jueves, 16 de febrero de 2012

Una comisión de la verdad sobre la minería

Una comisión de la verdad sobre la minería

SERGIO TAPIA TAPIA

Director Jurídico de UnoAmérica





La Marcha del Agua ha servido de ocasión para anunciar la creación de una comisión de la verdad sobre la minería. Bajo el modelo inspirador de la mal llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), instrumento ideológico que ocultó la verdad sobre los motivos y crímenes del Partido Comunista del Perú, al que suele ocultársele con el sobrenombre de “Sendero Luminoso”.

La CVR es un modelo de consumación de inequidades, por fomentar la liberación de terroristas vencidos y encarcelar a los militares vencedores. La CVR es modelo de traición al propio nombre, porque ni sostuvo la verdad ni reconcilió a nadie.

Bajo esta guía de inspiración el ex-sacerdote Arana propone la comisión de la verdad sobre la minería. Lo que desde hace años se intenta, como en setiembre de 2007 lo propuso la congresista Huancahuari.

Nadie podría negarse a conocer la verdad. Otra cosa es que le vendan gato por liebre. Porque el acto de crear una comisión, empieza sin duda por la correcta selección de sus autores, y la fuente de autoridad de quien la que crea. De ambos requisitos carece el intento de la comisión de la verdad contra la minería.

Escribir con verdad depende de quién redacte el relato. La verdad no es opinión irresponsable. No es aseveración subjetiva y sin cerciorar. No es un parecer incierto. Sostener algo, con verdad, es un asunto muy serio, en todos los campos del conocimiento:

Por eso desengaña leer el Informe de la CVR, por la abundancia de palabras inútiles que pervierten el exacto conocimiento y comprensión de la guerra revolucionaria que agredió a la sociedad peruana.

Puede suceder que un gobierno, como el de Toledo, cree una comisión con la gente que le plazca, para que emita un dictamen o informe. El problema surge cuando los  jueces y fiscales son sumisos a acatar un producto del Poder Ejecutivo, con una actitud que contradice los recelos con los que frecuentemente se quejan en aras de su autonomía. Han transformado el Informe de la CVR en prueba plena para efectos penales, con violación a la división de poderes que reclama la democracia republicana. El problema está en los fiscales y jueces que creen -por ignorancia o por connivencia-, que en el Informe de la CVR “está la verdad”.

La CVR se reduce a dictamen ineficaz e informe deficiente. Resultado de un trabajo intelectual refractario a la verdad. Si este modelo inspira la creación de la comisión de la verdad sobre la minería, se motiva en el buen negocio que significa disfrazarse con el ropaje de una sentencia judicial. Las sentencias penales son imperativas, sirven para recortar libertades y cobrar indemnizaciones. Indudablemente, esta iniciativa estimula apetitos de toda índole contra la minería peruana.

Diario “La Razón”, Lima, jueves 9 febrero 2012, pág. 6

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