El rechazo de las Américas a la Corte Interamericana
SERGIO TAPIA T.
El
signo del año 1969 en las Américas fue el inflexión del quehacer revolucionario
comunista, entre la fracasada opción de las guerrillas en las zonas rurales a la
práctica del terrorismo urbano, que es un delito atroz, indiscriminado, cometido
por los comunistas contra ciudadanos inocentes.
La
región europea y Japón en el Asia, habían logrado su plena reconstrucción
económica y de infraestructura, al cabo de 20 años de concluida la II Guerra
Mundial. Y, asumieron la mentalidad de vida yanqui.
Pero, aún eran años de
competencia ideológico-política entre el liberalismo (encarnado en los EEUU) y
el socialismo marxista promovido por la URSS, con Cuba su peón para la región latinoamericana.
Se sentía la exportación del modelo comunista chino, que promocionaba como instrumento
revolucionario el delito de terrorismo.
En el Perú habíamos
salido victoriosos de las experiencias guerrilleras de los años 60s, promovidas
por esa agencia comunista que aún es Cuba. Aunque, paradojalmente, iniciábamos
la terrible experiencia de la imposición del socialismo desde el gobierno
militar velasquista (1968-1975).
En ese contexto
político-ideológico, se elabora y firma la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH; con sede en Costa Rica) y modificó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH, con sede en Washington), que ya venía funcionando desde 1959.
Este nuevo sistema de
derechos humanos demoró en instalarse hasta 1979, cuando fue ratificada la CADH
por un número mínimo de Estados así exigido. La primera composición de la Corte
IDH estuvo integrada por un jurista peruano, el Contralmirante AP (CJ) Máximo
Cisneros Sánchez (el primer abogado asimilado ascendido a Contralmirante). Esa
Corte IDH, por los hombres que la integraron, fue una digna institución de la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
Luego en los años 80-90, como
consecuencia de la caída del Muro de Berlín, los gobiernos comunistas que
sobrevivieron asumieron el liberalismo económico, abandonando el economicismo estatista
de Marx que los había despeñado a un mayúsculo fracaso en todos los países en
que se aplicó, como en Chile con Allende y Chávez-Maduro en Venezuela y con los
Castro en Cuba, así como con los Kirchner en Argentina.
Los comunistas se las
arreglan para seguir gobernando aún en varios países, mediante un sistema mixto:
Economía liberal, con gobierno unipartidario marxista, como en China y Viet-Nam,
entre otros. Algunos se han sumergido en la corrupción más espantosa, como en
Brasil los gobiernos de Lula-Rousseff, país que es sede del reimpulso pro-comunista
en la región mediante el Foro de Sao Paulo.
En el Perú de Ollanta
Humala y en Bolivia de Evo Morales, son otras expresiones de gobiernos comunistas,
con liberalismo económico y políticas-culturales comunistas. Favoreciendo las
nuevas estrategias inspiradas en la Escuela de Frankfurt y en Gramsci.
En este actual contexto
político-ideológico, la Corte IDH y la CIDH, así como las estructuras
burocráticas sensibles a temas sociales y culturales de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, han sido paulatinamente tomadas por cuadros
ideologizados. Los que tratan de imponer la concepción antropológica marxista,
sustituyendo la dialéctica al interior de las empresas expresada en “capitalistas
vs. obreros”, por la dialéctica en el seno de la familia expresada en “varón
vs. mujer” y en la destrucción de la masculinidad y la femeneidad sustituyéndolas
por la ideología de género.
En este contexto, se entiende
por qué la Corte IDH aprobó en términos de ideología de género, con la excusa
de atender una solicitud del gobierno de Costa Rica, la Opinión Consultiva 24-17,
divulgada a partir del 9 de enero, con la pretensión de imponer en las Américas
el matrimonio homosexual, como derecho humano.
El derecho y la justicia,
deben ser aplicados presididos por la virtud de la Prudencia. Cuando esta
virtud está ausente, pasa lo que le ha sucedido a la Corte IDH: El rechazo del
pueblo a sus sentencias ideologizadas. Como ha ocurrido en Costa Rica, que la
reacción ciudadana que cree y defiende los valores y la familia, votó
mayoritariamente el pasado domingo por el candidato Fabricio Alvarado, por ser quien
defendía desde el inicio las virtudes y los valores con los que el pueblo se
identifica, expresados en que el único matrimonio legítimo es el de la unión
conyugal heterosexual.
Resultará un compromiso
para Fabricio Alvarado si en abril es elegido presidente de Costa Rica, pues,
deberá devolver el triunfo que logre con un gesto para su pueblo: Rompiendo el
acuerdo de Costa Rica para seguir siendo país sede de la Corte IDH.
De todas maneras, sea
cual fuese ese resultado, los Estados de las Américas deben sin demora asumir la
reforma del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte y la Comisión deben
ser disueltas y refundadas. Esa es la voz.
Publicado en el diario La Razón,
Lima, viernes 9 de febrero de 2018, p. 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario