Terrorismo
y Corte de Derechos Humanos
SERGIO TAPIA T.
La reciente sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), para que el Perú indemnice con más de cien mil
dólares a una terrorista condenada a 25 años de cárcel, ha generado justa
indignación.
No es
que no nos gusten los derechos humanos. Lo que se rechaza es la arbitrariedad, el
desacierto prudencial y las graves omisiones jurídicas, que genera la saturada
ideologización de la Corte IDH.
Salvo
el grupo fundacional de la Corte IDH, integrado por el peruano Máximo Cisneros
Sánchez. Los sucesores han ido de mal en peor, salvo muy escasas y honrosas
excepciones de las que puedo dar fe.
Dos
problemas padece la Corte IDH: (i) La dominante ideología socialista
revolucionaria de sus magistrados; (ii) La deficiente redacción de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el tratado fundamental del sistema.
De la
selección y postulación de los que serán designados magistrados, la
responsabilidad recae en los gobiernos de turno y en las Cancillerías de todos
los Estados de la OEA. El gobierno de Toledo es responsable de que García Sayán
sea magistrado de la Corte IDH.
Ellos,
los magistrados, expresan en sus sentencias el sesgo ideológico que les
perturba, alterando nuestra paz interior, subvirtiendo nuestro orden jurídico y
agrediendo nuestras Fuerzas Armadas y Policía.
La Primera
Parte del Pacto de San José se titula “Deberes de los Estados”, y se ubica el
Artículo 32, que se refiere a los deberes de la persona en correlación a sus derechos
humanos. Es errónea su ubicación.
No
hay sentencia de la Corte IDH que exija a los demandantes el cumplimiento de sus
“deberes para con la familia (…) y la
humanidad”. Tampoco se limitan los derechos de los que demandan, a “los derechos de los demás, por la seguridad
de todos.”
La Corte
IDH está mal, su corrección empieza por nuestra Cancillería.
Publicado
en el Diario “La Razón”, Lima, viernes 20 de marzo de 2015, pág. 6
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