La perversión del Tribunal Constitucional (III-final)
SERGIO TAPIA T.
Con
esta entrega finaliza la serie en la que hemos sostenido que, en el Caso El
Frontón cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) han pervertido y
perturbado la misión del TC, que es preservar la Constitución.
El TC es un “tribunal”, un “Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar
sentencias”, como señala el diccionario de la Real Academia. El documento
que contiene una decisión de los miembros del TC se denomina “sentencia”. Por lo tanto, no puede
negarse que los miembros del TC son jueces, aunque no sean miembros del Poder
Judicial. Debido a que nuestro diseño de administración de justicia otorga atribución
al Poder Judicial y también a otros órganos estatales más: Jurado Nacional de
Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar y Policial y al TC.
Todos administran justicia, sus miembros son jueces en sus especialidades y
competencias, de las que celan y recelan.
Desde
junio de 2014 hasta junio del 2019, se designaron seis de los actuales miembros
del TC: Miranda, Ledesma, Ramos, Espinosa-Saldaña, Blume y Sardón. Y, continuó en
el cargo Urviola, el sétimo miembro; quien ha sido recientemente reemplazado
por Ferrero, al haber concluido su período de nombramiento de cinco años.
Cuatro
de esos designados en junio de 2014, con el efímero empoderamiento que otorga
ser mayoría contra los otros tres, cambiaron la sentencia del año 2013 que
resolvió un Habeas Corpus en el Caso El Frontón. Alterar sentencias está
expresamente prohibido por la Constitución y por el Código Procesal
Constitucional, además constituye delito según el Código Penal.
Cuando
los altos funcionarios públicos, como los miembros del TC, en el ejercicio de
sus funciones, incurren en infracción a la Constitución, corresponde al
Congreso la atribución de investigar y sancionar, con la destitución y la
inhabilitación (hasta por 10 años). Para lo que se exige el voto de los 2/3 de
congresistas, 87 votos, que es una alta valla porcentual. Si la decisión es de
acusar por un delito, y suspender mientras dure la investigación penal, la
decisión se adopta por la mitad más uno de los congresistas, menos los que son
miembros de la Comisión Permanente.
En
esta semana, se inició el procedimiento de acusación constitucional contra esos
cuatro miembros del TC, que durará un par de semanas más. Los marinos que
salvaron rehenes en El Frontón y ayudaron a pacificar la isla-penal tomada con
armas y bombas por los terroristas, en junio de 1986, han ejercido su derecho
de denunciar a esos funcionarios que los han perjudicado cambiándoles la
sentencia. Hay muchas voces de la sociedad civil que se expresan a favor de esta
investigación, porque se quiere saber la verdad, por el bien de la República,
la estabilidad del Derecho y la tutela del respeto de los derechos
fundamentales de aquellos ciudadanos sometidos a merced de los altos
funcionarios empoderados.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 10 de noviembre de 2017,
p. 6
Blog (colección artículos publicados en La Razón): http://sergiotapiatapia.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario