jueves, 24 de enero de 2019

Iglesia y Estado: ¿Aproximación de agendas?


Iglesia y Estado: ¿Aproximación de agendas?
SERGIO TAPIA T.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó a los Obispos de la Iglesia Católica del Perú, reunidos en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana. Fue un encuentro de gobernantes, cada quien en sus respectivas órbitas y competencias.
El Perú es una República unitaria, sólo tiene un estado nacional, y el presidente del Perú -quien personifica a la Nación (es un símbolo, al que se le rinde honores al son de la Marcha de Banderas)-, no es figura protocolar sino que ejerce la jefatura del gobierno. Es un presidente, no es un monarca. No le es lícito ni invadir, ni usurpar funciones ni facultades ajenas a las 24 atribuciones que el artículo 118° de la Constitución le acuerda.
Los obispos gobiernan una porción de la Iglesia, ordinariamente ejercen autoridad en competencias territoriales, salvo algunos pocos casos cuyas competencias son de orden individual, como el Obispado Castrense que se ejerce sobre los miembros de la gran Familia Militar y Policial. Los obispos legitiman su gobierno cuando están en comunión con el Papa, cuya autoridad se configura como la de una monarquía, por concentrar en sí las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales de la Sociedad Eclesial.
Ambas potestades, la temporal que ejerce Vizcarra y la espiritual que ejerce cada uno de los obispos del Perú, confluyen sobre los mismos sujetos: los peruanos-católicos o los católicos-peruanos. Dejamos en un paréntesis a los extranjeros, residentes o no, por simplificación del argumento.
La misión de la Iglesia es la salvación eterna; que se obtiene en esta vida, aquí en la tierra. Por lo que Pío XII, pontífice de feliz memoria, afirmaba que la salvación de las almas dependía de las condiciones sociales, políticas y económicas. Por eso la Iglesia tiene un cuerpo doctrinal de muy buena elaborada moral social y política, así como de ética económica, que se denominada Doctrina Social de la Iglesia. La agenda socio-político-económica de la Iglesia descansa en las sólidas bases antropológicas de ese cuerpo doctrinal, que defiende la vida humana desde la concepción y la respeta hasta la muerte natural, que rechaza la suplantación ideológica del género y afirma la naturaleza sexuada del ser humano.
En lo que va del gobierno, la agenda pepeka tiene algunas constantes que separan y distancian al gobierno de la Iglesia. Como lo hace la ideología de género, que se pretende imponer sin pausa ni respeto desde los ministerios sociales. Hay una innegable fricción gubernamental con el mayoritario sector creyente católico peruano, desde el inicio de la gestión de año y ocho meses del presidente Kuczynski, e incrementada durante los 10 meses de gestión del presidente Vizcarra. Un gobierno que ya pasó la mitad de su período de duración.
La actitud de los obispos católicos, recibiendo al Presidente de la República en el seno de la asamblea ordinaria anual de la conferencia episcopal peruana, no es sinónimo de pactos, ni de alianzas, ni declinación de principios, ni disimulos. La nota de prensa evacuada por la oficina del presidente, dice que Vizcarra “invocó a los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana, a trabajar junto al Gobierno, en el firme propósito de construir una agenda en común que mejore la calidad de vida de todos los peruanos“.
Si fuese ésta una aspiración presidencial, posible y sincera, exige del presidente Vizcarra cesar con la persistencia de imponer la ideología de género en la educación y la cultura. Asimismo, deberá rechazar por totalitaria e inconstitucional la arbitraria sentencia del Tribunal Constitucional, suscrita por el “pseudo-doctor” Espinosa-Saldaña y publicada hace poco más de un mes, en el caso Darlyn Roxana Jurado Garay, que extra-petita destila un trasnochado ateísmo militante y una laicidad a todas luces inconstitucional.
Es hora que desde las salas triunviras del TC y desde los despachos individualistas de fiscales y jueces, se termine de una vez con el “lawfare” (la guerra jurídica) de naturaleza gramsciana, y eso haría bien en liderarlo el presidente Vizcarra.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 18 de enero de 2019, p. 6

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De la Kulturkampf a la Lawfare


De la Kulturkampf a la Lawfare
SERGIO TAPIA T.

En la amplitud de contextos en los que se dan las relaciones humanas, existen algunas que motivan a determinados individuos a satisfacer apetencias de poder, debido a desórdenes morales y por causa de las distorsiones ideológicas. Son las conductas que destruyen el orden social, el respeto de la persona, así como la concordia y la paz.
Tras la Revolución Ideológica Liberal, llamada Francesa, se instaura el Gobierno del Terror, con la persecución de las creencias religiosas para la imposición de un remedo de religión indeterminada, antidivina, no trascedente y manipulada por los que controlaban el Estado. La pretensión era controlar la conciencia individual. Se intentó establecer una era post cristiana. Fue un régimen perverso, de expresiones terribles, duró poco más de un año, pero causó daño no sólo en la nación francesa, debido a la expansión del influjo revolucionario, daño muy profundo y tremendamente duradero.
En un subsiguiente siglo, y en otra geografía, los políticos alemanes construyeron el Segundo Reich conducidos por Bismarck, quien impuso la persecución a las ideas religiosas de un sector numeroso del pueblo alemán. La “Kulturkampf”, la guerra cultural, fue anticatólica, anti-polaca y anti-imperio austrohúngaro, y concluye en pro de la social-democracia. Su espectro se proyectará en la construcción del Tercer Reich de Adolfo Hitler, de similares características, además de las propias de la ideología socialista del Nazismo alemán, que curiosamente dialectizó con la social-democracia constructora de la República de Weimar. La palabra “Kulturkamf” es un germanismo adoptado en el análisis de los procesos políticos culturales.
Entrado el siglo XX, surgen las versiones operativas para la toma del poder del comunismo marxista: el marxismo-leninismo, el marxismo-trotskista, el marxismo-maoísta. Se trata de la conquista del Estado mediante todas las formas de lucha, esta será la única norma moral admitida. El todo vale contra el enemigo de clase o contra el opositor doctrinal, se impondrá mediante las guerras civiles, guerras internacionales, revoluciones y luchas violentas; suscitando enfrentamiento con obreros, con estudiantes o con pobladores de zonas económicas deprimidas. No ha habido siglo más empapado de sangre, que el siglo XX revolucionado por el comunismo intrínsecamente malvado, aderezado con el cinismo de otra ideología que no se queda atrás en inhumanidad, como lo es el Liberalismo.
A finales del siglo XX se ponen de moda las directivas revolucionarias de Antonio Gramsci, un marxista leninista italiano de los años 20s. Que aporta modificaciones estratégicas a la revolución comunista, que son redescubiertas cuando todos los regímenes comunistas se desploman fracasados en el decenio de los noventa. El gramscismo es la guerra cultural como sustitución de la vías violentas que gustaban practicar todos los comunistas.
La guerra jurídica, para cuya sinonimia se recurre al anglicismo “lawfare” que es una contracción gramatical de las palabras "law” (ley) y "warfare” (guerra). No tiene en consideración la guerra clásica, entre ejércitos nacionales y de acuerdo a las reglas internacionales sobre conflictos regulares. No. Más bien se relaciona al concepto de guerra marxista, irregular, con elementos de ilegalidad y anti-humanidad, al igual que el terrorismo.
La "guerra jurídica" es la que aplican los denominados ONGs, que son clubes del pensamiento ideológico marxista que utilizan, para la tarea política, con el mayor cinismo e inmoralidad, la manipulación de las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y todas las formalidades de la administración de la justicia, para producir sentencias canallescas, violatorias de todo derecho humano y tergiversadoras de las más elementales reglas del Derecho y la Justicia. Aplicadas con eficaces sicosociales y desde el empoderamiento que les otorga algunos pliegues del Estado contaminados ideológicamente, y sobre todo un sector de los medios de comunicación, los que sorprendentemente suelen alistarse al servicio del poder de turno.
¿Qué podemos hacer frente a esta ola secular de revoluciones que se incrementan en vigor y daño al paso del tiempo? Lo primero es conocer que este estado revolucionario existe. Porque, la primera de las soluciones, es comprender el mal, así como quien es el enemigo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de enero de 2019, p. 6

