domingo, 2 de diciembre de 2018

Transformación del Estado


Transformación del Estado
SERGIO TAPIA T.

            Las dos últimas transformaciones del Estado han ocurrido con los gobiernos de Velasco Alvarado (iniciado hace 50 años) y con Alberto Fujimori (iniciado hace 28 años).
            Velasco Alvarado aplicó los tres principios fundamentales de todo socialismo. El primer principio socialista lo condujo a sospechar de todo ciudadano como delincuente potencial, y penalizó nimiedades, hasta la posesión de moneda extranjera, porque así corresponde a la visión pesimista del socialismo. El segundo principio de los socialismos es reducir a satisfacciones económicas las necesidades humanas, por lo tanto la educación que se implantó y que lamentablemente perdura hasta nuestros días, es de una pérdida de valores morales impresionante y una sobre exageración por ambicionar solo bienes materiales, lo que ha traído consigo el latrocinio generalizado tanto en la vida privada y en la actividad pública y en la política, esto responde al concepto socialista materialista de la vida humana y del fin de la sociedad y el estado. Finalmente, el tercer principio socialista, es el estatismo asfixiante.
            La Constitución de 1979 restauró la democracia política electoral pero conservó intacto el socialismo inspirador de las reformas estatales y económicas. Sumándose dos factores adicionales, la economía narcotizada porque el Perú está ubicado entre los tres primeros países del mundo productores de hojas de coca, de clorhidrato de cocaína y de pasta básica de cocaína; y el segundo, la lucha armada por el Partido Comunista del Perú (mal llamado “Sendero Luminoso”), y que aún perdura mediante la persecución judicial inmisericorde a los militares que lucharon entre 1980 y 1995.
La factura por todos esos desajustes político-económicos no se dejó esperar. Los dos siguientes gobiernos elegidos, en 1980 de Fernando Belaunde y en 1985 de Alan García, no atinaron a gobernar en tan profunda crisis. En el decenio de los ochenta la calidad de vida peruana bajó a niveles de compasión, y dio inicio a la diáspora de las clases pobres al exterior.
La segunda transformación del Estado se produjo a partir de 1990, por Alberto Fujimori. Su plan de gobierno permaneció ignoto. Hizo un golpe de estado a los 8 meses y medio de iniciada su administración. Carecía de partido pero supo crear cuadros y ponerse objetivos. Venció a los comunistas en lo que los fortalecía: el sindicalismo revolucionario (falsificación del sindicalismo laboral) y el terrorismo. Saneó la economía. Redujo el Estado y desestatizó la economía. Resintió demasiado a todos los demás partidos políticos. Su primer período fue productivo y provechoso para el país, se reveló Fujimori como un presidente para gobernar en crisis. Su segundo período (1995-2000), fue tiempo perdido; sin crisis que enfrentar se reveló como mediocre gobernante en la normalidad. La reelección para un tercer período, fue un error, su tercer gobierno por 5 años sólo duró 3 meses.
En nuestros días, se asoma la posible tercera transformación del Estado, en medio siglo. El presidente Vizcarra impulsa cambios, pero de manera dialéctica, enfrentándose a otros poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos. Vizcarra viene caminando al borde de la línea constitucional. Hay una silente oposición social -no político partidaria-, conformada por la gran mayoría ciudadana de católicos y evangélicos, que permanecen desconfiados por la hipoteca del presidente Vizcarra a los intereses de los cabildeos anti-vida, pro-homosexuales y de la ideología de género. Excrecencias todas ellas de la ideología marxista, del relativismo moral y de la visión destructiva de la dignidad de la persona humana.
Los ciudadanos con buena intención, no descartan los cambios y tienen voluntad de transformar el Estado y la sociedad. Pues, el modelo adoptado para la representación política no funciona. Porque hay una profunda crisis de calidad humana en la población.
La República, fundada hace 197 años, reclama ser restaurada mediante un orden nuevo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 11 de octubre de 2018, p. 6
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Así como nosotros perdonamos


Así como nosotros perdonamos
SERGIO TAPIA T.

            ¿El Estado peruano puede o no perdonar a Alberto Fujimori?
            Respondo a esta cuestión desde cuatro perspectivas: moral, jurídica, política e ideológico-partidista. Porque hay episodios que son moralmente legítimos pero no jurídicamente justos, y siendo a veces legítimos y justos no son políticamente recomendables. Así como hay situaciones en las que, por la saturación ideológica que emboba a las gentes o por pasión partidista echa por la borda la moralidad, la legalidad y la prudencia política.
El sustento de toda regla moral es hacer el bien y evitar el mal. Por lo que es lícito reducir los años de cárcel impuestos en las condenas, a quien es culpable de haber obrado un mal, aún si la pena impuesta fue proporcional al mal infringido. Tales condenas pueden ser legítimamente disminuidas, suspendidas, eximidas o revocadas, si hay motivo justificado. La piedad, la misericordia y el perdón, sea del ofendido o de la autoridad, legitiman la reducción de las condenas. Consecuentemente, es moralmente legítimo el indulto, porque es el perdón o misericordia en manos del Presidente de la República. Es una gracia, una concesión; por lo tanto es meta-jurídica, va más allá de lo justo y del derecho.
Jurídicamente el pensamiento filosófico acerca de la justicia, la racionalidad del derecho natural, la legislación y las sentencias que aprueban las autoridades humanas; se ocupan extensamente de desarrollar las instituciones jurídicas de la gracia, la piedad y la misericordia que la autoridad puede ejercer. La amnistía, el indulto, la exención, la gracia, etc. son las denominaciones que han existido en todo tiempo y culturas. Evidentemente, a diferencia de la moral que escudriña en la conciencia de la persona sus verdaderas intenciones, y juzga los actos humanos si son buenos o malos. Lo jurídico tiene limitaciones y menores alcances que la moral; lo jurídico estudia el proceso de adopción de decisiones de la persona responsable de lo que hace, y juzga sus actos externos así como sus consecuencias, con la finalidad de preservar o restituir la justicia en las relaciones sociales que la hayan dañado o haya estado ausente. Se da, a veces, la disparidad de que un acto sea moralmente ilegítimo pero que esté legalizado, como las aberraciones del aborto, el llamado matrimonio gay, la fecundación artificial, así como denegar el perdón y la piedad al condenado afligido por la injusticia de la ley.
La Política es un arte, porque son conocimientos con destreza, es tener cualidades destinadas a la acción eminentemente práctica. La virtud de la política es la Prudencia, que otorga buen juicio para ponderar decisiones y sensatez para saber conducir la sociedad y las personas. La moral y lo jurídicamente justo sostienen al político para que adopte decisiones prudenciales, que hagan el bien y eviten el mal. En política son frecuentes los dilemas, de difícil resolución, cuando la moral y lo justo aconsejan una difícil opción, con el riesgo de que la autoridad pueda mermar su popularidad, pero para que la Justicia brille (Aristóteles decía que la justicia es como la estrella de la mañana).
La ideología es una grave miopía que deforma la visión de la realidad. Cuando contamina la política y la economía, el resultado es espantosamente inhumano. Botón de muestra son las experiencias del socialismo marxista a lo largo del siglo XX, y que se prolonga con el socialismo del siglo XXI en la famélica Venezuela y en el despotismo boliviano.
La ideología siempre será inmoral e injusta, y es subversión política. Porque es capaz de dispensar el perdón a quienes no se lo merecen (los criminales terroristas) y demonizar a su enemigo ideológico para negarle toda gracia y piedad. Porque, la ideología es y suscita odio.
            Desde la perspectiva ética no hay razón para negar el perdón a Alberto Fujimori. En lo jurídico, el problema es su contaminación confusionista de los derechos humanos ideologizados. Además, el marxismo gramsciano ha infiltrado el sistema judicial peruano, y le resta a nuestros jueces ejercer la sindéresis o capacidad para juzgar rectamente y con acierto. Estas son las causas de lo maltrecho que está nuestro Poder Judicial: deshonestamente lento, vilmente ignorante e injustificadamente corrompido.
Finalmente, la bajeza moral corrompe la actividad política, tornándola incapaz de servir al bien, a la verdad y a la justicia.
            En este contexto podemos explicarnos por qué se anuló ayer el indulto a Fujimori.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, sábado 6 de octubre de 2018, p. 11
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Lo que faltaba: Persecución religiosa en el Perú


