna, ni política y casi ni militar estrictamente, por la política de desarme que hemos sufrido históricamente.

Desacreditar militares, antes que la comisión inicie sus funciones, hace prevenir por donde apuntará el Informe Final de la comisión “Vitocho”.

            No hay nada que augure progresar en el conocimiento de “la verdad”, a partir de la labor de una comisión partidocrática, presidida por un prejuicioso congresista que afirma “todo es sospechoso” (contrariando el texto constitucional que consagra la presunción de la inocencia como derecho fundamental: artículo 2, Numeral 24, Literal e).

            Para la salud de nuestra República, espero que las intenciones declaradas por quien preside la Comisión “Vitocho”, no termine siendo una “comisión Pinocho”.

 

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 20 de diciembre de 2013, pág. 6

¿"Huelga" de jueces?


¿“Huelga” de jueces?

SERGIO TAPIA T.



 

Desde hace más de un mes los ciudadanos, y sus abogados, sufrimos un sistemático desplante por parte de “nuestros jueces”. Estos vienen realizando reclamos salariales, con medidas que agravian y afectan derechos esenciales del usuario de los servicios de justicia de la República. Lo que es muy grave, porque significa la deserción del Estado en una de sus funciones fundamentales: administrar justicia.

Los jueces han seleccionado a los ciudadanos, y sus abogados, como el blanco-objetivo de su protesta. Pero, ni los ciudadanos ni sus abogados, somos responsables de tomar las decisiones para mejorar sus sueldos. Es más, a través de los procesos judiciales contribuimos onerosamente a sufragar el presupuesto del Poder Judicial.

¿Por qué “nuestros” jueces no emprenden acciones contra los verdaderos responsables de la postergación de sus derechos remunerativos? ¿Por qué no acribillan al MEF con múltiples sentencias en procesos de cumplimiento y de amparo? ¿Por qué no emprenden algo de lo que saben hacer, contra la impostura de la clase política parlamentaria?

No. Parece que al juez peruano le es más fácil ejercer, despóticamente con prepotencia y sin tino, la porción de autoridad que tiene contra el ciudadano; agraviándolo triplemente: en su libertad, en su honor y en su economía, como procesado o como litigante. ¿Por qué citar al encausado si no se cumplirá con la diligencia, por qué notificar al litigante si no se cumplirá con la audiencia? Hoy por hoy, el Poder Judicial es una acumulación de desplantes.

“Nuestros jueces de la República”, no prestan “sus servicios” porque están insatisfechos de su nivel remunerativo. Aunque, el índice de desaprobación del Poder Judicial es constantemente alto, mayor del 70% a nivel nacional, y en determinados distritos judiciales excede el 80% de desaprobación, como en Arequipa.

Sin embargo, yo en lo personal, no guardo ninguna posición contraria al derecho a la justa remuneración para los jueces. Empero, todo derecho tiene como reverso un respectivo deber. Y, a todas luces, no puedo soslayar que los jueces andan muy equivocados en adoptar medidas contrarias a su ser y su quehacer: Administrar justicia, pronta y oportuna.

Con el eufemismo de “tener que participar en sala plena”, el Poder Judicial está camuflando innoblemente una conducta huelguística, que es inmoral e ilegal. Es el colmo de ser juez, exigir a otros el cumplimiento de la ley, y exceptuarse a sí mismo de observar la ley por convenir a sus intereses.

Los jueces no pueden hacer huelga, es inconstitucional. Así lo prescribe el artículo 153 “Los jueces (…) están prohibidos (…) de declararse en huelga”. Prohibición que la Constitución reitera, genéricamente, en el artículo 42 “Se reconocen los derechos de (…) huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión (…)”. Y, ¿quien ejerce más poder de decisión que un juez? Es el funcionario del Estado que puede dejarte sin patrimonio y sin libertad. Su decisión la adopta ante sí, por sí,  y…. ante “su conciencia”.

Es curioso el silencio del Presidente de la Corte Suprema, y la tolerancia del Pleno de la Corte Suprema, frente a esta inconducta de los jueces.

            Hay responsabilidad grave que recae en el Presidente de la Corte Superior de Lima, por el uso y abuso de convocar a sus subordinados a aparentes “sesiones de Sala Plena” con las que eufemísticamente se encubre una actitud y conducta huelguística. También tienen directa responsabilidad en el incumplimiento de las diligencias judiciales, todos los los presidentes de salas, según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

            Curiosamente, las aducidas “Salas Plenas” para justificar eufemísticamente la huelga judicial, carecen de atribución y no tienen función alguna, cercana o similar, a las reclamaciones salariales de los jueces, el artículo 94 de esa Ley Orgánica asigna otras funciones: Elevar propuestas de ley a la Corte Suprema, designar al Vocal de Control de la Magistratura, dar cuentas de las deficiencias del Consejo Ejecutivo de su Distrito Judicial, nombrar al Síndico Departamental de Quiebras, constituir la última instancia de las medidas disciplinarias a los empleados del Poder Judicial, y en extensión hasta le podría corresponder “vigilar la pronta administración de justicia” lo que suena a ironía, pues, en nombre de las “Salas Plenas” se hace deserción de ese deber.

