lunes, 17 de julio de 2017

El comunicado no es del Tribunal Constitucional - artículo La Razón

El comunicado no es del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia

            El miércoles de esta semana El Comercio, Perú21, La República y Diario Uno, publicaron por contrato y pago del espacio, un texto firmado por 4 miembros del Tribunal Constitucional (TC), los que individual y personalísimamente son objeto de un procedimiento de acusación constitucional ante el Congreso de la República.

Ese trámite recién se está iniciando, y ni siquiera está en la etapa de notificación de la denuncia para conocimiento de los denunciados. Más adelante, ellos podrán ejercer su derecho de defensa, e irrestricta. Así como los denunciantes, tendrán el espacio procesal para probar sus pretensiones.

Pero, en la actual estación procesal, tan prematuramente de inicio, los 4 miembros del TC optan por lanzar “su comunicado”. Y, dirigido al Congreso como se expresa en el numeral 4: “que la Comisión Permanente no debe repetir el error al cual se ha inducido a la Subcomisión, pues se estaría violando el debido proceso”.

Los 4 magistrados del TC, conminan al Congreso de la República, a ejercer funciones tal como le sea conveniente a los intereses de los 4 magistrados: ¿Qué raro? Y, son jueces

Los 4 magistrados actúan en interés de su propia causa, porque la denuncia no es “contra” el Tribunal Constitucional, sino contra los señores Miranda, Ramos y Espinoza-Saldaña, y la señora Ledesma. Individualmente considerados, no como representantes de los intereses institucionales del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, ellos 4, utilizan en “su comunicado” el Escudo Nacional que es el sello del Estado, el nombre de un órgano constitucional autónomo que es el “Tribunal Constitucional”, y en un acto de control debería verificarse si se pagaron los avisos con fondos públicos asignados al presupuesto del Tribunal Constitucional. Es prudente discernir en estas nuevas responsabilidades incurridas.

Las denuncias constitucionales se admiten, por el Congreso de la República, si se refieren “a hechos que constituyan infracción a la Constitución y/o delitos de función”.

La denuncia interpuesta el 25 de abril, es porque los 4 miembros del TC habrían incurrido en infracción y en delitos, mediante una resolución que se publicó el 3 de marzo de 2017. La misma presunta infracción y presuntos delitos, se reiteraron por los mismos 4 magistrados, en la resolución publicada el 30 de marzo de 2017, que declaró improcedente la nulidad deducida contra esa resolución del 3 de marzo.

A ellos no se les denuncia por recursos de reposición pendientes, que nada tienen que ver con las responsabilidades por infracción a la Constitución y delitos, que habrían perpetrado mediante las resoluciones que se publicaron el 3 y el 30 de marzo.

Es un anti-testimonio para la ciudadanía, el espíritu cívico y la estabilidad del estado de derecho, que esos 4 magistrados que aún integran el Tribunal Constitucional, promocionen Comunicados inescrupulosos con la verdad, con la finalidad de trastornar la auténtica división de poderes que la República exige.

Los hombres hacen las instituciones. La carencia de idoneidad en el ejercicio de la función pública, es causa de gravísimas consecuencias, por el uso indebido del poder que otorga el ejercicio ilegítimo de la autoridad.

Se impone, por impostergable y urgente, la necesidad de transformar al Estado. Siendo la vía idónea, la elevación de la calidad humana integral, de quienes son convocados para el ejercicio de la función pública.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de julio de 2017, pág. 6


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domingo, 9 de julio de 2017

La ilegitimación del Tribunal Constitucional - artículo "La Razón"

La ilegitimación del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia

            Estamos presenciando una gran operación, globalizada, de tergiversación y desnaturalización de instituciones. Que paraliza al Estado en sus fines primordiales, y a los organismos públicos internacionales (ONU, OEA, etc.) restándoles razón de su existencia.

El caso patente es el que en estos días configura el Tribunal Constitucional (TC), creado mediante la Constitución de 1979 y vuelto a regular por la Constitución de 1993, que modificó su denominación a la que actualmente tiene. Al TC lo conforman 7 miembros, y adopta decisiones por mayoría simple, 4 sobre 3. Es de una sola instancia, por lo tanto sus sentencias y resoluciones no son apelables ni revisables, ni por ellos mismos ni por ninguna otra autoridad a nivel nacional. Quien quede disconforme con la decisión, única e irrevisable que adopte el TC, sólo le queda recurrir a organismos internacionales para reclamar el derecho fundamental del cual se sienta lesionado.