Lo que faltaba: Persecución religiosa en el Perú
SERGIO TAPIA T.
            El Estado peruano, durante dos siglos, en su numerosa producción de documentos constitucionales, nunca ha dejado de invocar a Dios, antes de distribuir los poderes del Estado y de reconocer los derechos naturales de los peruanos.
El Estado peruano no es laico. En nuestra sociedad, el régimen de las relaciones Estado-Iglesia es de coexistencia armoniosa. Respetándose mutuamente las propias e innegables competencias de ambos. Con las variantes de la impronta que cada religión genera. La religión católica es el Estado Vaticano, con personería jurídica de derecho público, que le hace capaz de celebrar tratados internacionales bilaterales con el Estado peruano. La religión judía no es proselitista, anida y se conserva en la tradición de los hogares de la pequeña colonia judía existente en nuestra Patria. Los credos cristianos son organizaciones cuyos fieles suelen adoptar formas del asociacionismo, regulado por el Código Civil.
Sin embargo, cada vez con más acentuación, el partido electo en el 2016 para gobernarnos, “Peruanos por el Kambio” (PPK), viene produciendo iniciativas que vulneran los más elementales derechos de orden natural jurídicamente reconocidos por ser innegables.
            Nos parece insólito que, el grupo parlamentario del pequeño partido que nos gobierna, haya decidido aprobar el Proyecto de Ley N° 3449, que atropella derechos fundamentales de los peruanos, porque prohíbe el ejercicio de la libertad religiosa, y recorta las libertades políticas.
El proyecto oficialista es invasivo en competencias en las que el Estado no tiene autoridad alguna, como lo son la conciencia religiosa de los peruanos, y la libertad de los peruanos de promover su participación política.
Los autores de ese proyecto de ley, son 8 congresistas gubernamentales: Guía, Lombardi, Donayre (Patricia; no el general), Flores, Oliva, Sánchez Alva, Sheput (dice, él, que fue monaguillo) y Violeta (que es varón y vocero de turno del partido).
Esos autores dicen que tienen el “derecho” de adoptar esta iniciativa de formación de la ley. Pero, se olvidan de las primeras letras del artículo 93° de la Constitución: “Los congresistas representan a la Nación”. Y, la nación peruana, censo tras censo, se declara religiosamente creyente en mayoría aplastante.
Esos 8 congresistas deberían retirar el proyecto para manifestar su desagravio a la Nación, y a modo de compensar la ignorancia manifestada en la materia.
Pero, si permanecen como autores de tal proyecto, no podremos ocultar nuestra congoja por lo pésimamente representados que estamos en este Congreso, por esos 8.
El proyecto pretende establecer tres principios que toda religión debe tener, para que sea legalmente aceptada en el Perú: “valores democráticos”, “cultura democrática” y “prácticas democráticas”. ¡Qué mamarracho impresentable!
Eso es adulterar la Historia de las religiones en la tierra: ¿Cuál es la religión que practica “la democracia” con Dios? ¿Deberemos rehacer los 10 Mandamientos y convocar a Dios para que vote al lado nuestro? ¿Y, cómo realizamos la asamblea democrática religiosa, porque si bien Dios es eterno, los seres humanos se renuevan totalmente a lo sumo en 100 años: Cómo resuelven nuestros 8 legisladores la antinomia, la aporía, este nunca solucionable problema de convocatoria democrática?
El proyecto está mal, porque no cumple con legislar según la naturaleza de la realidad, como se prescribe en el artículo 103° de la Constitución. Es un proyecto malo, porque no respeta la naturaleza de las creencias religiosas.
El proyecto recorta derechos fundamentales, al prohibir bajo la frase “prácticas de proselitismo político” la inspiración religiosa de la ética política, ya sea la moral judía, católica, cristiana (luterana, anglicana, evangélica, etc.), mahometana, etc. Impide toda la moral social, política y económica
A los católicos nos deja sin Doctrina Social de la Iglesia: ¡Con qué derecho, señores congresistas! (felizmente son sólo 8, de los 130 congresistas).
El proyecto confiere al Ministro de Justicia atribuciones para que, por vía reglamentaria, norme cómo se establecerán las religiones en el Perú y cómo serán autorizadas por el Estado.
¡Qué tal poder conferido a un funcionario público! Y a quién le dan tanto poder? Pues, a ese Ministro que mediante el Decreto Legislativo 1408 del 12 de setiembre, indujo a error al presidente Vizcarra, quien legislando por delegación del Congreso; estableció que “la familia es democrática”.
Pues, ahora, ese mismo Ministro de Justicia (que ni me acuerdo como se llama), el proyecto lo empodera para que se despache a sus anchas ganas y corto entendimiento, para que establezca como será una “religión democrática”.
La desgracia se incrementa cuando carecemos de enemigos con cultura. Porque los perseguidores de la religión, de acá, no tienen nivel. Son pura huachafería.
Como nota final, el proyecto tan torpemente malhadado, exige tramitarse bajo el procedimiento de una reforma constitucional. No es una ley ordinaria, porque no se subordina ni a los tratados de derechos humanos, ni al texto constitucional.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 28 de setiembre de 2018, p. 9
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Nudo político no resuelto


Nudo político no resuelto
SERGIO TAPIA T.