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¡Cuidado con ejercer el poder!


¡Cuidado con ejercer el poder!
SERGIO TAPIA T.

            Todo lo que denigre la dignidad de la persona humana constituye un ilegítimo ejercicio del poder. Asimismo, todo lo que atente contra el bien común, que es el fin de la convivencia social entre las personas, siendo elementos esenciales de ese bien común la paz y la seguridad para el ejercicio pacífico de sus derechos por parte de los ciudadanos.
Modernamente es, a través de la constitución escrita, que las naciones han recurrido a establecer los límites del ejercicio del poder de los políticos. Así, nuestra Constitución en el artículo 46° dispone que nadie debe obediencia a un gobierno usurpados, ni a los que asumen funciones en violación a la Constitución y las leyes.
Aunque no hayamos tenido elecciones, en el 2018, nos hallamos con una nueva persona investida del mandato de Presidente de la República, desde el mes de marzo de 2018, el Ing. Martín Vizcarra, con experiencia política en gobierno regional del sur.
El programa político-cultural del Presidente Vizcarra sigue los lineamientos centrales del Plan de Gobierno de los “pepekas”, y parecería ser la prioridad de mayor envergadura, pues, la ideología de género ha ocupado mucha atención por parte de su equipo ministerial.
No se sabe aún su línea ideológica en lo económico, aquí anda un poco en piloto automático, y quizá un tanto a la deriva. No se observan acciones de promoción económica. Los ministros cercanos a las materias financieras y económico-productivas no se dejan oir.
En lo personal, el Presidente Vizcarra ha emprendido un celoso activismo contra las autoridades de organismos constitucionalmente autónomos.
Produjo la renuncia masiva de los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargados de designar jueces y fiscales, de ratificarlos y de sancionarlos. Además, provocó la renuncia de sus miembros alternos o suplentes, con lo cual nos hemos quedado con un Estado que no puede nombrar ni vacar fiscales ni jueces. Cuyas consecuencias se harán sentir pronto.
Ha emprendido, ahora, la denominada “reorganización” del Ministerio Público (MP). Según el proyecto de ley que el Presidente ha presentado al Congreso, hay una variante en el método aplicado al CNM, pues, en el caso del MP cesan todos los Fiscales Supremos titulares y asumirían sus cargos los Fiscales Supremos adjuntos.
La medida propuesta para aprobación del Congreso, es en realidad una extralimitación de las facultades presidenciales, pues, la Constitución no le confiere reorganizar entidades estatales más allá que las que conduce en el Poder Ejecutivo.
Horas oscuras invaden nuestro escenario político, pues, estos desajustes en el Estado, motivamos por odios, rencores, intereses y motivos ideológicos, Traen consigo empoderamientos de personas y grupos, que traerán negativas consecuencias a la paz social, y dañarán al bien común nacional. Lamentablemente.
Y, ni se diga sobre las libertades ciudadanas que se ponen en riesgo y en peligro, como la libertad de informar y de recibir información cierta y veraz (ojo, no sólo libertad empresarial periodística para algunos). Y, la libertad de conciencia moral religiosa, que también se arriesga xon las políticas impuestas por los ministerios sociales.
El 2019 no se presenta al inicio como un año de buen augurio, que prometa paz social y desarrollo en la tranquilidad. Se asoman en el horizonte las sombras de luchas y conmociones dialécticas, se dibuja un año impertinentemente previo al bicentenario republicano.
Es en realidad lo que sigue al 2018, que fue un año perdido, no capitalizado, sin más frutos que una tremenda crisis política que desnudó las más íntimas fibras éticas de muchas personas públicas, de las que se pensaba tenían otra muy diferente estructura personal virtuosa.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 4 de enero de 2019, p. 6

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La Política, redimirla para que sea redentora


La Política, redimirla para que sea redentora
SERGIO TAPIA T.

