LA RAZÓN DEL DÍA
Garantía presidencial y persecución a los Comandos.
SERGIO TAPIA TAPIA
Director Jurídico de UnoAmérica
Ollanta ha “garantizado” que no serán apresados los Comandos que rescataron rehenes de la residencia del embajador japonés. Aunque, también dijo ser respetuoso del Poder Judicial. Ambas afirmaciones se contradicen. Pues, las detenciones son dictadas por los jueces, sin influencias del Poder Ejecutivo.
La desnaturalización revolucionaria del derecho, así como la infiltración y control de organismos internacionales por socialistas y marxistas, afecta la soberanía del Estado y desestabiliza la institucionalidad de la República. Por lo que surge el deber de difundir la verdad sobre estos “derechos humanos desdibujados”, que premian al terrorista y condenan inmisericordemente al soldado.
La operación Chavín de Huántar ha carecido de eficaz defensa por parte del Estado peruano. En el 2003 APRODEH presentó la denuncia y en el 2004 la CIDH la declaró admitida, esto sucedió durante el gobierno de Toledo, un período político de gran influencia de los ONG. Al inicio del gobierno de Alan García se nombró ingenuamente a un “aprista caviar” para defender el caso, y sin verdadera enmienda se siguió desvariando con una lamentable sucesión de improvisaciones. El actual gobierno de Ollanta se inició nombrando nuevamente al mismo “aprista caviar”, y además saturó de socialistas y marxistas el entorno burocrático que influencia el manejo de la defensa del caso. Se designó jefe del sistema al dueño de un ONG que litiga contra el Estado en denuncias contra militares y mineros; se nombró ministros de justicia y nuevo embajador ante la OEA a conocidos anti-militaristas, y se convocó para abogado defensor a un veterano militante de ONG y asesor de la Comisión de la Verdad, así como declarado enemigo del presidente Fujimori en los casos Barrios Altos y la Cantuta: ¿Podemos esperar que este abogado defienda a los Comandos, por hechos sucedidos durante la presidencia de Fujimori? ¿Se intentará aplicar en este caso la “autoría mediata” para comprometer al presidente Fujimori?
La Corte IDH de San José de Costa Rica, recibió el expediente, que ya cuenta con el lobby de refuerzo del CEJIL, un ONG fundado por un chileno quien como funcionario de la CIDH participó en los primeros casos sentenciados por la Corte IDH. Esa experiencia la profesionalizó, extendiéndola a la red americana de ONG socialistas y marxistas, constituyéndose el CEJIL en puerta de ingreso para el éxito en todo litigio que se ventile en los organismos internacionales de derechos humanos.
Los socialistas y marxistas se han empoderado en el sistema interamericano de derechos humanos, ellos juzgarán a nuestros Comandos. Por parte del Perú la reacción ha sido nombrar más socialistas y marxistas, para que defiendan a los Comandos: ¿Podemos confiar que habrá justicia e imparcialidad?
El caso contra nuestros Comandos está para perderse. Todos ellos serán nuevamente enjuiciados, varios serán sentenciados con penas graves. Cuando todo esto concluya, Ollanta ya no será el Presidente del Perú: ¿Habrá forma de exigirle que ejecute la garantía que ha prometido?
Diario “La Razón”, jueves 5 de enero de 2012, pág. 13
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