El desquicio de los Derechos Humanos - La Razón

El desquicio de los Derechos Humanos

Sergio Tapia

            La Corte IDH es el órgano interamericano encargado de aplicar los tratados de derechos humanos a los Estados. No es una Corte Penal Internacional que condene personas, como sí lo es la creada por el Tratado de Roma; ni las que se suscitaron tras las guerras en Alemania y Japón, en Ruanda y la ex-Yugoeslavia.

El quehacer legítimo de la Corte IDH es velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados, obligaciones adquiridas en el ejercicio pleno de su soberanía. Sin embargo, hay tres censuras que formulamos contra las personas que conducen esa Corte IDH, en los últimos decenios.

Primero, los jueces motivados por los desvaríos ideológicos que los dominan, orientan las sentencias dictadas en nombre de los derechos humanos, a favor de los activistas revolucionarios, subversivos y terroristas. Y, censura la acción militar contrasubversiva legítimamente dispuesta por las autoridades del Estado. Ello explica por qué se transformaron en casos por violaciones a los derechos humanos, las acciones antiterroristas peruanas como las de Cayara, El Frontón y Chavín de Huantar.

Segundo, la Corte IDH tiene la facultad de interpretar el tratado, pero una cosa es interpretar y, otra muy distinta es ampliar o reducir obligaciones, o tergiversar los conceptos que portan los tratados de DDHH. Esta actitud lamentablemente es moneda corriente entre los magistrados de la Corte IDH. Quienes suelen aplicar a los Estados, obligaciones inexistentes en los tratados que estos han suscrito. En esta extravagancia incurrieron los jueces de la Corte IDH para legalizar prácticas abortivas, como un derecho humano. Pero, contra la letra expresa del tratado. Afirmando con audacia, tales jueces, que concepción es igual que anidación.

Tercero, quien comparece en los estrados de la Corte IDH son los Estados. Sin embargo, los jueces que transitan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptan sentencias que afecta el derecho de defensa de las personas. Como en el caso El Frontón, en el que ninguno de los más de 30 marinos actualmente enjuiciados “por mandato de la Corte Interamericana” fue citado para ser preguntado por el motín armado de 1986, en esa cárcel peruana. ¿Cuáles son los derechos humanos de los marinos? No fueron ni siquiera oídos por la Corte IDH antes de ordenar su enjuiciamiento penal.

Peor, aún, indebidamente y con total falta de prudencia, la Corte IDH ha celebrado el pasado miércoles 17 de mayo, un día que no es oficial en ningún calendario del mundo, aunque sí lo es por los activistas homosexuales y demás desvaríos de género. La falta de tino precipitó al actual presidente de la Corte IDH, el abogado brasileño Roberto Caldas, a pronunciar un discurso sectario y descabellado, antes de dar inicio a una sesión de la Corte IDH destinada a resolver una opinión consultiva sobre los presuntos derechos de las comunidades gay como tales. Es como si un juez de La Haya desvaríe cantando el himno nacional de un Estado, al dar inicio a una audiencia litigando contra otro Estado.

La ilegitimidad de la Corte IDH afecta diversos órdenes, el jurídico y el ético. Por lo que exige a las cancillerías de las Américas revisar el procedimiento, mafiosamente viciado, como se procede a la selección y elección de los jueces de la Corte IDH. Si deseamos contar con una verdadera Corte que vele por los auténticos derechos humanos en las Américas, esta agenda reformadora es prioritaria.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 19 de mayo de 2017, p. 6

http://larazon.pe/opinion/generales/el-desquicio-de-los-derechos-humanos-6398

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Masacre la de los terroristas, no de los marinos - La Razón

Masacre la de los terroristas, no de los marinos

Sergio Tapia

            Masacre designa la muerte provocada en personas generalmente indefensas. En el Perú, de los 80s y los 90s, quienes masacraron a ciudadanos indefensos, en las ciudades y el campo, fueron los militantes del “Partido Comunista del Perú” (cuyo nombre no es, ni nunca fue, “Sendero Luminoso”), y los del “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)”.

