La siniestra ideologización de los DDHH
SERGIO TAPIA T.
La ideología es la “anti-ciencia”. Es producto del
idealismo, postura que en lugar de centrarse en la reflexión y la racionalidad,
se extravía y envanece, sustituyendo la realidad verdadera por la quimera de la
subjetividad y los deseos. Destronando la objetividad, la piedra fundamental
del conocimiento científico.
La ideología es demagogia
y severamente intransigente. Se inclina a imponer el error que postula.
El marxismo es una de las
ideologías, pero la más fría de todas. Se constituye en peligro nacional,
amenaza gravemente la seguridad nacional, y es fuente de constante alteración
del orden público. Pone en peligro la seguridad jurídica, porque es
esencialmente subversivo.
La diversas posturas marxistas
siempre trastocan y desordenan, ya sea el leninismo, el trotskismo, el estalinismo,
el maoísmo, el modelo albanés, la autogestión yugoeslava, el castrismo, el gramcismo,
la Escuela de Frankfurt, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI (ambos
expresión del castro-lula-chavismo) y los conocidos “caviares” así como sus ONGs.
Desde hace 30 años los
marxistas se han apoderado de los organismos internacionales de la OEA y de la
ONU en materia de derechos humanos: Comisiones, comités, relatorías, tribunales
y cortes. Observamos anualmente a nuestras silentes cancillerías, aprobar en
asambleas generales las candidaturas infaltablemente “rojas” sin excepción.
Diego García Sayán ha
ejercido en los últimos 12 años en la Corte Interamericana de DDHH y ahora está
en una Relatoría de la ONU, destinada a cuestionar la independencia de los
jueces y abogados en el mundo, en aquello que rime con sus intereses
ideológicos, como lo viene haciendo en Colombia, con la falsa paz suscrita por
el presidente Santos con las FARC, a pesar de la desautorización plebiscitaria.
En la Comisión
Interamericana en Washington han ejercido, en seguidilla, el ya referido García
Sayán y hasta Susana Villarán. Pertenece actualmente Francisco Eguiguren,
ministro de justicia de Ollanta Humala y su embajador en España, intentó también
pertenecer al TC, pero la oposición parlamentaria lo desautorizó por carecer de
independencia frente al gobernante de turno.
Recientemente con
membrete y sello de la Corte Interamericana se ha emitido una resolución insostenible,
que consagra la impunidad a sus amistades ideológicas del TC. Se “ordena” a
nuestro Congreso de la República “congelar” la investigación a altos
funcionarios del Estado denunciados por contravenir la Constitución e incurrir
en delito. Estas atribuciones están expresamente concedidas al Congreso en los
arts. 99 y 100 de la Constitución.
La investigación no es
iniciada por ningún partido político, es el reclamo y la denuncia de 11
ciudadanos.
¿Qué Corte de DD HH es
ésta? ¿Defensora de funcionarios denunciados, que desoye a ciudadanos denunciantes
y atenta contra las atribuciones constitucionales del Congreso?.
Las atribuciones de la
Corte IDH son “supletorias” del derecho nacional. Quien suple, complementa, pero
no puede sustituir al titular. Grave error del presidente de la Corte IDH, que
el Estado peruano y otras cancillerías americanas solidariamente, deberían dejar
de ser tan tolerantes con la ideologización de los derechos humanos a través de
los organismos internacionales.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 5 de enero de 2018, p. 6
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