            Si los jueces asumieran desde sus burocráticos despachos, una actitud de respeto por los litigantes y procesados, y de mayor respeto a los abogados, deberían protestar por sus reclamos laborales trabajando medio turno más, deberían trabajar desde muy temprano y hasta por las noches, deberían expedir sentencias prontamente, deberían garantizar a los ciudadanos la protección de la ley. Sólo así la justicia de sus reclamos salariales podrían tener la comprensión, el respeto y el aplaus del pueblo.

            Proseguir, equivocadamente con lo que han dado inicio, no sólo es impopular, es injusto, es inmoral, es ilegal. Y, malogra la percepción de justicia que podrían tener sus reclamaciones.

            En cuanto al Gobierno Central, una vez más demuestra incapacidad para dar solución a los problemas, y los agrava por tu torpeza. Para él, dos reflexiones.

Una primera reflexión sobre el Poder Ejecutivo: ¡Qué mal está el gobierno de Ollanta Humala! ¡Qué ineficiente es! Y, qué poco previsor. ¡Qué mal realiza su misión! No es buen componedor de los desajustes estatales ni sociales. La presidencia de Humala es el rotundo fracaso de la izquierda caviar en funciones gubernamentales.

La otra reflexión es por el Poder Legislativo, que está totalmente sometido a los dictados del humalismo sin ser la mayoría, gracias a la deserción de su rol opositor de la mayaría de los partidos parlamentaristas. Hay un uso y abuso de leyes reformistas denominadas de “fortalecimiento estatal”, que están muy desacreditadas desde que se retornó a la estatización “velasquista”, como en los puertos. Hoy en día, ronda por los pasillos legislativos el proyecto de ley N° 3030-2013, para “el fortalecimiento del Poder Judicial”, frase cínica que esconde la agraviante intención de derogar las aspiraciones de una justicia remunerativa en favor de los jueces.

¡Jueces a trabajar! Ministros de Humala renuncien, permitan la renovación gubernamental, caviares reconoced su fracaso.

 

 

Publicado por el diario “La Razón”, Lima, viernes 13 de diciembre de 2013, págs. 10 y 11: http://larazon.pe/28491-jueces-a-trabajar.html

 

Comentado en el Editorial del director de La Razón, Sr. Plinio Esquinarila, el mismo día, pág. 2: http://larazon.pe/28474-jueces-y-homologaciones-perversas.html

A 25 años del atentado contra Vega Llona


A 25 años del atentado contra Vega Llona

Por Sergio Tapia T.

 

            El 6 de diciembre de 1988 fue asesinado, por el Partido Comunista del Perú, el Capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona, cuando cumplía las funciones de agregado naval en la embajada del Perú ante Bolivia. La motivación del crimen fue de doble propósito: acto de venganza y seguir causando terror.

            ¿Qué hizo Juan Carlos para que le pegaran un tiro en la cabeza, y por la espalda, en una esquina del centro de la ciudad de La Paz? ¿Quién se vengaba, y de qué se vengaba?

            El comandante Vega Llona, en 1986 ejercía la Jefatura del Estado Mayor de la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú, y el 19 de junio había compartido el ejercicio del mando para debelar el motín de los presos por terrorismo en la isla-penal El Frontón, episodio del que salió victorioso. Pero fue identificado por la organización terrorista a la que pertenecían los aproximadamente 152 internos (era una cárcel en la que los guardias no podían contar el número de presos), de los que 34 sobreviven y circulan gozando de libertad por la condescendencia de los gobiernos de Paniagua y Toledo, salvo uno que aún podría continuar purgando condena merecida si es que la actual administración no lo ha “liberado”.

            El Partido Comunista “sentenció” a muerte al prestigioso oficial de la Marina, para escarmiento y venganza. Porque todos los amotinados, los vencidos y los que se rindieron, fueron declarados “héroes” por el partido (“El Día de la Heroicidad” se titulaba el folleto subversivo conmemorativo).

            El crimen terrorista es una acción delictiva multipropósito y compleja. Causa víctimas mediante la perpetración de un delito común: Vega Llona fue asesinado. Pero, también es un delito intermedio para producir otras desventuras: Causa temor en la población, que inerte observa cómo se desangra la Nación a través del asesinato cuasi impune de cualquiera de sus hijos. La producción del miedo a escalas socialmente impactantes, es el modo de conquista brutal y salvaje del marxismo-leninismo-maoísmo. Que trata de imponerse políticamente sobre una comunidad nacional aturdida, medrosa, desorientada y presa de un contagiante síndrome de inseguridad.