Para detener el baño de sangre promovido por los comunistas, el gobierno de Belaunde decretó el estado de emergencia, que constitucionalmente permite el uso de la fuerza por quienes la saben utilizar legítimamente, nuestras Fuerzas Armadas (FFAA).

            La violencia del marxismo siguió avanzando arrasando la Nación, masacrando al ciudadano indefenso. Y, destruyendo al Estado, asesinando funcionarios y empleados públicos y a sus familiares, atentando contra locales públicos, desapareciendo archivos oficiales, atacando puestos policiales y emboscando personal de las FFAA en las ciudades y en el campo.

Sin excepciones, las víctimas indefensas de los asesinos comunistas eran objeto de muerte salvaje, con torturas inimaginables. Así desangraron a pobladores sencillos del ande, a soldados jovencitos del servicio militar obligatorio, a mujeres y a niños, a alcaldes de pueblitos y a empresarios destacados. Quienes masacraron a peruanos, en los 80s y 90s, fueron los comunistas.

Pero no todos los comunistas responsables del baño de sangre subversivo, empuñaron armas. No. Habían profesores que ideologizaban, alumnos que eran ideologizados, abogados que desarrollaron un estilo de defensa a favor de los terroristas, jueces libérrimos en connivencia con la subversión, autoridades del Estado adherentes a la Revolución desbastadora y el contubernio del periodismo mendaz.

            Las cárceles fueron objeto de especial atención a lo largo del proceso subversivo anti-peruano. El rescate de presos por terrorismo más sonado, no el único, fue en Ayacucho el 3 de marzo de 1982, 70 subversivos huyeron de cárcel, y más de 300 presos comunes.

            Tal inseguridad en tan temprana etapa del terrorismo, generó en 1983 la decisión de concentrar a los procesados y sentenciados por terrorismo, en cárceles de Lima, y se reabrió el penal de la isla El Frontón.

            Para 1986 el edificio de la isla ya estaba íntegramente modificado por los subversivos, gracias a los funcionarios estatales que por medrosidad o colaboracionismo les cedían privilegios. La isla estaba prácticamente dividida en dos porciones jurisdiccionales, en una permanecían los guardias, el personal a cargo de las cárceles (INPE) y los presos comunes; en la otra estaban los presos por terrorismo, sin control ninguno sobre sus visitas.

            El 18 de junio de 1986, algo más de 150 presos por terrorismo (no se tenía control exacto sobre el número de internos), tomaron 3 policías de rehenes, capturaron sus armas, se mataron entre ellos para el control del pabellón. En las primeras horas del 19 de junio produjeron 3 muertos a la Marina de Guerra, así como 20 heridos de gravedad.

Masacre no pudo haber habido en El Frontón, porque los presos por terrorismo estaban muy bien armados y pertrechados. No eran indefensos, estaban levantados en armas. Tampoco hubo la alegada y mendaz masacre, porque 34 presos se rindieron, se les respetó sus vidas y hoy caminan gozando de plena libertad.

            En contraste a esos 34 terroristas, más de 30 marinos que combatieron hace 31 años en El Frontón, continúan siendo procesados penalmente, con sus propiedades embargadas, con dificultades para encontrar trabajo en el extranjero y aquí, porque están impedidos de salir del país y en el certificado de antecedentes consta que son procesados por asesinato.

