El Frontón: La Guerra Jurídica
Sergio Tapia
Von Clausewitz, teórico militar
prusiano del siglo XIX sostuvo: “La
guerra es la continuación de la política por otros medios”. Porque, en
política determinar la voluntad humana tiene su causa en la convicción personal
y en el arte de convencer a otros. En contraste, la guerra es la imposición de
la voluntad del vencedor sobre el vencido.
La guerra no sólo es dispararse mutuamente; ha adquirido
diversidad de dimensiones, una de ellas es la “guerra jurídica”, que se perpetra empleando el “poder” de los
jueces, re-sentenciando con penas altísimas a quienes se les señale como
enemigos de los empoderados. La guerra jurídica es el desconocimiento de los derechos
fundamentales, su instrumento es el “Derecho
Penal del Enemigo”, la aplicación inmisericorde de castigos, no de penas
resocializadoras.
En el Perú, todos los generales que han ejercido mando en
Zonas Declaradas en Emergencia, a causa de la delincuencia terrorista que se
inició en los ochenta; han sido atropellados judicialmente. Algunos generales fallecieron
con procesos en trámite –como Clemente Noel -. Otros generales y sus
subordinados sufren las mazmorras ignominiosas, son verdaderos presos
políticos, condenados por “historias”,
no por sólidas acusaciones debidamente probadas. Algunos otros generales, como Adrián
Huamán, enfrentan aún absurdas y prolongadas investigaciones en nombre de “los derechos humanos” tergiversados.
Si la guerra es continuación de la política, el terrorismo es
la conquista salvaje e inmisericorde de todo un pueblo, para tomar el poder.
El legítimo accionar militar contra el terrorismo, fue trastocado
en su significado, mediante campañas difamatorias que fueron asumidas por
fiscales para formular denuncias, que judicialmente dieron inicio a procesos, los
que cruelmente afectan la vida personal y familiar de los militares sobrevivientes
de los enfrentamientos con la delincuencia terrorista.
Se suma a esta Guerra Jurídica la mayoría del Tribunal
Constitucional, cuatro de sus siete miembros. Quienes insólitamente gastan el dinero
público para financiar comunicados con ataques políticos arteros contra el Congreso,
para evitar la investigación sobre las gravísimas infracciones a la
Constitución incurridas: Haber cambiado una sentencia que hacía 4 años gozaba
de la calidad de cosa juzgada, reabrir un proceso de habeas corpus ya fenecido.
Para estas arbitrariedades, el Congreso no los designó miembros del Tribunal
Constitucional, es el Congreso quien debe investigarlos
Los cuatro del TC sostienen que por existir un Recurso de
Reconsideración pendiente de resolver ante ellos mismos, el Congreso no los
puede investigar. Este argumento es un agravio a la inteligencia. Ellos son quienes
deben resolver ese recurso, dentro de las 48 horas de su presentación, que fue el
21 de abril. Este reconocimiento de retardo injustificado en cumplir con sus
responsabilidades en el TC, que lo reconocen a las 12 semanas de tenerlo
pendiente sin resolver, más que un impedimento para ser investigados, es una
conducta y una actitud que agrava su condición de denunciados.
Es insensata la pretensión de los 4 denunciados del TC, de
intentar subordinar la investigación, legítimamente solicitada al Congreso, hasta
que ellos cumplan con resolver un recurso pendiente hace 3 meses, cuando
debieron resolverlo en 48 horas. Lo que piden es un absurdo, porque de
concedérseles lo que piden, ellos nunca resolverán el recurso y así el Congreso
nunca podrá investigarlos: ¡Qué ridículo argumento!
El artículo 89 del Reglamento del Congreso, no exige
agotamiento de recursos previos; basta que la denuncia constitucional exponga hechos
que constituyan infracción a la Constitución. En este Caso El Frontón, los
hechos están acreditados en las dos resoluciones que se publicaron en el mes de
marzo.
Publicado
en el diario “La Razón”, Lima, viernes 4 de agosto de 2017, p. 6
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