            Pero, el terror como instrumento de dominación política, no es patrimonio exclusivo del comunismo, porque el primer régimen liberal en la Francia dieciochesca se impuso con el terror aplicado desde los gobernantes revolucionarios, como queda el tristemente célebre ejemplo histórico de Robespierre. Aunque por la perversión ética del comunismo, sus partidarios han obtenido una refinación diabólica en el uso del terror. Hasta límites sádicos, a los que el paroxismo revolucionario ordinariamente conduce.

            En los últimos 20 años se ha producido, en escala global, una “blitzkrieg” cultural por los comunistas, en la que sobresale los frutos obtenidos en la dimensión jurídica, que hasta ahora no se ha podido revertir.

            Hoy vivimos en una tormentosa etapa revolucionaria inédita, con implicaciones jurídico-judiciales, en la que los delincuentes de ayer son receptores de elogios, premios y disculpas, y los virtuosos de antes son objeto de inimaginables persecuciones penales, cínicamente crueles.

            Juan Carlos Vega Llona, el jefe del operativo del rescate de rehenes en El Frontón, fue asesinado hace 25 años. Sus subordinados que le sobreviven padecen hoy la más grave de las injusticias, porque el Poder Judicial de esa misma República que como militares defendieron arriesgando sus vidas, actualmente ejerce sobre ellos la persecución que suscita los intereses ideológicos de la Revolución cultural y gramsciana.

            Los marinos que murieron en combate o posteriormente fueron asesinados por la espalda, como Vega Llona, así como los que sufren persecución penal injusta, merecen ser reivindicados en su honor y por su rol de defensores de nuestro sistema político y religioso-cultural.

Reivindicar a nuestros militares que aún luchan contra la subversión marxista, es de ineludible deber por quienes tengan conciencia de lo que nos está pasando, en medio de la embriaguez subversiva que produce persecución y muerte.

            A Juan Carlos Vega Llona, a quien acompañé como abogado por el caso El Frontón, hasta su vil asesinato: ¡Presente!

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, lunes 9 de setiembre de 2013, pág. 5

iNJERENCIA POLÍTICA EN LA jUSTICIA cONSTITUCIONAL


Injerencia política en la Justicia Constitucional

SERGIO TAPIA T.



 

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declarando que los combates contra los delincuentes terroristas presos en la isla-penal El Frontón, en junio de 1986, no son delitos de lesa humanidad, fue publicada el 3 de setiembre.

El TC aportó necesarias aclaraciones a esta categoría jurídica: la lesa humanidad. Lo que ha desencadenado las iras de las izquierdas, lo que en sí no es el problema.

El problema reside en que, al cabo de dos semanas de publicada la sentencia del TC, los izquierdistas infiltrados e influyentes en el gobierno, han logrado manipular al Poder Ejecutivo para enfrentar al TC. Así como para confrontar al Poder Ejecutivo contra sí mismo.

Hay que recordar que fue el Poder Ejecutivo el que adoptó las decisiones para rescatar a los rehenes en manos de los presos por terrorismo en El Frontón, y fue el Poder Ejecutivo fue el que realizó las operaciones (la Marina de Guerra del Perú).

Las izquierdas han instrumentalizado a un funcionario del Ministerio de Justicia, que ejerce dos cargos: Procurador Constitucional y Procurador Supranacional. Con el afán de retomar la injusta persecución penal contra los marinos sobrevivientes de los combates en El Frontón.

Salta a la vista que ese funcionario del Poder Ejecutivo, seleccionado para servir a los intereses de las ONGs, es muy atento para mirar la aparente paja en el ojo de los magistrados del TC, y no repara en la tamaña viga que tiene en el suyo.

Las izquierdas han hecho que el doble procurador “recursee” ante el TC, solicitando insólitas peticiones, para nulificar la sentencia que les incomoda.

Lo que ha hecho este funcionario es un estropicio en nombre del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Es el abogado Luis Alberto Huerta Guerrero, nombrado para el ejercicio de dos cargos públicos, pero que no tiene entre sus funciones hacer lo que ha hecho, ni pedir lo que ha pedido ante el TC, con relación al Habeas Corpus del personal naval.

Como Procurador Constitucional puede y debe intervenir en procesos de inconstitucionalidad en defensa de las normas que expida el Poder Ejecutivo (decretos de urgencia, decretos legislativos y aprobación de tratados), puede y debe defender al Poder Ejecutivo en procesos de acción popular contra reglamentos y en procesos competenciales entre organismos públicos.

Como Procurador Supranacional debe ejercer la representación y defensa del Estado ante organismos internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Pero, el doble procurador nada tiene que hacer con el proceso de Habeas Corpus presentado por los marinos que sobrevivieron los combates en El Frontón. No está en sus funciones.