Las obras humanas, portan errores y deben ser corregibles. Es el caso de las sentencias; pero, su corrección es en lo accidental y accesorio, no en lo sustancial ni esencial: si condenan no pueden corregirse para absolver. Los que enmiendan y subsanan, tienen que ser los mismos magistrados que redactaron la sentencia o resolución, para no incurrir en recreación cuando de lo que se trata es de corrección.

2013, en ese año el TC que estaba conformado por 6 magistrados, de los cuales sólo 1 permanece hasta hoy. Quienes emitieron la sentencia que concluyó el Habeas Corpus interpuesto por miembros de Infantería de Marina, que declaró no ser de lesa humanidad los hechos ocurridos en 1986 en la Isla-Penal El Frontón. Y, prohibió abrir nuevos procesos judiciales. Por lo tanto, es cierto que el TC cerró el caso El Frontón.

En cuanto al proceso penal que ya estaba abierto, dispuso que termine en un plazo razonable. Razonable es que el proceso no dure más del plazo dispuesto para que prescriba. El Código establece que el máximo plazo de prescripción es de 20 años de ocurrido el hecho. En El Frontón, los hechos cumplieron 31 años, el mes de junio pasado.

2014, ingresan 6 nuevos magistrados al TC, que reflejan las mayorías, efímeras pero dominantes en esas circunstancias. El Congreso dominado por las izquierdas humalistas, seleccionó y hoy tenemos un TC, en el que 4 de sus miembros están subordinados al vaivén ideológico izquierdista, y 3 no son ideologizados de las izquierdas (Blume, Sardón y Urviola). Este último con mandato vencido y próximo a ser sustituido.

2017, los 4 magistrados ideologizados que controlan la adopción de decisiones del TC, incurren en tres infracciones a la Constitución que han jurado defender, cumplir y hacer cumplir a todos los demás: reabren un caso cerrado, modifican su sentencia quitándole la frase en el caso El Frontón sobre los hechos que “no son lesa humanidad”, es decir, actuaron como instancia revisora alterando la cosa juzgada.

La magistrada Ledesma justificó esta semana su conducta antijurídica e inconstitucional, diciendo que el Procurador del Ministerio de Justicia les pidió la subsanación de errores. ¡Mentira! La demanda fue interpuesta contra el Procurador del Poder Judicial, los demás procuradores del Estado, que son cientos de abogados, no tienen derechos procesales en este proceso.

Este argumento es, además, delictivo; pues, el Código que rige los actos del TC, prescribe sólo 2 días para corregir sentencias y resoluciones. Y, este TC ha corregido luego de 4 años.

Me avergüenza que padezcamos instituciones estatales erosionadas debido a la índole de persona que las conforman. Esta postración debe alentarnos en promover la re-fundación republicana.


Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 7 de julio de 2017, pág. 6


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Juzgar jueces, encarcelar policías - artículo "La Razón"

Juzgar jueces, encarcelar policías
Sergio Tapia

            La semana se inició con la decisión en el Congreso, por amplia mayoría, de admitir la Denuncia Constitucional, que yo he formulado contra cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), en mi calidad de abogado del Personal Naval injustamente perseguido por su victoria contra el Partido Comunista del Perú (equivocadamente llamado “Sendero Luminoso”), en la debelación del motín armado del 18-19 de junio de 1986, por presos. Persecución que se explica por la anidación de la corrupción caviar (comunistas y socialistas reciclados, que juegan a la democracia), en determinadas estructuras del Estado.

            La decisión adoptada en sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es de capital trascendencia para la vida republicana, pues, permite limpiar el aparato del Estado de personas inidóneas que ejercen mucho poder, sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como en este caso, lo son los magistrados del TC.

Además, despierta esperanzas fundadas sobre la renovación y revitalización de nuestra República, tan venida a menos por la inmoralidad, la incompetencia, la impreparación y la decrepitud de la ideologización (cual sea ésta: político-económica como la del socialismo comunista; económica con poderes de facto como la del capitalismo salvaje, o la perversa ideología de género que destruye la base de la Sociedad que es la familia fundada en el matrimonio, entre varón y mujer).