            En ese contexto, indigna la resolución de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, que modifica una sentencia que protegía los derechos fundamentales de unos 20 de esos marinos procesados. Resolución inconstitucional que poco honra la memoria de tantos jueces y fiscales asesinados por la horda terrorista, que tanto daño hizo y sigue haciendo en nuestra Patria.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 12 de mayo de 2017, pág. 6

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La mentira subversiva y El Frontón - artículo La Razón

La mentira subversiva y El Frontón

Sergio Tapia

            La subversión es el trastrocamiento del orden, de todo orden; sea político, económico, social, religioso, cultural, lógico y ético. Hay actitudes que parcialmente desordenan, y hay ideologías que universalmente lo subvierten todo. Como el marxismo, que mediante su conceptualización acerca de la alienación humana, altera la política porque considera que la sola existencia del Estado es alienante, razón por lo que el Estado debe desaparecer. Desordena la economía por considerar que la sola existencia de la propiedad privada produce dependencia, por lo que promueve estatizar todos los bienes. Trastorna el orden social al intentar eliminar todas las clases sociales. Altera la vida religiosa, al estimar que es opio del pueblo, por lo que el marxismo es siempre perseguidor inmisericorde de toda creencia religiosa. Perturba la cultura, al abajar el pensamiento filosófico al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. Descompone la lógica, al asumir la contradicción como compatible a la deducción acertada. Turba la ética, al estimar que la mentira y el engaño pueden ser enaltecidos, si son útiles al triunfo de su Revolución.

Qué problema tener marxistas sueltos en plaza, conviviendo socialmente con los demás ciudadanos. Porque matan, cuando ejercen su compromiso ideológico en la condición de guerrilleros y terroristas. Como fue en los sangrientos tiempos que todos los peruanos sufrimos desde los 80s y los que aún continúan siendo víctimas en el VRAEM. Porque enaltecen publicitariamente sus horrendos crímenes, mediante mausoleos, parques, monumentos y museos; se enorgullecen de sus crímenes paseando por nuestras calles las fotografías de sus dirigentes aún presos por sus crímenes, como esa marcha aún impune del pasado 1 de mayo, de la cual quienes padecen de “cretinismo jurídico” (es un dicho de Lenin, sobre sus enemigos) aún discuten sin hacer nada, si es o no es apología del terrorismo. Como lo ha sido la convocatoria del MRTA en el Hotel Bolívar, el reciente 3 de mayo, con la asistencia de un guerrillero colombiano del M-19.

¿Qué nos pasa? ¿Hemos perdido la capacidad de indignarnos? Frente a las diversas formas de lucha de los marxistas: a su sindicalismo revolucionario que subvierte a la empresa desde dentro; a sus “licencias sociales” que altera el funcionamiento de las empresas desde afuera; la concientización ideológica forzada y el pensamiento único que imponen los pseudo-profesores universitarios; la manipulación de los cuadros de maestros escolares, inermes en medio de la operación de tenaza de la que son objeto por el MINEDU ideologizado por el género antihumano y el SUTEP ideologizado por el comunismo destructor.

Hay, otras “formas de lucha” aún no reprimidas, como el asalto ideológico a las magistraturas judiciales. Asesinos terroristas casi no hay purgando penas, han sido re-sentenciados disminuyéndoselas ínfimamente y están libres, al acecho de nuestros descuidos. Por ahora hacen marchas o convocan reunirse en el Bolívar. Pero, son combatientes experimentados en la guerrilla y el terrorismo, de muchos años y en muchas batallas. Libres gracias a los jueces, que hoy se enfocan a la persecución de nuestros miembros de las FFAA, para asestarles condenas injustas, con dureza inmisericorde. Porque hay jueces que administran justicia revolucionaria, revanchista, pro ideológica y anti-peruana.

Esta ideologización de la magistratura judicial se extiende cancerígenamente, y ya llegó a las esferas del Tribunal Constitucional. Órgano estatal que ha perdido su objeto y fines institucionales, porque quebranta la constitucionalidad en sus resoluciones, con torpeza y carencia de sindéresis jurídica. Porque están embriagados para promover la injusta persecución penal contra los marinos, que expusieron sus vidas hace 31 años, sofocando el motín armado de los agentes armados del Partido Comunista del Perú (mal llamado Sendero Luminoso), en la Isla El Frontón, donde no hubo masacre alguna, ahí están los 34 sobrevivientes que se pasean por nuestro territorio.