En lugar de defender al Poder Ejecutivo, lo ataca con acciones jurídicas y políticas, procesales y mediáticas, escoltado por quienes encarnan la enemistad permanente y sistemática contra el Estado: las ONGs autocalificadas de “derechos humanos”: ¡Qué contradicción¡

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, martes 24 de setiembre del 2013, pág. 6

El Frontón: ¿Crimen de Lesa Humanidad?


El Frontón: ¿Crimen de Lesa Humanidad?


     En el Perú, con frecuencia utilizamos la palabra "ileso" con corrección lingüística, para expresar que algo o alguien no están dañados. Pero, no usamos "leso" o "lesa", expresiones de significado contrario. Así, la palabra "lesa" ha quedado reservada al uso jurídico, y alejada del hablar común.
     A mediados de la semana la frase "lesa humanidad" (daño a la humanidad) ha llenado cierto porcentaje de espacios noticieros y de opinión, para referir a la sentencia del Tribunal Constitucional que aplica medidas de control a los fiscales y jueces que investigan y procesan (desde el año 2000) a los marinos que lucharon en "El Frontón" contra peligrosos terroristas armados.
     Desde hace 13 años, con mucha audacia y poca prudencia, fiscales y jueces seleccionados y aleccionados por ONGs "multipropósito (que dominan sectores claves de la administración de justicia en el Perú), abren investigaciones y procesos contra los marinos sobrevivientes del combate del 18 y 19 de junio, del que resultaron varios marinos muertos y muchos de ellos heridos. Pero, debelaron el motín de esos presos de alta peligrosidad, recluidos en la isla desde 1983 por el gobierno de Belaunde, por ser insegura cualquier otra cárcel peruana. En 1986, esos terroristas presos habían logrado que durante los tres años transcurridos ninguna autoridad policial ni del INPE pudiesen controlarlos. Oficialmente no se sabía ni quienes ni cuantos había, así lo testimonió el Padre Lansiers, capellán de las cárceles.
     Prolongar investigaciones y procesos "sine die" (sin plazo, sin fecha e indefinidamente), constituye una grave violación a los derechos fundamentales de toda persona en el Perú, es contrario a nuestra Constitución y a nuestros códigos penales y procesales ¿Entonces a nuestros marinos que combatieron el terrorismo, hace 27 años, no puede reconocérseles los mismos derechos que las ONGs promueven con interés y pasión a favor de los delincuentes terroristas?
     Extinguir la acción penal es parte de nuestra tradición jurídica. Pero, en los últimos años, por influencia de tratados internacionales, a algunos pocos crímenes no les alcanza la prescripción (la conclusión).
     Pero, ninguna de las dos modalidades de imprescriptibilidad es aplicable a los hechos de El Frontón: (1) Ni para calificarlo "crimen de lesa humanidad" porque no se verifica ninguno de sus supuestos; (2) Ni porque la Corte Interamericana haya calificado de "grave violación de derechos humanos" los hechos de El Frontón, en las sentencias emitidas en las dos demandas que contra el Estado ha examinado.
     Está descartado que los ONGs comunistas, expectantes de sentencias vengativas contra sus enemistades ideológicas (como son las Fuerzas Armadas), y por su apetito a las jugosas indemnizaciones, han quedado con los "crespos hechos". Y, llorarán su abstinencia dolorosa a través de los medios de prensa a los que tienen llegada. Pero, la sentencia del Tribunal Constitucional está muy bien dictada. Sobre el tema volveremos, porque los ONGs seguirán "piteando" por mucho rato.
 
Publicado en el diario "La Razón", Lima, viernes 6 de setiembre de 2013, pág. 8
 
 

sábado, 31 de agosto de 2013

10 años del Informe de la Comisión de la "Verdad" ¡Terminó la farsa!


10 años del Informe de la Comisión de la “Verdad” ¡Terminó la farsa!

SERGIO TAPIA T.



 

Hace doce años surgió la petulante iniciativa de la izquierda socialista, de titular como “Verdad” la construcción de una versión parcializada sobre el terrorismo.

Han transcurrido diez años desde que la izquierda logró evacuar el mal llamado “Informe” de la comisión “de la Verdad”. Que por su autoría marxista, y a sueldo de gobiernos pro-caviares, es la burda farsa sobre la verdad, sobre la adecuación del entendimiento a la realidad, porque los socialistas están impedidos de acceder a la verdad por su ideología, tergiversadora y mendaz.

Ese “Informe” es la más grande mentira y el más vil engaño. Sus autores están, y estaban, desprovistos de autoridad intelectual y moral para analizar el terrorismo en el Perú. Todo aquel que se respete, luego de leer tal “Informe”, concluye censurándolo por parcialidad, distanciamiento de la verdad e inconformidad con la realidad.