No todas las denuncias constitucionales son admitidas, casi la mayoría se califican improcedentes y tienen como destino el archivo. Porque, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la admisión de una Denuncia Constitucional, implica la verificación de que “los hechos o conductas que se denuncian (…) se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución”. Por lo tanto, no es una postulación de algo nebuloso con cargo a probanza; aunque evidentemente prosiga un procedimiento que garantiza el descargo y la defensa de los acusados. Pero, el procedimiento se da por iniciado, cuando hay certeza inicial de la existencia de un quebrantamiento constitucional.

Todos los ciudadanos debemos observancia a la Constitución, pero de manera especial los funcionarios del Estado, porque la Constitución establece los límites del poder que ellos ejercen, y el equilibrio con los derechos del ciudadano.

Pro, este caso El Frontón, resulta que los funcionarios que tienen que garantizar la vigencia de la Constitución para el resto del país y para todo el Estado, han sido quienes han transgredido groseramente tres principios constitucionales: modificar la cosa juzgada, someter a procedimiento distinto del que está establecido por ley, y revivir procesos fenecidos reabriéndolos.

Estos cuatro magistrados del TC por favorecer intereses ideológicos, cuando menos; reabrieron un caso de Habeas Corpus cerrado desde el año 2013; modificaron la sentencia que se había emitido por un anterior Tribunal Constitucional, es decir, sustituyeron a los jueces naturales de esa causa; y aplicaron el procedimiento de corrección de errores que se permite dentro de los 2 días siguientes de emitida la sentencia, haciéndolo 4 años después.

Estos 4 del TC que fueron elegidos por el Congreso anterior, son como los 24 policías de las direcciones de criminalística y de inteligencia, descubiertos como colaboradores de una banda de delincuentes.

Limpiar de elementos indecentes y delictuosos al estado, es la primera etapa de una necesaria transformación social, política y sobre todo moral que el Perú y los peruanos reclaman.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 30 de junio de 2017, pág. 6


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Declaración Parlamentaria Americana - artículo "La Razón"

Declaración Parlamentaria Americana
Sergio Tapia

            Muchas son las insatisfacciones que ha dejado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde hace 25 años controlado por socialistas de pensamiento único y totalitario, reciclados del comunismo y los consabidos caviares, es decir, aquellos que abrazando el modelo económico demo-liberal, persisten en el marxismo cultural bajo el estilo de Gramsci.

Desde esta columna, hemos denunciado diversas maniobras del socialismo, encaramado bajo los derechos humanos, persiguiendo militares porque derrotaron a las guerrillas o al terrorismo en sus respectivos países; destruyendo aberrantemente el matrimonio y la familia; contrariando la biología que es estudiosa de la vida, proponiendo la ideología de la muerte abortista del ser humano en sus primeras etapas de embrionaria y fetal.

            Para tales efectos, los socialistas que manipulan los derechos humanos, han cambiado la letra y el sentido de los pactos internacionales, a través de sus informes, resoluciones y sentencias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José (Costa Rica), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington (EEUU), en manos muy ajenas que deshonran los derechos humanos auténticos, han pretendido erigirse en poderes supranacionales, por encima de los Poderes Estatales de los Estados Americanos.

Ha sido reconfortante y esperanzador que casi 700 parlamentarios venidos en representación de sus partidos, movimientos y estructuras políticas de sus Naciones, se reunieran en México, y suscribieran la Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos Relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa.

Este es un hito histórico, pues, el poder supranacional de las izquierdas encaramadas bajo la etiqueta de los derechos humanos, empezarán a declinar, y prontamente desaparecer. Para que los organismos internacionales encuentren su destino y finalidad, en manos probas, como en un principio estuvieron, en sus etapas fundacionales.

La semana empezó con ese Congreso Hemisférico de Parlamentarios, en el cual estuvimos muy bien representados por el congresista de Ucayali, el Vicealmirante AP Carlos Tubino.

Pero, la semana culminó con la Asamblea General de la OEA, que terminó doblándole el presupuesto a la Corte IDH y a la CIDH, para que sigan haciendo de las suyas, los infiltrados encaramados bajo el digno nombre de los derechos humanos.

La acción parlamentaria es muy necesaria, pero debe ir acompañada por una rectificación de la política internacional, concertada por todas las cancillerías de las Américas, para cerrar pronto el infame capítulo de la incursión socialista en los derechos humanos americanos.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 23 de junio de 2017, pág. 6


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