Verdaderamente veía que este año 2018 acabaría con decepción en lo político. Aunque sin perder las esperanzas de un amanecer más digno y promisorio para nuestro Pueblo.
¿Por qué, entonces, tanta tensión y lucha política? El fujimorismo arrasó electoralmente y obtuvo el 56% del control de los escaños parlamentarios. Reducido ahora al 47% como consecuencia de la indisciplina, inmadurez y escandalosa ruptura de los hijos del fundador del movimiento fujimorista.
Es más, hubo un gran interés ideológico liberal sobre el Perú, desde el reinicio de la democracia en los 80s, tras la experiencia estatista del socialismo velasquista
Vizcarra cuenta con poco menos de medio año en el poder, es el accesitario del titular Kuczynski, quien deshonrosamente fue vacado por el Congreso, a quien personalmente Vizcarra le debe la presidencia y el poder que ostenta. Pero, poder que ejerce con cuadros de gobernantes provenientes de las izquierdas marxistas.
La política es una tarea muy delicada en la sociedad. Es tema de las Sagradas Escrituras, de la moral y de las ciencias. Es objeto de novelistas insignes, es preocupación de académicos y es el quehacer de ciudadanos que aspiran a aportar cambios sustanciales para mejorar la vida social.
A la Política (con mayúscula) es necesario promoverla, hacerla rectamente comprensible, infundirle valor e insuflarla de virtudes, siendo la virtud que las corone la de la Prudencia.
Pero, la política no está inmune de incurrir en perversiones, falsificaciones y crasos errores. Y, aquí, la buena intención no basta, pues, resiente al bien común de la Sociedad toda.
Es necesario distinguir la “democracia” que es la participación de la ciudadanía en el grado de las decisiones; de la “república” que es la institucionalidad del Estado al servicio del bien común social.
Nuestro sistema político es la democracia republicana. En otros países, históricamente, ha existido la monarquía electiva, en Europa existe la monarquía republicana. Variadas configuraciones y fusiones se han ensayado con ambos elementos, la democracia y la república. Hasta se ha hecho uso de la denominación democracia de partido único, como desvergonzadamente lo practicó el comunismo del siglo XX.
La república es lo institucional, la distribución de poderes, la compensación de cargas y atribuciones, el justo medio de las pesas y contrapesas de las facultades políticas. Para obtener el equilibrio virtuoso.
Para hacer cambios políticos en serio, es necesario diagnosticar si el problema está en la dimensión democrática, esto es en el hombre. O, si el problema está en la dimensión republicana, o sea en el diseño de las instituciones.
Mediante el referendo de hace un par de semanas, el Presidente Vizcarra ha apostado al cambio republicano, para una renovación de la Política. A mí me parece un error de diagnóstico; porque el problema está en el “hombre viejo” que no renueva el rol ciudadano. Hay que renovar la persona, pues, ella es portador de valores; y que hoy muchos lamentablemente no los portan.
Por eso la Política debe ser redimida y debe ser redentora. Porque, tiene que estar inspirada en valores, y servir no sólo con honestidad sino con arrojo y valentía, a los valores.
El año 2018 concluye con esperanza, pues, se anuncia la conformación de una nueva bancada parlamentaria, que daría inicio a una nueva forma de hacer política, porque asumirá la defensa de todos los peruanos desde su concepción hasta su muerte natural (ni abortos, ni eutanasia), la defensa de la familia y la consiguiente promoción del matrimonio, la custodia del derecho de los padres de familia por la educación transversal con moral y religión para sus hijos.
Adelante congresista Julio Rosas, adelante congresista Pedro Olaechea, adelante congresista Jorge Castro Bravo, adelante tantos otros congresistas que el Perú y los peruanos los esperan con viva esperanza.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de diciembre de 2018, p. 6

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¿La reforma o la deforma de la Justicia?


¿La reforma o la deforma de la Justicia?
SERGIO TAPIA T.
Hace una semana el Perú, mediante referendo, ha realizado tres cambios constitucionales, uno de ellos directamente relacionado al cómo de la designación de magistrados (jueces y fiscales).
El Poder Judicial es el único de los poderes del estado que no es elegido por voto directo del pueblo. La selección y designación de jueces sigue siendo un arduo tema. En los EEUU sus jueces supremos son designados por el presidente, y no se cuestiona la independencia republicana de los poderes del estado.
En el Perú, esto fue de preocupación desde el inicio republicano. El Reglamento Provisional de Huara de 1820, promulgado por el General José de San Martín, expresaba: “me abstendré de mezclarme jamás en el solemne en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo; y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas cuando el que hace la ley o la ejecuta, es también el que la aplica”.
            Y, es curioso que durante la dictadura del general Velasco, se planteó la intención de crear un Consejo para seleccionar y designar jueces.
La democracia es la ciudadanía, es la condición humana, el valor de lo humano es la cualidad que porta el ser y la profesión de su cultura. Así, el ciudadano inspirará y sostendrá el modelo político. Y, cuando el factor humano no es virtuoso, no habrá democracia real; habrá es una democracia falsa, o una farsa de democracia.
Son las personas las que hacen las instituciones. La vulgaridad ciudadana distorsiona las instituciones. Y, la ideologización ciudadana subvierte al Estado y a la Sociedad.
El día 18 de diciembre, el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley N° 3745, para dar organicidad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el nuevo organismo republicano que seleccionará a los jueces y fiscales, fruto del referendo para la reforma constitucional.
El Proyecto ni siquiera está escrito en buen castellano, en temas importantes, como los Principios que regularán al sustituto del liquidado Consejo Nacional de la Magistratura. El cuarto Principio se denomina “Igualdad y paridad”: ¡que son sinónimos! Es como haber dicho “igualdad e igualdad” o “paridad y paridad”. El uso y abuso del neo-lenguaje “inclusivo”, ha des-castellanizado a los funcionarios, en violación al artículo 48° de la Constitución.
Hay un problema en el modo de haber pensado la composición de la JNJ. En el artículo 6° del Proyecto, se establece que de los siete miembros, al menos deben ser tres mujeres y tres varones. Pero, luego, hay un enredo al establecer el orden de las suplencias y su concordancia con el orden de méritos, que es muy posible que esa paridad de tres/tres no se satisfaga, con lo que no habría la posibilidad de instalar el JNJ. De igual manera, el Proyecto agrava la contradicción al tratar a los suplementes en el artículo 10°.
El artículo 12° sobre impedimentos está pésimamente redactado. Bloquea a quien evidentemente no puede ser un miembro del JNJ, como el Presidente de la República. Pero, no es prolijo en prohibir que el miembro del JNE se anime a ser candidato presidencial, mientras ejerce su facultad de nombrar y sancionar jueces.
Otro problema es el empoderamiento de una pequeña minoría para ejercer las atribuciones de un Pleno. El artículo 32 otorga validez al quorum de cuatro, y el art. 33 concede poder decisorio finalmente a tres. Debería exigirse un quorum de seis sobre siete, y una mayoría de cinco sobre esos seis. ¿Si no, para que están a tiempo completo y dedicación exclusiva?
Otro tema, que ya cae en el ridículo es exigir el mínimo de edad, de 46 años cumplidos, y además que haya ejercicio la abogacía o haber sido docente durante 25 años. Significaría que no habrá posibilidad real de postular a los 46 años, porque debería haberse graduado de abogado a los 19 años y haber sido profesor universitario desde los 19 años: Un imposible. Hay otros ridículos más, con el juego de las edades, al exigir la máxima de 74 años, se tendría que haber sido graduado de abogado a los 25 años y ser docente desde los 25 años. Con estos requisitos, no sé si encontrarán siete abogados que los satisfagan en el Perú actual. Lo que pone al JNJ en la posibilidad de una frustración mayúscula: No poder instalarse.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 21 de diciembre de 2018, p. 6

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Nuevo pacto para las migraciones