            El miércoles 19, casi dos tercios del Congreso otorgaron la cuestión confianza al Presidente del Consejo de Ministros (PCM), quien permanecerá con todo su gabinete ministerial.
El resultado ha sido fruto de la lucha política visiblemente encabezada por el presidente Martín Vizcarra contra el fujimorismo parlamentario. El presidente, esta vez, ganó.
El fujimorismo no es la derecha (desde su inicio gozó de la simpatía de las izquierdas), ni es conservador; tampoco es reaccionario (es decir, reformador, en el sentido establecido por José de la Riva Agüero).
La postura político-ideológica del fujimorismo puede discernirse por sus emprendimientos gubernamentales: Derrotó el poder sindical y el accionar terrorista sostenido por las variadas conformaciones partidarias de los comunistas peruanos; aplicó políticas públicas aconsejadas por el liberalismo renovado de entonces, que requería para su aplicación concentración de poder y autoritarismo; desestatizó la sociedad y la economía peruana.
El fujimorismo es un liberalismo anticomunista. Lo que explica el acercamiento de algunas personalidades de la derecha capitalina, del conservadurismo provinciano, así como de alguno que otro reaccionario. También explica el acercamiento por simpatía de algunos sectores empresariales y cuadros profesionales, desprovistos de pensamiento político por su pragmatismo. Sin embargo, otros optaron por permanecer alejados del fujimorismo, porque no se sintieron convocados por diversas causas: por la militancia partidaria opositora, por el rechazo al autoritarismo fujimorista, y por los escándalos de corrupción habidos durante el decenio gubernamental fujimorista.
Contra la opción del fujimorismo, en el 2011 y el 2016, el electorado peruano fue proclive a experimentar gobiernos de las más extremadas formulaciones ideológicas, desde el abismo extremista irresponsable de las izquierdas encarnadas en Ollanta Humala, hasta la humorada, la falta de seriedad y el cretinismo de Kuczinsky.
El presidente Vizcarra en sus primeros meses de gobierno, no quiso dar tregua al parlamento fujimorista. Planteó una cuestión de confianza, deficientemente solicitada porque el Presidente no es el sujeto legitimado para pedirla, los arts. 132 y 133 de la Constitución sólo facultan al PCM con su gabinete, y a cada ministro individualmente. Además, el presidente convocó a legislatura extraordinaria, pero estando el Congreso reunido en legislatura ordinaria, lo que contraviene el art. 131 de la Constitución. Tal acumulación de infracciones constitucionales podrían producir la vacancia presidencial, pero a Martín Vizcarra no le ha generado ilegitimidad, sino consenso popular favorable, aunque su naturaleza sea efímera, le ha brindado seguridad que ha sabido capitalizar.
De otro lado, las decisiones adoptadas por el gobierno atropellan el orden natural y cristiano, la moralidad y las buenas costumbres, y hasta derechos constitucionales innegables, como el respeto a: la patria potestad y los derechos de los padres de familia, la libertad de enseñanza, los fines de las instituciones educativas que los padres tienen derecho a escoger para sus hijos, la identidad del estudiante y al buen trato psicológico.
La naturaleza invasiva de la ideología de género, que tanto embriaga a muchos cuadros del gobierno, les ha conducido a la innecesaria derogación de la ley del año 2005 sobre políticas públicas para el desarrollo de valores al interior de las familias, que el gobierno consumó el 12 de setiembre, y de la que en algo ha tratado de controlar daños, con las correcciones del día 16. Pero, es evidente que incurrió en exceso e ilegalidad, en el uso de la facultad de la legislación delegada, que le fue confiada hasta el 17 de setiembre.
En esta oportunidad el Ejecutivo midió fuerzas, y ganó la partida. Ha sido un rédito para el conglomerado de las izquierdas –las caviares y las leninistas–, que persisten con terca voluntad en disolver el Congreso, por el solo hecho de su composición mayoritariamente fujimorista.
Pero, la confrontación político-partidaria e ideológica continuará. Una lástima que el Presidente Vizcarra sea objeto de una reducción a medio instrumental, para los afanes caviares. Como lamentablemente también lo fue Kuczinsky.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 21 de setiembre de 2018, p. 6
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La CIDH, el aquelarre caviar - artículo La Razón


La CIDH, el aquelarre caviar
SERGIO TAPIA T.
            Los organismos internacionales de derechos humanos se han transformado en cubil de rojos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sigla es “CIDH”, es presidida por un ministro de Justicia del gobierno corrupto de Humala, tiene su sede en Washington (EEUU). No confundirla con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sigla es “Corte IDH”, y su sede en San José (Costa Rica), que la preside un mexicano.
La CIDH fue fundada por la Asamblea General de la OEA del año 1959, con dependencia al Consejo Permanente de la OEA, que fue encargado de otorgarle sus atribuciones. Con el primer Estatuto de 1960, la CIDH tuvo por finalidad producir informes sobre la situación de los derechos humanos en los países del continente americano. Con el segundo Estatuto de 1965, la CIDH asume la atribución de proponer recomendaciones a los gobiernos de las Américas, con base a comunicaciones que reciba o informaciones que obtuviese de oficio. Y, con el tratado Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la CIDH asumió nuevas potestades mezcla de centro de conciliación pre-judicial con algo de ministerio público en lo penal. La CIDH demoró más de cinco años en asumir y ejercer estas funciones, dejando a la primera Corte IDH sin trabajo por falta de demandas. Porque, la CIDH es paso previo y obligado antes de demandar a los Estados ante la Corte IDH.
La CIDH considera acumulativas todas esas funciones otorgadas en 1960, 1965 y 1969. Porque, para países como Cuba sólo hace informes, debido a que desde 1962 es estado expulsado de la OEA. Para los EEUU sólo hace recomendaciones, porque no ratificó la Convención de 1969. Lo mismo para Trinidad y Tobago, y para Venezuela, por haber denunciado la Convención de 1969, con el efecto de retirarse de todo el sistema interamericano de derechos humanos.
            El “aquelarre” es reunión de brujas y brujos. Pero, creer en las brujas o brujos, “es ser crédulo y de pocos alcances” como dice el diccionario. Pues, cuando se reúne la CIDH, es un aquelarre muy significativo. Porque no es para velar por los auténticos derechos humanos, sino para urdir política menuda de intereses ideológicos, que sólo beneficia a los partidos y las ONGs en tanto sean inspiradas en las ideologías socialistas y comunistas, de diferentes modelos y grados, especialmente el marxismo gramsciano y el marxismo de género.
            La CIDH realizará el lunes 1 de octubre un aquelarre de caviares en la Universidad de Colorado, para la que la ONG IDL ha solicitado tratar sobre “La crisis de la corrupción judicial en el Perú y su impacto sobre los derechos humanos y la libertad de expresión”.
            Mentirosamente se ha difundido aquí, que la CIDH verá el “caso Chávarry”. Falso, no hay “caso Chávarry” ante la CIDH. Tampoco Chávarry es parte de “la crisis de la corrupción judicial”; él es fiscal y pertenece al Ministerio Público que es constitucionalmente diferente y autónomo del Poder Judicial.
            Entonces, ¿para qué convocan al aquelarre en los EEUU? Para una catarsis de caviares. Necesitan purificar pasiones y emociones, contemplándose mutuamente en torno a la tragedia que perciben a través de su reduccionista y miope visión ideológica, con la que nos degradan, al Perú y a las demás naciones americanas.
            Ese aquelarre para la catarsis caviar, nos es oneroso a los ciudadanos contribuyentes, porque con nuestros impuestos pagamos las cuentas de la OEA, y pagaremos el viajecito de los funcionarios pro-caviares del Ministerio de Justicia y de los demás funcionarios ineficaces que los acompañarán. También, pagamos las cuentas de los caviares, a través de las jugosas indemnizaciones, dispuestas por las sentencias prejuiciosas y prevaricadoras de la Corte IDH.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 14 de setiembre del 2018, p. 7

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Tarea aún pendiente: protección de la familia - artículo La Razón


Tarea aún pendiente: protección de la Familia

            La familia, al igual que el matrimonio, están considerados constitucionalmente como realidades naturales y fundamentales de la Sociedad (Constitución: art. 4°). Jurídicamente no se crean como un ente cultural, sino se confirman como realidad prexistente al Estado. Por lo que, tan innegable es, que tanto el Estado como la sociedad toda, asumen deberes: Frente a la familia, para protegerla, frente al matrimonio para promoverlo.