Publicado en el Diario “La Razón”, Lima, viernes 5 de mayo de 2017, p. 6

http://larazon.pe/opinion/generales/la-mentira-subversiva-y-el-fronton-5479

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Denuncia contra miembros del TC por incumplir Constitución - Artículo

Denuncia contra miembros del TC por incumplir Constitución

Sergio Tapia

            Es insólito denunciar a miembros del Tribunal Constitucional (TC) por “infracción” a la Constitución. Porque ellos son jueces “constitucionales”. Transgredir o quebrantar la Constitución es algo muy serio. Es lo que hacen los que viven fuera de la ley, ¿pero que sean los jueces? es gravísimo.

            En el año 2013 el TC conformado por otros miembros, no los actuales (salvo uno, el Dr. Urviola), aprobaron en mayoría una sentencia sobre un habeas corpus interpuesto por 22 suboficiales de la Marina de Guerra del Perú, defendiéndose de un proceso penal ilegal abierto, que calificó de lesa humanidad la actividad militar mediante la que se debeló el motín armado de los presos por terrorismo en la Isla El Frontón, en junio de 1986.

La calificación, lesa humanidad, tuvo por objeto eludir la prescripción de la acción penal, que es de derecho constitucional y garantía penal. Por lo que el proceso penal así iniciado no sólo es contrario a leyes expresas que no lo permiten, sino que es inobservante de una sentencia precedente que declaró que no eran de lesa humanidad los hechos militares antiterroristas en El Frontón, en el caso Teodorico Bernabé (suboficial de la Marina de Guerra, combatiente en El Frontón y que no ha sido enjuiciado penalmente por efecto de dicha sentencia).

El TC es de una sola instancia, y las normas que rigen sus procedimientos regulan que contra las sentencias no cabe interponer recursos (no hay apelaciones, ni nulidades). Pero, sí pueden hacerse aclaraciones o subsanaciones en las sentencias, ya sea de oficio (cuando es por decisión propia del TC, dentro de los dos días siguientes de expedida la sentencia), ya sea a pedido de las partes (pedido que debe hacerse dentro de los dos días siguientes de notificada la sentencia, y la resolución de aclaración o subsanación a los dos días siguientes de recibido el pedido de las partes).

Sobre la sentencia de setiembre del 2013, pasaron los dos días y no hubo aclaración o subsanación de oficio por parte del TC; tampoco las partes solicitaron aclaración o subsanación. Quedó, pues, la sentencia ejecutoriada y por lo tanto el proceso del habeas corpus fenecido (Constitución art. 139-13), la sentencia obtuvo la calidad de cosa juzgada y con la garantía de no modificación (Constitución art. 139-2).

En junio de 2014 ingresaron seis nuevos miembros al TC. Al cabo de tres años, recientemente, en marzo del 2017, cuatro de esos miembros (Dr. Miranda, Dra. Ledesma, Dr. Ramos y Dr. Espinoza-Saldaña), modificaron la sentencia emitida en el 2013 en la cual no habían participado, introduciendo sus criterios para contaminar el caso con una serie de inconstitucionalidades e ilegalidades, y perpetrando el delito de Prevaricato que cometen los jueces cuando delictivamente emiten sentencias injustas, ilegítimas, inconstitucionales, ilegales, no basadas en pruebas y demás circunstancias que tipifica el art. 418 del Código Penal.

            Los ciudadanos tienen en el Congreso una institución republicana que ejerce facultades sobre las siete de las más altas jerarquías del Estado, entre los que están los miembros del TC. Hay que creer en la institución del Congreso de la República, en su capacidad de investigar hechos y discernir responsabilidades. Esa creencia se traduce en un plano estrictamente jurídico, en ejercer denuncias ante el Congreso, como la que se ha formalizado contra esos cuatro miembros del TC, presuntamente prevaricadores y transgresores de la Constitución.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de abril de 2017, pág. 6

http://larazon.pe/opinion/generales/denuncia-contra-miembros-del-tc-por-incumplir-constitucion-5042

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