Salomón Lerner, presidente de esa Comisión de la “Verdad”, a la vez que Rector de la perdida “Pontificia Universidad Católica del Perú”; ha liquidado la poca credibilidad que le restaba al susodicho “Informe”, al declarar que la verdad tardará en aparecer y que nunca aparecerá toda. (…) no tuvo la pretensión de decir hasta el último detalle de lo que había ocurrido en 20 años de terror. Ni tampoco de trabajar de modo tan exhaustivo que no hubiera luego otras declaraciones, otros elementos que la completaran y perfeccionaran, (…). Si de algo estábamos seguros (…) es que nuestro trabajo podía ser mejorado.” (El Comercio, miércoles 28 agosto 2013, pág. A12).

            Por confesión de parte, terminó la farsa, consecuentemente: (1) Debe cesar el uso abusivo de ese “Informe” por los fiscales y jueces ingenuos y caviares, que estiman como suficiente motivación sus dictámenes y sentencias, algún párrafo de ese “Informe”, para condenar a que lucharon contra el terrorismo; lo dicho por Lerner hace del “Informe” un documento carente de cualidad probatoria sobre la contra-subversión de nuestras FFAA y Policía Nacional, como la de los civiles que lucharon contra el terrorismo comunista; y (2) Debe suspenderse la ejecución del proyecto caviar del “Museo de la Memoria”, porque su sustento se empeña en difundir aquel “Informe” presuntuoso de ser “la Verdad”.

            Las izquierdas tienen una deuda moral, que aún no pagan, a la Nación Peruana, por avalar el terrorismo del “Partido Comunista del Perú” (mal llamado “Sendero Luminoso”). Gustavo Gorriti afirma que toda la izquierda le hizo el juego al terrorismo, que fueron sus cómplices y que cuando el Perú sufrió el mayor nivel de atentados, las izquierdas exigían derogar las leyes anti-terroristas (páginas 160,161 y 164 del libro “Sendero”).

            Salomón Lerner, presidente de esa comisión que se ufana de ser “la Verdad”, afirma que la izquierda peruana no supo deslindar (…) con Sendero, y (…) jugó en dos tableros”. Y, que su “Informe” no es la “Historia”, sólo es una de las “historias”. Es decir, una versión interesada sobre la agresión marxista al Perú.

 

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 31 de agosto del 2013, pág. 8

http://larazon.pe/columnistas/11617-10-anos-del-informe-de-la-comision-de-la-verdad-¡termino-la-farsa.html

Nuestro infortunio político


Nuestro infortunio político

SERGIO TAPIA T.



 

Cada lustro adviene al poder un sector de nuestra desestructurada clase política. Y, lo hace con pretensiones de conducir el país como novedosos descubridores, emulando torpemente a Francisco Pizarro. Aducen que antes de ellos, nada ni nadie ha gobernado bien. Y, con vil costumbre, no continúan la obra iniciada por el gobierno que antecedió, y denuestan perversamente en agravio de los funcionarios que los precedieron.

Es la característica de liberales y rojo-caviares. Aunque estos últimos son inmisericordes con sus opositores: Los rojos porque los asesinan y aman la violencia; los caviares porque promueven mala prensa y manipulan los resortes fiscales y judiciales para sus venganzas políticas.

El embajador Julio Vargas Prada escribió un picaresco artículo rememorando como “nuestras” figuras “democráticas” fueron partícipes de los “cuartelazos” y golpes militares que sacuden nuestro escenario político. La lista preminentemente la integraban José Luis Bustamante y Rivero (redactor de la proclama golpista de Sánchez Cerro en 1930) y Fernando Belaunde Terry (beneficiario del golpe militar de 1962-1963).

Igualmente, los rojos y caviares se han beneficiado de gobiernos golpistas. El del izquierdoso general Velasco Alvarado, de tan triste memoria para la economía nacional, fue mesa servida para todos los mini-partidos marxistas peruanos (1968-1975). También, en períodos “democráticos”, los caviares se han servido (en plato hondo) y han comido (con cuchara): Con Fujimori en sus dos primeros años (1990-1992), los ocho meses de transitoriedad de Paniagua (2000) seguido por la presidencia de Toledo (2001-2006). Y, para ser completo no omito que los caviares “picotearon” porciones del poder durante los dos gobiernos de Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

Aliarse con los rojos o con los caviares, no es políticamente aconsejable. Porque en el poder sólo emprende su propia agenda, sirviéndose de los tontos útiles que los convocan.

La izquierda marxista peruana padece divisionismo, disuelve sus líderes y militantes en variopintos mini-partidos, pero en perspectiva ideológica logran constituir un movimiento revolucionario, triplemente peligroso: (1) A corto plazo compromete la Seguridad Nacional por su inclinación a las vías violentas; (2) A mediano plazo causa desdichas socio-económicas por su terquedad ideológica; (3) A largo plazo son el caos socio-cultural, el que con experticia siempre producen.