Nuevo pacto para las migraciones
SERGIO TAPIA T.
            La ONU desde 1951 albergó al Comité de Migraciones Europeas, cuyo lema motivador fue por “los países que necesitan personas y por las personas que necesitan países”. En Europa pueblos enteros sufrían la diáspora por segregación y persecución debido al rediseño del mapa europeo, según las conveniencias y los apetitos de los vencedores de la Guerra Mundial, así como por el salvaje emprendimiento conquistador del comunismo personificado en la URSS. Posteriormente, el Comité se transformó en 1989 en la Organización Internacional de Migraciones, con cierta estructura independizada del organigrama organizacional de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU).
Pero la de los años 50s a 70s, era otra ONU, portaba la expresión de la voluntad geopolítica y universalista de los vencedores, los EEUU y la URSS. En tanto que hoy en día, la ONU es una burocracia internacional que empodera caviares (marxistas gramcianos) y es diligentemente servida por determinados equipos diplomáticos de algunas cancillerías; todos embriagados por el afán del gobierno mundialista. Por eso la ONU suscita desconfianza, porque promociona una degenerada visión de los derechos humanos. Como insólitamente lo acaba de decidir el Comité de DDHH de la ONU, que declara que tanto el aborto como la eutanasia son derechos humanos. No, pues, el derecho es a la vida y a la salud, no al asesinato ni al suicidio con cómplices.
            Nuestra Nación, ha vivido la necesidad migratoria en tres ciclos continuados. El primer ciclo, en los años setenta, a causa del velasquismo dictatorial expropiador y estatista, que generó una migración empresarial y profesional, socialmente bien colocada. El siguiente ciclo fue en los ochenta, cuando pagábamos con inflación galopante y depresión productiva el costo de las experimentaciones socialistas de la dictadura velasquista. Y, éramos objeto del despiadado terrorismo por el Partido Comunista del Perú (mal llamado “Sendero Luminoso”) y por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA). La migración fue de clases sociales trabajadoras carentes de patrimonio. El tercer ciclo, durante el decenio de los noventa, prosiguió.
Somos una Nación que sabe lo que es migrar. Y, también, sabemos ser generosos recibiendo migrantes que hemos sabido asimilar a nuestra sociedad y cultura como a las colonias china, japonesa e italiana. Y, hoy, al éxodo venezolano.
Se ha suscrito por el Gobierno, el día 11 de diciembre, el “Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, que ha generado mucha desconfianza por percibirse que afecta la soberanía estatal, la seguridad de las sociedad y es permisivo con el autoritarismo violentista de las religiones no cristianas.
En el artículo 7° del Pacto se dice que es “un marco de cooperación no vinculante jurídicamente”, lo que es algo más que extraño pues un tratado genera obligaciones y es vinculante para el Estado que lo ratifique.
También señala que se respetará la soberanía de los Estados, pero a la vez impone restricciones y obligaciones con respecto a las relaciones del Estado con los inmigrantes.
En el artículo 15 establece principios rectores transversales e interdependientes, entre otros señalo los siguientes: la soberanía nacional para determinar la propia política migratoria, es correcto; el Estado de derecho y garantías procesales compatibles con el derecho internacional, aquí hay una sutil intromisión y una negación a la soberanía político-jurídica del Estado; el derecho internacional de los derechos humanos, con sus principios de no discriminación ni intolerancia a favor de los migrantes independientes de su calificación migratoria, esto es un torpedo político-ideológico peligrosísimo; y la infaltable en la ONU, Perspectiva de género, como derecho humano, porque el Pacto promueve la igualdad entre géneros y su empoderamiento, esto es sencillamente inaceptable, por la ambigüedad terminológica y el contenido ideológico de la palabra “género”, que empaña la trasparencia y recta intención del Pacto.
            El tema de los DDHH constituye un paquete de negocios de las ONGs ideologizadas, que mantienen copado con sus cuadros los organismos internacionales, con un inmenso empoderamiento ideológico y aprovechamiento económico, esquilmando el patrimonio de los Estados no alineados al socialismo.
            Es un tratado internacional, y si bien el Ejecutivo lo ha firmado hace unos días, corresponde al Congreso aprobarlo o no. Esperamos la acuciosa lectura de nuestros congresistas y su decisión valiente, a pesar de la crisis de estabilidad que padecen en estos días.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de diciembre de 2018, p. 6

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Referéndum: No, No, No y No ¿Por qué?


Referéndum: No, No, No y No ¿Por qué?
SERGIO TAPIA T.

Ninguna de las cuatro iniciativas de modificación constitucional tendrá efectos positivos en la economía popular, ninguna reactivará la producción nacional, ninguna morigerará la alta tasa de corrupción estatal. Mucho menos descenderán los índices de criminalidad y de inseguridad en las calles. Sin embargo, ante el silencio político de una oposición cada vez más inerte y sin respuesta temprana y ni oportuna, el referendo se impuso.
Las cuatro reformas han sido seleccionadas, definidas e impulsadas por el Poder Ejecutivo. En el tema de la financiación de los partidos, el Congreso hizo correcciones indispensables, como la errónea pretensión de legalizar la presunción de la culpabilidad; cuando lo consagrado es el principio de presunción de la inocencia.
Pero, para el Ejecutivo, el referéndum desde inicios del mes de octubre, lo percibe ya como su triunfo particular contra los partidos conformantes del Congreso, a los que nada tiene que agradecer, por considerarlo como botín de una victoria, política. Los cortesanos del Ejecutivo se embriagaron rápido con el triunfo, y desdeñaron la reforma de la bicameralidad del Congreso. Sin percatarse que al basurearla, desarrollando la intensa campaña de predeterminación y condicionamiento del voto ciudadano, para que se pronuncien por el NO a la bicameralidad del Parlamento. Lo que obtendrían es neutralizar el referendo, o dejar estéril y sin sentido la tercera pregunta referida a la no reelección de parlamentarios.
En el supuesto de que triunfe el Si a la tercera pregunta, quedará aprobada la reforma constitucional con un nuevo artículo que literalmente dice: "Artículo 90-A.- Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo".
            Sin embargo, de tener éxito el No que el Gobierno impulsa para la cuarta pregunta sobre la bicamarelidad del Congreso, éste ya no cambiará de nombre, ya no será el Parlamento Nacional; y sus miembros ya no serán los “parlamentarios” sino que seguirán siendo los “congresistas”. Por lo tanto, el referéndum no servirá para nada, pues no habrá prohibición para reelegir a los congresistas, pues lo que estará prohibido será reelegir “parlamentarios” que no existirán realmente.
            La estrategia gubernamental del Si para la tercera pregunta y el No para la cuarta; neutraliza al referendo en sus resultados.
            De otro lado, la propuesta del Ejecutivo en la primera pregunta, es antidemocrática comparada al modo actual como se eligen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Por todos los vocales supremos (con la reforma constitucional se reducirá sólo a lo que decida individualmente el presidente de la Suprema), por todos los Fiscales Supremos (con la reforma sólo se reducirá a lo individualmente decida el Fiscal de la Nación), todos los rectores de las universidades estatales y las privadas (con la reforma se reducirán sólo a las universidades con más de 50 años, y ¿por qué no a las que han obtenido su “licenciamiento” por la SUNEDU ¿por qué la antigüedad califica a las universidades para el ejercicio de esta atribución?). Y, así, lo antidemocrático del sistema propuesto para modificar la Constitución es más nítido, porque hasta ahora todos los abogados del país eligen a un miembro del CNM, y todos colegios de las otras profesiones eligen a otro de los miembros; pero, con la reforma, sólo lo harán individualmente el Defensor del Pueblo, el Presidente del TC y el Contralor: ¿Por qué se reduce la participación democrática? Esta pregunta recibirá un contundente NO.
            Finalmente, la segunda pregunta, sobre financiamiento estatal a los partidos, es un gasto no requerido. No habrá más moralidad política partidaria si la plata viene del Estado. Con la reforma se pierde la gratuidad para el acceso a los medios de comunicación del Estado, y el Estado se compromete a pagar al sector privado los espacios de publicidad partidarios. No es una acertada política pública presupuestaria, ni es conveniente para un país con tantas prioridades sociales, y con tan exiguos recursos fiscales. La segunda pregunta, merece un rotundo NO, y con mayúsculas.
            Por esto, y por mucho más, las 4 preguntas del referéndum se merecen 4 NO, este 9 de diciembre.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 7 de diciembre de 2018, p. 6