            La tarea estatal para proteger la familia es diversa, y debe aspirar a la eficacia. La familia no puede ser estatizada, pues es una realidad que trasciende la política. La familia es el fundamento de la sociedad, y el Estado es la autoridad de la sociedad. La naturaleza de la familia, que está más allá de la política, no queda a la reinvención del gobierno de turno, ni a merced de los ventarrones ideológicos.

Desde el Congreso se protege la familia mediante leyes sabias y prudentes, y mediante investigaciones para conocer y resolver los problemas que las familias afrontan. Desde el Poder Ejecutivo la protección de la familia se expresa reglamentando las leyes para orientar la acción del Estado, formulando planes de acción y actuando con políticas públicas eficaces. Desde el Poder Judicial, la protección de la familia se expresa en la celeridad de los procedimientos, y sobre todo exigiendo competencia profesional y moral a los jueces y fiscales, para que sus sentencias y dictámenes sean pronunciados en aras de lo justo y la equidad. Finalmente, además debe adoptarse con prudencia la incorporación -al sistema jurídico peruano- de los tratados internacionales, cuyas materias versen sobre asuntos de familia; porque hay tráfico ideológico que suele transbordarse mediante esos instrumentos internacionales.

            La idiosincrasia peruana cultiva fuertemente los lazos familiares. La familia es el lugar donde se invierten grandes sacrificios en bien de otros, por motivo de la solidaridad surgida por los lazos afectivos, que incluso se extienden más allá de las generaciones paterno-filiales, porque incluyen personas cuyo grado de parentesco es inexistente (la tía de cariño, la mamá de crianza, etc.).

Nuestra organización estatal se ha ido alejando de la realidad familiar, por la inoperatividad burocrática y por la concepción individualista adoptada, que concibe la persona como una abstracción de las realidades sociales en las que está incluida. Esto se verifica con la lectura comparativa de la Ley 28542 del año 2005 y el Decreto Legislativo 1098 del 2012. En 7 años, mediando un gobierno intermedio, se degradó el tratamiento de la familia en la estructura del sistema político-administrativo del Estado.
Con la Ley 28542 se dispuso que las políticas sociales tuvieran en cuenta el entorno familiar del ciudadano beneficiado; que la consejería familiar fuera impartida por los gobiernos regionales y municipales mediante convenios con entidades privadas competentes; que las Escuelas de Padres fueran promovidas pública y privadamente; que se alentara la promoción de valores y principios familiares a través de los textos educativos y los medios de comunicación; que la promoción de planes, programas, proyectos y servicios sirvieran para el fortalecimiento de la familia; que las uniones de hecho se formalizaran celebrando matrimonio; que sean capacitados en fortalecimiento familiar los jueces, médicos, policías y maestros; que fueran promovidos los centros de cuidados infantiles en los centros laborales públicos y privados; que se dicten normas tributarias, laborales y otras para apoyo y promoción de la familia; que se observen las 8 horas de trabajo para que los padres dediquen tiempo en cantidad y calidad entre ellos y con sus hijos; etc.
Poco, muy poco de esta Ley se ha hecho realidad en sus 13 años de vigencia. Es más, al regularse el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2012, la realidad de la familia se ha degradado en ser una más de la decena de direcciones generales que alberga ese Ministerio, comparte la misma jerarquía que la asesoría jurídica y la administración contable. La familia debería contar con un Viceministerio, y más temprano que tarde con un Ministerio propio, que promoviendo la participación política de los representantes del asociacionismo familiar, desburocraticen la hasta hoy torpe, ciega, infértil e ineficaz, y hasta corrupta acción estatal desplegada para atender tan importante realidad, como lo es la familia en el Perú.
Afirmar constitucionalmente que la familia es el fundamento de la sociedad, no es para menos. Algo debería anunciarse este domingo 9 de setiembre, porque el Perú celebra el Día de la Familia.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, 7 de setiembre de 2018, p. 7

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domingo, 2 de septiembre de 2018

Keiko y la trampa del género - La Razón


Keiko y la trampa del género
SERGIO TAPIA T.

            La presente semana, periodísticamente, se inició el día lunes a tempranas horas con sendas entrevistas radiales/televisivas en paralelo, sin duda importantes y destacables, por parte de Martín Vizcarra quien nos gobierna como presidente de la república, y por Keiko Fujimori que es la líder del partido político mayoritario actualmente en el país.
El resto de la semana ocupó, para el sector de analíticos ético-sociales, los 2 últimos minutos del “pregunteo” que la periodista motivada por la ideología de género, más inquiría con afán de confundir que de aclarar. A pesar de que empezó diciéndole a Keiko que no era clara su posición sobre el género. Y, los dos minutos residuales de una entrevista que desde siete minutos antes ya se había anunciado el último tema a preguntar (las próximas elecciones de gobiernos locales).
He observado que en aquellos analistas ético-políticos existe un desacuerdo que los divide y enfrenta según las apreciaciones que sustentan. Para unos, con fundamento, concluyen que Keiko se ha manifestado favorable al enfoque de género, y por lo tanto habrá de generar desde su influyente partido una actitud tolerante a la admisibilidad de la penetración de las teorías del género, que con tanto daño se revoluciona subversivamente la ética psico-sexual y la desorientación moral de las conductas desde la educación inicial. Si se revisa con atención la grabación de la entrevista, esta posición cuenta con suficiente probanza.
Para otro sector, de los analistas ético-sociales, Keiko estuvo bien porque rechazó la ideología de género. Aunque habría que “perdonarle” el enredo en el que incurrió Keiko entre ideología y enfoque, que con habilidad perversa propicio la periodista entrevistadora, quien además de notoriamente exteriorizar su inconformidad contra la persona de Keiko, tampoco quiso perder ni perdonar ninguna coyuntura, ninguna ocasión, ningún resquicio que le pudiese proporcionar una ganancia para sus fines y propósitos. Y, en estos temas de género, tan íntimamente ligados al quehacer político de las izquierdas, obviamente que consistía ganancia enredar en este tema a un político de presunta orientación derechista. Esta posición, analizando la grabación de la entrevista, también tiene sustento.
El problema, entonces, empieza. No concluyó como la periodista dijo querer en sus primeras palabras de introducción al tema no anunciado en la entrevista, y que estimamos que Keiko no estuvo preparada para absolverlo.
Si bien todos los que piensan políticamente con acierto rechazan las diferentes manifestaciones de la subversión del orden natural (política, social, económica y cultural). No todos son prosélitos del fujimorismo. Desde las mismas corrientes del pensamiento político serio y edificante para el futuro del Perú, surgen diversas líneas de compromiso político partidarios, que son legítimos. Es decir, hay ciudadanía contrapuesta en las opciones partidarias, aunque unida en las cuestiones fundamentales: concepción de la persona humana, defensa de la familia y cosmovisión cristiana, con rechazo a toda ideología.
            Los políticos deberían tener claro el rechazo del género como categoría aplicable al ser humano. Los humanos no tenemos género, tenemos sexo. Hablar con propiedad el idioma castellano, no es sólo un deber constitucional de los funcionarios públicos (art. 48 de la Constitución), sino de todo quien practique el idioma español. Y, hay en los últimos doce años cuatro pronunciamientos oficiales de la Real Academia de la Lengua, que rechaza el uso del término género, para la realidad de la persona humana.
            El problema no es ni la ideología, ni el enfoque. El problema es el género.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 31 de agosto de 2018, p. 6