            Ollanta Humala es responsable de dos campañas electorales virulentamente revolucionarias y demagógicas (2006 y 2011). De ambas surgieron parlamentarios radicales, rojos, no caviares. Pero, la presidencia la ganó, en el 2011, porque un sector liberal lo prefirió desechando el fujimorismo. Para gobernar, Humala se distanció de los extremistas rojos y se rodeó de los caviares.

El fujimorismo perdió electoralmente en el 2011 a pesar de tener caudal popular propio. Pero, su campaña electoral no fue capaz de superar el desdibujamiento causado por las campañas que lo enlodan con la corrupción. Siendo que el decenio gubernamental fujimorista (1990-2000), es el único período político juzgado por corrupción, que no ha sido práctica que haya caracterizado la alternancia de la partidocracia, que dejó inmune los dos períodos gubernamentales de Belaunde Terry, el gobierno militar socialista de Velasco, así como la administración de Toledo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 23 de agosto de 2013, pág. 8

Si te dicen "fascista"


Si te dicen “fascista”

SERGIO TAPIA T.



 

Se usa a menudo la palabra “fascista” para calificar personas, y es proferida contra quien no es amigo o para establecer enemistad.

No se utiliza la palabra “fascista” en correspondencia con las doctrinas políticas, ni con la clasificación histórica de partidos políticos, ni en conexión con los gobiernos que condujeron Europa una parte del siglo pasado. Porque el Fascismo es una realidad inactual, no vigente. Está proscrito moralmente, y penalmente en algunos países.

Decirle a alguien “fascista”, no es calificarlo políticamente, es insultarlo. Es delito contra el Honor, por haber ánimo injuriante y finalidad denigratoria. Similar a una mentada de madre.

            George Orwell (1903-1950), es un escritor británico que observó cómo la falta de fidelidad periodística conspira para desaparecer la verdad objetiva, y denunció la falsificación de la historia cuando no se escribe sobre lo ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido.

Orwell tiene un escrito de 1944 (“What is fascism?”), en el que sostiene que desde 1934, no hay persona que se libre de ser denunciada por “fascista”, como los conservadores y las organizaciones de tipo patriótico y tradicional, el gobierno británico colonial de India, los Boys Scout, la policía británica y los colegios privados (calificados de “caldos de cultivo del fascismo”).

Además, el Partido Comunista acusó de “fascistas” a los socialistas, al Partido Laboral británico y a los sindicatos laboristas. Y, para otros, los comunistas son iguales a los “fascistas”. Aquí se relacionan los tiempos, el de Orwell y el presente, porque hay autores liberales latinoamericanos que califican de “fascistas” a los regímenes chavistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, a pesar de su indudable filiación al socialismo-marxista o comunismo.

Recuerda Orwell que a los trotskistas se les acusó -por los comunistas- de “cripto-fascistas”.

Siguiendo a Orwell, desde fuera de la Iglesia se insulta a los católicos diciéndoles “fascistas”. A los antibelicistas como a los belicistas se les señala como “pro-facistas”. A los movimientos nacionalistas, cuando se desea desaprobarlos, se les tilda de “fascistas”, incluso al sionismo.

            Orwell concluye que la palabra “fascismo” carece casi por completo de significado.” Dice haberla “oído aplicada a los agricultores, a los tenderos, (…), al castigo físico, a la caza del zorro, a los toros, (…), a Gandhi, (…) a la homosexualidad, (…), a la astrología, a las mujeres, a los perros…”.

En nuestro tiempo “fascista” es usada por la prensa izquierdista para “etiquetar negativamente con un término despectivo”. Los marxistas, que son parturientes de diversas formas de violencia (verbal y escrita, terrorista y guerrillera), apodan de “fascistas” a sus opositores. Este es su primer acto de agresión, luego -según el vigor del oponente- le aplicarán sus otros métodos de violencia: Asesinato, chantaje, terrorismo, persecución penal sin respeto a los DDHH, etc.

            El uso de la palabra “fascista” sirve para calificar impropiamente a alguien. Su uso es peyorativo, porque tiene finalidad negativa. No es bueno, es antiético y penalmente reprochable.

 

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 16 de agosto de 2013, pág. 8

viernes, 9 de agosto de 2013

La falsificación de los DDHH





La falsificación de los DDHH

SERGIO TAPIA T.




Los “derechos humanos” marxistas, linchan gobiernos y personas, para que la “Revolución” triunfe.

