Masacre la de los terroristas, no de los marinos
Sergio Tapia
Masacre designa la muerte provocada
en personas generalmente indefensas. En el Perú, de los 80s y los 90s, quienes
masacraron a ciudadanos indefensos, en las ciudades y el campo, fueron los militantes
del “Partido Comunista del Perú” (cuyo nombre no es, ni nunca fue, “Sendero
Luminoso”), y los del “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)”.
Para detener el baño de sangre promovido por los comunistas,
el gobierno de Belaunde decretó el estado de emergencia, que constitucionalmente
permite el uso de la fuerza por quienes la saben utilizar legítimamente,
nuestras Fuerzas Armadas (FFAA).
La violencia del marxismo siguió
avanzando arrasando la Nación, masacrando al ciudadano indefenso. Y, destruyendo
al Estado, asesinando funcionarios y empleados públicos y a sus familiares,
atentando contra locales públicos, desapareciendo archivos oficiales, atacando puestos
policiales y emboscando personal de las FFAA en las ciudades y en el campo.
Sin excepciones, las víctimas indefensas de los asesinos
comunistas eran objeto de muerte salvaje, con torturas inimaginables. Así
desangraron a pobladores sencillos del ande, a soldados jovencitos del servicio
militar obligatorio, a mujeres y a niños, a alcaldes de pueblitos y a
empresarios destacados. Quienes masacraron a peruanos, en los 80s y 90s, fueron
los comunistas.
Pero no todos los comunistas responsables del baño de sangre
subversivo, empuñaron armas. No. Habían profesores que ideologizaban, alumnos
que eran ideologizados, abogados que desarrollaron un estilo de defensa a favor
de los terroristas, jueces libérrimos en connivencia con la subversión,
autoridades del Estado adherentes a la Revolución desbastadora y el contubernio
del periodismo mendaz.
Las cárceles fueron objeto de
especial atención a lo largo del proceso subversivo anti-peruano. El rescate de
presos por terrorismo más sonado, no el único, fue en Ayacucho el 3 de marzo de
1982, 70 subversivos huyeron de cárcel, y más de 300 presos comunes.
Tal inseguridad en tan temprana
etapa del terrorismo, generó en 1983 la decisión de concentrar a los procesados
y sentenciados por terrorismo, en cárceles de Lima, y se reabrió el penal de la
isla El Frontón.
Para 1986 el edificio de la isla ya
estaba íntegramente modificado por los subversivos, gracias a los funcionarios estatales
que por medrosidad o colaboracionismo les cedían privilegios. La isla estaba
prácticamente dividida en dos porciones jurisdiccionales, en una permanecían
los guardias, el personal a cargo de las cárceles (INPE) y los presos comunes; en
la otra estaban los presos por terrorismo, sin control ninguno sobre sus visitas.
El 18 de junio de 1986, algo más de
150 presos por terrorismo (no se tenía control exacto sobre el número de internos),
tomaron 3 policías de rehenes, capturaron sus armas, se mataron entre ellos
para el control del pabellón. En las primeras horas del 19 de junio produjeron
3 muertos a la Marina de Guerra, así como 20 heridos de gravedad.
Masacre no pudo haber habido en El Frontón, porque los presos
por terrorismo estaban muy bien armados y pertrechados. No eran indefensos,
estaban levantados en armas. Tampoco hubo la alegada y mendaz masacre, porque 34
presos se rindieron, se les respetó sus vidas y hoy caminan gozando de plena
libertad.
En contraste a esos 34 terroristas, más
de 30 marinos que combatieron hace 31 años en El Frontón, continúan siendo
procesados penalmente, con sus propiedades embargadas, con dificultades para
encontrar trabajo en el extranjero y aquí, porque están impedidos de salir del
país y en el certificado de antecedentes consta que son procesados por
asesinato.
En ese contexto, indigna la
resolución de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, que modifica una
sentencia que protegía los derechos fundamentales de unos 20 de esos marinos
procesados. Resolución inconstitucional que poco honra la memoria de tantos jueces
y fiscales asesinados por la horda terrorista, que tanto daño hizo y sigue
haciendo en nuestra Patria.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima,
viernes 12 de mayo de 2017, pág. 6
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