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La ONU caviar contra la soberanía peruana - La Razón


La ONU caviar contra soberanía peruana
SERGIO TAPIA T.

            En estos días que se desmoronan los cuadros de funcionarios de las diversas instituciones estatales de la administración de justicia (poder judicial, consejo nacional de la magistratura y fiscalías). Años antes, la inmoralidad y el escándalo afectó a los gobernadores regionales. Hace pocos meses la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional ha sido cuestionada por conducta inconstitucional y delictiva por cambiar sentencias, en los casos El Frontón y Bonos de Reforma Agraria, así como por presumir de doctorado académico cuando se carece. Desde hace un tiempo, el Congreso de la República ha debido de expulsar de su recinto, por prácticas delictivas y contra la ética, a varios de sus miembros. Hace muy pocos meses, el presidente Kuczynski fue defenestrado por incapacidad moral para el ejercicio del cargo. Y, su reemplazante, el presidente Vizcarra, acaba de ser denunciado por dos escándalos financieros y contractuales, hechos delictivos vinculados cuando ejercía de gobernador regional de Moquegua, estando aún pendiente de discernimiento fiscal/judicial el problema de la deshonesta contratación de la remodelación del aeropuerto del Cuzco, cuando ejerció no hace mucho, de ministro de transportes.
            Lamentablemente los enfoques son diferentes y sectarios, no faltan por parte de algunos. Como no es de extrañar, por los marxistas-caviares que se han instalado como cortesanos que formulan reformas anticorrupción en la administración de justicia, cuando de ellos ha dependido no solo las permanentes reformas de ese sector del Estado, sino hasta de su conducción y provisión de cuadros.
            A este oleaje de descubrimiento de la epidemia de la corrupción que carcome nuestra institucionalidad, se suma la Organización de Naciones Unidas (ONU), un complejo sistema de organismos internacionales sostenido económicamente por los estados, y que ha sido tomado por intereses corruptos e inmorales, y es manipulado a su antojo por agentes del marxismo-caviar. Según denuncias recientemente difundidas de masivo acoso sexual a empleadas, de inmunidad diplomática a favor de políticos corruptos de izquierda, como estos botones de muestra: la expresidenta de Chile Bachelet que tiene causa judicial pendiente por corrupción en su campaña electoral que también compromete a su hijo; la hija de Hugo Chávez de la que se estima tener una fortuna de 4 mil millones de dólares por corrupción coludida con el gobierno kirchnerista de Argentina, y la frustrada tentativa de Nadine Heredia de asumir funciones en la FAO).
            En los últimos días se han manifestado otros hechos de corrupción de funcionarios y de tráfico de influencias. Ninguno ya por los recurridos chuponeos telefónicos. Uno con intervención filmada por la fiscalía contra un vocal superior, cobrando una coima para favorecer a un litigante.
El otro, de tráfico de influencias, en doble vertiente por funcionarios caviares de la ONU y por nuestro Ministro de Educación.
Por parte de la ONU, ante el mismísimo Vizcarra nuestro presidente de la República, tal como consta por escrito en el “mandato OL PER 2/2018” firmado por la Relatora de Educación y por la Presidenta de Discriminación de la Mujer, pidiendo intervención para que se resuelva a favor de los intereses de la ideología de género, el juicio del colectivo Padres en Acción en defensa de los derechos constitucionales contra la introducción de la ideología de género en el currículum escolar. La otra vertiente, y en el mismo sentido, la gestión de intereses que el ministro de educación ejerce, según anunció públicamente, ante el nuevo presidente de la Corte Suprema, para que se seleccionen dosn jueces supremos favorables a los intereses particulares del Ministro, en ese juicio.
Esto debe investigarse a fondo, para eso esperamos del Congreso: investigación, interpelación y admitir e investigar las denuncias constitucionales que pronto habrán de presentarse.

Publicado en el diario La Razón, Lima, 24 de agosto de 2018, p. 6

Resolver la gravísima crisis moral - La Razón

Resolver la gravísima crisis moral
SERGIO TAPIA T.

