Tarea aún pendiente: protección de la familia - artículo La Razón

Tarea aún pendiente: protección de la Familia

            La familia, al igual que el matrimonio, están considerados constitucionalmente como realidades naturales y fundamentales de la Sociedad (Constitución: art. 4°). Jurídicamente no se crean como un ente cultural, sino se confirman como realidad prexistente al Estado. Por lo que, tan innegable es, que tanto el Estado como la sociedad toda, asumen deberes: Frente a la familia, para protegerla, frente al matrimonio para promoverlo.

            La tarea estatal para proteger la familia es diversa, y debe aspirar a la eficacia. La familia no puede ser estatizada, pues es una realidad que trasciende la política. La familia es el fundamento de la sociedad, y el Estado es la autoridad de la sociedad. La naturaleza de la familia, que está más allá de la política, no queda a la reinvención del gobierno de turno, ni a merced de los ventarrones ideológicos.

Desde el Congreso se protege la familia mediante leyes sabias y prudentes, y mediante investigaciones para conocer y resolver los problemas que las familias afrontan. Desde el Poder Ejecutivo la protección de la familia se expresa reglamentando las leyes para orientar la acción del Estado, formulando planes de acción y actuando con políticas públicas eficaces. Desde el Poder Judicial, la protección de la familia se expresa en la celeridad de los procedimientos, y sobre todo exigiendo competencia profesional y moral a los jueces y fiscales, para que sus sentencias y dictámenes sean pronunciados en aras de lo justo y la equidad. Finalmente, además debe adoptarse con prudencia la incorporación -al sistema jurídico peruano- de los tratados internacionales, cuyas materias versen sobre asuntos de familia; porque hay tráfico ideológico que suele transbordarse mediante esos instrumentos internacionales.

            La idiosincrasia peruana cultiva fuertemente los lazos familiares. La familia es el lugar donde se invierten grandes sacrificios en bien de otros, por motivo de la solidaridad surgida por los lazos afectivos, que incluso se extienden más allá de las generaciones paterno-filiales, porque incluyen personas cuyo grado de parentesco es inexistente (la tía de cariño, la mamá de crianza, etc.).

Nuestra organización estatal se ha ido alejando de la realidad familiar, por la inoperatividad burocrática y por la concepción individualista adoptada, que concibe la persona como una abstracción de las realidades sociales en las que está incluida. Esto se verifica con la lectura comparativa de la Ley 28542 del año 2005 y el Decreto Legislativo 1098 del 2012. En 7 años, mediando un gobierno intermedio, se degradó el tratamiento de la familia en la estructura del sistema político-administrativo del Estado.

Con la Ley 28542 se dispuso que las políticas sociales tuvieran en cuenta el entorno familiar del ciudadano beneficiado; que la consejería familiar fuera impartida por los gobiernos regionales y municipales mediante convenios con entidades privadas competentes; que las Escuelas de Padres fueran promovidas pública y privadamente; que se alentara la promoción de valores y principios familiares a través de los textos educativos y los medios de comunicación; que la promoción de planes, programas, proyectos y servicios sirvieran para el fortalecimiento de la familia; que las uniones de hecho se formalizaran celebrando matrimonio; que sean capacitados en fortalecimiento familiar los jueces, médicos, policías y maestros; que fueran promovidos los centros de cuidados infantiles en los centros laborales públicos y privados; que se dicten normas tributarias, laborales y otras para apoyo y promoción de la familia; que se observen las 8 horas de trabajo para que los padres dediquen tiempo en cantidad y calidad entre ellos y con sus hijos; etc.

Poco, muy poco de esta Ley se ha hecho realidad en sus 13 años de vigencia. Es más, al regularse el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2012, la realidad de la familia se ha degradado en ser una más de la decena de direcciones generales que alberga ese Ministerio, comparte la misma jerarquía que la asesoría jurídica y la administración contable. La familia debería contar con un Viceministerio, y más temprano que tarde con un Ministerio propio, que promoviendo la participación política de los representantes del asociacionismo familiar, desburocraticen la hasta hoy torpe, ciega, infértil e ineficaz, y hasta corrupta acción estatal desplegada para atender tan importante realidad, como lo es la familia en el Perú.

Afirmar constitucionalmente que la familia es el fundamento de la sociedad, no es para menos. Algo debería anunciarse este domingo 9 de setiembre, porque el Perú celebra el Día de la Familia.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, 7 de setiembre de 2018, p. 7

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