La perversión del Tribunal Constitucional (I)
SERGIO TAPIA T.
Los
derechos humanos, como sistema de protección internacional, fue una creación al
concluir la Segunda Guerra Mundial. Para amparar a los ciudadanos frente al
despotismo y el autoritarismo de los funcionarios estatales. Por eso es que se
dice que los terroristas del Partido Comunista del Perú (mal llamado Sendero
Luminoso), no cometen violaciones al derecho internacional de los derechos
humanos. Pues, el sujeto activo de tales violaciones, es un funcionario
público, un agente del estado. Nunca un particular, pues éste comete delitos,
no violaciones a los derechos humanos en el sentido estricto del sistema
internacional de protección de los DDHH.
Frente
a un funcionario perverso, autoritario, arbitrario y prevaricador (en tanto
cumple funciones judiciales), el ciudadano que es objeto de desconocimiento
violatorio de sus derechos fundamentales, puede ejercer su defensa de acuerdo a
la constitución y la ley. Los miembros del TC como altos funcionarios del
Estado (reciben el trato deferencial como el presidente de la república,
ministros de estado, congresista, jueces supremo y fiscales supremos, y demás
altos funcionarios). Pueden y deben ser investigados por el Congreso de la
República, por incumplir la constitución y por cometer delitos. Los marinos de
El Frontón han denunciado a 4 del TC porque han modificado una sentencia del
año 2013 en el 2017, cuatro años después, lo que viola preceptos
constitucionales sagrados (no reabrir procesos concluidos, inmutabilidad de la
cosa juzgada y que el TC es de única instancia, carece de doble instancia
revisora), y por haber incurrido en delito de Prevaricato, al adoptar
resoluciones contrarias al texto expreso de la ley.
No
es posible que altos funcionarios del Estado, se presenten ante la CIDH para
denunciar a ciudadanos. Para eso no se creó el sistema de protección de los
DDHH. Y, si la CIDH aceptó escucharlos, es un gravísimo error. Y, preocupa que
el representante del Estado en la reunión de Montevideo, el señor Iván Bazán
(viejo militante de ONGs derechohumanistas y con intereses contrarios a los
marinos en el Caso El Frontón), no haya formulado oposición eficaz en nombre
del Estado a esta perversión. Resulta, ahora, que lo que no era aceptado a los
terroristas ni para que lo insinuen, si vale contra los marinos de la operación
de rescate de rehenes de El Frontón.
El Congreso, contra quienes
hay acusación sinuosa y simulada por parte de la ya denominada “Banda de los 4”
(del TC), tendrá que asumir su defensa directa ante la CIDH, pues nada garantiza
la debida defensa de los intereses del Estado.
Pero:
¿Quién va a defender los derechos de los marinos ante la CIDH, por la rarísima denuncia
que les hacen cuatro magistrados cuestionados del TC? Intentaré dar una respuesta
en un siguiente artículo. Pues, el sistema de DDHH ha quedado pervertido por
los señores Ledesma, Ramos y Espinosa-Saldaña, en Montevideo, esta semana. Con
viaje pagado con dinero del Estado, decidido administrativamente por el
presidente del TC. Ellos son los cuatro denunciados ante el Congreso.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 27 de octubre de 2017,
p. 6
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