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domingo, 2 de diciembre de 2018

Ley de género, ley infame


Ley de género, ley infame
SERGIO TAPIA T.

            Se escuchaba hace dos días al presidente chileno, Sebastián Piñeira, dando torpes explicaciones sobre los alcances de la ley que estaba promulgando: la ley de identidad de género.
Para Santo Tomás de Aquino, la ley es una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad.
La ley de género promulgada en Chile desgarra todos los elementos que componen el concepto de la ley. Empezando por negar la condición guardián al cuidado de su comunidad, al presidente que la ha promulgado.
            Las instituciones jurídicas tienen tres elementos: la realidad, la interpretación de la realidad y la norma. De los tres, propiamente uno es de naturaleza jurídica. Pero, los tres intervienen en la elaboración de una ley.
La palabra “género” se introduce en una primera fase, como sinónimo de mujer. En una segunda fase, la palabra género pasa subrepticiamente a significar los 112 géneros y las 70 orientaciones sexuales que los lobbies gays solicitan sean reconocidos. Por lo tanto, la intención de los promotores del uso de la palabra género, no es significar a la mujer, sino significar cualquier cosa menos a la mujer. La palabra género en realidad oculta a la mujer, no la visibiliza. Y, tampoco género dignifica a la mujer, porque la hace perder su identidad individual, confundiéndola indecorosamente.
La ley de género promulgada en Chile, define género en su primer artículo: "consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de éstos". Es una ley que permite alterar la realidad biológica, constatable y verificable. La ley permite sustituir el dato objetivo por una impresión subjetiva y transitoria. Ya no podrá identificarse a la personas en Chile como varón como dama. No, esta categoría ha sido eliminada. La ley eliminó a uno de sus elementos, a la realidad. Aunque es una eliminación aparente, pues, el cuerpo y los huesos, a través de los cromosomas XY y XX, siempre identificará a unos y otros como lo que son: mujeres y varones. Es el sello indeleble de lo biológico.
La nueva ley de género en Chile, dice: "Toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género, en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo". Para agregar, luego: "se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma". Pura subjetividad torpe, por exceso de relativismo ignominioso. La ley queda tan distante de la comprensión acertada de la realidad.
No es una ley aislada e inofensiva, la ley de género en Chile es un factor de desestabilización y de contradicción en el sistema jurídico del país. En el 2017 el Congreso de Chile difundió una Guía de Educación Cívica, que reconoce a los niños el derecho a su identidad y su familia, y por lo tanto tener un nombre, saber quiénes son sus padres, que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos, y a crecer sanos física, mental y espiritualmente. Todos esos derechos han sido abolidos por la ley de género, pues ya no tendrán estabilidad para el nombre que los identifique, no sabrán quienes son sus padres (si a ellos se les facilita cambiar de identidad de género) y porque el Estado se entromete en el ejercicio de la patria potestad al autorizar indiscriminadamente en todas las edades el cambio de género.
Por todo esto y por mucho más, es una ley infame, que nos advierte a la Nación Peruana estar vigilantes para evitar el contagio y la epidemia revolucionaria, por su maldad y por su vileza.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, sábado 1 de diciembre de 2018, p. 8
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¿Por qué CMHNTM?


¿Por qué CMHNTM?
SERGIO TAPIA T.