            Las instituciones no son ajenas de las personas que las integran. Es erróneo repetir “los hombres pasan, las instituciones quedan”; porque son las personas las que hacen las instituciones.
            Estamos ante una crisis advertida, que por no haber sido tratada a tiempo, se ha sobredimensionado a escalas que comprometen la vida en sociedad y el funcionamiento eficaz del estado, y lo que es más grave, la debida e insustituible contribución que el estado debe al bien común nacional.
La crisis no es sólo peruana, es verdad. Es un defecto universal producto del desvarío de una civilización basada en la subversión ideológica, en la revolución de la moralidad, en la corrupción de las costumbres y en el desatino del pensamiento de filósofos ideologizados.
Es un mal de muchos, pero el consolarse por ello es de tontos. A nosotros nos corresponde limpiar nuestra casa, que es la nación peruana, de la que somos los insustituibles responsables.
            Desde hace varios años somos espectadores de los escándalos por corrupción de un sinnúmero de gobernadores y alcaldes, de ministros y congresistas. Como si acceder al puesto público fuese un botín, justificado para el ganador electoral.
            La distorsión compromete a todo el Estado, el escándalo de la corrupción judicial empezó en el Tribunal Constitucional coludido para su impunidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es gravísimo.
Corrupción no es sólo robar dinero al Estado, tiene una multiplicidad de facetas, siendo tan o más grave incumplir los deberes de función, como también lo es el uso vil del poder en beneficio injusto a favor de quien no lo merece. Se ha denigrado qué significa autoridad proba y eficaz.
Nuestro sistema de elección de autoridades ha hecho crisis. No funciona. Es electoralista, inorgánico y partidista (pero sin existencia de partidos que funcionen como corrientes de opinión ciudadana). Los ciudadanos tienen que votar por personas que desconocen y que no los representan: ¿Cuántos de los que votaron por PPK, en el 2016, sabían quién es Vizcarra, quien finalmente es quien nos gobierna y conduce?
Para ganar una elección el procedimiento es un torbellino de ofertas irracionales, que sumergen al electorado en un afán resultado de la mercadotecnia, la demagógica, la psicopolítica y las tecnologías de la propaganda.
La nueva clase política resultante, anónima por desconocida, y autoritaria en su desempeño todo lo contamina, destruye y tergiversa. Expresan y testimonian la falta de formación en valores que se les cultivó en sus hogares, la falta de educación cívica, urbanidad y buenas costumbres que no se les cultivó en el colegio y la falta de formación moral que debió exigírsele a lo largo de todas las etapas de la vida.
No le convence que la solución de nuestros graves problemas, se enfoquen por el cambio constitucional al que el gobierno presiona. Que más parece un recurso del grupo caviar (izquierda marxista modelo gramsciano, de ONGs derechohumanistas), que han copado los nudos del sistema de adopción de decisiones en el estado.
Realmente las reformas estructurales propuestas por el presidente y cuya autoría es de los caviares, no contribuirán en nada a la solución de nuestros graves problemas de conducta moral. Y, en contrario sentido, creo que las profundizarán más, pues, vamos camino de un golpe de estado por los socialistas de todo pelaje, que han vuelto a reemprender caminos de común estrategia política, a pesar de sus enemistades internas y distinciones conceptuales.
            Sin pesimismo debemos afrontar estos retos que constituyen providenciales oportunidades para unirnos los que nos sentimos convocados para luchar por la verdad, la restauración del orden natural, la correcta transformación del Estado, el respeto por la identidad de la persona de acuerdo a su naturaleza, la promoción del matrimonio y la defensa de la familia. Solo desde estas realidades sociales surgirán soluciones integrales y eficaces.
No es necesario seguir ensayando con fórmulas ideologizadas, cultivadas por quienes son los responsables de la corrupción intelectual y moral generalizada.

Publicado en el diario La Razón, Lima, viernes 17 de agosto de 2018, p. 6

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No al aborto: ayer en Argentina, hoy en el Perú


No al aborto: ayer en Argentina, hoy en el Perú
SERGIO TAPIA T.

            La nación argentina concluyó, en los primeros minutos de iniciado el día de ayer jueves, un tortuoso camino político y social bajo el impulso de la ideología -fría y pervertida- del neo-marxismo siempre causante de muertes y desgracias. Ideología que, con expresiones disfrazadas en el laicismo y en la distorsión sistemática de la comprensión y valoración de la realidad, cautiva afectivamente con sus psicosociales. Pero, con eficacia, debido a la connivencia con las exigencias foráneas de oscuros intereses financieros que suelen socavar la soberanía de los estados, aprovechándose de la debilidad ética de los políticos de turno.
            El proyecto argentino de ley herodiana, intentó instalar el más amplio libertinaje para la promoción del aborto, estableciendo condiciones permisivas bajo tres situaciones temporales.
Esas tres situaciones temporales se establecieron con relación al desarrollo de la vida del ser humano no nacido: (1) Desde el inicio de la vida humana hasta cuando el feto cumpla 14 semanas de vida; (2) Desde el día siguiente de la semana 14 de la vida del feto hasta el corte del cordón umbilical, y (3) En cualquier momento del embarazo.
En la primera situación temporal, desde el inicio de la vida humana hasta cuando el feto cumpla 14 semanas de vida, que es ya el segundo trimestre del embarazo, las condiciones permisivas para legalizar la muerte del ser humano aún no nacido, se intentaba dejar a la libre decisión de la gestante y sin expresión de causa alguna. Esto es la legalización del asesinato de un ser humano, con el cuerpo completamente formado y capaz de hacer movimientos faciales.
Bajo la segunda situación temporal, al día siguiente de la semana 14 hasta el corte del cordón umbilical, se intentó legalizar tres condiciones permisivas, para abortar libérrimamente: (1) La alegación de haber sido un embarazo causado violación, pero sin exigir ni siquiera la denuncia por la violencia sexual sufrida (en el Perú, mediante el artículo 120-1 del Código Penal, se exige haber denunciado los hechos de una presunta violación sexual, con fines de atenuación de la pena, porque que el aborto sigue siendo tipificado como delito); (2) La decisión por la gestante en ejercicio de un derecho subjetivo a su “salud integral” física, psíquica o “social” (?), o sea, su libérrima decisión contra la vida humana del engendrado, y (3) Por malformaciones fetales graves, causal que conduce al temido recurso del diagnóstico prenatal que ha sido puesto al servicio de la eutanasia, es decir, la eliminación de todo ser humano considerado atípico para la estandarización ideológica de la humanidad, introduciendo como causales de aborto enfermedades y malformaciones que no ponen en riesgo ni salud de la gestante, ni la del feto, como el síndrome Down.
Finalmente, mediante la tercera situación temporal regula que en cualquier momento, se autorizan dos manifestaciones de voluntad unilateral de las gestantes para abortar: (1) Por las menores de edad y sin concurso de sus padres, es decir, se legaliza al estado totalitario que restringe el amor paterno/filial para guiar moral y responsablemente las hijas menores que son de su responsabilidad por derecho natural y no del Estado; (2) Por la gestante siempre unilateralmente y sin manifestación de voluntad por el padre de la criatura.
            El ser humano es el mismo, desde la concepción y a lo largo de su desarrollo fetal, así como durante toda su vida postnatal. No son seres distintos, hay unidad psico-biológica en la persona.
Puede recibir diferentes nombres, con fines de clasificación de características para las ciencias. Así, luego de nacer, será llamado bebé, infante, niño, adolescente, joven, maduro y anciano.
También hay denominación de fases durante la vida fetal en el embarazo: cigoto, mórula, blástula, el embrión y sus diversas distinciones, y feto. Y todas estas fases corresponden a la misma entidad: el mismo ser humano, la misma persona humana.
            Antropológicamente, dos seres humanos sólo pueden ser progenitores de otro ser humano. Por lo que, desde el inicio de la existencia (la concepción) y en sus fases intrauterinas sucesivas, estamos en presencia de una persona individual de naturaleza racional que goza de derechos humanos y dignidad, por tanto con pleno derecho a nacer para seguir viviendo.