Esa versión de los “derechos humanos” maneja organismos internacionales en agravio de la soberanía del Estado. Y, también porciones del poder nacional, sometiendo fiscales y jueces, lo que degrada la justicia a niveles descritos por Manuel González Prada, quien parafraseando al general y orador ateniense “Alcibíades (…), decía: "Cuando un hombre es llamado por la justicia, comete una necedad al comparecer, pues la cordura está en desaparecer"; y un parisiense (…), se gozaba en repetir: "Si me acusaran de haberme robado las torres de Notre Dame, yo emprendería la fuga". Los ciudadanos del Perú deberían hacer lo mismo (…).”

Los falsos “derechos humanos” son sentimientos pasionalmente impregnados de ideología. Al carecer de racionalidad, objetividad y universalidad, no pueden ser legítimos defensores de la dignidad humana.

Esta manipulación marxista aspira a dos pretensiones: Vengarse inmisericordemente contra quienes combatieron y derrotaron la guerra popular de los ochenta/noventa, y defender hasta la impunidad a los criminales guerrilleros y terroristas que siguen actuando.

Hoy se cumplen 68 años del único bombardeo atómico ejecutado en el mundo, en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto 1945. Ejecutado para provocar la inmediata rendición incondicional de Japón. Así concluyó la Segunda Guerra Mundial y los vencidos fueron enjuiciados de inmediato, por sus crímenes de guerra y lesa humanidad. Aunque, no se juzgó a ningún vencedor por crímenes contra los vencidos. Quedando impune Stalin que pidió a los anglo-americanos incendiar Dresde con sus habitantes civiles (Alemania, febrero 1945). También quedaron impunes esas explosiones atómicas en las ciudades más emblemáticas del catolicismo japonés. De esta “experiencia” surge un fundamento de los falsos “derechos humanos”, denominado “Los Principios del Derecho de Núremberg”, instrumentalmente útiles para la persecución penal del enemigo.

Desde los sesenta se elaboran tratados sobre derechos humanos, duplicadamente: universales y regionales. Esta producción se denomina el “derecho convencional”, cuyos organismos internacionales, desde los ochenta, han sido copados por ONGs dominantes.

La manipulación de este aparato normativo e institucional explica la irracionalidad e ilegitimidad de juicios como “Cayara” contra militares, “El Frontón” contra marinos y el caso “Comando Rodrigo Franco” contra un régimen democrático.

Tampoco hay racionalidad jurídica en la persecución penal contra el régimen político excepcional de los noventa, del que “Chavín de Huantar” es lo más vergonzante del sistema judicial.

Los falsos “derechos humanos” pretenden obtener viles precedentes judiciales, para privar a la Sociedad de su derecho a la legítima defensa contra la permanente agresión para-militar marxista.

Dudo de la “objetividad y rigor” del museo inspirado en la mal llamada “Comisión de la Verdad”. Porque son caviares sus únicos y exclusivos autores.

Y, si alguna autoridad, civil o castrense, se rinde ante algún ONG prepotente, en detrimento de la defensa de los procesados por combatir al terrorismo, es porque existe ambición a la “repartija”. Mientras tanto, yo encuentro refugio en el dicho de González Prada: “que ningún Judas aplique las leyes de Cristo”.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 9 de agosto de 2013, pág. 8

sábado, 3 de agosto de 2013

¿Gobernar sin calidad parlamentaria?


¿Gobernar sin calidad parlamentaria?

SERGIO TAPIA T.



 

Nuestro modelo republicano-democrático no es parlamentarista, como en muchos países europeos, cuyas naciones confían su destino a gobernantes surgidos de las cambiantes mayorías parlamentarias. Una forma de elección indirecta ciudadana.

En nuestro caso es presidencialista. Nuestros gobernantes son elegidos por votación ciudadana directa. Y, gobiernan o frente o enfrentados al Congreso; gozando ambos; Presidente y Congreso, de la facultad de destituirse mutuamente, según las regulaciones que la Constitución señala.

Cuando el candidato presidencial obtiene votación exigua, en primera vuelta, no contará con el número mínimo de congresistas para formar por sí mismo su mayoría parlamentaria. Fue el caso del primer gobierno de Belaunde Terry (1963-1968) y el de la primera fase del largo gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992).

En cambio, si el candidato presidencial obtiene un importante caudal electoral, se asegura un parlamento aliado para sus planes gubernamentales. Fue el caso del segundo gobierno de Belaunde Terry (1980-1985), los dos períodos de Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y las restantes fases del prolongado gobierno fujimorista (1993-1995, 1995-2000 y 2000-2001).

El caso de Ollanta Humala es sui géneris. Goza de un parlamento complaciente y apacible. Complaciente, gracias a una especie de co-gobierno de tres agrupaciones parlamentarias que no desean ser oposición: los toledistas, los kusincsky-castañeda y los belaundistas. Apacible, porque la oposición fujimorista está desarticulada, carece de vigor y no muestra norte político. Y, muy apacible, porque los gajos de la izquierda radical no saben cómo constituirse en oposición congresal.