            CON MIS HIJOS NO TE METAS (CMHNTM) es una expresión cuya riqueza de significados debemos discernir. Es la denominación de una movilización que aglutina ciudadanos dispuestos a imponer límites éticos al poder político.
            CMHNTM es un movimiento que encausa miles de personas que no admiten la enseñanza moralmente putrefacta de la niñez y la juventud, que rechaza el agravio a las buenas costumbres y modales decorosos en lugares públicos (parques, calles, centros comerciales, salas de cine, restaurantes y quioscos), que proscribe la interferencia que sufren en el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos ante el intento de secuestrarlos mediante la ideología de género, que trastoca la naturaleza de la sexualidad del ser humano.
            La primera acción convocada por CMHNTM fue el 29 de noviembre de 2016. Pero, el movimiento reconoce y se nutre de todos los aportes doctrinales y activistas en defensa de la vida y la familia, anteriores a esa fecha, que son de bien común y merecen ser compartidos. También reconoce los precedentes de las grandes movilizaciones en Colombia en agosto del 2016 y en México en setiembre de 2016, reclamando contra la imposición de textos escolares contaminados con la ideología del enfoque de género.
            En doctrina moral social se legitima la desobediencia a la autoridad ilegítima, y la objeción de conciencia para incumplir leyes inmorales. Hay otros grados de resistencia contra la usurpación y la ilegitimidad, como la renuencia a cumplir las leyes y órdenes de la autoridad usurpadora, y la resistencia activa que promueve la derogación de las disposiciones ilegítimas. CMHNT asume todas estas formas de resistencia legítimas para ponerlas al servicio de la dignidad de la vida humana, la defensa de la familia y el respeto al ejercicio del derecho de los padres de familia sobre la educación moral de sus hijos.
            El Estado no tiene rol de papá ni de mamá, como si lo quiso tener en los estados totalitarios, emergidos de las nefastas ideologías del liberalismo y de los socialismos desquiciados (nazismo y comunismo). El rol del Estado en la educación se rige por los artículos 13° al 17° de la Constitución: La libertad de enseñanza debe ser reconocida y garantizada por el gobernante de turno; la educación de los hijos es deber sólo de los padres de familia (sin ningún rol excluyente ni impositivo de la burocracia); los padres tienen el derecho de escoger los centros de educación, por lo tanto el Estado no puede imponer pensamiento único en todos los centros educativos del país; los padres tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos y el Estado no debe interferir; la formación ética es obligatoria en todo el proceso educativo; la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de conciencia; la enseñanza en los colegios se subordina a esos principios constitucionales; hay sujeción a los fines de cada institución educativa; los medios de comunicación deben de colaborar en la formación moral. Al Estado le corresponde coordinar la política educativa, con los padres de familia. El Estado sólo formula lineamientos generales de los planes de estudio, no le corresponde introducir la ideología del enfoque de género.
            Desde el 2016, el movimiento CMHNTM ha marcado hitos de participación ciudadana responsable en los asuntos graves del país. La semana pasada, el 15 de noviembre, movilizó un incontable número de personas que desbordaron la Plaza San Martín y las calles aledañas (Lima) y marcharon en muchas de las ciudades de provincias. ¿Qué piden? Con Mis Hijos No Te Metas … y Con Mis Nietos Tampoco.
            En esta lucha social por la reivindicación del más elemental derecho de la familia, que es el ejercicio de la patria potestad en la educación de los hijos: Nos hemos prohibido rendirnos, porque en esta confrontación cívica con los poderes, perseveraremos proclamando: ¡CMHNTM!

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 23 de noviembre de 2018, p. 6
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El idioma y la ideología de género


El idioma y la ideología de género
SERGIO TAPIA T.

            Abordemos el aspecto lingüístico de la palabra género, de lo que se ha prestado poca atención, así podremos discernir correctamente lo que es el enfoque de la ideología de género.
La Real Academia Española (RAE) se ha ocupado cuatro (4) veces a lo largo de diez (10) años sobre la palabra género. La RAE es el órgano rector del uso del idioma castellano. En el Perú el castellano es nuestro idioma oficial, según el artículo 48 de la Constitución.
La RAE se ha pronunciado en el 2004, 2005, 2012 y 2014 sobre la palabra género, prohibiendo que se aplique precisamente como el Gobierno del Perú la usa: sinónimo de mujer y sustituto de la palabra sexo.
La RAE en sendos Informes del 2004 y 2012, se pronunció con ocasión de decisiones adoptadas por las autoridades del gobierno de España. Por lo tanto, estamos en un contexto similar, ahora, en el Perú.
En el 2004, cuando se presentaba un proyecto de ley sobre “violencia de género”, la RAE censuró el anglicismo “género”. En el 2012, frente a la publicación de nueve guías de uso del lenguaje, aprobadas por gobiernos locales, con intención de visibilizar a la mujer disponiendo regular cambios en el idioma castellano mediante normas legales, la RAE afirmó que usar la palabra “género” como sinónimo de “mujer”, significa ocultar a la mujer en vez de visibilizarla, y desaconsejó el uso de la palabra “género”.
La RAE ha sido reiterativa para que las palabras “mujer”, “doméstico” y “familia” se usen, y no sean sustituidos por la palabra “género”, que viene del idioma inglés. En castellano, género, se aplica a las cosas y las palabras; porque los seres vivos tienen sexo y no género.
Que los gobiernos persistan en legislar el uso sobre el idioma, obligando a usar la palabra género; es cometer un grave atentado contra el uso del idioma. Y, la RAE advierte que si el idioma no se emplea de acuerdo a las reglas lingüísticas y gramaticales, se volverá imposible poder hablar.
Que quede claro. Los seres humanos tienen sexo, igualmente los mamíferos y otros seres vivos. Sexo sólo son dos: varón o macho, y mujer o hembra. No es correcto que al ser humano y a los demás seres sexuados, se les imponga desacertadamente la palabra género.
Las palabras y las cosas, no tienen sexo, y se les distingue por el “género”: el balcón y la escalera. La primera es masculino y la otra es femenino, pero no tienen sexo, no son varón ni mujer.
Esta distinción, tan elemental, de la RAE, que quede clara para los gobernantes, quienes están obligados a cumplir la Constitución que les ordena que el castellano es el idioma oficial del Perú.
Señores del Gobierno: Cuando nos hablen usen bien el castellano, cuando gobiernen háganlo en castellano, cuando dicten normas escriban en castellano, cuando aprueben los lineamientos de los planes de educación formúlenlo en castellano.
Y… Con Mis Hijos No Te Metas, porque la patria potestad no la ejerce el Estado sino los padres, quienes tienen el deber y el derecho de cómo se debe educar a sus hijos, como lo garantiza el artículo 13 de la Constitución.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 16 de noviembre, pág. 6