Publicado en el diario La Razón, Lima, viernes 10 de agosto de 2018, p. 6

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El género presidencial - La Razón


El género presidencial
SERGIO TAPIA T.
            Es el segundo Mensaje al país a través del Congreso de la República, conformado por los representantes políticos que los peruanos eligieron hace dos años. Y, dos años es suficiente para hacer un balance pluridimensional de las administraciones gubernamentales, que en el Perú reciben el encargo por cinco años.
            El país se gobierna mediante un sistema político partidocrático, pero en el que se carece de partidos políticos institucionalizados. Lo que causa volatilidad en los liderazgos políticos, y discontinuidad en las políticas, planes y hasta en las obras de infraestructura. Razón por la que acostumbramos a andar políticamente a la deriva y en la ambigüedad.
            Es este el contexto de los tres meses presidenciales del Ing. Martín Vizcarra. Por tanto, imposible aún para un balance, pero sí para una prognosis de lo que intenta hacer.
Hemos verificado en la web de la Presidencia de la República que hasta ayer aún se muestra el Plan de Gobierno por el que Vizcarra fue electo como primer vicepresidente del renunciante y originario presidente Kuczynski. También se verifica que guarda unidad de línea gubernamental, porque se exhiben los frecuentes Mensajes a la Nación a los que Kuczynski recurrió en sus azarosos diecinueve meses presidenciales.
Uno de los Mensajes del desahuciado expresidente Kuczynski, que conviene rememorar, es aquel del 16 de octubre de 2016, a los dos meses y medio de iniciar su gobierno. Mensaje provocado por el escándalo de corrupción de uno de los asesores presidenciales. Ocasión en la que el expresidente afirmó: “La corrupción es un problema estructural en nuestro país (…). Pero, eso se acabó”. Pues, no. No acabó. Meses después Kuczynski fue defenestrado por causal de corrupción.
En ese Mensaje de octubre del 16, es este mismo gobierno que anunció cinco medidas para “erradicar” la corrupción de nuestro país. Me limito a recordar dos de ellas: La referida a convocar al Consejo de Estado conformado por los presidentes de los tres poderes del Estado, para que los tres poderes luchen juntos contra la corrupción; y, la otra, la conformación de una Comisión Presidencial de Integridad, que en mes y medio emitiría un informe proponiendo medidas legislativas y de gestión contra la corrupción.
Pero, la corrupción al interior del gobierno, ha quedado impune, en lo que va del ejercicio presidencial de Martín Vizcarra: Kuczynski, sus ministros y asesores, hundidos en el fango del cohecho y el tráfico de influencias, no les pasa nada. Lo que contrasta con la celeridad adoptada respecto de las recientemente difundidas interceptaciones telefónicas, que además han sido administradas como psicosociales, al servicio de un fraudulento manejo de material probatorio fiscal-policial, que se distraj al servicio de intereses políticos y no para servir a la Justicia.
Lamentablemente, el presidente Vizcarra ha incurrido en inobservancias a la Constitución que debería evitar: Pidió una legislatura extraordinaria al Congreso, mediante carta, cuando el artículo 118-6 de la Constitución otorga al presidente la facultad de hacerlo él mismo mediante decreto; solicitó al Congreso un referéndum para que se adopte una medida para golpear su institucionalidad secular republicana: la reelección indefinida de parlamentarios, pero descuidando Martín Vizcarra la observancia del procedimiento descrito en el artículo 206 constitucional.
Pero, además, el presidente se ha comprometido en aprobar una política pública de enfoque de género, cuando hay aún causa judicial pendiente sobre la materia promovida en nombre de los padres de familia. El presidente no debe desconocer que el intento de imponer el “género”, como enfoque o como ideología, ha sido popularmente rechazado en calles y plazas. Y, además, el presidente debe de entender el problema que provoca la imposición del “género” como categoría ideológica, que no respeta el orden natural, contradice la biología, subvierte la diferenciación sexual y trastoca la complementariedad psicológica del varón y la mujer.
El presidente Vizcarra ha de desoír el canto de sirenas de las izquierdas marxistas, y no debe insistir confrontándose ideológicamente con los amplios sectores de la sociedad nacional. Por ser inconstitucional e imprudente que agreda la integridad de la institución de la familia y el ejercicio de la patria potestad sobre los educandos.
Aún es tiempo de enmendarse, Señor Presidente.

Publicado en el diario La Razón, Lima, viernes 3 de agosto de 2018, p. 6

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Los que se achichan, fermentan


Los que se achichan, fermentan
SERGIO TAPIA T.

En el mes de la Patria, y a tres años del bicentenario de la proclamación de la independencia en Lima, por el General San Martín; nuestro sistema de gobierno republicano, ese modelo de organización de los poderes públicos, padece una grave crisis de funcionamiento, cuya solución no requiere reorganizar instituciones, sino compensar las carencias éticas de las personas sobre las que reposa la autoridad y la conducción de nuestra Sociedad Nacional.
Por doquier, hay una muy sentida falta de honradez por quienes ejercen función pública. Ello explica que los problemas no se resuelvan y que se agraven, porque hay quienes no cumplen con sus obligaciones, cuando subordinan el puesto público a satisfacer apetitos personales u obtener las ganancias pervertidas de las ideologías.
Chicha” es un peruanismo de uso frecuente en nuestro vocabulario, que describe las actividades informales y de mal gusto. Los funcionaros del Estado se ha “achichado”, son de mala calidad, son incompetentes para los servicios que deben brindar.
Pero, más grave que dejar de cumplir las obligaciones del cargo, es delinquir contra el Estado, al que se debe lealtad. Y, es muy lamentable que en un país de tantas necesidades insatisfechas, que la población pobre reclama y que los peruanos en situación de debilidad exigen, no sea común sino que es la excepción esperar frutos del buen gobierno. Y, más bien sea el robo, la apropiación ilícita y el delito patrimonial contra el Estado, lo que se extiende con tan injusta impunidad.
La vida delictiva inclina a una perversa situación de crisis moral. Eso lo refiere otro vocablo del peruanismo: “fermentado”. Que sirve para describir el colapso ético de todo un conjunto generacional de políticos, jueces, funcionarios, policías, etc.
Con ocasión de las interceptaciones telefónicas, aparentemente realizadas con las debidas licencias prescritas en el Numeral 10 del artículo 2° de la Constitución; los audios probatorios no fueron objeto de investigación para sanción judicial, sino que terminaron siendo utilizados para psicosociales por una ONG litigante que patrocina intereses ideológicos contra un sector del Estado peruano.
El sismo político-estatal aún es impredecible, comprometería desde la figura presidencial, arrasando ministros, parlamentarios, jueces y fiscales. Todo articulado para someter, al tamiz de la “corrección política”, inspirada en protervos intereses.
Para el sector ciudadano que le asquea la Política, esto les sirve para profundizar en su nihilismo ácrata. Para los revolucionarios conspirativos, esto constituye señales de la dialéctica y la contradicción, de las que ansían obtener subversivas ventajas.
Para la inmensa mayoría de ciudadanos, los audios tan sólo prueban una vez más, la necesidad de reivindicar la unión indisoluble que debe existir entre la ética y la política. Y, para la Sociedad Peruana, no es más que la comprobación de que toda crisis política, social, económica o cultural; es crisis de raíz moral en las personas, no de las estructuras institucionales.
Porque cuando las personas se “achichan”, se “fermenta” con nauseabunda inmoralidad, incompetencia, deserción y traición todo lo bueno y excelente de la Política y la administración pública.

Publicado en el diario La Razón, Lima, viernes 27 de julio de 2018, pág. 6

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Corrupción y apoderarse del Estado - La Razón


Corrupción y apoderarse del Estado
SERGIO TAPIA T.

