La ilegitimación del Tribunal Constitucional
Sergio Tapia
Estamos presenciando una gran
operación, globalizada, de tergiversación y desnaturalización de instituciones.
Que paraliza al Estado en sus fines primordiales, y a los organismos públicos
internacionales (ONU, OEA, etc.) restándoles razón de su existencia.
El caso patente es el que en estos días configura el Tribunal
Constitucional (TC), creado mediante la Constitución de 1979 y vuelto a regular
por la Constitución de 1993, que modificó su denominación a la que actualmente
tiene. Al TC lo conforman 7 miembros, y adopta decisiones por mayoría simple, 4
sobre 3. Es de una sola instancia, por lo tanto sus sentencias y resoluciones
no son apelables ni revisables, ni por ellos mismos ni por ninguna otra
autoridad a nivel nacional. Quien quede disconforme con la decisión, única e
irrevisable que adopte el TC, sólo le queda recurrir a organismos
internacionales para reclamar el derecho fundamental del cual se sienta lesionado.
Las obras humanas, portan errores y deben ser corregibles. Es
el caso de las sentencias; pero, su corrección es en lo accidental y accesorio,
no en lo sustancial ni esencial: si condenan no pueden corregirse para
absolver. Los que enmiendan y subsanan, tienen que ser los mismos magistrados
que redactaron la sentencia o resolución, para no incurrir en recreación cuando
de lo que se trata es de corrección.
2013, en ese año el TC que estaba conformado por 6
magistrados, de los cuales sólo 1 permanece hasta hoy. Quienes emitieron la
sentencia que concluyó el Habeas Corpus interpuesto por miembros de Infantería
de Marina, que declaró no ser de lesa humanidad los hechos ocurridos en 1986 en
la Isla-Penal El Frontón. Y, prohibió abrir nuevos procesos judiciales. Por lo
tanto, es cierto que el TC cerró el caso El Frontón.
En cuanto al proceso penal que ya estaba abierto, dispuso que
termine en un plazo razonable. Razonable es que el proceso no dure más del
plazo dispuesto para que prescriba. El Código establece que el máximo plazo de
prescripción es de 20 años de ocurrido el hecho. En El Frontón, los hechos
cumplieron 31 años, el mes de junio pasado.
2014, ingresan 6 nuevos magistrados al TC, que reflejan las
mayorías, efímeras pero dominantes en esas circunstancias. El Congreso dominado
por las izquierdas humalistas, seleccionó y hoy tenemos un TC, en el que 4 de
sus miembros están subordinados al vaivén ideológico izquierdista, y 3 no son
ideologizados de las izquierdas (Blume, Sardón y Urviola). Este último con mandato
vencido y próximo a ser sustituido.
2017, los 4 magistrados ideologizados que controlan la
adopción de decisiones del TC, incurren en tres infracciones a la Constitución
que han jurado defender, cumplir y hacer cumplir a todos los demás: reabren un
caso cerrado, modifican su sentencia quitándole la frase en el caso El Frontón
sobre los hechos que “no son lesa humanidad”, es decir, actuaron como instancia
revisora alterando la cosa juzgada.
La magistrada Ledesma justificó esta semana su conducta
antijurídica e inconstitucional, diciendo que el Procurador del Ministerio de
Justicia les pidió la subsanación de errores. ¡Mentira! La demanda fue
interpuesta contra el Procurador del Poder Judicial, los demás procuradores del
Estado, que son cientos de abogados, no tienen derechos procesales en este
proceso.
Este argumento es, además, delictivo; pues, el Código que
rige los actos del TC, prescribe sólo 2 días para corregir sentencias y
resoluciones. Y, este TC ha corregido luego de 4 años.
Me avergüenza que padezcamos instituciones estatales erosionadas
debido a la índole de persona que las conforman. Esta postración debe alentarnos
en promover la re-fundación republicana.
Publicado en el diario “La Razón”,
Lima, viernes 7 de julio de 2017, pág. 6
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