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Crisis moral nacional


Crisis Moral Nacional
SERGIO TAPIA T.
            A muy poco de cumplir los 200 años de transcurridos los sucesos de nuestra independencia y formación republicana, atravesamos una muy seria crisis de orden moral.
            En diversas etapas históricas, la Nación ha sufrido crisis políticas, económicas, sociales y culturales. Pero, hoy la crisis –al ser de índole moral– se manifiesta mediante la putrefacción de la economía, la política y la cultura. Los principios morales están en extinción por falta de cultivo en las actuales generaciones de peruanos, y no soportan el edificio de nuestra Sociedad Nacional, que se viene desplomando. Lo que produce insensibilidad frente a los crímenes contra la vida, los que van en aumento en todas sus modalidades: manipulación de embriones, abortos, infanticidios, parricidios y homicidios por doquier.
            Sin tan poco vale una vida humana en nuestra sociedad, los demás derechos tampoco se respetan: la honra, la dignidad, la propiedad privada, el decoro en la función, cumplir a satisfacción el juramento o promesa de ejercer cargo o función pública con solvencia y honradez, etc.
            El bien moral es obligatorio, porque es un bien necesario, tanto para la existencia personal como para la convivencia interpersonal. El bien es el fin de la acción humana, y no hay otro bien que obligue sino el bien moral.
            Entre los bienes necesarios, descuella la familia. Un bien que tanto la sociedad nacional como el estado, le deben protección (Constitución, art. 4°).
            Hoy, la lucha fundamental entre el bien moral y la maldad, se libra en la familia. Hay fuerzas malsanas que la tratan de liquidar. Por lo que S.S. San Juan Pablo II, de tan grata recordación, afirmaba que destruir a la familia es provocar “una herida profunda en la sociedad y daños irreparables”.
            El mal moral que sufrimos es efecto de las ideologías, en maridaje con el extravío al que se ve sometido el buen pensamiento de los peruanos, tan adulterado por el relativismo, el hedonismo, el laicismo y el ateísmo militante.
            En el plano político y legislativo, es necesario velar por los buenos proyectos de ley, no puede ser que con ocasión de la detención de una pareja de chilenos que recurrieron a alquiler un vientre para obtener hijos mellizos mediante fecundación artificial, que en el Perú está legalmente prohibido. Sin embargo, constituyó una ocasión para presentar proyectos de ley por tres bancadas de congresistas presurosos a modificar las leyes que prohíben la eufemísticamente denominada “maternidad subrogada”. Frente a las leyes que son injustas hay que aprender a desarrollar la resistencia pasiva y activa. Hay que intervenir políticamente cada vez que se pueda. Es necesario estar alertas para reclamar y presionar al gobierno, teniendo presente que gobernar no es otra cosas que “gobernar para las familias”.
            Además, hay mucha tarea pendiente en el orden de la educación, de los hijos y de los padres de familia. Todas las familias necesitan ayuda: económica o afectiva, psicológica o espiritual; no hay que abandonarlas. Y, no perder de vista el horizonte cultural: estudiando, pensando, escribiendo y publicando.
            Con un programa de acción, asumido por personas de convicción, el Perú podrá remontar su profunda crisis moral, y quizá podríamos estar celebrando el bicentenario con un serio plan de transformación del estado.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 9 de noviembre de 2018, p. 7
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La anomia nacional


La anomia nacional
SERGIO TAPIA T.

            Hay crisis individuales y hay crisis sociales. Son de distinta naturaleza.
            Entre las crisis de índole individual, por cierto, una de las más severas es carecer de identidad. Es no saber quién es uno. Es desconocer de donde viene, y no saber a dónde va. Es perder la propia caracterización que lo diferencia de los demás. Es carecer de conciencia de ser uno mismo y diferente a otros. Es sencillamente una grave dolencia ignorar quien es uno.
            Como conjunto de personas, la sociedad puede padecer de anomia, también. Y, es lo que me mueve a pensar con miras a concluir nuestro segundo siglo republicano, dentro de apenas dos años y medio.
            Me apena que haya poco para festejar y mucho que lamentar, en vísperas de cumplirse nuestro bicentenario de la independencia republicana. Pues, el sistema político, denominado la República, anda más que fallido, íntegramente frustrado.
            Somos subsidiarios de varias realidades, diferentes: la Patria, la Nación, el sistema político, la Sociedad Peruana, etc. Lo que anda mal es nuestro sistema político. Claro, que aunque no es la Patria, la afecta. De la misma manera, que, aunque no sea la Nación, la contamina. Y, aunque sea diferente a la Sociedad Peruana, la debilita.
            El sistema político es una composición de varias realidades diversas y confluyentes: Sujetos responsables, modelo de participación, institucionalidad del Estado, organicidad de la sociedad, compromiso de promover el bien común, ordenamiento y jerarquización de valores, etc.
            Siempre una celebración sirve para limpiar y ordenar la casa, preparándola para la fiesta. El problema es que, además que nuestra casa republicana se encuentra en un grave estado de desorden; los sucesos ordinarios socio-políticos, no conducen al entusiasmo de festejar algo, sino de lamentar mucho, muchísimo.
            La Historia, que es maestra porque enseña, nos muestra que las sociedades pasan por etapas de suma decadencia, como también por épocas gloriosas. Hay etapas de progreso, y fases de nefasta depresión social.
            En vísperas de nuestro bicentenario republicano, no vivimos lo mejor de nuestra Historia Nacional. Pues, hay un extendido sentimiento que algo nos defrauda en el Perú de hoy. Que si bien no renegamos de lo peruano que somos, sin embargo muy arraigados de qué somos, no lo estamos, en general. Nuestra identidad nacional peruana, sufre de conciencia lúcida, que nos hace incomprensible el sacrificio de nuestros prohombres.
¿Por qué el heroísmo del anciano Bolognesi? ¿Por qué el sacrificio del padre de familia numerosa del adulto ejemplar Miguel Grau? ¿Por qué la donación de su vida del adulto joven Alfonso Ugarte? ¿Por qué tantos nombres desconocidos que identifican plazas, avenidas y calles en nuestras ciudades?
Ignorancia que muestra un grave grado de “anomia nacional”: No sabemos por qué somos como somos, y no de otra manera. Al no ser conscientes de nuestra singularidad, en el concurso con otras naciones, careceremos de condiciones para realizar un destino común que una nuestras individualidades.
            Las sociedades mutan. Hace dos siglos estuvimos maduros para la independencia y asumimos la forma republicana de gobierno, para regir nuestros destinos.
            Hoy, la promesa bicentenaria republicana parece haberse agotado. Pero, nuestra Nación ha de seguir existiendo, y la Sociedad Peruana no se extingue. El bien común aún nos convoca. Y, la Historia como la Patria, reclama que nos espabilemos para levantar al Perú, y conducirnos a mejores condiciones de vida social y de organización política.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 02 de noviembre de 2018, p. 6
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El Estado transtornado desquicia la sociedad


El Estado trastornado desquicia la sociedad
SERGIO TAPIA T.