            Nuestro orden político es muy inestable, por causas exógenas: Por la existencia de estados mayores pensantes en como asaltar y hacerse del gobierno, con el empleo de algunas técnicas insurreccionales y métodos de golpes de estado.
            Nosotros estamos acostumbrados, históricamente, que los golpes de estado hayan provenido de los militares (el golpe militar); pero en la doctrina política el golpe de estado es ordinariamente el realizan los políticos revolucionarios para adueñarse del poder. Los ejemplos los tenemos muy cerca: el socialismo de Lula en Brasil, el socialismo de Evo Morales en Bolivia, el socialismo de Allende en Chile, la autocracia de Correa en Ecuador. Y un poco más allá, sin ser fronterizos pero tan cercanos: el nepotismo kirchnerista en Argentina y la ingerencia gubernamental cubana en Venezuela de Chávez/Maduro.
            Nuestra ciudadanía ha adoptado un hábito electoral inmoral: Botar por el menos malo. Porque para la ética, el mal menor es también un mal. Sólo la elección entre el bien y lo mejor nos hace permanecer en un terreno confiadamente moral.
            El gobierno de Kuczinsky/Vizcarra/Araoz, fue una improvisación electoralista, sorpresivamente electa como el mal menor. Produjo un equipo de gobierno remendado con incrustaciones de origen marxista, comunista, caviar o derecho-humanista y oenegenista. Todo ellos es más de lo mismo, pero con matices diferenciados, en especial por el gran lío de cabecillas en pugna que padecen las izquierdas en el Perú.
            El conglomerado “socialista” peruano, ha aprendido a vivir parasitariamente de gobiernos ideológicamente ajenos. Así, Con el liberal clásico de Manuel Prado, en los 40s, co-gobernó el Partido Comunista Peruano, de ahí el apodo del “Stalin peruano”. En el social-demócrata APRA anidaron juventudes radicales que transfugaron al comunismo y la guerrilla. Crecieron con Fernando Belaunde los social-progresistas (un eufemismo socialista). Con el general estatizador Velasco Alvarado nunca las izquierdas tuvieron el regocijo aún inolvidable de servirse tanto de los puestos burocráticos. Durante los lustros del asesinato a mansalva 1980-1997 generado por el Partido Comunista del Perú (cuyo nombre camufla con el alias “Sendero Luminoso” impuesto por el izquierdismo académico) y por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (marxistas ex–apristas), las izquierdas combatieron en todas las formas inescrupulosas: escribiendo, desorientando, justificando, juzgando y abogando por los terroristas. La línea derecho-humanista colaboró en formar jueces y reformar la justicia desde 1980 hasta la fecha: con el segundo gobierno de Belaunde, los dos gobiernos de Alan García, con Paniagua, Toledo y Humala. Y, siguen manteniendo su “trabajo” con la actual administración, tanto en su primer capítulo con Kuczinsky, como en su segundo capítulo con Vizcarra.
Hoy las izquierdas desde el poder y desde las calles aúnan sus fuerzas e intereses para golpear juntos al Estado Republicano y Democrático. Con el afán de tomar el poder por la vía combinada de la insurrección popular mediante marchas y movilizaciones, y la desacreditación de diversas dependencias del Estado, para generar colapso gubernamental. Y pescar a río revuelto. El lema revolucionario es la lucha contra la corrupción. Que ha sido generada por ellos mismos.
Curzio Malaparte, un facista que migró luego al comunismo (no tuvo que caminar mucho, pues, entre ambos hay mucho parentesco político-ideológico), en su libro “Técnica de golpe de Estado”, señala que la lucha contra la libertad y la democracia, apoderarse del Estado se juega esencialmente en cerrar el Parlamento. Porque el comunismo le tiene una particular enemistad para hacer honor al dicho de Lenín: “Donde hay libertad, no hay Estado”.
Desde hace dos meses las izquierdas han mantenido marchas violentas contra el Congreso. Desde hace una semana, desde la prensa favorable a las izquierdas, se exige el cierre del Congreso.
Veremos…

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 20 de julio de 2018, pág. 6

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Erradicar la corrupción escandalosa - La Razón


Erradicar la corrupción escandalosa
SERGIO TAPIA T.
            La persona humana, es un ser capaz de coronarse en el mayor acto de heroísmo y de santidad, como también es capaz de la peor bajeza y doblez: Como lo es abortar al hijo, asesinar a los padres o al cónyuge, robar al pariente, traicionar la amistad, ilegitimarse en la función pública o corromperse en el vicio.
            Donde existan seres humanos, el mal será practicado por algunos, no será posible erradicarlo completamente. Pero, también, el bien y lo bueno destellará en nuestros cotidianos horizontes. Pues, el hombre, es un ser capaz de portar valores, de inspirar sus acciones en los valores y de sujetar su conducta a los valores.
El mal no se erradica, sin generar toda una transformación en la persona afectada por el mal, infectada por él. La capacidad de regenerarse, de modificar la mala conducta, de elevarse de la bajeza, de enmendarse de la corrupta senda del error y del mal. Es la conclusión de lo malo.
No nos debe extrañar que el mal haya sido descubierto en nuestros gobernantes y en los altos funcionarios del Estado. Que no nos extrañe que nuestros jueces sean más forajidos que los delincuentes, que nuestras guías para educar escolares contengan error, ignorancia y maldad, y en general que quienes ejercen tutela sobre los derechos de los otros sean tan canallas y tan estafadores y de tan malvado proceder.
            El trigo y la cizaña “el falso trigo”, botánicamente, son plantas muy parecidas. Pero, la cizaña no tiene ninguna utilidad, sus granos son tóxicos para el consumo humano. Pero hay que tener cuidado en no desarraigar el trigo, lo bueno. Y, hay que evitar cosechar la cizaña.
            En el ciclo del desarrollo de las sociedades, hay épocas de generación de héroes, santos y personas de gran valía y valor. Y, otras épocas de sobreexposición de la maldad encarnada, del contagio de la perversidad y del escándalo que es cuando el mal ejemplo cunde y contagia.
            Hoy en día padecemos una hiperinflación de anti modelos, en todas partes del globo terráqueo. La ONU es un nido de la subversión moral; la Corte Interamericana es el anti testimonio del valor justicia; en el Perú carecemos de clase política virtuosa y el liderazgo tiene pies de barro. La función pública ha sido degradada para que el funcionario se sirva de las oportunidades y ventajas que puede extraerle al cargo; ya no es actitud de servicio.
            Estamos en presencia de las excretas de una gravísima crisis moral, que afecta en gran proporción a los responsables de la conducción del Estado, y en general a quienes ejercen autoridad.
Con autoridad corrupta es difícil erradicar a los que se han corrompido ejerciendo cargos públicos.
Hoy, más que nunca, es exigible la transformación del Estado, con políticas públicas diáfanas y mediante el ejercicio de la gobernabilidad eficaz.
Quizá ha llegado la hora de licenciar, a todos o a muchísimos. Total, en el Estado peruano no hay carrera pública de mérito, salvo las escasas excepciones de las FFAA, la PNP y el servicio diplomático.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 13 de julio de 2018, p. 6

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