martes, 30 de abril de 2013

Gobernar o administrar


Gobernar ó administrar
SERGIO TAPIA T.
            Hasta los “expertos” las confunden. Siendo roles tan diferentes.
            Gobernar es crear condiciones de bien común. El gobernante debe saber diversificar, descentralizar y alentar (Carlos Sacheri, El Orden Natural). En cambio, pensar en un Estado-Administrador, es volver a la estafa del socialismo del siglo 19, y su fracaso inocultable a lo largo del siglo 20.
Administrar es propio del sector privado, que ejecuta actividades económico-productivas y asume los costos de sus resultados.
Porque cuando administra quien gobierna, sus desaciertos personalmente nunca los paga.
El Estado no puede dejar de mediar en todo conflicto de intereses, y debe arbitrar sin constituirse en parte interesada, tampoco en convidado de piedra.
El Estado está obligado a alentar la inversión privada en las regiones, expandir la distribución económico-social en las provincias y ser observante del Principio de Subsidiariedad generando la participación de todos.
Hay sospechas sobre el gobierno por su inclinación al estatismo-socialista. El Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, declaró que no habrá ese giro ideológico. Así, el silencio presidencial fue superado.
Paredes atiende personalmente el Subsector Comunicaciones, pero el de Transportes lo ha delegado a su viceministro, un “toledista” que ambiciona someter la actividad portuaria bajo la “administración” de su portafolio. Razón por la que el Subsector quema. Otro tema fue el rumor de estatización de Repsol, que corresponde al Ministro de Energía y Minas.
Paredes es candidato cantado para ocupar la PCM: ¿Se estará incubando una crisis ministerial, y asumirá Paredes su control?

Publicado en “La Razón”, Lima, jueves 25 de abril de 2013, pág. 8

No solo es anti-minería


No solo es anti-minería
SERGIO TAPIA T.

            La gestión de un presidente regional ha sido destinada para obstruir en su territorio una acaudalada inversión minera.
Para este propósito utilizó recursos vedados por la ley (fuerza, amenaza y chantaje), causando efectos indeseables para la paz y la tranquilidad; los indispensables factores de nuestra armónica convivencia nacional.
Además, produjo un gravísimo daño al pueblo cajamarquino, a quien le postergó su derecho al desarrollo económico y social, y con él, su perfeccionamiento cultural y moral. Tanto daño, sin razón suficiente.
El mal perpetrado permanece impune, y ha desembocado en un proceso de empoderamiento de los cabecillas subversivos en la región.
Los obligados a ejercer la autoridad del Estado, han dado muestras de abdicación, de indiferencia ó de tímidas reacciones infructíferas ¿Qué espectros de nuestro deformado horizonte político han logrado paralizar al Estado?
El problema es de orden ideológico: el socialismo. Por lo tanto, es de naturaleza política. Frente a ello, la empresa privada no es la llamada a protagonizar roles; sino el Estado, que es el garante del bien común.
La ideología socialista, en sí, no es anti-minera; es enemiga de la inversión privada en todos los medios de producción y en cualquier sector de la economía, lo que incluye a la minería.
La minería está en la primera línea de la confrontación de esa “revolución de los verdes”, promovida por los que antes decían de sí que eran los “rojos”.
El asedio proseguirá contra la inversión privada, como subversión ó como estatismo.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 18 de abril de 2013, pág. 8

¿Qué se juega en el juicio de El Frontón?


¿Qué se juega en el juicio de El Frontón?
SERGIO TAPIA T.

            Hace 33 años un partido comunista (en el Perú son varios), inició acciones de guerrilla rural y de terrorismo rural-urbano, que aún no terminan. Su propósito es tomar el poder mediante la guerra civil. Es el método clásico del comunismo, basta con mirar la historia del siglo veinte.
Para el Perú es la segunda experiencia. Porque en los sesenta, varios partidos en diversos lugares, desarrollaron focos guerrilleros.
La negligencia de políticos y funcionarios, es la colaboración que necesita el comunismo. Desde que se reabrió la isla-penal El Frontón, para cabecillas comunistas peligros, nadie ingresaba al área de los subversivos. En actas se les reconoció la condición de “presos políticos”.
Si en las cárceles se empoderaba el criminal partido comunista: ¿Servirían para re-socializar internos? Esto quedó impune, se omite y se olvida.
El brazo violento del comunismo ha gozado de simpatía y apoyo de la izquierda legal, dice Gustavo Gorriti. Esta clave permite comprender el propósito del Informe en Minoría del Congreso sobre los Sucesos en los Penales de 1987 y el Informe Final de la Comisión de la Verdad de 2003. Ambos son privilegiados “medios probatorios” para acusar y sentenciar militares contrasubversivos.
Somos espectadores, en estos días, de la pretensión de juzgar 33 marinos, para satisfacer la venganza comunista por El Frontón. Aunque, para los comunistas sublevados y asesinos, hay impunidad.
            Si nuestros fiscales no cumplen con defender la legalidad y los intereses públicos: ¿podemos confiar en los jueces?

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 11 de abril de 2013, pág. 8

sábado, 6 de abril de 2013

Mendacidad y representación parlamentaria


Mendacidad y representación parlamentaria
SERGIO TAPIA T.

            Las declaraciones irreverentes contra nuestro Cardenal Juan Luis Cipriani, por el congresista Otárola –quien dice ser católico–,  amerita que me ocupe del tema.
Lo declarado por  Otárola –blindado por su inmunidad parlamentaria–, es  una incomodidad grave e inoportuna que hay que aguantar.
Otárola imputa graves delitos a la persona de Juan Luis Cipriani, cuando ejerció el cargo episcopal en la Arquidiócesis de Ayacucho. Lo calumnia a través de El Comercio, afirmando que: (1) “En Ayacucho permitió torturas a sacerdotes y demócratas so pretexto de combatir el terrorismo”, y (2) “Él fue cómplice de las torturas que se cometieron durante ese régimen” (se refiere al gobierno de Alberto Fujimori).
Otárola sabe que lo que dice es mentira. Si fuera cierto, debería haber asumido –digo yo– la posición de denunciante judicial. No lo ha hecho, tras más de 20 años de esos sucesos que actualmente imputa con mezquindad.
Concluye Otárola: “Es triste para nosotros los católicos tener un Cardenal vinculado a esas torturas.” ¿Será católico? o ¿es otra mentira? ¿Qué tristeza, a los católicos, puede ocasionar el Cardenal que tenemos?
Si lo de las torturas fuese cierto ¿por qué Otárola fue incapaz de cumplir con su deber ciudadano? Debió denunciarlas, y ¿por qué no es capaz de cumplir con su deber parlamentario? Él mismo debe investigar.
De haber revocatoria de congresistas, Otárola podría ser uno de los revocados por la pésima representación nacional que ejerce de los ciudadanos de un pueblo mayoritariamente católico.

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 4 de abril de 2013, pág. 8