            No hemos perdido la capacidad de asombro frente a lo que presenciamos cotidianamente: La negación del Estado desde sus propias autoridades.
Sufrimos una crisis muy seria. La crisis de calidad de los seres humanos. Pero, abrigamos la fundada esperanza de una recuperación cercana, porque no estimo que sean demasiado los afectados, aunque sí son sobreexpuestos en demasía por los medios de comunicación, que parece se regocijan al destacarlos.
Quienes ejercen autoridad desde el Estado, y no expresan valores, es porque sencillamente no los tienen, porque no los cultivan. Ya que todo ser humano es capaz de asumir y encarnar valores.
Las tinieblas que soportamos en nuestros días, son porque solo se proyectan contravalores que erosionan la vida social y la actividad política, así como la función pública.
            Hace un par de días mantuve una aleccionadora conversación con el joven Christian Rosas –una promesa a corto plazo para la vida cívica y política del Perú–. Seguí atento su curiosidad para darse respuesta al por qué las encuestas reflejan tan altos índices de desaprobación al Congreso, elegido hace dos años y con abundante mayoría a favor del partido Fuerza Popular, conducido por la segunda generación fujimorista.
            Los 130 congresistas proclamados miembros del Parlamento, representan el 19.81% del total de la población electoral que los eligió al 2016. Pero, este cálculo porcentual podría ser engañoso, al no tomar en cuenta los “otros votos” recibidos por otros candidatos que no alcanzaron a ser proclamados, y sobre todo por los votos al partido sin ejercicio del voto preferencial.
            En nuestro país el voto es obligatorio, y su incumplimiento acarrea la suspensión de algunos derechos y facultades ciudadanas. Además, para rehabilitarse se debe pagar multa en beneficio de las arcas fiscales. Un electorado obligado favorece la manipulación de las encuestadoras de opinión. ¿Si tantos opinan hoy contra el Congreso, será porque no se sienten representados políticamente por los congresistas que lo integran?
            Hay paradojas en la política-partidaria. Luego de haber sido elegido el actual gobierno, con la figura representativa de su originario candidato presidencial, Kuczynski, se produce su declaración de vacancia por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Y, le sucede en el cargo presidencia el vicepresidente Martín Vizcarra, desde marzo. El actual presidente de la república goza de elevado porcentaje de aprobación, según las encuestadoras, pero no por obra pública que se aplauda, sino por su sistemática crítica y demoledora censura a los otros organismos del Estado (el Congreso, el defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, algunos aspectos del Poder Judicial y a la persona del Fiscal de la Nación).
            Gallup, la casa matriz de las encuestadoras, afirma que las gentes suelen repetir en las encuestas de opinión, las campañas de prensa de las dos últimas semanas.
            Es probable que más adelante el Perú adopte el voto voluntario, y como ocurre en los países que ya lo practican, se reduciría la participación del electorado. Circunstancia en la que las encuestadoras no podrían ufanarse de ser tan contundentemente apodícticas, dejarían de servir a las campañas de prensa ideo-políticas. Pues, la “muestra” de encuestados tendrían que ser certificadamente responsables de haber votado voluntariamente. Pues, mal puede criticarse un resultado electoral, por quien no participó en suscitarlo.
            Reynaldo Aragón, un periodista de buena prensa, felizmente que los hay y no son pocos, difundió en la semana una verdad de Perogrullo que lamentablemente no se practica por quienes deben: El periodista no es juez, porque su misión es informar hechos verdaderos, ciertos, reconfirmados. Las sentencias corresponden ser emitidas por los jueces, y serán sólo válidas las pronunciadas de conformidad con lo justo y por magistrados con rectitud. Por nadie más. Es desintegrador que cualquier autoridad política, o que los medios de prensa, o que las encuestadoras, o que el creciente y masivo uso de las redes sociales, invadan el campo de la justicia, para lapidar y linchar con motivación de intereses y veleidades.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 19 de octubre de 2018, p. 6
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Transformación del Estado


Transformación del Estado
SERGIO TAPIA T.

            Las dos últimas transformaciones del Estado han ocurrido con los gobiernos de Velasco Alvarado (iniciado hace 50 años) y con Alberto Fujimori (iniciado hace 28 años).
            Velasco Alvarado aplicó los tres principios fundamentales de todo socialismo. El primer principio socialista lo condujo a sospechar de todo ciudadano como delincuente potencial, y penalizó nimiedades, hasta la posesión de moneda extranjera, porque así corresponde a la visión pesimista del socialismo. El segundo principio de los socialismos es reducir a satisfacciones económicas las necesidades humanas, por lo tanto la educación que se implantó y que lamentablemente perdura hasta nuestros días, es de una pérdida de valores morales impresionante y una sobre exageración por ambicionar solo bienes materiales, lo que ha traído consigo el latrocinio generalizado tanto en la vida privada y en la actividad pública y en la política, esto responde al concepto socialista materialista de la vida humana y del fin de la sociedad y el estado. Finalmente, el tercer principio socialista, es el estatismo asfixiante.
            La Constitución de 1979 restauró la democracia política electoral pero conservó intacto el socialismo inspirador de las reformas estatales y económicas. Sumándose dos factores adicionales, la economía narcotizada porque el Perú está ubicado entre los tres primeros países del mundo productores de hojas de coca, de clorhidrato de cocaína y de pasta básica de cocaína; y el segundo, la lucha armada por el Partido Comunista del Perú (mal llamado “Sendero Luminoso”), y que aún perdura mediante la persecución judicial inmisericorde a los militares que lucharon entre 1980 y 1995.
La factura por todos esos desajustes político-económicos no se dejó esperar. Los dos siguientes gobiernos elegidos, en 1980 de Fernando Belaunde y en 1985 de Alan García, no atinaron a gobernar en tan profunda crisis. En el decenio de los ochenta la calidad de vida peruana bajó a niveles de compasión, y dio inicio a la diáspora de las clases pobres al exterior.
La segunda transformación del Estado se produjo a partir de 1990, por Alberto Fujimori. Su plan de gobierno permaneció ignoto. Hizo un golpe de estado a los 8 meses y medio de iniciada su administración. Carecía de partido pero supo crear cuadros y ponerse objetivos. Venció a los comunistas en lo que los fortalecía: el sindicalismo revolucionario (falsificación del sindicalismo laboral) y el terrorismo. Saneó la economía. Redujo el Estado y desestatizó la economía. Resintió demasiado a todos los demás partidos políticos. Su primer período fue productivo y provechoso para el país, se reveló Fujimori como un presidente para gobernar en crisis. Su segundo período (1995-2000), fue tiempo perdido; sin crisis que enfrentar se reveló como mediocre gobernante en la normalidad. La reelección para un tercer período, fue un error, su tercer gobierno por 5 años sólo duró 3 meses.
En nuestros días, se asoma la posible tercera transformación del Estado, en medio siglo. El presidente Vizcarra impulsa cambios, pero de manera dialéctica, enfrentándose a otros poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos. Vizcarra viene caminando al borde de la línea constitucional. Hay una silente oposición social -no político partidaria-, conformada por la gran mayoría ciudadana de católicos y evangélicos, que permanecen desconfiados por la hipoteca del presidente Vizcarra a los intereses de los cabildeos anti-vida, pro-homosexuales y de la ideología de género. Excrecencias todas ellas de la ideología marxista, del relativismo moral y de la visión destructiva de la dignidad de la persona humana.
Los ciudadanos con buena intención, no descartan los cambios y tienen voluntad de transformar el Estado y la sociedad. Pues, el modelo adoptado para la representación política no funciona. Porque hay una profunda crisis de calidad humana en la población.
La República, fundada hace 197 años, reclama ser restaurada mediante un orden nuevo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de octubre de 2018, p. 6
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