Despotismo en el Tribunal Constitucional
SERGIO TAPIA T.
La
monarquía, gobierno legítimo con el que se da inicio a la formación de las
naciones, obteniendo su unidad en la identidad, mediante la unidad en el mando
político, tiene su ilegitimidad en la expresión del gobierno tiránico. En la
etapa previa a la Revolución Francesa, la tiranía no fue patrimonio de un
soberano en el desquicio, se ideologiza aspirando a justificarse en el
absolutismo, y por su ideologización se difunde como moda. Que no sólo está
expresado en la difundida frase de Luis XIV “el
Estado soy yo”. El absolutismo de estado ha contagiado diversidad de
naciones y tiempos, durante los últimos tres siglos.
Frente
al absolutismo de los que detentan el poder político, surge el reclamo y la exigencia
de la participación política ciudadana, amplia, republicana y democrática (que
son dos conceptos distintos). Sin embargo, a veces nos topamos con funcionarios
empoderados que sueñan absolutizarse en la función estatal que ejercen. Esto
está pasando en nuestros días, cuando se escucha de parte de los cuatro del
Tribunal Constitucional (TC), reclamar una fusión (confusión) entre su persona
individual y la función estatal que ejercen. De tal manera que, cuando
constitucionalmente es puesta en evaluación el ejercicio de la función que les
ha sido confiada, por denuncia ciudadana de haber incurrido en infracción a la
Constitución y en delito de Prevaricato; asombra que la respuesta que ensayan sea
que, con sólo la investigación de la que se es objeto, se está vulnerando la
“autonomía” del TC (¿? … ¡!).
Es
decir, “el Tribunal Constitucional soy
yo”. Esta apropiación personalísima del cargo y la función pública, es
peligrosísima para la república (división de poderes o funciones del Estado) y
la democracia (una de las tres formas legítimas de gobierno, la que promociona
la más plena participación en la decisiones y promueve la libertad en política
legitimada).
Federico
II de Prusia (gobernante de la línea del absolutismo monárquico) solía
reclamar: yo expropio, yo robo, yo hago lo que mi voluntad propone; ya me
legistas encontrarán estupendas razones para justificarme.
Nunca
imaginé que como consecuencias de la denuncia constitucional de once marinos,
contra cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional que mancillaron en
marzo pasado los principios constitucionales de inmutabilidad de la cosa
juzgada, de no revivir procesos fenecidos y dejar sin efecto resoluciones
ejecutoriadas; quebrantando gravemente el estado de derecho y la estabilidad
jurídica. Todo ello mediante resoluciones prevaricadoras, que no se justifican
ni corresponden al ejercicio de su función. Iba a producir el develamiento de
una identidad absolutista en estos cuatro altos funcionarios del Estado:
Creerse dueños de la función, ejerciéndola sin tolerar los controles
republicanos, ni adecuarse al respeto de la expresión (la denuncia) democrática
ciudadana: ¡Qué barbaridad! En manos de quien está la justicia constitucional
en nuestro país.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima,
viernes 8 de diciembre de 2017, p. 6
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