Otra vez la píldora
SERGIO TAPIA T.
La “píldora del día siguiente” o “anticoncepción oral de
emergencia” “la AOE”, son denominaciones que esconden el fatal significado del
invento de las biotecnologías y la investigación médica. Que desquician el
progreso cuando los límites son rechazados, por ideología y/o negocios.
La píldora, tiene como elemento
constitutivo el “levonorgestrel”, que pertenece a las progestinas, que son hormonas
sintéticas. La píldora no es medicina, no tiene la finalidad de curar ninguna
enfermedad. Es una creación de laboratorio cuyo consumo se promociona luego de “tener
relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo o con un método
anticonceptivo que falló o que no se usó de manera correcta”. El propósito de
la píldora es evitar un embarazo. Y, el embarazo no es una enfermedad.
Para evitar el embarazo, la píldora desarrolla
tres efectos: (1) Inhibe la ovulación, este efecto anovulatorio es cuando aún
no se ha producido la fecundación; (2) Evita la fecundación del óvulo por los
espermatozoides, por lo que tiene efecto anticonceptivo, que es previo a la
fecundación, y (3) Modifica el recubrimiento interno del útero para evitar la
anidación del óvulo ya fecundado, por lo tanto impide el desarrollo del
embarazo, y esto sí que es abortivo.
Ante un pavoroso cuadro de
insuficiencias en la atención de la salud, por parte del Estado, que incluye al
colapsado y mal administrado EsSalud, que no es ente estatal. No es justo
ocasionar más sufrimiento a los pacientes, y agudizar más su dramática desatención.
Maniobrando para que el Estado asuma gastos adicionales, y no presupuestados, a
fin de que en 30 días (que ya están corriendo), se compren ingentes cantidades
de píldoras del día siguiente, para distribuirlas gratuitamente a quienes no requieren
curarse ni prevenirse de enfermedades. Ya que sólo les servirá para,
gratuitamente, evitar de manera abortiva el embarazo para el que libremente actuaron
y ocasionaron.
Es inconstitucional que un juez
ordene al Estado hacer una compra tan sobredimensionada. En especial, cuando ni
el Congreso tiene la iniciativa del gasto en la aprobación de leyes, y el Poder
Ejecutivo está obligado a comprar mediante un complejo sistema de
contrataciones. Pero, hay un juez que ordena al MINSA que en 30 días distribuya,
a nivel nacional, las píldoras.
No es correcto propiciar la causa, evitar el efecto y que el
Estado pague. Sin embargo, es lo que una fiscal en sus ratos libres se le
ocurrió demandar, lo que un juez ha decidido cautelarmente, y lo que el colaboracionismo
ideológico del MINSA cumplirá. Es lo más injusto en un país de escasos recursos,
con familias sumidas en la miseria, en el que niños y ancianos mueren por carecer
de suficiente asistencia médica y de oportunas medicinas sin costo.
Publicado en el diario “La Razón”,
Lima, viernes 26 de agosto de 2016, pág. 6
Blog (colección artículos publicados en La Razón): http://sergiotapiatapia.blogspot.com/
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