            El gobierno de Ollanta Humala, teniéndola fácil con ese Congreso apacible y complaciente, no gobierna bien porque carece de objetivos, habiendo perdido sin obra y con gran esterilidad el corto y el mediano plazo de su período de duración.

            La responsabilidad es de los caviares, que controlan políticamente la administración pública, con gran fracaso, como cualquier comunista siempre tiene.

            Pero, la responsabilidad que sólo es de Ollanta Humala y de su entorno partidario íntimo, ha sido la selección de los congresistas que forman hoy nuestro Parlamento. La falta de calidad ética de algunos, el compromiso revolucionario marxista de muchos de ellos y la incapacidad por parte de casi todos para conducir al país en las vías acertadas del bien común y del bienestar material.

            El Congreso tiene un rol importante es el sistema republicano-democrático de gobierno: Dar leyes justas y practicar el control político prudente y acertado. Nuestros actuales parlamentarios no satisfacen ninguna de estas exigencias políticas. ¿Por qué?

Porque nuestros parlamentarios adolecen de deficiencia ética. A la que suman otras deficiencias, según cada caso individualmente considerado: Preparación, lealtad, compromiso y actitud de servicio con sincero rechazo de servirse a sí mismos.

 La producción parlamentaria en los dos años de este gobierno ha sido deficiente legislativamente y escandalosamente anti-ética en el control político, como fue la repartija partidocrática de cargos en el TC, el BCR y la Defensoría del Pueblo.

El Parlamento que soportamos, prioriza la mayoría parlamentaria y no la racionalidad. Esto es un suicidio político y de gravísimas consecuencias para el país.

 

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 2 de agosto de 2013, pág. 8

http://larazon.pe/columnistas/10697-¿gobernar-sin-calidad-parlamentaria.html

 

No hay clase dirigente


No hay clase dirigente

SERGIO TAPIA T.



 

Los poderes del Estado, los gremios empresariales y la prensa; la cátedra universitaria y el sistema educativo estatal y privado, son lugares donde ordinariamente se desenvuelve la clase dirigente de un país.

Los poderes del Estado más sensibles para la conducción de la Nación, son los tres poderes clásicos: Ejecutivo, Parlamentario y Judicial.

Este mes de julio se inició con la escandalosa repartija parlamentaría de nombramientos por los próximos cinco años, en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva. Aún repercute este acto de corrupción política en los medios de comunicación y en las protestas juveniles callejeras.

            A menudo se sostiene que la volatilidad constitutiva de nuestro Parlamento causa nuestra carencia de clase política, y se desdeña el alto porcentaje de congresistas que periódicamente ingresan (y salen) de la vida política parlamentarista.

            Pero, debe observarse que la corrupta repartija de los nombramientos, surgió y comprometió a las figuras más veteranas de nuestro Congreso de la República. Además que ha denigrado a todos los partidos sin excepción: Desde el oficialismo gubernamental del partido de Ollanta Humala y del partido de Alejandro Toledo, pasando por los partidos habituados a ser corifeos del gobernante de turno, como el PPC, y hasta la que debería ser una recalcitrante oposición fujimorista quedó manchada.

            Las excepciones honrosas fueron individuales y escasas, como Cecilia Tait. En el polo opuesto quedó muy desubicado el pepecista Beingolea, defendiendo los indefendibles nombramientos de los que luego han dado marcha atrás.

            Padecemos un gobierno cuyo Poder Ejecutivo no empezó bien, ni va a terminar mejor. Y, sufrimos un Parlamento totalmente ineficaz y cada vez más escandaloso en sus pecados públicos.

            Nuestra clase política es mendaz, no es clase dirigente.

            Y, debemos sufrir un sistema de administración de justicia contradictorio y desorganizado, e ignorante en un número crítico de sus componentes, y con muy mala imagen pública por la amoralidad en sus escalones inferiores e intermedios, y con mala fama en sus altas esferas por la subordinación a los poderes políticos de turno.

            Nuestro sistema judicial es complejo porque participan siete organismos públicos cuyas competencias causan interferencias: El Poder Legislativo en el ejercicio de sus facultades de control político, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, la Justicia Militar Policial y la Defensoría del Pueblo. Además de los cabildeos que provienen de los organismos y personalidades del sector privado, entre los que destacan algunos estudios de abogados que se autodenominan ONGs, y engendros como la CVR.

            Da muchísima pena ver la postración de la Patria, contemplar la Nación, lamentar el Estado peruano que tenemos y sufrir por nuestra Sociedad.

            Nos ha correspondido vivir una gravísima crisis, que produce anomia social de consecuencias impredecibles, que todo lo afecta y corrompe.

            Tenemos clase política, pero carecemos de clase dirigente: ¿Dónde están los peruanos capaces, honrados, desprendidos y conocedores de las exigencias del bien común nacional?

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 26 de julio de 2013, pág. 8